JUEZ PONENTE: YOANH ALÍ RONDÓN MONTAÑA
EXPEDIENTE N° 2020-179

En fecha 21 de octubre de 2020, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados Nacionales Primero y Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el oficio Nº 20/0011, de fecha 11 de marzo de 2020, emanado del Juzgado Superior Estadal Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana JOHEMAR CAROLA SÁNCHEZ PUENTES, titular de la cédula de identidad Nº 16.196.076, debidamente asistida por la abogada Geryd Viviana Laguna Torres, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nro. 112.520, contra el MINISTERIO PÚBLICO.

Dicha remisión se efectuó de conformidad con el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para conocer en consulta de la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 25 de julio de 2018, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En fecha 3 de noviembre de 2020, se dio cuenta a este Juzgado y por auto de esa misma fecha, se designó Ponente, a los fines de que este Juzgado dicte la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasó el expediente a la Juez Ponente.

En fecha 9 de febrero de 2021, se reconstituyó este Juzgado Nacional, se reasignó la ponencia y se ordenó pasar el expediente a los fines de que se dictara la decisión correspondiente.

En fecha 11 de Mayo de 2021, se reconstituyó este Juzgado Nacional, se reasignó la ponencia y se ordenó pasar el expediente a los fines de que se dictara la decisión correspondiente.

En fecha 25 de mayo de 2021, en virtud de la incorporación a este Órgano Jurisdiccional de la Jueza Blanca Elena Andolfatto Correa, en sesión de fecha 24 de mayo, se reconstituyó este Juzgado Nacional Primerio de lo Contencioso Administrativo, quedando de la siguiente manera Yoanh Rondón Juez Presidente encargado, Danny José Ron Rojas, Juez Vicepresidente encargado y Blanca Elena Andolfatto Correa Juez Suplente, este juzgado se aboca al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra. Ahora bien, se ratifica la ponencia al Juez Yoanh Rondón, a quien se ordena pasar el presente expediente a los fines de que se dicte la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasa el expediente al Juez ponente.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Alzada pasa a decidir el asunto planteado, previa las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL

En fecha 21 de septiembre de 2012, la ciudadana JOHEMAR CAROLINA SÁNCHEZ PUENTES, debidamente asistida por la Abogada Geryd Viviana Laguna Torres, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra el Ministerio Público, sobre la base de las siguientes consideraciones:

Argumento, que “…su representada ejerció recurso jerárquico ante la máxima Autoridad del Ministerio Público, en fecha 22 de noviembre de 2011, (…) en virtud de que La Fiscal General de la República mediante la resolución 1566 resolvió, Revocar el nombramiento provisional de [su] representada la cual ejercía el cargo de Asistente de Asuntos Legales V, adscrita a la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público Circunscripción Judicial del Estado Zulia, obteniendo respuesta [su] representada del recurso ejercido por medio de la Resolución 790, donde la Fiscal General de la República confirmó el Acto Administrativo contenido en la Resolución 1566, (...) de conformidad con lo previsto en el Artículo 8 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, [su] representada presuntamente obtuvo un resultado negativo que le hiciera su supervisor inmediato, Abogada Aura Delia González Molina, en fecha 10 de Octubre de 2011, (…) en fecha 13 de octubre de 2011, ejerció ante la misma, Recurso de Reconsideración, (…) [se dirigió] a la ciudad de Caracas con la finalidad de obtener información en Recursos Humanos sobre su inquietud con respecto al perjuicio que podía ocasionarle dicha evaluación, [recibiendo respuesta negativa de dicha solicitud], en fecha 19 de Octubre de 2011, [su] representada contesto en esa misma fecha dicha respuesta, en fecha 01 de noviembre de 2011, [su] representada obtiene respuesta negativa de dicho recurso (…) en virtud de la injusta respuesta [su] representada decidió contestar y a su vez notificar a la Fiscal Superior de lo acontecido (…) acot[ó] que antes de la respuesta del recurso de reconsideración, ya la Fiscal General de la República se había pronunciado con la Resolución [que la destituyó de su cargo] notificando a [su] representada en fecha 08 de Noviembre de 2011. Dicho cargo fue conferido (…) 01 de febrero del año 2010, en la Fiscalía 35° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, (…) [su] representada desempeño funciones permanentes en dicho cargo por un periodo un (01) año, nueve (09) meses y siete (07) días y obtuvo en las tres primeras evaluaciones resultados positivos y excelentes…”.
(Conchetes de este Juzgado)

Manifestó, que “su representada ingreso para desempeñar el cargo de Asistente Legal V, adscrita a la Fiscalía 35° del Ministerio Público (…) a partir del 01 de febrero del año 2010, (…) estuvo sometida a un periodo de prueba de 2 años como lo indica el artículo 8 del Estatuto del Personal del Ministerio Público…”.

Afirmó que, “…el Antecedente de Servicio solicitado por [su] mandante indica el tipo de nombramiento es fijo, a su vez la constancia de egreso de [su] representada también indica que la misma es funcionaria de carrera, y el motivo de su egreso es: DESTITUCIÓN DE FUNCIONARIA DE CARRERA, (…) existiendo también una incongruencia en la norma del Artículo 165 del Estatuto del Personal del Ministerio Público” [citó el artículo ut supra mencionado] a su vez como ya lo manifest[ó] la estabilidad en el desempeño del cargo (…) fue objeto de 4 evaluaciones, obteniendo en las tres (03) primera evaluaciones resultados positivos y excelentes y bastó una última evaluación negativa para que fuese revocada su nombramiento provisional, dichas evaluaciones fueron realizadas por la supervisora inmediata AURA DELIA GONZALEZ MOLINA, Quien se desempeñaba como Fiscal Principal de la Fiscalía Trigésima Quinta del estado Zulia, la calificación de la última evaluación, sirvió de motivación para las indebidas resoluciones dictadas por la Fiscal General de la República, en la Resolución 1566, revocó el nombramiento provisional de [su] mandante, y la Resolución 790 de fecha 11 de junio de 2012, resolvió confirmar el Acto Administrativo contenido en la Resolución 1566, (…) siendo notificada la misma en fecha 26 de junio de 2012…..”

Expuso, que “Su mandante comenzó a prestar sus servicios inicialmente como contratada bajo la modalidad de Contrato-Beca, para el Proyecto de Agilización de Causas Ingresadas al Ministerio Público a partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, desde el 02 de mayo hasta el 31 de Julio del 2007 en la Fiscalía Trigésima Tercera del Ministerio Público Circunscripción Judicial del Estado Zulia, (…) prestó sus servicios en el Ministerio Público en calidad de suplente desempeñándose como Asistente de Asuntos Legales I en la Fiscalía Trigésima Séptima del Ministerio Público Circunscripción Judicial del Estado Zulia, desde el día 05 de mayo de 2008 hasta el 03 de junio del mismo año (…) en dicha suplencia fue evaluación de forma Sobresaliente en todos los item,(…) prestó sus servicios en el Ministerio Público en calidad de Suplente desempeñándose como Oficinista en la Fiscalía Trigésima Séptima del Ministerio Público Circunscripción Judicial del Estado Zulia, desde el día 18 de agosto de 2008 hasta el día 01 de Octubre del mismo año, (…) continuó colaborando en dicha Institución y en fecha 16 de Octubre de 2009 es postulada al Cargo de Asistente de Asuntos Legales V, (…) luego de superar la evaluación (…) es informada por la Dirección de Recursos Humanos de dicha Institución (…) que la Fiscal General de la República aprobó su ingreso (…) a partir del 01(sic) de febrero de 2010 (…) como Asistente Legal en la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público (…) cumpliendo funciones inherentes a dicho cargo…”

Indicó que, “…La conducta desarrollada como Funcionaria adscrita a [ese] Despacho fue Eficiente, idóneo y eficaz, la supervisora inmediata -a su decir- miente al mencionar que [su] mandante es deficiente en el compromiso institucional y la prueba de esto son sus otras evaluaciones, aunado al hecho que nunca tuvo limitantes para realizar su trabajo (…)”.(Conchetes de este Juzgado)


Agregó que, “el acto administrativo recurrido, está viciado de ilegalidad…”

Expuso que “En cuanto a los vicios existentes en la resolución N° 790 de fecha 11 de junio de 2012, dictada por la Fiscal General de la República, (…) mediante el cual acordó Revocar el nombramiento provisional (…) conferido a [su] representada, (…) siendo notificada la misma en fecha 26 de Junio de 2012, a su vez la viciada evaluación de fecha 10 de Octubre de 2011, realizada por la fiscal Principal, (…) así mismo Respuesta del Referido Recurso de reconsideración de fecha 01 de Noviembre de 2011, en ambas se evidencia que sólo parte de la apreciación maliciosa y abuso de poder de dicha funcionaria (sic), ...”.

Denunció que “El referido acto administrativo se encuentra impregnado del Vicio del Falso Supuesto de Hecho, (…). En efecto, consta que las resoluciones que componen el viciado proceso de Destitución como incluso el acto administrativo que se recurre, (…) dada la forma pura y simple en que se negó y rechazó las presentes resoluciones o causal de destitución, dejó INTACTA LA CARGA PROBATORIA en la administración. (…) solo se limitó a ratificar la Resolución 1566 sin tomar en cuenta lo alegado por [su] mandante. (…) se encuentra impregnado del vicio denunciado (…) la Fiscal General de la República solo tomó en cuenta la opinión de la Fiscal (…) estado Zulia, lo cual motivó la decisión mediante Resolución 790 (…), lo que imprime abiertamente las reglas de valoración de las pruebas, toda vez, que otorg[ó] valor probatorio a medios que no poseen ningún valor, y que debiendo ser desechado del proceso, creando un falso supuesto de hecho (sic), pues de haberse aplicado correctamente las normas (…) la Fiscal General de la República hubiere desechado la presunta evaluación deficiente (…). En el presente caso, la administración no adecuó su actuación a la ley respecto a la valoración de los medios errando la apreciación efectuada con figuración del vicio que hace nulo el acto”.


Finalmente, solicitó se declare la nulidad absoluta de la resolución 1566 de fecha 24 de Octubre de 2011 y resolución 790, de fecha 11 de junio de 2012, dictada por la Fiscal General de la República, en la primera revocó el nombramiento provisional de mi representada y en la segunda resolvió confirmar el acto administrativo contenido en la Resolución 1566, mediante el cual acordó revocar el nombramiento provisional de Asistente de Asuntos legales V, conferido a mi representada, como también contra la evaluación de fecha 10 de Octubre de 2011, realizada por la Fiscal Aura Delia González Molina (…) en virtud de contener el vicio de falso supuesto y abuso de poder; Se decrete el Amparo Cautelar solicitado suspendiendo los efectos de la referida providencia administrativa resolución 1566 y resolución 790, hasta que sea resuelto el presente recurso contencioso administrativo funcionarial; se ordene de conformidad con el Artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, Inspección Judicial de los documentos alegados por mi mandante (…); se ordene el pago de los salarios dejados de percibir, así como también todos y cada uno de los demás beneficios legales, contractuales (…) como consecuencia del irrito acto administrativo….

II
DE LA SENTENCIA CONSULTADA

Mediante sentencia de fecha 25 de julio de 2018, el Juzgado Superior Estadal Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, con base en las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El presente caso versa sobre el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por la ciudadana JOHEMAR CAROLINA SÁNCHEZ PUENTE, antes identificada, en el cual pretende la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nos. 1566 y 790, de fechas 24 de octubre de 2011 y 11 de junio de 2012, respectivamente, dictadas por la Fiscal General de la República, en el primero, se resolvió revocar el nombramiento provisional, y el segundo, confirmó el acto administrativo contenido en la Resolución N° 1566, siendo notificada mediante oficio N° 24FS-5182-2011, de fecha 08 de noviembre de 2011, y Resolución 790, recibida en fecha 26 de junio de 2012, mediante oficio DRH-DRL-231-2012, denunciando que el mismo se encuentra viciado de nulidad por transgresión al principio de legalidad en el procedimiento de revocatoria del nombramiento al cargo de Asistente de Asuntos Legales V, que desempeñaba en el órgano querellado, recurriendo que los actos administrativos impugnados adolecen de falso supuesto de hecho y de derecho, abuso de poder, por violación del derecho a la defensa y al debido proceso, así como el principio de proporcionalidad.

Por su parte, la representación judicial del Ministerio Público, aludió en su escrito de contestación entre otras cosas, que la Administración se ajustó a lo legalmente establecido, en la norma del Estatuto del Personal del Ministerio Público, en virtud de la última evaluación, la cual arrojó un resultado negativo, y consecuentemente, la Resolución N° 1566 de revocatoria del cargo impugnado por la hoy querellante, decisión ésta ratificada mediante la Resolución N° 790, cumpliéndose de esta manera con lo preceptuado en el artículo 8 de la norma ut supra, por tal razón solicitó se desecharan las denuncias presentadas y se declare sin lugar el recurso contencioso funcionarial interpuesto por la ciudadana Johemar Carola Sánchez Puente.

Visto lo anterior, con fundamento en los alegatos presentados y las pruebas contenidas en el expediente, este Tribunal pasa a dictar sentencia en los siguientes términos:

En primer lugar, corresponde a este Juzgado pronunciarse en relación a la supuesta violación al derecho a la defensa y debido proceso invocado por la parte accionante y en tal sentido, es necesario destacar que este principio constitucional en materia administrativa consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios ni contrarios a los principios del Estado de derecho. Así entonces, las controversias que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos. De la aplicación del principio del debido proceso y el derecho a la defensa se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, pedir y controvertir las pruebas, ejercer con plenitud su defensa, impugnar los actos administrativos a fin de gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

Ahora bien, si bien es cierto éstos derechos fundamentales se manifiestan cuando se garantiza el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa; el derecho de acceso al expediente, justamente con el propósito que el particular pueda examinar en cualquier estado del proceso, las actas que la componen; el derecho que tiene el administrado a presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos realizados en su contra por parte de la administración; y finalmente el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de impugnación a ejercer frente a los actos dictados por la Administración; se evidencia del estudio exhaustivo de las actas que conforman el expediente administrativo analizado, que la querellante durante todo el periodo de prueba, le fue levantada una Acta Fiscal, en fecha 05 de agosto de 2011, a la ciudadana JOHEMAR CAROLA SÁNCHEZ PUENTE (hoy querellante), mediante la cual se le hizo apercibimiento de forma escrita y llamado de atención, verificándose en dicha acta la firma de la misma, seguidamente, le fue remitido en fecha 10 de agosto del mismo año, comunicado de forma escrita por incumplimiento en normas contenidas en el Estatuto del Personal del Ministerio Público artículo 100, suscrito por la Abogada AURA DELIA GONZÁLEZ MOLINA, en su carácter de Fiscal Trigésima Quinta de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Abogada DULCE DE JESÚS ARAUJO, en su carácter de Fiscal Auxiliar Trigésima Quinta de la Circunscripción Judicial del estado Zulia y Abogado LUÍS ALBERTO PÉREZ, en su carácter de Fiscal Auxiliar Trigésima Quinta de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, (ver folios 115, 116 y 117 del expediente administrativo); Del mismo modo, de la Planilla denominada EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y EMPLEADO PERIODO DE PRUEBA, del periodo 15/06/2011 al 10/10/2011, de la ciudadana JOHEMAR CAROLA SÁNCHEZ PUENTE, en la cual se evidencia en el renglón denominado “V.-COMENTARIOS DEL EVALUADO SOBRE SU EVALUACIÓN” la contestación de la querellante, certificando con ello, que estuvo notificada de la evaluación negativa, suscrita por su Superior Jerárquica, Abogada AURA DELIA GONZÁLEZ MOLINA, en su carácter de Fiscal Trigésima Quinta de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, siguiendo directrices de impartidas por la Dirección de Recursos Humanos, (ver folios 120 y 121 del expediente administrativo); Asimismo, la querellante, una vez estando bajo el conocimiento de la evaluación negativa que motivo la decisión revocatoria, ejerció recurso de reconsideración, en fecha 13 de octubre de 2011 (ver folios 69 y 70 del expediente administrativo), en el cual tuvo la oportunidad de contradecir todos y cada uno de los elementos evaluados, dicho recurso fue decidido mediante Resolución N° 790, de fecha 11 de junio de 2012, (ver folios 26 al 53 del expediente administrativo), el cual también es debatido en la presente causa; por lo que no puede haber posibilidad alguna de la violación al debido proceso y al derecho a la defensa que erróneamente invoca la querellante, motivo por el cual, este Juzgado DESESTIMA los alegatos en relación a la violación del derecho a la defensa y al debido proceso. Así se decide.

A continuación y en relación al falso supuesto de hecho y de derecho, argumentado por la querellante, debe señalarse, que el vicio de falso supuesto se configura cuando la Administración se fundamenta en hechos falsos, cuando no se aprecian o se califican erróneamente los hechos, así mismo, es imperativo para este Juzgado señalar que es criterio reiterado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia afirmar que el vicio de falso supuesto de derecho se configura cuando los órganos administrativos aplican las facultades que ejercen, a supuestos distintos a los expresamente previstos en las normas, o distorsionan el alcance de disposiciones legales para tratar de lograr determinados efectos sobre realidades distintas a las existentes en el respectivo procedimiento administrativo.

Para evidenciar lo dicho, la referida Sala según sentencia No. 1117, de fecha 19 de septiembre de 2002, estableció lo siguiente:

“A juicio de esta Sala, el vicio de falso supuesto se patentiza de dos maneras, a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en el vicio de falso supuesto de hecho. Ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto”.


Para mayor abundamiento, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 00625 de fecha cinco (05) de junio de dos mil trece (2013), con ponencia de la Magistrada EVELYN MARRERO ORTÍZ, en el Exp. Nº 2009-1087, estableció lo que debe ser entendido como falso supuesto de hecho y de derecho, de la siguiente forma:
“…4. Falso supuesto de derecho.
Respecto al vicio denunciado, ha señalado esta Sala Político Administrativa que el falso supuesto de derecho se configura cuando la Administración fundamenta su actuación en una norma que no es aplicable al caso concreto, o cuando el intérprete le da un sentido que ésta no tiene. Se trata de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad, por lo cual es necesario examinar si el acto administrativo dictado -ahora bajo análisis- guarda la debida congruencia con el supuesto previsto en la norma legal que fundamenta la manifestación de voluntad en él contenida. (Vid., entre otras, sentencias Nos. 476, 623 y 772 de fechas 21 de marzo de 2007, 30 de junio y 28 de julio de 2010, respectivamente).

(omisis)

5. Falso supuesto de hecho.
Para analizar este alegato, resulta necesario señalar que el referido vicio se patentiza cuando la Administración al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, tratándose de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad. (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 06035 y 00957 de fechas 27 de octubre de 2005 y 1º de julio de 2009, respectivamente)…”

De las jurisprudencias in comento, se concluye que el vicio de falso supuesto se patentiza de dos formas, la primera se constituye en el falso supuesto de hecho que es aquel que ocurre cuando, al dictar un acto administrativo, la Administración se basa en hechos que ocurrieron de manera distinta a como fueron valorados por la misma Administración. Y por otro lado, el falso supuesto de derecho que es aquel que produce cuando la Administración se basa en una norma que no es aplicable al caso bajo análisis, o cuando se le da a ésta un sentido que no tiene, dejando claro que en caso de presentarse alguno de esos supuestos, acarrearían la nulidad del acto administrativo.

Por lo expresado podemos concluir que el falso supuesto de derecho es la errada aplicación de la norma a los hechos que constan en el expediente, es decir, el yerro se materializa en la fundamentación jurídica del acto administrativo.

Ahora bien, el artículo 08 del Estatuto del Personal del Ministerio Público establece lo siguiente:

“Artículo 8°.- Todo aspirante a ingresar al Ministerio Público, quedará sometido a un período de prueba de dos (2) años, durante el cual será evaluado por su superior jerárquico inmediato. De no aprobar esa evaluación, se procederá a su retiro de la Institución.
El supervisor inmediato evaluará al funcionario en periodo de prueba, con fundamento en la calificación continua y documentada de su desempeño.

Parágrafo Primero: El funcionario se considerará ingresado definitivamente al Ministerio Público, si vencido el periodo de prueba, no ha sido evaluado, dejando a salvo la responsabilidad en que pueda incurrir el superior jerárquico, por su omisión.

Parágrafo Segundo: Si el resultado de la evaluación es negativo, el Fiscal General de la República revocará el nombramiento provisional hecho, lo cual notificara al aspirante.

Parágrafo Tercero: Quedan exceptuados del cumplimiento del período de prueba, quienes vayan a desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción”.
Así las cosas, del artículo 8 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, establece claramente que todo aspirante a ingresar al Ministerio Público, quedará sometido a un período de prueba de dos (02) años, durante el cual será evaluado por su superior jerárquico inmediato y que de no aprobar la evaluación, se procederá a su retiro de la Institución; asimismo señala que el supervisor inmediato evaluará al funcionario en periodo de prueba, con fundamento en la calificación continua y documentada de su desempeño, siendo así, en el presente caso se desprende que la querellante ingresó al cargo de Asistente de Asuntos Legales V, adscrita en la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 01 de febrero de 2010, según se evidencia del Punto de Cuenta N° 2010-0180, de fecha 26 de enero de 2010 (ver folio 123 del expediente administrativo), siendo evaluada en los períodos que van desde el 01-02-2010 al 01-08-2010; 02-08-2010 al 01-02-2011 y desde el 15-06-2011 al 10-10-2011, siendo ésta la última de las evaluaciones efectuadas a la querellante, la cual fue negativa y visto que se encontraba en periodo de prueba, ello motivó a la Fiscal General de la República a revocarle el nombramiento al actor con fundamento en lo previsto en el artículo 8 del Estatuto del Personal del Ministerio Público, siendo ello así, con el hecho de efectuarse una evaluación negativa da cabida a que el nombramiento fuese revocado, sin necesidad de completar íntegramente las evaluaciones que comprendían el periodo de dos (02) años de prueba, de manera que no puede existir el vicio de falso supuesto alegado por el querellante, ya que la Fiscal General de la República, al momento de dictar las Resoluciones impugnadas, apreció los hechos apropiadamente al tomar como fundamento para la revocatoria del nombramiento la evaluación realizada, aplicando así de manera correcta la norma in comento, razón por la cual este Tribunal DESECHA el alegato formulado por la parte actora al respecto. Así se decide.

Por último, en relación al principio de proporcionalidad, es necesario destacar que el mismo se encuentra establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual reza:

“Artículo 12.- “Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad administrativa competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia”.

En relación al principio de proporcionalidad, el cual supone que en todo régimen sancionatorio se establece una escala de sanciones atendiendo a la mayor o menor gravedad del incumplimiento del deber o al mayor o menor daño que produce la actuación u omisión del funcionario.

Este principio de proporcionalidad limita el ejercicio de la potestad sancionatoria, pues la Administración antes de ejercer dicha potestad deberá evaluar la gravedad de la infracción a objeto de evitar que la sanción aplicable resulte desproporcionada y que además ésta se aleje sustancialmente de los objetivos de la propia actuación administrativa y de los fines perseguidos por el legislador.

En tal sentido, respecto al principio de proporcionalidad el tratadista José Peña Solís en su obra “Manual de Derecho Administrativo, adaptado a la Constitución de 1999, Volumen Primero, página 767, año 2005” precisó que cuando el dispositivo normativo en comento alude a la proporcionalidad y a la adecuación que debe existir entre el acto administrativo y el presupuesto de hecho, y los fines de la norma, en realidad a lo que se refiere es al requisito de la congruencia entre el acto y los referidos elementos del mismo, entendiéndolo como la necesaria correspondencia que debe existir entre el acto con sus hechos determinantes, así como con los fines que deben perseguirse con su emanación.

Asimismo, en relación con el principio de proporcionalidad bajo análisis, también se ha pronunciado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 01115, de fecha 01 de octubre de 2008, en los siguientes términos:

“La referida norma establece que cuando la autoridad competente esté facultada para imponer una sanción, ésta tiene la obligación de hacerlo mediante la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1666 de fecha 29 de octubre de 2003)”.

Más recientemente, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 17 de enero 2012, caso José Gregorio Lezama Ragnault contra el Contralor General de la República, manifestó lo siguiente:
“…2. Violación del principio de proporcionalidad
(omisis)
Al respecto, es necesario referir a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que define el principio en cuestión, de la manera siguiente:
“Artículo 12.-Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia.”
Del artículo transcrito se desprende que cuando una norma faculte a la autoridad competente para imponer una sanción, ésta debe guardar la debida adecuación con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción…”

De la norma y jurisprudencias anteriormente transcritas se arguye que, cuando una norma o ley faculte a la autoridad competente para imponer una sanción administrativa, ésta debe guardar la debida adecuación con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, pues la administración debe evaluar en todo los casos la gravedad de la infracción con el objeto de evitar que la sanción aplicable resulte desproporcionada al caso, y que además se aleje sustancialmente de los objetivos de la propia actuación administrativa y de los fines perseguidos por el legislador, aunado a que aun en los casos en que opere cierta discrecionalidad por parte del Órgano Administrativo, siempre se debe respetar la debida proporcionalidad que se da entre el supuesto de hecho que dio lugar al acto administrativo y la finalidad de la norma aplicable, todo esto con el objeto de alcanzar un verdadero equilibrio en el cumplimiento de los fines de la Administración Pública.
Precisado así todo lo relativo al principio de proporcionalidad, debe señalar quien aquí juzga que en el caso de autos, se constata que a la hoy querellante se le notificó del apercibimiento escrito y llamado de atención de fecha 10 de agosto de 2011, estando en periodo de prueba, siendo la Fiscal Trigésima Quinta de la Circunscripción Judicial del estado Zulia su superior inmediato la cual está facultada para evaluar a la querellante, pues la misma cumplía con el periodo requerido en el cargo como supervisora de la evaluada, por lo que la evaluación realizada es plenamente válida y eficaz, aunado a ello, la norma comentada (artículo 8 del Estatuto del Personal del Ministerio Público) es muy clara al disponer un periodo de prueba, dentro del cual se avalúa la capacidad del aspirante para ocupar el cargo y poder continuar con el servicio, más allá de ese periodo. Siendo ello así, se evidencia claramente que la Administración se ajustó a lo legalmente establecido, cumpliéndose de esta manera con lo preceptuado en el referido artículo 8 del Estatuto de Personal del Ministerio Público, no configurándose el vicio alegado, así como tampoco el abuso de poder, motivo por el cual se DESECHA lo señalado por la parte querellante. Así se decide.

En consecuencia, resulta forzoso para este Órgano de Administración de Justicia declarar SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesta. Así se decide.

DECISIÓN

Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el recurso contencioso funcionarial interpuesto por la Profesional del Derecho GERYD VIVIANA LAGUNA TORRES, inscrita en el Instituto de la Previsión Social del Abogado bajo el N° 112.520, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana JOHEMAR CAROLA SANCHEZ PUENTE, titular de la cédula de identidad N° V-16.196.076, contra los actos administrativos contenidos en la Resolución Nº 1566, de fecha 08 de septiembre del año 2014, mediante la cual se revocó el nombramiento provisional al cargo de Asistente de Asuntos Legales V, adscrita a la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, siendo notificado mediante Oficio N° 24FS-5182-2011, de fecha 08 de Noviembre de 2011, mediante el cual revocó el nombramiento provisional y la Resolución 790, de fecha 11 de junio de 2012, notificada en fecha 26 de Junio de 2012, mediante Oficio N° DRH-DRL-231-2012, mediante el cual confirmó el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 1566, ambos dictados por la ciudadana Fiscal General de la República. Así se declara.

III
DE LA COMPETENCIA

Corresponde a este Juzgado pronunciarse con relación a su competencia para conocer en consulta de los fallos dictados por los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, cuando éstos resulten contrarios a los intereses de la República.

La prerrogativa procesal de la consulta se encuentra establecida en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial del Decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente:




“Artículo 84. Toda sentencia definitiva o contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente”.

En concordancia con la norma citada, cabe de destacar que conforme al artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el conocimiento en alzada de las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo en materia de recursos contencioso administrativo funcionariales, le corresponde a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo hoy Juzgados Nacionales Primero y Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

De lo anterior, se evidencia que siendo los Juzgados Nacionales de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital los Órganos Judiciales de superior jerarquía respecto de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo resulta COMPETENTE para conocer en consulta de la sentencia dictada en fecha 25 de julio de 2018, por el Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Declarada como ha sido la competencia de este Juzgado para conocer de la consulta de Ley, resulta ineludible, antes de entrar a analizar el presente caso, profundizar acerca de la finalidad de dicha institución como prerrogativa procesal establecida en favor de la República, en los términos previstos en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con incidencia en todas aquellas sentencias que resulten contrarias a la pretensión, excepción o defensa ejercida por la misma.

En tal sentido, es necesario señalar que la consulta en cuestión ha de ser planteada por el respectivo Tribunal Superior, en ausencia del ejercicio del recurso de apelación de alguna de las partes, y que no constituye una fórmula general de control de la juridicidad del fallo objeto de consulta, sino que su finalidad es, como lo dispone en forma inequívoca el artículo 84 eiusdem, un medio de defensa de los intereses de la República, cuando ésta sea condenada en la sentencia dictada por el Tribunal que conoce en primera instancia, tal y como fue expresado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 902, de fecha 14 de mayo de 2004 (caso: C.V.G. Bauxilum, C.A.), la cual establece:

“…la consulta obligatoria prevista en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República [Hoy artículo 84 del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República], hasta tanto sea derogada por el legislador nacional o sea declarada por la jurisdicción constitucional su nulidad por motivos de inconstitucionalidad, no puede ser asimilada a la consulta obligatoria prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que se refiere a la tutela de situaciones jurídicas subjetivas particulares (…) ya que la misma, así como las prerrogativas a que alude el artículo 63 eiusdem, persiguen resguardar los intereses patrimoniales de la República y de todos aquellos entes públicos sobre los que aquella tenga derechos, no con el objetivo de evitar la responsabilidad del Estado, sino de impedir afectaciones en el cumplimiento de sus fines fundamentales establecidos en el ordenamiento jurídico, mediante el equilibrio entre los derechos de las personas y las potestades y obligaciones de la República. Así se decide…” (Resaltado y corchetes de esta Alzada).

De la misma forma, la referida Sala en sentencia Nº 1.107, de fecha 8 de junio de 2007, (caso: Procuraduría General del estado Lara), realizando un análisis con relación a la naturaleza y alcance de la prerrogativa procesal de la consulta, determinó lo siguiente:

“El principal argumento que sustenta la solicitud de revisión se centra en un asunto de orden procesal: que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo al emitir su veredicto desconoció la norma contenida en el artículo 70, [Hoy artículo 84 del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República] del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ya que la sentencia de primera instancia no podía ser objeto de la consulta prevista en la referida norma porque lo decidido por el Juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental -al decretar la inadmisibilidad de la acción jurisdiccional- en modo alguno iría en detrimento de las pretensiones y defensas esgrimidas por el Estado (sic) Lara (sic), a quien se aplica extensivamente esta prerrogativa procesal que ostenta la República, en virtud de lo establecido por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público.
(…)
La norma procesal, ubicada en el entramado del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dentro del Título IV intitulado ‘Del Procedimiento Administrativo Previo a las Acciones contra la República y de la Actuación de la Procuraduría General de la República en Juicio’, en el Capítulo II ‘De la Actuación de la Procuraduría General de la República en Juicio’, instituye en favor de la República una prerrogativa procesal que opera cuando, contra una decisión definitiva contraria a aquellas pretensiones, excepciones o defensas opuestas por el Procurador General de la República o por aquellos abogados que tengan delegación suficiente para representar a la República en juicio, contra la cual no se hayan ejercitado los medios de impugnación o gravamen que brinda el ordenamiento procesal dentro de los lapsos legalmente establecidos para ello, debe ser consultada ante el Juez de Alzada.
La consulta, como noción procesal, se erige como una fórmula de control judicial en materias donde se encuentra involucrado el orden público, el interés público o el orden constitucional, y el juez que la ejerce debe revisar no sólo la juridicidad del fallo, sino la adecuación del derecho declarado al caso concreto, en los casos de la consulta prevista en el artículo 70 (actualmente artículo 84 de la referida Ley) del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República la justificación se centra en el interés general que subyace en todo juicio propuesto contra un órgano o ente público.
Sobre la acepción ‘interés general’ que justifica el elenco de prerrogativas y privilegios procesales que ostenta la República, esta Sala ha sostenido que ‘(…) cuando la República es demandada en juicio, se acciona contra uno de los componentes más importantes del Estado y la eventual afectación de su patrimonio puede llegar a afectar el patrimonio de la población, y mermar la eficacia de la prestación de los servicios públicos. Conforme a esta premisa, el ordenamiento jurídico ha establecido privilegios y prerrogativas procesales para la actuación de la República en juicio en resguardo de los intereses superiores que rigen la actuación del Estado’ (Vid. Sentencia de esta Sala N° 2.229 del 29 de julio de 2005, caso: ‘Procuraduría General del Estado Lara’).
…Omissis…
En tanto prerrogativa procesal de la República, la consulta opera ante la falta de ejercicio de los medios de impugnación o gravamen dentro de los lapsos establecidos para su interposición, siempre que el pronunciamiento jurisdiccional sea contrario a sus pretensiones, defensas o excepciones, en razón, se insiste, del interés general que subyace en los juicios donde está en juego los intereses patrimoniales de la República o de aquellos entes u órganos públicos a los cuales se extiende su aplicación por expresa regla legal (Vbgr. Administración pública descentralizada funcionalmente, a nivel nacional o estadal).
Consecuencia de lo expuesto, si una decisión judicial en nada afecta las pretensiones, defensas o excepciones esgrimidas por la República o de aquellos titulares de la prerrogativa procesal examinada, no surge la obligación para el juzgador de primera instancia de remitir el expediente a los fines de la consulta, pues la condición de aplicación del artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, exige un agravio calificado por el legislador: una sentencia definitiva que contraríe las pretensiones procesales, defensas o excepciones opuestas por el ente u órgano público, según sea el caso…Omissis…” (Resaltado de este Juzgado).

En consecuencia, el examen del fallo consultado deberá ceñirse exclusivamente a aquellos aspectos (pretensión, defensa o excepción) que fueron decididos en detrimento de los intereses de la República siendo que las pretensiones aducidas por la parte actora y desestimadas por el Juez, sólo podrán ser revisadas mediante el recurso de apelación ejercido en forma tempestiva, salvo el conocimiento de aquellas cuestiones de eminente orden público, las cuales deberán ser revisadas, incluso de oficio por el Juez, en cualquier estado y grado de la causa.:

Corresponde entonces a esta Instancia Jurisdiccional determinar si, en el caso sub examine, resulta aplicable la consulta obligatoria establecida en el artículo 84 del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, pues, en atención a dicho precepto legal, toda sentencia definitiva contraria a las pretensiones, excepciones o defensas de la República, debe ser consultada al Tribunal superior competente.
Esta Alzada considera importante señalar que la consulta obligatoria de ley es una institución de orden público prevista en nuestra legislación, puesto que forma parte de los privilegios y prerrogativas consagrados en juicio a favor de la República, y con ocasión a cualquier sentencia definitiva contraria a sus pretensiones, excepciones o defensas; siempre que obre directa o indirectamente en contra de sus intereses. Ello persigue, resguardar los intereses patrimoniales de la República, y de todos aquellos entes públicos sobre los que tenga derecho, ante los errores, vicios y omisiones que se configuren en aquellas decisiones adversas.
En tal sentido, es importante traer a colación lo dispuesto en sentencia Nro. 812, de fecha 08 de julio de 2008, caso: sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C. A., emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y recogida en sentencia Nro. 092 de fecha 28 de enero de 2010, caso: sociedad mercantil C.A. Luz Eléctrica de Venezuela, proferida por esa misma sala, relativa a la Institución de la consulta obligatoria de ley, la cual es del siguiente tenor:
“Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la consulta elevada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A.

No obstante, previamente se requiere transcribir la sentencia Nº 00566 dictada por esta Sala en fecha 2 de marzo de 2006, referente a la prerrogativa consagrada a favor de la República, de conformidad con el artículo 63 del citado Decreto. Dicho fallo se pronunció en los términos siguientes:

‘[…] … ‘Artículo 63. Los privilegios y prerrogativas procesales de la República son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República’.

‘Artículo 70. [Hoy artículo 84 del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República] Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente’.

Del examen concatenado de las normas contenidas en los artículos 63 y 70,[Hoy artículo 84 del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República], [Hoy artículo 84 del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República], antes transcritos, puede observarse que, efectivamente, se consagra una prerrogativa a favor de la República en la última de las disposiciones reseñadas, al establecer que cuando se produzca una sentencia definitiva contraria a sus pretensiones, excepciones o defensas, ésta deberá someterse a la consulta del Tribunal Superior competente para su revisión. Ello persigue, como reiteradamente lo ha establecido este Alto Tribunal, resguardar los intereses patrimoniales de la República, y de todos aquellos entes públicos sobre los que tenga derecho […].” [Resaltado de este Juzgado].

Así pues, conforme a la decisión sub iudice antes esbozada, la consulta de ley, ahora prevista en el artículo 84 del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tiene como finalidad preservar el interés colectivo implícito, contraria a toda decisión adversa que obre directa o indirectamente en contra de los intereses de la República.
Sin embargo no toda decisión en la generalidad puede ser objeto de consulta obligatoria, pues de ser el caso, dicho privilegio sólo puede darse con ocasión a aquellas decisiones que se subsuman dentro de la categoría de una “sentencia definitiva contraria a las pretensiones, excepciones o defensas de la República”, y siempre que la misma sea recurrible, esto es, de un fallo que conforme a la Ley sea revisable por “la vía ordinaria del recurso de apelación”.
Igualmente, de una revisión de las actas procesales que conforman la presente causa, se observa que, si bien es cierto, la sentencia aquí sometida a consulta declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo, no obstante, considera este Juzgado que dicha decisión no afecta en forma alguna, ni directa o indirectamente los intereses de la República, pues va dirigida a declarar improcedente la acción de nulidad contra los actos administrativos contenidos en la Resolución Nº 1566, de fecha 08 de septiembre del año 2014, mediante la cual se revocó el nombramiento provisional al cargo de Asistente de Asuntos Legales V, adscrita a la Fiscalía Trigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, siendo notificado mediante Oficio N° 24FS-5182-2011, de fecha 08 de Noviembre de 2011, mediante el cual revocó el nombramiento provisional y la Resolución 790, de fecha 11 de junio de 2012, notificada en fecha 26 de Junio de 2012, mediante Oficio N° DRH-DRL-231-2012, mediante el cual confirmó el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 1566, ambos dictados por la ciudadana Fiscal General de la República.
Al respecto, este Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha establecido que en sentencias como la recurrida en donde no se modifica el pronunciamiento de la Administración tales declaratorias no afecten directa o indirectamente los intereses de la República, por lo tanto, no existen motivos por los cuales deba esta Alzada revisar a través de la consulta las referidas sentencias. (Vid. Sentencia N° 2007-1741, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 17 de octubre de 2007, Ahora Juzgado Nacional Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, caso: Aeropostal Alas de Venezuela, C.A., ratificada por sentencia Nº 2008-883, de fecha 21 de mayo de 2008, expediente Nro. AP42-N-2008-000108, caso: Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital del Municipio Libertador; y sentencia Nº 2008-1033, de fecha 11 de junio de 2008, expediente Nro. AP42-N-2008-000194, caso: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre).
Ahora bien, en el caso que nos ocupa se observa que la declaratoria de sin lugar el recurso contencioso administrativo Funcionarial, no afecta directa o indirectamente los intereses de la República, puesto que fue declarado sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, por lo cual no existen motivos que lleven a este Órgano Jurisdiccional a revisar a través de la consulta de ley, el fallo dictado en fecha 25 de julio de 2018, emanado del Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, así que resulta obligatorio para esta Alzada declarar improcedente la citada consulta de ley. Así se decide.

En virtud de lo expuesto, este Juzgado necesariamente debe declarar IMPROCEDENTE la consulta de Ley prevista en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en consecuencia, se tiene como FIRME la sentencia dictada el 25 de julio de 2018 por el Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Así se decide.

V
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- Su COMPETENCIA para conocer la consulta de Ley prevista en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 25 de julio de 2018, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana JOHEMAR CAROLA SÁNCHEZ PUENTES, contra el MINISTERIO PÚBLICO.

2.- IMPROCEDENTE, la consulta planteada de la decisión de fecha 25 de julio de 2018, dictada por el Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

3.- FIRME la sentencia sometida a consulta.

Publíquese, regístrese y remítase al Tribunal de origen para las debidas notificaciones. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Remítase al Juzgado de origen.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones del Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los ( ) días del mes de del dos mil veintiuno (2021). Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.



El Juez Presidente (E),

YOANH ALÍ RONDÓN MONTAÑA
Ponente

El Juez Vicepresidente (E),

DANNY JOSÉ RON ROJAS

La Juez Suplente,


BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA



La Secretaria
DELIA PAREDES SANOJA


Exp. N° 2020-179
YARM/11

En fecha _______ (___) de ______________ de dos mil veintiuno (2021), siendo la (s) _____________ de la _________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________.

La Secretaria.