JUEZ PONENTE: YOAHN ALÍ RONDÓN MONTAÑA
EXPEDIENTE N° 2021-024

En fecha 3 de marzo de 2021, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados Nacionales Primero y Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el oficio Nº 20/0121 de fecha 15 de diciembre de 2021, emanado del Juzgado Superior Estadal Cuarto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ODOMAIRA DEL VALLE ROSALES PAREDES, titular de la cedula de identidad Nº 15.099.17, debidamente asistida por el abogado Luis Enrique Romero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nro. 33.374, contra la DEFENSA PÚBLICA.

Dicha remisión se efectuó de conformidad con el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para conocer en consulta de la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 18 de enero de 2018, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En fecha 16 de marzo de 2021, se dio cuenta a este Juzgado y por auto de esa misma fecha, se designó Ponente a l Juez YOAHN RONDÓN, a los fines de que este Juzgado dicte la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasó el expediente a la Juez Ponente.

En fecha 11 de mayo de 2021, se reconstituyó este Juzgado Nacional, se ratifico la ponencia y en esa misma fecha, se pasó el expediente a la Juez Ponente.

En fecha 25 de mayo de 2021, en virtud de la incorporación a este Órgano Jurisdiccional de la Jueza BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA, en sesión de esta fecha 24 de mayo de 2021, se reconstituyó este Juzgado Nacional Primerio de lo Contencioso Administrativo, quedando de la siguiente manera YOANH RONDÓN Juez Presidente encargado, DANNY JOSÉ RON ROJAS, Juez Vicepresidente encargado y BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA Juez Suplente, este juzgado se aboca al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra. Ahora bien, se ratifica la ponencia al Juez YOANH RONDÓN, a quien se ordena pasar el presente expediente a los fines de que se dicte la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasa el expediente al Juez ponente.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Alzada pasa a decidir el asunto planteado, previa las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL

En fecha 7 de diciembre de 2017, la ciudadana Odomaira del Valle Rosales Paredes, debidamente asistida por el Abogado Luis Enrique Paredes, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra la Defensa Pública, sobre la base de las siguientes consideraciones:

Alegó que, ingresó a prestar servicio en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en fecha 1º de octubre de 2002, como asistente contratada, oportunidad en la cual se iniciaron los trámites de ingreso al Poder Judicial obteniendo en fecha 15 de febrero de 2003, el cargo de Asistente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de la Región Capital.

Expresó que el 16 de marzo de 2006, ingresó en la Defensa Pública con el cargo de Analista Profesional II, adscrita a la Coordinación de Actuación Procesal, luego traslada a la Unidad Regional de Defensa Pública del estado Vargas (hoy estado La Guaira), siendo ascendida al cargo de Analista Profesional III.

Indicó que de lo anterior, se verifica su ingreso en la administración pública con un cargo de carrera, siendo el último de los cargos de carrera desempeñados el de Analista Profesional III, el cual ejerció hasta el mes de septiembre de 2010, mediante Resolución Nº DDPG-2010-0154, fue designada Defensora Publica Provisoria primera con competencia en materia de Niños Niñas y Adolescente del estado Vargas (hoy estado La Guiara) y posteriormente traslada a decisión propia , a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Táchira, sede San Cristóbal, con el cargo de Defensora Publica Provisoria Décima Octava con competencia en materia Penal Ordinario.

Le fue notificada el 13 de septiembre de 2016 a través del oficio Nº DNRH-DAP-2016-1691,de fecha 3 de octubre de 2016, que acordó su retiro de la institución, al haber resultado infructuosas las gestiones reubicatorias.

Denunció que los actos administrativos impugnados le vulneraron su derecho a la defensa y debido procedimiento, pues fueron dictados baja la premisa de que el cargo Defensor Público, es un cargo de libre nombramiento y remoción motivo por el cual, en su criterio, se dictaron actos no solo infundados, sino cuya motivación es desconocida, de allí que resulte lesionada en su derecho a ejercer una defensa debida, al no tener conocimiento de las bases o fundamentos sobre los cuales se sustenta su remoción al cargo de Defensora Publica.

Manifestó, que la Ley Orgánica de la Defensa Publica, establece el retiro de los Defensores Públicos y demás funcionarios, sin embargo, a su juicio, no se encuentra bajo ninguno de los supuestos del retiro, y en caso de que sea considerado al equivalente de la de la destitución, debió realizarse un procedimiento administrativo disciplinario previo , es decir, que se le retiró sin estar incursa en alguna de las causales de destitución establecidas en el artículo 134 ejusdem y sin un procedimiento disciplinario.

Denunció, que efectuó la solicitud ante la dirección nacional de Recursos Humanos, requiriendo copias certificadas de las comunicaciones libradas a los distintos órganos de la administración pública, a los fines de constatar que se hubieren realizado las gestiones reubicatorias, así como, información de cargos de Analista Profesional III o su equivalente según la planilla de personal de la defensa pública para la fecha de 3 de octubre de 2016, sin embargo, hasta el presente no ha obtenido respuesta alguna de las peticiones formuladas.

Solicitó, la nulidad de los actos administrativos DDPG-2016-438 Y DDPG-471 de fecha 29 de agosto y 3 de octubre del 2016, respectivamente, los cuales fueron debidamente suscritos por la Defensora Publica General, y mediantes los cuales fue removida y retirada de su cargo. Asimismo solicitó que le sean cancelados los daños y perjuicios causados por los salarios dejados de percibir, desde su remoción y desincorporación hasta su efectiva reincorporación al cargo que desempeñaba o en su defecto sea reubicada en el último cargo administrativo desempeñado.


II
DE LA SENTENCIA CONSULTADA

Mediante sentencia de fecha 18 de enero de 2021, el Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, con base en las siguientes consideraciones:

“II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En primer lugar, el Tribunal observa que el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece:
Artículo 108. El Juez o Jueza, dentro de los diez días de despacho siguientes al vencimiento del lapso previsto en el único aparte del artículo anterior, dictará sentencia escrita sin narrativa y, menos aún, con transcripciones de actas, documentos, demás actos del proceso o citas doctrinales, precisando en forma clara, breve y concisa los extremos de la litis y los motivos de hecho y de derecho de la decisión, pronunciándose expresamente sobre cada uno de esos extremos con fundamento en las pruebas aportadas, si fuere el caso y sin poder extender su fallo en consideraciones doctrinales o citas jurisprudenciales.
El Juez o Jueza, en la sentencia, podrá declarar inadmisible el recurso por cualquiera de las causales establecidas en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante lo anterior, corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado y a tal efecto observa que, el objeto de la presente querella versa sobre la declaración de nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones signadas con los Nº DDPG-2016-438, de fecha 29 de agosto de 2016 suscrita por la Defensora Pública General, notificada en fecha 1º de septiembre de 2016, mediante la cual se removió a la hoy querellante del cargo que desempeñaba como Defensora Pública Provisoria Décima Octava (18º), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Táchira, San Cristóbal y la Nº DDPG-2016-471, de fecha 3 de octubre de 2016, suscrita por la Defensora Pública General, notificada en fecha 13 de octubre de 2016, mediante la cual se retira a la hoy querellante de la Defensa Pública.
Al respecto la parte querellante denuncia la violación de los principios del derecho a la defensa y del debido proceso consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 toda vez que la Administración debió realizar un procedimiento administrativo para proceder a su remoción y retiro.
Ahora bien, de lo antes expuesto, y visto que lo controvertido en el caso de marras se centra en la remoción y retiro de ODOMAIRA DEL VALLE ROSALES PAREDES, ya identificada, en base a la naturaleza del cargo desempeñado en el órgano querellado, debe ante todo quien aquí decide, en aras de ejercer una verdadera tutela judicial efectiva y a los fines de establecer una correcta apreciación y análisis de los hechos, aclarar que tanto la doctrina como la jurisprudencia patria han establecido que los cargos de los funcionarios públicos se clasifican en cargos de carrera y de libre nombramiento y remoción; los cargos de carrera representan la generalidad de los cargos de la Administración Pública, son aquellos que se encuentran excluidos de la clasificación que hace la Ley del Estatuto de la Función Pública como de libre nombramiento y remoción, y los cargos denominados como de libre nombramiento y remoción se clasifican a su vez en cargos de alto nivel y de confianza.

Así, la carrera de los funcionarios de la Administración Pública se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el artículo 146 de nuestro Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que expresa que la carrera nace del concurso público, y en la Ley del Estatuto de la Función Pública, que en su artículo 1 se establece como norma general aplicable a las relaciones de empleo entre los funcionarios públicos y la Administración Pública, así como el sistema de administración de personal, el sistema de dirección y gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas, a su vez el mismo texto legal expresa que el ingreso de los funcionarios públicos a la carrera administrativa se hará mediante la aprobación de un concurso público (de credenciales ó de oposición) evidentemente con la mayor calificación; la expedición del nombramiento correspondiente emitido por la autoridad competente y el haber superado el período de prueba.

Por otra parte, los cargos de confianza y de alto nivel han sido definidos en los artículos 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, resaltando la jurisprudencia de manera pacífica y reiterada, que la determinación de un cargo como de alto nivel se establece por la definición legal y porque se demuestre que dicho cargo se encuentra en uno de los grados más elevados dentro de la estructura organizativa del ente u organismo, mientras que la clasificación de un cargo como de confianza, está justificada por la naturaleza de las actividades efectivamente realizadas por el funcionario las cuales requieren verdaderamente un alto grado de confidencialidad, caracterizándose como de libre nombramiento y remoción a diferencia a los cargos de carrera, a aquellos que pueden ser ocupados a través de nombramiento y retirados libremente de la Administración por quienes detenten la competencia en materia de gestión de la función pública, según sea el caso.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, nos encontramos en presencia de una funcionaria pública que ingresó a la Defensa Pública en fecha 16 de marzo de 2006, según se desprende de los folios 70 al 72 del expediente administrativo, ocupando el cargo de Analista Profesional II, posteriormente en fecha 1º de mayo de 2008 fue ascendida al cargo de Analista Profesional III, cargo al cual renuncia en fecha 22 de septiembre de 2010 en virtud de su designación en fecha 13 de septiembre de 2010 como Defensora Pública Provisoria Primera (1ª) con Competencia en Materia de Protección del Niño, Niña y del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Vargas, tal como se evidencia de los folios 50 y 53 del referido expediente administrativo.

Al respecto, observa quien decide que la Ley Orgánica de la Defensa Pública señala:

“Artículo 118
Del concurso Público.
Para ingresar a la carrera de Defensor Público o Defensora Pública
se requiere aprobar el concurso público.

En este sentido siendo que la hoy querellante en fecha 13 de septiembre de 2016 fue designada para ocupar el cargo de Defensora Pública Provisoria Primera (1ª) con Competencia en Materia de Protección del Niño, Niña y del Adolescente, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Vargas, advierte este sentenciador que no se evidencia que la misma hubiese cumplido con el requisito formal de presentar el concurso público referido en el antes señalado artículo 118 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública para su ingreso como Defensora Pública, quedando demostrado que en dicho cargo no ostentaba la condición de funcionaria de carrera, por lo que la Administración estaba facultada para removerla en las mismas condiciones que fue designada para ocupar dicho cargo.
En relación al alegato esgrimido por la recurrente en cuanto a que la Administración para proceder a su retiro debió iniciarle un procedimiento administrativo toda vez que ostentaba la condición de funcionario de carrera, advierte este sentenciador que no se evidencia que la hoy querellante hubiese cumplido con el requisito formal de presentar el concurso público para su ingreso en la Administración Pública, quedando demostrado que no ostentaba la condición de funcionaria de carrera, y aún cuando la Defensa Pública le reconoció tal condición, no estaba obligada a realizar gestiones reubicatorias.

No obstante, observa quien aquí decide que el órgano querellado, procedió a realizar las gestiones reubicatorias y a tal efecto ofició, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Fiscalía General de la República y Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, (ver folios 1, 2 y 7 del expediente administrativo), siendo infructuosas dichas gestiones.

Así pues, quedando demostrado que la hoy querellante al momento de su remoción no ostentaba un cargo de carrera sino un cargo de libre nombramiento y remoción, y no ostentaba la condición de funcionario de carrera, es claro para quien decide que la Administración no violó ningún principio constitucional en lo atinente al derecho a la defensa y al debido proceso, toda vez que en el caso de autos no le era exigible a la Defensa Pública cumplir con ningún trámite para efectuar su remoción, más que manifestar su voluntad de remover a la funcionaria que hoy se querella, por lo que el acto recurrido contendido en la Resolución Nº DDPG-2016-438, de fecha 29 de agosto de 2016 suscrita por la Defensora Pública General, notificada en fecha 1º de septiembre de 2016, mediante la cual se removió a la hoy querellante del cargo que desempeñaba como Defensora Pública Provisoria Décima Octava (18º), con competencia en materia Penal Ordinario, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado Táchira, San Cristóbal y el acto contenido en la Resolución Nº DDPG-2016-471, de fecha 3 de octubre de 2016, suscrita por la Defensora Pública General, notificada en fecha 13 de octubre de 2016, mediante la cual se retira a la hoy querellante de la Defensa Pública, se encuentran ajustado a derecho y así se declara.

Finalmente, con respecto al resto de las peticiones presentadas en la querella, relacionadas con el pago de diferentes conceptos como son los salarios dejados de percibir y demás beneficios laborales, dada la naturaleza de la decisión proferida, y la declarada legalidad de la remoción y retiro efectuada por la Administración, es preciso para quien decide negar dichos conceptos por ser su pago manifiestamente improcedentes. Es todo y así se decide.-

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, es forzoso para este juzgador declarar SIN LUGAR la presente querella, dada la naturaleza como se sustancia la causa. Así
se decide.

(…omissis…)

Por todas y cada una de las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta por ODOMAIRA DEL VALLE ROSALES PAREDES, titular de la cédula de identidad Nº V-15.099.171 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 106.904, contra la DEFENSA PÚBLICA.

En consecuencia pasa este Juzgador a precisar el contenido del dispositivo del presente fallo en los siguientes particulares:

PRIMERO: Se Declara SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta por la ciudadana ODOMAIRA DEL VALLE ROSALES PAREDES, titular de la cédula de identidad Nº V-15.099.171 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 106.904, con motivo de interponer recurso contencioso administrativo funcionarial contra la DEFENSA PÚBLICA.

SEGUNDO: Se ORDENA la publicación del presente fallo en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia.






III
DE LA COMPETENCIA

Corresponde a este Juzgado pronunciarse con relación a su competencia para conocer en consulta de los fallos dictados por los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, cuando éstos resulten contrarios a los intereses de la República.

La prerrogativa procesal de la consulta se encuentra establecida en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Reforma Parcial del Decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 84. Toda sentencia definitiva o contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente”.

En concordancia con la norma citada, cabe de destacar que conforme al artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el conocimiento en alzada de las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo en materia de recursos contencioso administrativo funcionariales, le corresponde a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo hoy Juzgados Nacionales Primero y Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

De lo anterior, se evidencia que siendo las Cortes de lo Contencioso Administrativo (hoy Juzgados Nacionales) los Órganos Judiciales de superior jerarquía respecto de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, este Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo resulta COMPETENTE para conocer en consulta de la sentencia dictada en fecha 18 de enero de 2018, por el Juzgado Superior Cuarto Contencioso Administrativo de la Región Capital.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Declarada como ha sido la competencia de este Juzgado para conocer de la consulta de Ley, resulta ineludible, antes de entrar a analizar el presente caso, profundizar acerca de la finalidad de dicha institución como prerrogativa procesal establecida en favor de la República, en los términos previstos en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con incidencia en todas aquellas sentencias que resulten contrarias a la pretensión, excepción o defensa ejercida por la misma.

En tal sentido, es necesario señalar que la consulta en cuestión ha de ser planteada por el respectivo Tribunal Superior, en ausencia del ejercicio del recurso de apelación de alguna de las partes, y que no constituye una fórmula general de control de la juridicidad del fallo objeto de consulta, sino que su finalidad es, como lo dispone en forma inequívoca el artículo 84 eiusdem, un medio de defensa de los intereses de la República, cuando ésta sea condenada en la sentencia dictada por el Tribunal que conoce en primera instancia, tal y como fue expresado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 902, de fecha 14 de mayo de 2004 (caso: C.V.G. Bauxilum, C.A.), la cual establece:

“…la consulta obligatoria prevista en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República [Hoy artículo 84 del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República], hasta tanto sea derogada por el legislador nacional o sea declarada por la jurisdicción constitucional su nulidad por motivos de inconstitucionalidad, no puede ser asimilada a la consulta obligatoria prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que se refiere a la tutela de situaciones jurídicas subjetivas particulares (…) ya que la misma, así como las prerrogativas a que alude el artículo 63 eiusdem, persiguen resguardar los intereses patrimoniales de la República y de todos aquellos entes públicos sobre los que aquella tenga derechos, no con el objetivo de evitar la responsabilidad del Estado, sino de impedir afectaciones en el cumplimiento de sus fines fundamentales establecidos en el ordenamiento jurídico, mediante el equilibrio entre los derechos de las personas y las potestades y obligaciones de la República. Así se decide…” (Resaltado y corchetes de esta Alzada).

De la misma forma, la referida Sala en sentencia Nº 1.107, de fecha 8 de junio de 2007, (caso: Procuraduría General del estado Lara), realizando un análisis con relación a la naturaleza y alcance de la prerrogativa procesal de la consulta, determinó lo siguiente:

“El principal argumento que sustenta la solicitud de revisión se centra en un asunto de orden procesal: que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo al emitir su veredicto desconoció la norma contenida en el artículo 70(a) del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ya que la sentencia de primera instancia no podía ser objeto de la consulta prevista en la referida norma porque lo decidido por el Juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental -al decretar la inadmisibilidad de la acción jurisdiccional- en modo alguno iría en detrimento de las pretensiones y defensas esgrimidas por el Estado (sic) Lara (sic), a quien se aplica extensivamente esta prerrogativa procesal que ostenta la República, en virtud de lo establecido por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público.
(…)
La norma procesal, ubicada en el entramado del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dentro del Título IV intitulado ‘Del Procedimiento Administrativo Previo a las Acciones contra la República y de la Actuación de la Procuraduría General de la República en Juicio’, en el Capítulo II ‘De la Actuación de la Procuraduría General de la República en Juicio’, instituye en favor de la República una prerrogativa procesal que opera cuando, contra una decisión definitiva contraria a aquellas pretensiones, excepciones o defensas opuestas por el Procurador General de la República o por aquellos abogados que tengan delegación suficiente para representar a la República en juicio, contra la cual no se hayan ejercitado los medios de impugnación o gravamen que brinda el ordenamiento procesal dentro de los lapsos legalmente establecidos para ello, debe ser consultada ante el Juez de Alzada.
La consulta, como noción procesal, se erige como una fórmula de control judicial en materias donde se encuentra involucrado el orden público, el interés público o el orden constitucional, y el juez que la ejerce debe revisar no sólo la juridicidad del fallo, sino la adecuación del derecho declarado al caso concreto, en los casos de la consulta prevista en el artículo 70 (actualmente artículo 84 de la referida Ley) del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República la justificación se centra en el interés general que subyace en todo juicio propuesto contra un órgano o ente público.
Sobre la acepción ‘interés general’ que justifica el elenco de prerrogativas y privilegios procesales que ostenta la República, esta Sala ha sostenido que ‘(…) cuando la República es demandada en juicio, se acciona contra uno de los componentes más importantes del Estado y la eventual afectación de su patrimonio puede llegar a afectar el patrimonio de la población, y mermar la eficacia de la prestación de los servicios públicos. Conforme a esta premisa, el ordenamiento jurídico ha establecido privilegios y prerrogativas procesales para la actuación de la República en juicio en resguardo de los intereses superiores que rigen la actuación del Estado’ (Vid. Sentencia de esta Sala N° 2.229 del 29 de julio de 2005, caso: ‘Procuraduría General del Estado Lara’).
…Omissis…
En tanto prerrogativa procesal de la República, la consulta opera ante la falta de ejercicio de los medios de impugnación o gravamen dentro de los lapsos establecidos para su interposición, siempre que el pronunciamiento jurisdiccional sea contrario a sus pretensiones, defensas o excepciones, en razón, se insiste, del interés general que subyace en los juicios donde está en juego los intereses patrimoniales de la República o de aquellos entes u órganos públicos a los cuales se extiende su aplicación por expresa regla legal (Vbgr. Administración pública descentralizada funcionalmente, a nivel nacional o estadal).
Consecuencia de lo expuesto, si una decisión judicial en nada afecta las pretensiones, defensas o excepciones esgrimidas por la República o de aquellos titulares de la prerrogativa procesal examinada, no surge la obligación para el juzgador de primera instancia de remitir el expediente a los fines de la consulta, pues la condición de aplicación del artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, exige un agravio calificado por el legislador: una sentencia definitiva que contraríe las pretensiones procesales, defensas o excepciones opuestas por el ente u órgano público, según sea el caso…Omissis…” (Resaltado de este Juzgado).

En consecuencia, el examen del fallo consultado deberá ceñirse exclusivamente a aquellos aspectos (pretensión, defensa o excepción) que fueron decididos en detrimento de los intereses de la República siendo que las pretensiones aducidas por la parte actora y desestimadas por el Juez, sólo podrán ser revisadas mediante el recurso de apelación ejercido en forma tempestiva, salvo el conocimiento de aquellas cuestiones de eminente orden público, las cuales deberán ser revisadas, incluso de oficio por el Juez, en cualquier estado y grado de la causa.:

Corresponde entonces a esta Instancia Jurisdiccional determinar si, en el caso sub examine, resulta aplicable la consulta obligatoria establecida en el artículo 84 del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, pues, en atención a dicho precepto legal, toda sentencia definitiva contraria a las pretensiones, excepciones o defensas de la República, debe ser consultada al Tribunal superior competente.
Esta Alzada considera importante señalar que la consulta obligatoria de ley es una institución de orden público prevista en nuestra legislación, puesto que forma parte de los privilegios y prerrogativas consagrados en juicio a favor de la República, y con ocasión a cualquier sentencia definitiva contraria a sus pretensiones, excepciones o defensas; siempre que obre directa o indirectamente en contra de sus intereses. Ello persigue, resguardar los intereses patrimoniales de la República, y de todos aquellos entes públicos sobre los que tenga derecho, ante los errores, vicios y omisiones que se configuren en aquellas decisiones adversas.
En tal sentido, es importante traer a colación lo dispuesto en sentencia Nro. 812, de fecha 08 de julio de 2008, caso: sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C. A., emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y recogida en sentencia Nro. 092 de fecha 28 de enero de 2010, caso: sociedad mercantil C.A. Luz Eléctrica de Venezuela, proferida por esa misma sala, relativa a la Institución de la consulta obligatoria de ley, la cual es del siguiente tenor:
“Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la consulta elevada por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A.

No obstante, previamente se requiere transcribir la sentencia Nº 00566 dictada por esta Sala en fecha 2 de marzo de 2006, referente a la prerrogativa consagrada a favor de la República, de conformidad con el artículo 63 del citado Decreto. Dicho fallo se pronunció en los términos siguientes:

‘[…] … ‘Artículo 63. Los privilegios y prerrogativas procesales de la República son irrenunciables y deben ser aplicados por las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte la República’.
‘Artículo 70. [Hoy artículo 86 del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República] Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente’.

Del examen concatenado de las normas contenidas en los artículos 63 y 70 antes transcritos, puede observarse que, efectivamente, se consagra una prerrogativa a favor de la República en la última de las disposiciones reseñadas, al establecer que cuando se produzca una sentencia definitiva contraria a sus pretensiones, excepciones o defensas, ésta deberá someterse a la consulta del Tribunal Superior competente para su revisión. Ello persigue, como reiteradamente lo ha establecido este Alto Tribunal, resguardar los intereses patrimoniales de la República, y de todos aquellos entes públicos sobre los que tenga derecho […].” [Resaltado de este Juzgado].

Así pues, conforme a la decisión sub iudice antes esbozada, la consulta de ley, ahora prevista en el artículo 84 del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tiene como finalidad preservar el interés colectivo implícito, contraria a toda decisión adversa que obre directa o indirectamente en contra de los intereses de la República.
Sin embargo no toda decisión en la generalidad puede ser objeto de consulta obligatoria, pues de ser el caso, dicho privilegio sólo puede darse con ocasión a aquellas decisiones que se subsuman dentro de la categoría de una “sentencia definitiva contraria a las pretensiones, excepciones o defensas de la República”, y siempre que la misma sea recurrible, esto es, de un fallo que conforme a la Ley sea revisable por “la vía ordinaria del recurso de apelación”.
Cabe destacar que en fecha 5 de febrero de 2020, la apodera judicial del Órgano recurrido compareció ante el Juzgado Superior solicitando el cierre y archivo de la presente causa.
Igualmente, de una revisión de las actas procesales que conforman la presente causa, se observa que, si bien es cierto, la sentencia aquí sometida a consulta declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo, contra la cual fue ejercido recurso de apelación, no obstante, considera este Juzgado Nacional Primero que dicha decisión no afecta en forma alguna, ni directa o indirectamente los intereses de la República, pues va dirigida a declarar improcedente la acción de nulidad contra un Acto Administrativo que había acordado la acción de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano referido en contra la sociedad mercantil antes mencionada.
Al respecto, este Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha establecido que en sentencias como la recurrida en donde no se modifica el pronunciamiento de la Administración tales declaratorias no afecten directa o indirectamente los intereses de la República, por lo tanto, no existen motivos por los cuales deba esta Alzada revisar a través de la consulta las referidas sentencias. (Vid. Sentencia N° 2007-1741, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 17 de octubre de 2007, caso: Aeropostal Alas de Venezuela, C.A., ratificada por sentencia Nº 2008-883, de fecha 21 de mayo de 2008, expediente Nro. AP42-N-2008-000108, caso: Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital del Municipio Libertador; y sentencia Nº 2008-1033, de fecha 11 de junio de 2008, expediente Nro. AP42-N-2008-000194, caso: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre).
Ahora bien, en el caso que nos ocupa se observa que la declaratoria de sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad no afecta directa o indirectamente los intereses de la República, puesto que fue declarado sin lugar el recurso administrativo de nulidad interpuesto, por lo cual no existen motivos que lleven a este Órgano Jurisdiccional a revisar a través de la consulta de ley, el fallo dictado en fecha 18 de enero de 2018, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, así que resulta obligatorio para esta Alzada declarar improcedente la citada consulta de ley. Así se decide.

En virtud de lo expuesto, este Juzgado necesariamente debe declarar IMPROCEDENTE la consulta de Ley prevista en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en consecuencia, se tiene como FIRME la sentencia dictada el 18 de enero de 2018 por el Juzgado Superior en lo Cuarto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital Así se decide.

V
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- Su COMPETENCIA para conocer la consulta de Ley prevista en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 18 de enero de 2018, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ODOMAIRA DEL VALLE ROSALES PAREDES, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA.

2.- IMPROCEDENTE, la consulta planteada de la decisión de fecha 18 de enero de 2018 dictada por el Juzgado Superior Cuarto Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

3.- FIRME la sentencia sometida a consulta.

Publíquese, regístrese y remítase al Tribunal de origen para las debidas notificaciones. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Remítase al Juzgado de origen.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones del Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los ( ) días del mes de de dos mil veintiuno (2021). Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

El Juez Presidente (E),



YOANH ALÍ RONDÓN MONTAÑA
Ponente


El Juez Vicepresidente (E),



DANNY JOSÉ RON ROJAS


La Jueza Suplente,


BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA

La Secretaria


DELIA PAREDES SANOJA


Exp. N° 2021-024
YARM/13

En fecha _______ (___) de de dos mil veintiuno (2021), siendo la (s) _____________ de la _________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________.

La Secretaria