JUEZ PONENTE: YOAHN ALÍ RONDÓN MONTAÑA
EXPEDIENTE Nº 2021-065

En fecha 13 de mayo de 2021, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados Nacionales Primero y Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, oficio N° JSESCA-0027-2021, de fecha 11 de mayo de 2021, emanado del Tribunal Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción de Amparo Constitucional interpuesta por el ciudadano ALEJANDRO ISAI GIRÓN VEGAS, titular de la cédula de identidad Nº V-11.414.164, asistido por el abogado Alejo Francisco Girón Sandoval, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 17.496,contra la Licenciada Xiomara Toro Presidenta del INSTITUTO AUTONOMO DE TRANSPORTE DE CARACAS (INTRAC).

Dicha remisión se efectuó, en virtud de haberse oído en un sólo efecto la apelación interpuesta por la parte accionante, contra la sentencia de fecha de 14 de abril de 2021, dictada por el Tribunal Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante la cual declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta.

En fecha 13 de mayo de 2021, se dio cuenta a este Juzgado Nacional.

En fecha 13 de mayo de 2021, se designó Ponente al Juez YOANH ALÍ RONDÓN MONTAÑA, a quien se le ordenó pasar el expediente a los fines de que este Órgano Jurisdiccional decida acerca de la apelación interpuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En fecha 25 de mayo de 2021, en virtud de la incorporación a este Órgano Jurisdiccional de la Jueza Blanca Elena Andolfatto Correa, en sesión de fecha 24 de mayo de 2021, se reconstituyó este Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo, quedando de la siguiente manera Yoanh Rondón Juez Presidente encargado, Danny José Ron Rojas, Juez Vicepresidente encargado y Blanca Elena Andorfatto Correa Juez Suplente, este juzgado se aboca al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra. Ahora bien, se ratifica la ponencia al Juez Yoanh Rondón, a quien se ordena pasar el presente expediente a los fines de que se dicte la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasa el expediente al Juez ponente.

Realizado el estudio individual de las actas procesales, pasa este Juzgado a decidir previa las consideraciones siguientes:

-I-
DE LA ACCIÓN DE AMPARO
CONSTITUCIONAL

En fecha 13 de abril de 2021, el ciudadano ALEJANDRO ISAI GIRÓN VEGAS, debidamente asistido por el abogado Alejo Francisco Girón Sandoval, ejerció Acción de Amparo Constitucional el INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRANSPORTE DE CARACAS (INTRAC), con base en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Manifestó, que en el año 2018, fue transferido con el cargo de Coordinador de la División de Telemática, a la sede del Instituto Autónomo de Seguridad y Transporte (INSETRA), el cual en ese momento era una Dependencia adscrita al INSETRA, siendo así en el año 2019, el terminal de pasajeros se separa de INSETRA y se convierte en un instituto autónomo con el nombre de INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRANSPORTE DE CARACAS (INTRAC), posteriormente en fecha 02 de mayo de 2019, recibió un nombramiento como Director Encargado de la Oficina de Tecnología de las Información y Comunicación.

Argumentó, que en fecha 28 de noviembre de 2020, fue llamado por la Licenciada Xiomara Toro, quien es la presidenta del Instituto Autónomo de Transporte de Caracas (INTRAC), a los fines de solicitarle sin explicación alguna que le hiciera entrega de las llaves de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación, donde él desempeñaba sus funciones como Director encargado de la referida oficina, por la situación en que se suscitaron los hechos consideró tal acto como un despido injustificado del cargo que venía desempeñando, sin que mediara falta alguna que ameritara tal decisión, por lo que tomó la decisión de presentar ante el Despacho de la Presidenta una carta de renuncia a dicho cargo.

Acotó, que presentó un informe dirigido a la Presidenta de INTRAC, en el cual le expresó claramente que la renuncia presentada era del cargo de Director Encargado y que de igual manera quedaba a la espera de nuevas responsabilidades que tuvieran que asignarle, de acuerdo con su condición de Ingeniero Eléctrico, así como de su trayectoria por más de dieciocho (18) años de servicios en distintas aéreas de la Alcaldía de Caracas. Caso en el cual continúo asistiendo a las instalaciones con las debidas restricciones interpuestas por el Gobierno Nacional, referentes al COVID-19, cuyas asistencias pueden ser comprobadas mediante la lista de asistencia, las cuales debía firmar diariamente de manera obligatoria en el Despacho de la Presidenta.

Destacó, que sin ninguna explicación o notificación, se le suspendió el pago de su salario partir de la primera de enero de 2021, razón por la cual procedió a realizar los respectivos reclamos, siéndole abonado en fecha 12 de febrero 2021, por la cantidad de Tres Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Bolívares con Sesenta y Cinco Céntimos ( Bs. 3.558.000,60), ignorando la razón de dicho depósito, pues el mismo no representa de ninguna manera algún pago referente a la quincena, desde ese momento no recibió más ningún aporte.

Señaló, que en fecha 11 de febrero de 2021, cuando se dirigió a firmar la planilla de asistencia, el ciudadano Luis Arratia, le informó que a partir de esa fecha por ordenes de la Presidenta, quedaba prohibida su entrada a las instalaciones, hasta tanto no se reuniera con la Directora de la Oficina de Gestión Humana, quien sería la persona que le aclararía su situación laboral, es el caso que hasta la presente fecha no ha sido posible dicha reunión, a pesar de que sus reiteradas comunicaciones, deja constancia de nunca haber sido atendido, y menso de haber recibido respuesta alguna, quedando evidenciado que su situación laboral es la de un despido injustificado.

-II-
FALLO APELADO

En fecha 14 de abril de 2021, el Tribunal Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, dictó sentencia declarando INADMISIBLE la acción de amparo constitucional, ello con fundamento en los términos que se transcriben a continuación:
"IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

…(omissis)…

En ese sentido, considera oportuno quien suscribe hacer algunas consideraciones legales, doctrinales y jurisprudenciales relacionadas con el recurso extraordinario que consagra el derecho positivo venezolano, por lo que la inveterada jurisprudencia constitucional emanada de la Sala Constitucional ha definido el amparo constitucional como “una acción de carácter extraordinario excepcional, por lo que su procedencia está limitada solo a casos extremos en los que sean violados a los solicitantes de manera directa, inmediata y flagrante derechos subjetivos de rango constitucional o previstos en los instrumentos internaciones (sic) sobre derechos humanos, para cuyo restablecimiento no existía vías procesales ordinarias, eficaces, idóneas y operantes”. (Véase sentencia Nº 24, de fecha 15 de febrero de 2000, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
(…)
En ese mismo orden de ideas, es de señalar que el objeto principal de la acción de amparo constitucional es proteger las situaciones jurídicas de los accionantes frente a las violaciones que infrinjan sus derechos constitucionales. Así, la acciona de amparo tiene una naturaleza meramente restitutoria, y por lo tanto a través de la misma – salvo cosas muy excepcionales en donde la protección constitucional lo amerite – no se pueden crear situaciones jurídicas distintas a las denunciadas como vulneradas, ya que, con ello, más que proteger los derechos constitucionales denunciados como violados se estarían produciendo ex novo situaciones jurídicas. (Véase sentencia Nº 17, de fecha 15 de febrero de 2000, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
(…)
En este mismo orden de ideas, destaca este Órgano Jurisdiccional que, para que la acción de Amparo Constitucional proceda, es necesario: i) que el acto invoque una situación jurídica; ii) que exista una violación de los derechos o garantías constitucionales; iii) que tal violación afecte su situación jurídica de manera tal que se sepa cual era el estado de las cosas antes de la violación o antes de la amenaza; iv) que sea necesaria la intervención judicial inmediata para que se restablezca la situación, ya que de no ser así, el daño se ha a (sic) irreparable. Estos caracteres surgen de los numerales 2 y3 del artículo (sic) de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. (Vid. Sentencia Nº 401, de fecha 19 de mayo de 2000, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
…(omissis)…
Por otra parte resulta igualmente necesario reiterar el criterio de esta Sala, respecto al contenido del artículo 6, numeral 5, supra transcrito, desarrollado en sentencia del nueve (09) (sic) de agosto de dos mil (2000) (caso: Stefan mar, el cual se señaló que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (Vid. Sentencia de fecha 15 de febrero de 2000, entre otras); no obstante, “(…) para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía –amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que le recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador (…) (Vid. Sentencia Nº 438, de fecha 15 de veintitrés (23) de noviembre de dos mil uno (2001)…
(…)
En este orden de ideas se hace necesario destacar, en base a la situación global actual del Covid-19, que para el trámite de las situaciones judiciales que se presenten, se acordara la habilitación del tiempo necesario para la tramitación y sustanciación de la misma, siempre y cuando sean asuntos urgentes y fundamentales según la Ley, no obstante se debe resaltar que si bien es cierto existe una vía idónea para ventilar los alegatos deducidos por la (sic) accionante, esto es la querella funcionarial, lo cierto es que en este momento no se encuentra el alcance de la misma, razón por la cual se debe evaluar si la acción de amparo es procedente o no, valorando si es susceptible de tramitarse como un asunto urgente y fundamental según la Ley, que conduzca de manera inexorable a su admisión, en vista a la suspensión de las actividades jurisdiccionales en los Tribunales de Territorio Nacional bajo el actual esquema establecido por el Ejecutivo Nacional, tal y como lo ha dejado asentado – en un caso análogo al de autos – el Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital mediante sentencia Nº 2021-0001, de fecha doce (12) de enero de dos mil veintiuno (2021). Así se hace saber.
(…)
Asimismo, no se evidencia de los alegatos expuestos que no se trata de un asunto que pueda calificarse como urgente o fundamental según la Ley, condición sine qua non para la tramitación de la acción de amparo constitucional, conforme a los parámetros establecidos por la Resolución Nº 2020-00035, dictada por la Sala Plena de nuestro Máximo Tribunal, ello por evidenciarse de autos que, el ciudadano Alejandro Isaí Girón Vegas, acudió de manera directa a la interposición de la acción de amparo, sin acudir previamente a la vía ordinaria, vale decir, la interposición del recurso administrativo funcionarial, por cuanto el mismo puede por vía de Amparo Constitucional, se le reincorpore al cargo de Director en el Instituto Autónomo de Transporte de Caracas (INTRAC), solicitando además la nulidad de una acto administrativo lo cual a criterio de quien decide, tiene una vía funcionarial ordinaria para que sea dirimido. Asimismo, no se evidencia de los alegatos esgrimidos ni de las documentales aportadas a los autos que el hoy acciónate haya expuesto algunas de las excepciones de rango constitucional que pudiera aplicarse a la situación jurídica analizada - en base a los criterios jurisprudenciales aquí señalados, así como tampoco expreso motivos algunos que permita a este Despacho Judicial llegar al convencimiento de que le medio idóneo para lograr la efectiva tutela judicial efectiva se la vía extraordinaria de amparo constitucional, ni considerarlo como una situación urgente a tramitar, por el contrario se limitó a narrar y enunciar lo concerniente al “despido injustificado”, solicitando sea reincorporado al cargo que ostentaba en la Administración, por tanto, al no verificarse el ejercicio del mencionado mecanismo judicial, estima quien decide, conforme a las jurisprudencias supra transcritas y a las disposiciones de rango legal y constitucional, que la presente acción de Amparo resulta INADMISIBLE, conforme al artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
(…)”

-III-
COMPETENCIA

Corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse acerca de su competencia para conocer del recurso de apelación ejercido contra sentencia dictada por el Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 14 de abril de 2021, que declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional, observándose al respecto lo siguiente:

El artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que, contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo, se oirá apelación en un solo efecto.

En ese sentido, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, mediante sentencia Nº 2386 de fecha 1º de agosto de 2005 (caso: “Municipio Santiago Mariño del estado Nueva Esparta”), ratificó el criterio sostenido en la sentencia Nº 87 dictada por la mencionada Sala, en fecha 14 de marzo de 2000 (caso: “C.A. Electricidad del Centro, Elecentro”), mediante la cual estableció que, en los casos que el conocimiento de la acciones de amparo correspondiere a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, el conocimiento de las apelaciones y consultas ejercidas contra las sentencias que éstos pronunciaren, sería competencia de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, ahora llamados Juzgados Nacionales Primero y Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, nombre que fue sustituido mediante Resolución Nº 2019-0011, de fecha 17 de julio de 2019, emanado de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

De conformidad con el criterio jurisprudencial supra transcrito, tratándose este Órgano Jurisdiccional de la Alzada natural del Operador de Justicia recurrido, conforme al artículo 24 numeral 7 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital resulta COMPETENTE para conocer del presente recurso de apelación. Así se decide.

-VI-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Declarada la competencia, pasa este Juzgado Nacional Primero a conocer en Alzada el recurso de apelación ejercido contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 14 de abril de 20201, que declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional.

De la revisión a las actas procesales que cursan en autos, se desprende que las denuncias planteadas por el accionante radican en un supuesto despido injustificado, en base a los siguientes fundamentos:

“…en fecha 28 de noviembre de 2020, fui llamado a la Oficina de la Licenciada Xiomara Tora, Presidenta del INTRAC, quien sin ninguna explicación me ordenó a entrega inmediata de las llaves de la oficina que ocupaba como Director encargado de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación del INTRAC, además las llaves de las aéreas de Tecnología, adscritas la Oficina bajo mi dirección…”

“…considerando este acto como un despido injustificado de mi cargo de Director Encargado, sin que yo hubiera cometido ninguna falta que me ameritara esta acción, procedí a consignar ante el Despacho de la Presidenta una carta de renuncia al cargo...”

“…en (…) un informe dirigido a la Presidenta del INTRAC, en el cual le exprese claramente que la renuncia presentada era a cargo de Director Encargado y le informé que quedaba a la espera de nuevas responsabilidades que tuviera a bien asignarme, de acuerdo con mi condición de profesional de la Ingeniería Eléctrica y mi condición de Funcionario Público de Carrera, con un total de más de dieciocho (18) años de servicios ininterrumpidos en distintas aéreas de la Alcaldía de Caracas…”

Como corolario de lo anteriormente citado, tenemos que el Juzgado A quo determinó que lo solicitado en la presente acción de amparo constitucional no se trata de un asunto que pueda considerarse como urgente, aunado a ello el Juzgador Aquo decide que la Acción de Amparo Constitucional no es la vía idónea en medio del estado de alarma nacional declarada por el Ejecutivo Nacional, declarando Inadmisible la misma, dictaminando que la misma podría ejercerse una vez sea reactivada la actividad de los Tribunales de la República.
“… esta Juzgadora concluye que, en análisis de lo peticionado por los accionantes puede evidenciarse que lo solicitado no se trata de un asunto que pueda calificarse como urgente, condición sine qua non para la tramitación de la acción de amparo constitucional, conforme a los parámetros establecidos por la Resoluciones dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.”
“En este sentido, este Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo, observa que la parte accionante cuenta con una vía ordinaria preexistente, capaz de tutelar efectivamente actuaciones como las ejecutadas en el caso que nos ocupa, tal es el caso de las demandas de nulidad, cuyo procedimiento se encuentre establecido en la sección Tercera, artículos 76 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, medio que puede ser utilizado por la parte accionante, con la finalidad de satisfacer su pretensión, la cual de estimarse pertinente, podría ejercerse conjuntamente con cualquier mecanismo de tutela cautelar, en razón que el accionante conjuntamente solicita se deje sin efecto jurídico la Resolución N° 2020-005 de fecha 14 de julio de 2020 (…) pues el mismo se otorgó sin tomar en consideración la afectación a la comunidad, con esta medida se logrará no afectar la presión del pozo profundo y así poder seguir prestando el servicio de agua tan necesario en la comunidad y se ordena y se ordene un estudio de factibilidad (…) es por lo que una vez analizado los aspectos antes descritos y suscitados en medio del estado de alarma nacional declarada por el Ejecutivo Nacional, se concluye que, la presente acción de amparo es Inadmisible ya que no es la vía idónea, la cual podrá ejercer una vez sea reactivada la actividad de los Tribunales de la República.”

Del fragmento transcrito, se desprende que el Juez de Primera instancia determinó que el recurso de nulidad constituía el vehículo procesal más idóneo para ventilar la pretensión presentada por el ciudadano accionante, razón por la cual declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional planteada, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Al respecto, el Aquo se fundamenta en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley ejuisdem que:
“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:
(…Omissis…)
5.- Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado; (…)”.
De la norma transcrita, se desprende que una de las causas para declarar inadmisible la acción de amparo propuesta, es cuando el agraviado haya escogido las vías judiciales comunes para la defensa de sus derechos, lo cual, ha sido interpretado por la jurisprudencia que debe ser inadmitido si el justiciable pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente para la protección restablecimiento de sus esfera jurídica (Vid. Sentencia de la Sal Constitucional Nº 2.369, de fecha 23 de noviembre de 2001, caso: Parabólicas Service’s Maracay, C.A.).

Sin embargo, mediante sentencia de la misma Sala Constitucional Nº 2.077 de fecha 21 de agosto de 2002 (caso: José Antonio García García), se estableció que:
“...si bien es cierto que esta Sala ha indicado en reiteradas oportunidades que la acción de amparo no procede cuando existan medios ordinarios capaces de tutelar los derechos señalados como infringidos, también es cierto que la Sala, en esas mismas ocasiones ha señalado que el accionante está habilitado para acudir al amparo constitucional cuando tales medios resultan inapropiados y menos expeditos para la protección constitucional invocada...”.

De ello se deriva, que cuando las vías ordinarias resulten poco expeditas o inapropiadas para proteger la esfera jurídica del particular, en razón de las circunstancias propias del caso, la vía de amparo se habilita como un medio más idóneo para el justiciable, a los fines de que este pueda restablecer su situación jurídica infringida.

En este punto, conviene citar la Resolución Nº 006-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, dictada por la Sala Plena de nuestro Máximo Tribunal, en la cual se estableció que:

“Que persisten las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República Bolivariana de Venezuela debido a la pandemia COVID-19, y cónsono con las políticas adoptadas por el Ejecutivo Nacional tendientes a la implementación de medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana; sin que pueda de manera organizada y en planificación por parte del personal del Poder Judicial, coadyuvar de manera eficiente con la concreción de la tutela judicial efectiva y demás garantías de acceso a la justicia, procurando en todo momento la existencia de personal de guardia en las jurisdicciones que lo requieran, para atender asuntos urgentes y fundamentales según la ley.
Que la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, esta garantizada por el Estado Venezolano durante los 365 días del año, con la organización que el orden jurídico establece en garantía de los derechos de la ciudadanía y también de los que corresponden al personal judicial.
Que resulta necesario dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
(...Omissis…)
PRIMERO: Se prorroga por treinta (30) días, el plazo establecido en la Resolución número 005-2020, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 12 de julio de 2020. En consecuencia, ningún Tribunal despachará desde el 12 de agosto hasta el 12 de septiembre de 2020, ambas fechas inclusive. Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley. Los órganos jurisdiccionales tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia. Al efecto se acordará su habilitación para que se proceda al despacho de los asuntos urgentes.
SEGUNDO: En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días del período antes mencionado. Los jueces, incluso los temporales, están en la obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos. Las Salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia permanecerán de guardia durante el estado de contingencia (…)”.

De la Resolución transcrita, se desprende claramente que debido a la particular situación generada por la pandemia COVID-19 a nivel mundial, y en concordancia con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional en cuanto a la cuarentena preventiva dictada a nivel nacional, ningún Tribunal despachará desde el 12 de mayo hasta el 12 de septiembre de 2020, ambas fechas inclusive, por lo que durante dicho lapso permanecerán en suspenso las causas que cursan en los Tribunales de la República y no han transcurrido los lapsos procesales.

En vista de tal hecho, hay que resaltar que, si bien es cierto existe una vía más idónea para ventilar los alegatos deducidos por el ciudadano accionante, siendo el recurso contencioso administrativo funcionarial como lo determinó el Juez Aquo, en vista a la suspensión de las actividades en los tribunales del territorio nacional producto de la pandemia del COVID-19.

Es por ello que esta Alzada considera que la Juzgadora de Primera Instancia al declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional propuesta, actuó ajustado a derecho, ya que no le estaba dado al ciudadano ALEJANDRO ISAI GIRÓN VEGAS, acudir a los vehículos procesales ordinarios para proteger su esfera jurídica, visto que los tribunales no están habilitados para despachar y sustanciar los asuntos correspondientes a su competencia, resultando de ello, que la acción de amparo constitucional, sea la única vía para que los hoy recurrentes restablezca su situación jurídica infringida, por la presunta violación del derecho a la defensa y al debido proceso, alegados en la presente acción de amparo constitucional.

No obstante, debe precisar este Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, que dada la situación actual, siendo que nos encontramos ante un estado de alarma en virtud de la pandemia que afecta al mundo por el virus COVID-19, debe entenderse, que solo serán tramitados por la vía de amparo constitucional, aquellos asuntos que sean de máxima necesidad, es decir, que sean de carácter urgente, para garantizar el acceso a la justicia, tal como fue señalado en la Resolución Nº 006-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, dictada por la Sala Plena de nuestro Máximo Tribunal.

En virtud de las consideraciones expuestas, a criterio de este Juzgado Nacional Primero considera que el Iudex a quo procedió conforme a derecho al calificar como “no urgente” la pretensión planteada en la acción de amparo, por cuanto no viola el derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia, y en consecuencia se determina que el Tribunal de Instancia accionó ajustado a derecho al calificar de no urgente el presente caso, y remitir a la vía ordinaria, a la espera de la reactivación de los tribunales para que ejercieran el respectivo recurso contencioso administrativo. Así se decide.

Resulta forzoso para este Órgano Jurisdiccional declarar SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano ALEJANDRO ISAI GIRÓN VEGAS y en consecuencia, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 14 de abril de 2021 por el Tribunal Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, la cual declaró inadmisible la acción de amparo propuesta. Así se decide.

-V-
DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido contra sentencia dictada por el Tribunal Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 14 de abril de 2021, que declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional, interpuesta por ALEJANDRO ISAI GIRÓN VEGAS debidamente asistidos por el abogado Alejo Francisco Girón Sandoval inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 17.496, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRANSPORTE DE CARACAS (INTRAC).

2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto.

3.- CONFIRMA la decisión dictada en fecha 14 de abril de 2021 por el Tribunal Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.
Publíquese, regístrese y remítase al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.

Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los ____________________ ( ) días del mes de __________________de dos mil veinte (2020).
Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

El Juez Presidente Encargado,


YOAHN ALÍ RONDÓN MOTAÑA
Ponente

El Juez Vicepresidente Encargado,


DANNY RON ROJAS

El Juez Suplente,


BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA


La Secretaria,


DELIA PAREDES SANOJA


Exp. Nº 2021-065
YARM/6


En fecha ________________________ ( ) de _________________________ de dos mil veintiuno (2021), siendo la (s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________.

La Secretaria.