JUEZ PONENTE: YOANH ALÍ RONDÓN MONTAÑA
EXPEDIENTE Nº AP42-R- 1999-021661

En fecha 26 de abril de 1999, se dio entrada al expediente remitido por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante oficio Nro. 99-0031, de fecha 14 de enero del mismo año, contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Keyra Pages González, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.935, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos BELÉN CELESTINA BENAVIDES DE PIÑERUA, YASMÍN ENELYN PIÑERUA BENAVIDES, JUDITH PIÑERUA DE MORENO y EFRAÍN ARTURO PIÑERUA BENAVIDES, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-2.815.270, V-4.519.816, V-4.519.867 y V-5.142.457, respectivamente, contra el MINISTERIO DE FOMENTO (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO); mediante el cual solicitaron la ejecución del acto administrativo de desalojo contenido en la Resolución de fecha 21 de noviembre de 1995, suscrita por la Dirección General Sectorial de Inquilinato del Ministerio de Fomento (División de Desalojos y Sanciones).

Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación interpuesta por los apoderados judiciales de la parte actora, contra la decisión dictada en fecha 21 de diciembre de 1998, por el referido Juzgado Superior, mediante la cual declaró Inadmisible la solicitud de ejecución del acto administrativo de desalojo.

En fecha 3 de agosto de 1999, la abogada Yasmín Enelyn Piñerua Benavides actuando en su propio nombre y en su carácter de apoderada judicial de los demás ciudadanos actores en la causa, consignó diligencia mediante la cual desistió formalmente de la apelación ejercida contra la decisión dictada en fecha 21 de diciembre de 1998, por el Juzgado Superior señalado en líneas anteriores.

En fecha 06 de agosto de 1999, se proveyó la diligencia presentada en fecha 3 del mismo mes y año, y se designó Ponente a la Jueza Belén Ramírez Landaeta, a los fines de que la Corte dictara la decisión correspondiente.

En fecha 21 de septiembre de 1999, el Juez José Peña Solis se inhibió de conocer la causa en virtud de haber dictado como Juez Provisorio del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, la decisión impugnada.

En fecha 28 de septiembre de 1999, el Juez Presidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se pronunció en cuanto a la inhibición planteada por el Juez Ponente, en tal sentido, la declaró con lugar y convocó a la doctora Margarita Escudero en su carácter de cuarto conjuez, a los fines de integrar la corte accidental y proceder a dictar decisión en la presente causa. Posteriormente en fecha 26 de octubre de 1999, la conjueza Margarita Escudero manifestó su aceptación a la convocatoria realizada.

En fecha 26 de Octubre de 1999, la Corte Accidental quedó constituida de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Gustavo Urdaneta Troconis; Vicepresidente, Magistrado Luis Ernesto Andueza Galeno, Magistrados Teresa García De Cornet, Aurora Reina De Bencid y Margarita Melanie Escudero León, Cuarto Conjuez; Secretaria, Abogada María Elena Corrales Malvic y Alguacil el ciudadano Vladimir Fuentes, asimismo se designó Ponente a la Magistrada Margarita Escudero León.

En fecha 14 de junio del año 2000, el Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo fue reconstituido de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Ana María Ruggeri Cova; Vicepresidente, Magistrado Carlos Enrique Mouriño Vaquero; Magistrados: Evelyn Marrero Ortíz, Pier Paolo Pasceri y Rafael Ortíz Ortíz, en esa misma fecha se designó Ponente al Magistrado Pier Paolo Pasceri.

En fecha 14 de junio de 2000, este Juzgado dictó sentencia mediante la cual declaró Homologado el Desistimiento del recurso de apelación presentado por la abogada Yasmín Enelyn Piñerua Benavides, actuando en su propio nombre y en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Efraín Arturo Piñerua Benavides, contra la sentencia dictada en fecha 21 de diciembre de 1998, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. Sin embargo, se declaró Improcedente la Homologación del desistimiento del recurso de apelación presentado por la mencionada abogada, actuando en carácter de apoderada judicial de las ciudadanas Belén Celestina Benavides De Piñerua y Judith Piñerua De Moreno, por cuanto no se evidencia en el instrumento poder otorgado un señalamiento taxativo que acredite a la apoderada para desistir en el proceso, en tal sentido se ordenó la continuación del procedimiento.

En fecha 3 de agosto de 2000, la abogada Yasmín Enelyn Piñerua Benavides consignó mediante diligencia instrumento poder otorgado a su persona y desistió nuevamente de la apelación incoada contra la sentencia dictada en fecha 21 de diciembre de 1998 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

En fecha 17 de julio de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante Resolución Nº 2019-0011, creó el Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo y suprimió la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, aclarando que las causas actualmente en trámite seguirán su curso ante los Juzgados Nacionales de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

En fecha 25 de mayo de 2021, en virtud de la incorporación a este Órgano Jurisdiccional de la Jueza Blanca Elena Andolfatto Correa, en sesión de fecha 24 de mayo de 2021, se reconstituyó este Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo, quedando de la siguiente manera: YOANH ALÍ RONDÓN MONTAÑA Juez Presidente encargado, DANNY JOSÉ RON ROJAS, Juez Vicepresidente encargado y BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA Juez Suplente, este juzgado se aboca al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra. Ahora bien, se ratifica la ponencia al Juez Yoanh Alí Rondón Montaña, a quien se ordena pasar el presente expediente a los fines de que se dicte la decisión correspondiente. En esa misma fecha, se pasa el expediente al Juez ponente.

Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa este Juzgado Nacional Primero a decidir, previa las siguientes consideraciones:

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL INTERPUESTO

En fecha 18 de mayo de 1998, la abogada Keyra Pages González, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.935, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de los ciudadanos BELEN CELESTINA BENAVIDES DE PIÑERUA, YASMÍN ENELYN PIÑERUA BENAVIDES, JUDITH PIÑERUA DE MORENO y EFRAÍN ARTURO PIÑERUA BENAVIDES, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-2.815.270, V-4.519.816, V-4.519.867 y V-5.142.457, respectivamente, interpuso escrito libelar contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, contra la Dirección General Sectorial de Inquilinato del Ministerio de Fomento, con fundamentó en los siguientes alegatos de hecho y de derecho:

Indicó, que “Mis mandantes son copropietarios de un (1) apartamento ubicado en las Residencias “CARONÍ” (sic) piso 1, apartamento Nº 0104, en la Avenida Intercomunal del Valle, Parroquia El Valle (…) tal como se evidencia del Documento de Propiedad del precitado inmueble…” (Mayúsculas del original).

Alegó, que “... para la fecha a pesar de todas las (sic) gestiones realizadas no ha sido desalojado el inmueble.”

Manifestó, que “La presente acción o pedimento lo sustento en la Sentencia dictada por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, en fecha 7-10-1993 (Caso Constructora Potenza, C.A), mediante la cual se estableció que el Artículo 206 de la Constitución de la República otorga al Juez Contencioso Administrativo facultad suficiente para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa…”

Asimismo, expresó que “…si el acto administrativo como en el presente caso adquiere firmeza en sede administrativa, es perfectamente ejecutable, con basamento en la aludida norma Constitucional, y mediante el procedimiento regulado en los Artículos 524 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por el órgano judicial competente (…) solicito a este Tribunal competente como lo es, que aplique el PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN…” (Mayúsculas y negrillas del original).

Finalmente, solicitó que se “DECRETE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE DESALOJO, conforme al procedimiento pautado en el Artículo 524 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.” (Mayúsculas y negrillas del original).

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien, vista la diligencia suscrita por la apoderada judicial de los ciudadanos accionantes, este Juzgado Nacional pasa a decidir con base en las siguientes consideraciones:

El proceso puede definirse como aquel conjunto de actos procesales (contenidos en un procedimiento) tendentes a la solución de una controversia planteada ante la jurisdicción que ejerce el Estado (relación heterocompuesta).

Esta relación jurídico-procesal se ve imbricada por la declaratoria formal que hace la República por mandato e imperio de la Lex a través de un producto final (sentencia) encaminada a cristalizar el grado máximo de justicia y verdad hacia los ciudadanos.

En relación al hilo argumentativo antes esbozado, debe precisarse que el medio formal de terminación de tal conjunción de actuaciones por excelencia es la sentencia. Sin embargo, esto no excluye que los procedimientos judiciales tengan otro tipo menos típico de finalización, donde su titularidad no corresponda al Juez sino a las partes (modos de terminación no jurisdiccionales).

De esta forma, es que dentro de dicha figura y en contrario al mecanismo hetercomponedor ordinario, la solución de la controversia nace entre las mismas partes que dieron inicio la cuestión debatida y desplaza el necesario pronunciamiento jurisdiccional, pues se entiende que el resultado buscado exaltará los efectos propios de una decisión tribunalicia y el entendimiento que debe existir en una sociedad humana.

En la práctica forense, por excelencia se han señalado como medios constitutivos de tal figura la transacción, el convenimiento y el desistimiento, i) la primera, definida como un negocio jurídico a través del cual las partes mediante pacto, en el acuerdo de sus voluntades encontrando la solución de la controversia o litigio, ii) el segundo, conceptualizado como el allanamiento a la demanda donde el demandado se aviene a la pretensión del demandante y, iii) la tercera, precisada como la declaración universal de voluntad del actor por la cual este renuncia o abandona la pretensión que ha hecho valer en la demanda.

Con respecto a este último el artículo 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil estatuyen lo siguiente:

“Artículo 263.- En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal.

Artículo 264.- Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones”.

En relación a lo expuesto, se puede colegir que para homologar un desistimiento ya sea de la acción o del procedimiento debe verificarse que i) que exista la parte tenga la facultad expresa para invocarla, ii) que el mismo sea sobre derechos y materias disponibles para la parte, y iii) que no se encuentre involucrado el orden público.

Así las cosas, evidencia este Juzgado Nacional Primero que riela a los folios ciento trece (113) y ciento catorce (114) del expediente, diligencia suscrita por la abogada Yasmín Piñerua Benavides, identificada ut supra, actuando en nombre propio y en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos Belén Celestina Benavides De Piñerua, Judith Piñerua De Moreno y Efraín Arturo Piñerua Benavides, mediante la cual desistió “…de la Apelación intentada contra la Sentencia de fecha 21 de Diciembre de 1998, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital…” interpuesta.

En alusión a esto, debe traerse a colación el original y copia, que cursan desde el folio ciento quince (115) al ciento veintidós (122) del expediente, del poder especial otorgado en fecha 16 de marzo del año 2000, a la referida abogada por los ciudadanos Efraín Arturo Piñerua Benavides, Judith Belén Piñerua De Moreno y Belén Celestina De Piñerua, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 5.142.457, V- 4.519.867 y V- 2.815.270, respectivamente, quienes manifestaron lo siguiente:

“…Conferimos poder especial pero amplio y bastante cuanto en derecho se requiere a los Dres. (…) YASMÍN PIÑERUA BENAVIDES (…) Abogados en ejercicio, titulares de las Cédulas de Identidad Nº. (…) V-4.519.816, (…) e inscritos en el Inpre Abogado bajo el Nº 39.563, (…) respectivamente, para que conjunta o separadamente nos representen y sostengan nuestros derechos e intereses, judicial y extrajudicialmente, en todo lo relacionado con un inmueble ubicado en la Avenida Intercomunal del Valle jurisdicción de la parroquia el Valle, Departamento Libertador (hoy Municipio libertador) del Distrito federal, distinguido con el Nº 0104, piso 01, del bloque Nº 06 edificio 01 (…) En virtud del presente mandato quedan facultados nuestros prenombrados apoderados para: intentar y contestar todo tipo de demanda, promover y evacuar pruebas, repreguntar testigos, oponer excepciones o reconvenciones, darse por citados o notificados en nuestro nombre, pedir posiciones juradas y absolverlas, convenir, desistir, transigir y celebrar transacciones, comprometer en Arbitros Arbitradores o de Jure, pedir medidas precautelativas y ejecutivas, pedir que se ejecute, tachar testigos, recibir sumas de dinero en nuestro nombre y otorgar los finiquitos correspondientes, seguir los juicios en todas las instancias e incidencias, haciendo uso de recursos ordinarios y extraordinarios inclusive el de Casación. Podrá nombrar apoderado judicial cuando sea necesario, sustituir este poder en persona de su confianza y hacer en fin todo cuanto nosotros haríamos para la mejor y mayor defensa de nuestros derechos e intereses, sin limitación alguna…” (Negrillas y mayúsculas del texto original y resaltado de este Juzgado Nacional).

Del instrumento antes transcrito, se evidencia que la apoderada de la parte accionante se encuentra facultada de forma expresa para desistir de la presente causa, entre otros.

Así las cosas, y con base a los razonamientos antes expuestos y visto que i) la parte actora tiene capacidad para desistir, ii) la controversia trata de derechos disponibles y iii) que no se ve involucrado el orden público en la presente causa, debe este Juzgado HOMOLOGAR desistimiento del procedimiento en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia, declara DESISTIDO el mismo. Así se decide.

IV
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA el desistimiento expreso realizado en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Keyra Pages González, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.935, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos BELEN CELESTINA BENAVIDES DE PIÑERUA, YASMÍN ENELYN PIÑERUA BENAVIDES, JUDITH PIÑERUA DE MORENO y EFRAÍN ARTURO PIÑERUA BENAVIDES, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-2.815.270, V-4.519.816, V-4.519.867 y V-5.142.457, respectivamente, contra el MINISTERIO DE FOMENTO (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO)

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones del Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los ___________ días del mes de ___________ de dos mil veintiuno (2021). Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

El Juez Presidente (E),


YOANH ALÍ RONDÓN MONTAÑA
Ponente


El Juez Vicepresidente (E),



DANNY JOSÉ RON ROJAS



La Jueza Suplente,



BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA





La Secretaria





DELIA PAREDES SANOJA



Exp. Nº AP42-R-1999-021661
YARM/10

En fecha ______________ ( ) días del mes de ___________ de dos mil veintiuno (2021), siendo la (s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº ___________________.
La Secretaria,