REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Bolivariano de Mérida, sede Mérida
Mérida, diecisiete (17) de noviembre dos mil veinte uno (2021)
211º y 162º

ASUNTO: LP61-J-2021-000186
I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Solicitantes: YELITZA JOSE BENITEZ GONZÁLEZ y JORGE ALEXANDER DIAZ BASTIDAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 19.593.553 y V-17.340.185, ambos domiciliados en la ciudad de Mérida, municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábiles.

Asistencia Técnica Jurídica de los solicitantes: abogada en ejercicio BLANCA COROMOTO SILVA DE GUTIÉRREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 141.470, y jurídicamente hábil.

Motivo: DIVORCIO NO CONTENCIOSO.

Sentencia: DEFINITIVA.
II ANTECEDENTES

Ingresa ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, sede Mérida, solicitud contentiva de DIVORCIO de mutuo acuerdo, con fundamento en la Sentencia Nº 693 de fecha 02 de junio de 2015, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; interpuesta por los ciudadanos YELITZA JOSE BENITEZ GONZALEZ y JORGE ALEXANDER DIAZBASTIDAS, asistidos por la abogada en ejercicio BLANCA COROMOTO SILVA DE GUTIÉRREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 141.470, y jurídicamente hábil.

En la solicitud cabeza de autos, se narran entre otros hechos, los siguientes:

Que en fecha treinta y uno (31) de diciembre del dos mil diez (2010), por ante el Registro Civil de la Parroquia Milla, del Municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, según consta en acta de matrimonio Nro.140. Que durante la unión matrimonial, procrearon dos (02) hijos, que llevan por nombres (Identidad protegida conforme al artículo 65 LOPNNA), nacidos en fecha 06-06-2012 y 26-07-2017, respectivamente, de nueve (09) y tres (03) años de edad,según consta en las actas de nacimiento números 163 de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019) y 146 de fecha ocho (08) de agosto de dos mil diecisiete (2017), en su orden respectivo. Que fijaron su último domicilio conyugal en Avenida Las Américas, conjunto residencial “El Araguaney”, torre “B”, planta baja, apartamento 02, parroquia Mariano Picón Salas, municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida. Que a partir del día veintitrés (23) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) llegamos a un acuerdo de la disolución del vínculo conyugal, que han permanecido separados de hecho de forma ininterrumpida y vivido independientemente el uno del otro, que desde esa fecha no han reanudado ningún tipo de relaciones de convivencia conyugal operando entre nosotros una ruptura prolongada y permanente en la vida conyugal. Fundamentan la petición del divorcio en el criterio vinculante de la sentencia Nº 693, de fecha 02 de junio de 2015, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica. Que ambos progenitores establecieron de mutuo acuerdo las instituciones familiares en beneficio de los niños (Identidad protegida conforme al artículo 65 LOPNNA), (F.N. 06-06-2012), de nueve (9) años de edad y (Identidad protegida conforme al artículo 65 LOPNNA), (F.N. 26-07-2012), de cuatro (4) años de edad, de la siguiente manera: 1.- LA PATRIA POTESTAD Y RESPONSABILIDAD DE CRIANZA será ejercida por ambos padres. 2.- LA CUSTODIA será ejercida por la madre.3. LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN: El padre de los infantes, ciudadano JORGE ALEXANDER DIAZ BASTIDAS pasará a sus menores hijos la cantidad de CUARENTA DOLARES ($40) mensuales o su equivalente en Bolívares, de acuerdo a la Tasa del Banco Central de Venezuela; así mismo, DOS (2) BONOS ESPECIALES, uno en el mes de agosto y el otro en el mes de diciembre por la cantidad de VEINTE DOLARES ($20) cada uno o su equivalente en Bolívares, de acuerdo a la Tasa del Banco Central de Venezuela, con un ajuste proporcional del 5% sobre las cantidades fijadas en cada uno, dicha obligación se debe cumplir mensualmente dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. Ambos padres deben contribuir en partes iguales en la manutención de sus menores hijos y en igual medida los proveerán de ropa, calzado, médicos, medicinas, dentistas, y todo lo relativo al vestido y salud de los niños; así como también, contribuirán su educación tanto económicamente como con la atención personal de modo que su evolución académica sea siempre exitosa para su buen futuro y, los gastos serán cubiertos en un cincuenta (50%) por ambos padres. 4.- EL RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR: El régimen se establecerá abierto, lo que significa que el padre JORGE ALEXANDER DIAZ BASTIDAS, podrá compartir con los niños (Identidad protegida conforme al artículo 65 LOPNNA), sin limitación alguna, acordando expresamente que las visitas será en horarios que no afecten las actividades de los niños ni académicamente ni extracurricularmente y, los períodos de vacaciones (escolares, de carnaval, semana santa y de navidad), se establecerán de manera alterna, esto con el fin de mantener viva la relación paternal y fomentar el bienestar del grupo familiar. La madre, se compromete a facilitar y permitir que el padre ejecute este derecho. Finalmente, solicitan que la solicitud sea declarada con lugar con todos los pronunciamientos de ley.

Documentales promovidas por las partes:

1.- Copia certificada del Acta de Matrimonio signada con el Nº 140, correspondiente a los ciudadanos YELITZA JOSE BENITEZ GONZALEZ y JORGE ALEXANDER DIAZBASTIDAS, expedida en fecha 09 de mayo de 2012; inscrita ante la Prefectura Civil de la parroquia Milla, municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida. (F. 04, 04 y vtos.).
2.- Copia certificada del Acta de Nacimiento signada con el Nº 163, correspondiente al niño (Identidad protegida conforme al artículo 65 LOPNNA), (F.N. 06-06-2012), inscrita en el Registro Civil de la parroquia Antonio Spinetti Dini municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida. (F. 06 y vto.).
3.-Copia certificada del Acta de Nacimiento signada con el Nº 146, correspondiente a la niña (Identidad protegida conforme al artículo 65 LOPNNA), (F.N. 26-07-2017), inscrita en el Registro Civil de la parroquia Antonio Spinetti Dini municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida. (F. 07 y vto.).
4.- Copia simple de las cédulas de identidad de los solicitantes YELITZA JOSE BENITEZ GONZALEZ y JORGE ALEXANDER DIAZBASTIDAS (F. 08).

Mediante auto de fecha 20de julio de 2021 (F.11), este Tribunal le dio entrada a la solicitud, hizo las anotaciones estadísticas correspondientes y le dio el curso de ley. Asimismo, en esa misma fecha (F.12) se admitió el asunto y se dio inicio al procedimiento de jurisdicción voluntaria, para lo cual dispuso notificar a la representación del Ministerio Público del estado Bolivariano de Mérida; y, fijó oportunidad para la celebración de la audiencia única para el día17 de agosto de 2021,a las 11:30am de la mañana

Consta al folio 14del presente expediente, la resulta positiva de notificación de la representación del Ministerio Público.

Siendo la oportunidad para la celebración de la audiencia única, esto es, el 17 de agosto de 2021, previo pregones de ley, este Tribunal de conformidad con el artículo 512 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, levantó acta en la cual dejó constancia de la comparecencia de los solicitantes YELITZA JOSE BENITEZ GONZALEZ y JORGE ALEXANDER DIAZBASTIDAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 19.593.553 y V-17.340.185, ambos domiciliados en la ciudad de Mérida, municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábiles, debidamente asistidos por la abogada BLANCA COROMOTO SILVA DE GUTIÉRREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 141.470, y jurídicamente hábil. Los solicitantes, ratificaron su escrito libelar. En la misma audiencia la Jueza Provisoria, deja constancia que se escucho la opinión del niño a través de video llamada y se ratificaron los acuerdos de las instituciones familiares. Finalmente, este Tribunal declaró, entre otros aspectos, con lugar la solicitud de divorcio, disuelto el vínculo matrimonial y homologó los acuerdos inherentes a las instituciones familiares; y dispuso de cinco (05) días de despacho siguientes a la fecha de la aludida audiencia, para la reproducción completa del fallo (ver F.15 y 16 con sus vueltos).

En fecha 11 de noviembre de 2021, se dictó auto de abocamiento de la nueva Juez Provisoria tal y como se evidencia en Acta N° 2021-001 llevada por este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Bolivariano de Mérida, en sustitución de la abogada Nohelia del Carmen Silva Ángulo, concediéndole a las partes el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil –aplicable supletoriamente por mandato del artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas Y Adolescentes- (F. 17).

Este Tribunal pasa a dictar sentencia definitiva en el presente asunto de la siguiente manera:

III
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La institución del matrimonio es de naturaleza social, que establece un lazo marital entre sus miembros -hombre y mujer-, lazo que es reconocido por vía de normas jurídicas o por los usos y costumbres de la sociedad.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 77, contempla que el estado venezolano garantiza la protección de la institución del matrimonio, entre un hombre y una mujer, la cual debe estar fundada en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges; derechos que tienen por igual ambos cónyuges. En otras palabras, el matrimonio debe existir por el libre consentimiento de los esposos, como una manifestación libre de su voluntad; por ende, nadie puede ser constreñido a contraerlo, ni estar obligado a permanecer unido en matrimonio. Este derecho deviene cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos -por su libre consentimiento- la vida en común; en este sentido, el legislador en el artículo 184 del Código Civil, establece que “Todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio”.

Ahora bien, de la lectura de la solicitud cabeza de autos, se constata que los solicitantes manifiestan de forma expresa su voluntad de disolver su matrimonio, por haber permanecido separados de hecho de forma ininterrumpida, y que hasta la fecha no han reanudado ningún tipo de relaciones de convivencia conyugal operando una ruptura prolongada; para lo cual se fundamentaron, en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la sentencia Nº 693 de fecha 02 de junio de 2015, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Ciertamente, conforme a los hechos esgrimidos por los solicitantes, existen otras situaciones que se estiman impiden la continuación de la vida en común entre ello, las cuales encuadran perfectamente en el criterio sostenido con carácter vinculante, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conforme sentencia Nº 693 de fecha 02 de junio de 2015, el cual instituye:

Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento .

(Omissis)

Ello así, en atención a lo dispuesto en el artículo 177 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cónyuges cuyos hijos sean menores de edad que de mutuo acuerdo deseen divorciarse, acudirán ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en función de sustanciación y mediación del lugar donde hayan establecido su último domicilio conyugal y, previo acuerdo igualmente, expreso e inequívoco, de las instituciones familiares que les son inherentes, para solicitar y obtener, en jurisdicción voluntaria, una sentencia de divorcio.

En este orden de ideas, el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges, ha sido interpretada por la jurisprudencia patria, como una causal más de divorcio, que en la actualidad se adapta a la previsión del enunciado artículo 77 de la Carta Magna, según el cual el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento, en concordancia con el artículo 20 constitucional, el cual garantiza que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad.

Nótese que en el caso de marras, los solicitantes YELITZA JOSE BENITEZ GONZALEZ y JORGE ALEXANDER DIAZBASTIDAS, manifestaron de forma expresa-en su escrito libelar- su voluntad de disolver el vínculo matrimonial, por haber permanecido separados de hecho de forma ininterrumpida, y que hasta la fecha no han reanudado ningún tipo de relaciones de convivencia conyugal operando una ruptura prolongada; hechos éstos que fueron expresados en la solicitud de divorcio y debidamente ratificados durante el desarrollo de la audiencia única del presente procedimiento, celebrada en fecha 17 de agosto de 2021, sin que exista, entre ellos, la posibilidad de reconciliación. De manera que, como consecuencia de su libre consentimiento, no existe duda que cesó por parte de los esposos DÍAZ BENITEZla vida en común, esto es, la obligación entre ellos de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, así como de común acuerdo tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal, todo en atención a lo previsto en los artículos 137 y 140 del Código Civil venezolano.

Por los razonamientos que anteceden, en concepto de esta Juzgadora, resulta concluyente que en el caso sub iudice, efectivamente la manifestación de voluntad de los esposos DÍAZ BENITEZ de extinguir su vínculo matrimonial, en virtud de que sus diferencias son insalvables, situación que impide la continuación de la vida en común; se enmarca en la actual interpretación jurisprudencial vinculante Nº 693, de fecha 02 de junio de 2015, proferida con carácter vinculante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; lo que determina la procedencia en derecho de la solicitud cabeza de autos y por consiguiente la declaratoria CON LUGAR de la solicitud de DIVORCIO interpuesta por los ciudadanos YELITZA JOSE BENITEZ GONZALEZ y JORGE ALEXANDER DIAZBASTIDAS; y como corolario del pronunciamiento anterior, disuelto el vínculo matrimonial que contrajeron, conforme el acta de matrimonio signada con el N° 140. Asimismo, se advertirá que ejecutoriada la presente sentencia, el vínculo conyugal quedará disuelto y por ende cesará la comunidad entre los cónyuges, y se procederá a liquidarla, por vía autónoma, en caso de haber adquirido bienes durante el matrimonio, de conformidad con el artículo 186 eiusdem. Finalmente, declarada la procedencia del divorcio solicitado, esta Juzgadora homologará las instituciones familiares en beneficio de los niños (Identidad protegida conforme al artículo 65 LOPNNA), de nueve (09) años de edad y (Identidad protegida conforme al artículo 65 LOPNNA), de tres (03) años de edad,conforme a los acuerdos descritos en el escrito libelar; tal como se declarará en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

IV DECISIÓN

En mérito de los razonamientos que anteceden, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, SEDE MÉRIDA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Divorcio, presentada por los ciudadanos YELITZA JOSE BENITEZ GONZALEZ y JORGE ALEXANDER DIAZ BASTIDAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 19.593.553 y V-17.340.185, debidamente asistidos, por la abogada BLANCA C. SILVA C, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 141.470, domiciliados en esta ciudad de Mérida, estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábiles. SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento, se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los prenombrados ciudadanos, YELITZA JOSE BENITEZ GONZALEZ y JORGE ALEXANDER DIAZ BASTIDAS, con arreglo al matrimonio civil, que ambos contrajeran en fecha treinta y uno (31) de diciembre de 2010, por ante el Registro Civil de la Parroquia Milla, del Municipio Libertador del Estado Mérida, según consta en acta de matrimonio Nro.140. Ofíciese lo conducente a los organismos competentes, en la oportunidad legal correspondiente. TERCERO:EJECUTORIADA LA PRESENTE SENTENCIA, el vínculo conyugal quedará disuelto y por ende CESARÁ LA COMUNIDAD ENTRE LOS CÓNYUGES, y se procederá a liquidarla, por vía autónoma, en caso de haber adquirido bienes durante el matrimonio, de conformidad con el artículo 186 del Código Civil.CUARTO: Homologalas Instituciones Familiares, en beneficio de los niños (Identidad protegida conforme al artículo 65 LOPNNA), nacidos en fecha 06-06-2012 y 26-07-2017, respectivamente, de nueve (09) y tres (03) años de edad, según consta en las actas de nacimiento números 163 de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019) y 146 de fecha ocho (08) de agosto de dos mil diecisiete (2017), en su orden respectivo QUEDAN ESTABLECIDAS de la siguiente manera: 1.- LA PATRIA POTESTAD Y RESPONSABILIDAD DE CRIANZA será ejercida por ambos padres. 2.- LA CUSTODIA será ejercida por la madre. 3. LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN: El padre, ciudadano JORGE ALEXANDER DIAZ BASTIDAS pasará a sus menores hijos la cantidad de CUARENTA DOLARES ($40) mensuales o su equivalente en Bolívares, de acuerdo a la Tasa del Banco Central de Venezuela; así mismo, DOS (2) BONOS ESPECIALES, uno en el mes de agosto y el otro en el mes de diciembre por la cantidad de VEINTE DOLARES ($20) cada uno o su equivalente en Bolívares, de acuerdo a la Tasa del Banco Central de Venezuela, con un ajuste proporcional del 5% sobre las cantidades fijadas en cada uno, dicha obligación se debe cumplir mensualmente dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. Ambos padres deben contribuir en partes iguales en la manutención de sus menores hijos y en igual medida los proveerán de ropa, calzado, médicos, medicinas, dentistas, y todo lo relativo al vestido y salud de los niños; así como también, contribuirán su educación tanto económicamente como con la atención personal de modo que su evolución académica sea siempre exitosa para su buen futuro y, los gastos serán cubiertos en un cincuenta (50%) por ambos padres. 4.- EL RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR: El régimen se establecerá abierto, lo que significa que el padre JORGE ALEXANDER DIAZ BASTIDAS, podrá compartir con los niños (Identidad protegida conforme al artículo 65 LOPNNA), sin limitación alguna, acordando expresamente que las visitas será en horarios que no afecten las actividades de los niños ni académicamente ni extracurricularmente y, los períodos de vacaciones (escolares, de carnaval, semana santa y de navidad), se establecerán de manera alterna, esto con el fin de mantener viva la relación paternal y fomentar el bienestar del grupo familiar. La madre, se compromete a facilitar y permitir que el padre ejecute este derecho. QUINTO: Se advierte a los solicitantes que las estipulaciones sobre las instituciones familiares establecidas, están sujetas a revisión judicial, por vía autónoma, cuando hayan cambiado las condiciones existentes para el momento de la presente decisión. SEXTO: Por cuanto la presente decisión se publica fuera del lapso legal, este Tribunal acuerda notificar a los solicitantes, a través de llamada telefónica. Cúmplase.

Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, en la ciudad de Mérida, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).- Años 211º de laIndependencia y 162º de la Federación.
La Jueza Provisoria,

Abg. Cindy Katherine Mejias Salas


La Secretaria,

Abg. Ana Isabel Duarte Dávila
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia. Se asentó y registró en el Índice de Copiador de Sentencias los datos del fallo in commento; sin embargo, no se agrega en físico al mencionado copiador, en virtud que este órgano jurisdiccional no cuenta con los insumos necesarios para su reproducción fotostática. Se deja constancia, que la anterior decisión no se encuentra registrada en Documento Word 0 del Sistema Juris 2000, dado que actualmente dicho sistema se encuentra inoperativo. Asimismo, se deja constancia que dicha decisión se tiene registrada en formato PDF, según Resolución Nº 2016-0021, de fecha 14 de diciembre de 2016, emanada por la Sala Plana del Tribunal Supremo de Justicia. Conste,
La Secretaria,

Abg. Ana Isabel Duarte Dávila