TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, ocho de noviembre de dos mil veintiuno
211º y 162º

ASUNTO: KP02-L-2015-000067
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PARTE DEMANDANTE: MANUEL EDUARDO TESARA DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.998.694.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: MARIA AMARO y FRANKLIN AMARO, abogados en libre ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 143.935 y 32.784.

PARTE DEMANDADA: SEGURIDAD INTEGRAL TECNO-SPRIV, C.A.

MOTIVO: DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA: PERENCIÓN
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I
RECORRIDO DEL PROCESO

Quien Juzga abogada SARAH FRANCO CASTELLANOS, designada según comunicación N° TSJ/CJ/2524/2019 de sesión de fecha 10 de octubre del 2019 emanada de la comisión judicial del Tribunal Supremo de Justicia y juramentada como Juez Provisorio del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, según Acta de Juramentación de fecha 25/10/2019 suscrita por la ciudadana Rectora Civil de esta Circunscripción Judicial, me ABOCO al conocimiento de la presente causa.
II
RECORRIDO DEL PROCESO

Establecido lo anterior, inicia la presente causa por demanda interpuesta en fecha 20/01/20158 según consta en sello húmedo de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD Civil), la cual fue recibida en este Juzgado en fecha 22/01/2015. Es así como, mediante auto de esa misma fecha (22/01/2015), se dictó auto de admisión ordenando el respectivo cartel de notificación a la parte demandada en la persona de su representante legal, siendo expedido a tal efecto cartel de notificación (vid. Folio 49 y 50)
Ahora bien, a los folios 55 y 60 del presente asunto corren insertas certificaciones emanadas de la secretaria de este Juzgado por medio de la cual deja constancia de la práctica de las notificaciones en forma negativa.
En fecha 24/11/2015 es dictado auto por medio del cual se autoriza al alguacilazgo hacer uso de la fuerza pública a fin de lograr la práctica de las notificaciones todo conforme lo solicitado por la representación de la parte actora mediante diligencia de fecha 20/11/2015; librándose a tal efecto las boletas.
En fecha 18/02/2016 es certificada la notificación negativa dirigida a SEGURIDAD INTEGRAL TECNO-SPRIV C.A. y MARIA TERESA LUGO.
Al folio 75 corre inserto escrito consignado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Civiles (URDD) por los abogados María Amaro y Franklin Amaro, supra identificados por medio del cual renuncian al poder otorgado por la parte actora. Es así, como este Juzgado mediante auto de fecha 23/05/2017 acuerda notificar de dicha renuncia a la parte demandante librándose la respectiva boleta
En fecha 07/12/2017 el secretario de este Juzgado certifica la práctica de la notificación en forma negativa de la parte demandante por cuanto no consta un punto de referencia a fin de ubicar la dirección en la cual ha de practicarse la notificación.
Establecido lo anterior, esta sentenciadora observa de la revisión de las actas que conforman el presente asunto, que la parte demandante activo esta jurisdicción con la interposición de la demanda actuando en lo sucesivo por intermedio de sus apoderados judiciales, sin que pueda evidenciarse hasta la presente fecha actuación alguna por parte de esta la parte actora tendente a lograr el impulso de la causa o continuación de la misma ello dado la renuncia manifestada por los abogados.
En tal sentido, se observa lo siguiente:
III
MOTIVA

Nuestra carta fundamental establece en su artículo 26 la garantía que tiene toda persona de acceder a los diferentes órganos de administración de justicia y activar la jurisdicción en la búsqueda de una efectiva tutela judicial.
Así, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece en su artículo 6, la obligación de los jueces del trabajo como rectores del proceso, de impulsar las causas aún de oficio hasta su conclusión; al igual el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, dispone tal obligación de los operadores de justicia. No obstante, toda instancia se activa con la interposición de la demanda la cual deviene necesariamente de parte interesada.
En el caso de marras denota esta juzgadora que desde la fecha de interposición de la demanda lo cual tuvo lugar el 21/12/2011, la parte actora no ha dado impulso alguno a la causa, hecho este que permite presumir que ha perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales deviniendo como consecuencia el decaimiento del interés procesal en que se administre justicia.
El interés procesal se concibe como la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela, considerando que este interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso.
La falta inicial de esta necesidad de tutela (interés procesal) impide el juicio sobre el mérito de la pretensión del actor y por ello se sanciona con la declaratoria de perención prevista en el Código de Procedimiento Civil, fundamentada en causales como la inacción prolongada del actor o de ambas partes, en cuyo supuesto se extingue la instancia, conforme lo establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, al respecto la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece:

Artículo 201. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención. (Resaltado del Tribunal).

Asimismo, el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece que “La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal.”
En tal sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha sostenido mediante sentencia Nro. 80, del 27/01/2006, la regla general, en materia de perención, al señalar que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de pleno derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Continúa advirtiendo la Sala, que en efecto, se trata la perención, sin duda alguna, de una institución netamente procesal dado que constituye uno de los medios de terminación del proceso. Sin embargo, a diferencia de otros medios de terminación, ésta no está vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino a condiciones objetivas fundamentalmente fácticas que deben conjugarse a los fines de su materialización. Tal institución procesal, ha sido considerada como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación procesal al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por un tiempo determinado por la ley.
En virtud de las consideraciones anteriores y visto que no ha habido diligencia alguna por parte del actor, mediante la cual impulsen debidamente la causa; esta Juzgadora de conformidad a lo establecido en el primer aparte del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 202 eiusdem, manifiesta que el interés del actor por el proceso ha decaído por la notoria falta de diligencia y por consiguiente por la falta del debido impulso procesal, en consecuencia, es forzoso declarar la “Perención de la Instancia”. Así se decide.

IV
D I S P O S I T I V O

Por todos los argumentos de hecho y Derecho que han quedado expuestos, el Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y con ello la extinción del proceso.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, en atención a lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica según remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
Publíquese, Regístrese . Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los ocho (08) de noviembre de 2021.
Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del tribunal. Cúmplase.
LA JUEZA

ABG. SARAH REBECA FRANCO CASTELLANOS

EL SECRETARIO

ABG. MARIO HERNANDEZ

En esta misma fecha, siendo las 03:10 p.m. se dictó y publicó la anterior decisión.

EL SECRETARIO