TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO
Tribunal Penal de 1ra Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control-Valencia
Valencia, 24 de agosto de 2022
Año 208º y 159º
ASUNTO: CI-2021-366908
TRIBUNAL NOVENO EN FUNCIONES DE CONTROL: ABG. LORENA GONZÀLEZ CANELONES.
FISCAL 36 DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, ABG. MILAGRO HIGUERA
DEFENSA PRIVADA ABG. MARLY MARBELI TERAN PAEZ.
IMPUTADA: YURAIMA COROMOTO OCHOA GUERRA
DELITO: CONCUSION, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN.
SENTENCIA: SOBRESEIMIENTO 300 NUMERAL 4.
PUNTO PREVIO
Por cuanto no se han materializado las ORDENES DE APREHENSIÒN EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS: JOSE HERNANDEZ, Titilar de la cedula de identidad V.- 18.866.026; XAVIEL BETANCOURT y CARLOS VIVAS, este Tribunal acuerda RATIFICAR LOS OFICIOS a los Organismos competentes para hacer efectiva la aprehensión ordenada.

Celebrada como ha sido la Audiencia Preliminar en la presente causa, cumplidas las formalidades de ley y oídas como han sido las partes, este Tribunal pasa a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:

La Representante Fiscal de la Fiscalía Trigésima Sexta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial formuló oralmente acusación penal que fuera presentada en escrito por ante este Tribunal en contra de la ciudadana YURAIMA COROMOTO OCHOA GUERRA, de nacionalidad Venezolano, Natural de Valencia del Estado Carabobo, fecha de nacimiento: 13-03-1972, de estado civil Soltero, de profesión u oficio Funcionaria de la Policía de Carabobo y Docente, titular de la Cédula de Identidad N° V- 12.032.947, residenciado en: Urbanización Lomas de Funval, Manzana 8, Vereda 6, Casa N° D-6, Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia estado Carabobo, teléfono: 0424-4354967, debidamente asistido en este acto por la DEFENSA PRIVADA ABG. MARLY MARBELI TERAN PAEZ, por la comisión de los delitos de SECUESTRO BREVE AGRAVADO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 6 EN RELACIÓN CON EL 10 NUMERAL 2 Y EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN Y EL DELITO DE AGAVILLAMIENTO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 286 EL CÓDIGO PENAL.
FUNDAMENTOS DE LA ACUSACION
El Fiscal del Ministerio Público que suscribió el escrito de Acusación, consideró como elementos de convicción de los hechos narrados, los siguientes:
1. Acta de Denuncia de fecha 04-09-2021, interpuesta por el ciudadano Héctor Carta.
2. Actas de entrevistas de fecha 04-09-2021, practicada de los ciudadanos Héctor E. Carta; Brayans Iván;
3. Acta de Inspección Técnica Criminalística con fijación Fotográfica N° CONAS-GAES-41-CAR-041-2021, de fecha 06-09-2021, realizada al Centro Comercial Guácara Plaza, adyacente al Distribuidor Negro Primero, Avenida González Arévalo, cruce con Calle Piar, Municipio Guácara estado Carabobo.
4. Acta de Entrevista de fecha 09-09-2021, rendida por los ciudadanos Julio Fuenmayor; Rosa Andreina; Rhoniel José Capriata Peralta.
5. Acta Policial de fecha 27-11-2021; suscrita por los funcionarios SM/2 Rhoniel José Capiatra Peralta.
6. Acta de Inspección Técnico Criminalísticas con Fijación Fotográfica de fecha 26 de Abril del 2022, suscrita por el Funcionario SM/2 CAPIATRA PERALTA RHONIEL y S/1 AZOCAR SOLORZANO GUSTAVO.
7. Experticia de Reconocimiento Técnico Legal SN de fecha 26-04-2022, realizada S/1 Azocar Solórzano Gustavo Eliezer.
MEDIOS DE PRUEBAS OFRECIDOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO
Consideró el Representante del Ministerio Público que los medios de prueba ofrecidos como pertinentes y necesarios para demostrar la comisión del delito y responsabilidad del acusado, que se presentaran en el juicio oral y público son los que a continuación se señalan:
DECLARACION DE LOS FUNCIONARIOS:
1. Testimonio de los funcionarios SM/3 Rodríguez Puerta Nelson y SM/2 Capiatra Peralta Rhoniel, adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana Comando Antiextorsión y Secuestro Carabobo, quien suscribe
2. ACTA DE INSPECCION TECNICA CON FIJACION TOPOGRADICA, 06-09-2022.-
3. Testimonio del funcionario SM/3 Rodríguez Puerta Nelson y SM/2 Capiatra Peralta Rhoniel, adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana Comando Antiextorsión y Secuestro Carabobo, quien suscribe ACTA DE INSPECCION TECNICA CON FIJACION TOPOGRADICA, 26-09-2022.
4. Testimonio del funcionario S/1 Azocar Solórzano Gustavo Eliecer, adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana Comando Antiextorsión y Secuestro Carabobo,
5. Acta de Reconocimiento Técnico, de fecha 26-04-2022, practicada a las evidencias colectadas.
6. Funcionarios SM/2 Capiatra Peralta Rhoniel, 1 Azocar Solórzano Gustavo Eliecer; SM/ Camacho Calderón Dianeyvic y Capitán Moreno Roa Pedro, adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana Comando Antiextorsión y Secuestro Carabobo; quienes suscribe Acta Policial 27-11-2021.
7. Testimonio del Testigo Héctor Carta; Héctor E. Carta; Ivan; Julio Fuenmayor; Rosa Andriana.
DOCUMENTALES:
1. ACTA DE INSPECCION TECNICA CON FIJACION FOTOGRAFICA, de fecha 06-19-2021, suscrita por los funcionarios SM/3 Rodríguez Puerta Nelson y SM/2 Capiatra Peralta Rhoniel.
2. Acta de Inspección Técnica con Fijación Fotográfica de fecha 26-04-2022, suscrita por el funcionario SM/3 Azocar Solórzano Gustavo y SM/2 Capiatra Peralta Rhoniel.
3. Acta de Reconocimiento Técnico Legal S/N de fecha 26-04-2022m, suscrita por el funcionario S/1 AZOCAR SOLORZANO GUSTAVO ELIEZER.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR
La Fiscal del Ministerio Público calificó Jurídicamente el hecho como SECUESTRO BREVE AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 6 en relación con el 10 Numeral 2 y el artículo 11 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión y el delito de AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el articulo 286 el Código Penal, para el cual solicitó sea admitida totalmente la presente Acusación y las pruebas ofrecidas y se ordene el Enjuiciamiento Oral y Público de la ciudadana antes mencionada con el correspondiente Auto de Apertura a Juicio. Por último, solicito se le mantengan la medida cautelares contempladas en el artículo 242.1, del Código Orgánico Procesal Pena, vale decir, Arresto Domiciliario, y solicito copia simple de las actas que conforman el presente acto, es todo.” Se deja constancia que la representante fiscal expuso verbalmente el contenido de la acusación, los hechos y explicó los elementos de convicción que llevaron a La Fiscalía a ejercer la acción penal, asimismo se hace saber y así de deja constancia que de imputada YURAIMA COROMOTO OCHOA GUERRA, en fecha 29-04-2022, se acordó Examen y Revisión de la Medida de conformidad con el artículo 242. numerales 3, 4 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando en este acto notificada la Fiscalía 36 del Ministerio Publico.
De seguidas, el Tribunal impuso a la imputada del Precepto Constitucional previsto en el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que lo ampara y lo exime de declarar en causa propia, manifestando la misma: “Me acojo al Precepto Constitucional”
Cedida la palabra a la Defensa privada quien expone: “Buenas Tardes, una vez odia la exposición del Ministerio Publico, esta defensa ratifica en todas y cada una de sus parte el escrito de contestación de la Acusación, por lo que solicito sea admitida la excepciones establecidas en el articulo 28 numeral 4 literal E, del Código Orgánico Procesal Penal. Tomando en consideración esta defensa que el escrito acusatorio presentado por el Ministerio Publico no tiene un pronóstico de condenado en un futuro juicio oral y público, por cuanto no existen elementos serios para mantener un juicio oral y público, por lo que solicito a este Tribunal, se desestime la acusación presentada por el Fiscal 36 del Ministerio Publico, y en consecuencia solicito se decrete el Sobreseimiento del presente asunto, todo conformidad con el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal.
La víctima, no compareció al acto de la Audiencia Preliminar, quien se encuentra debidamente citada en autos y de conformidad con el primer aparte del artículo 169 del Código Orgánico procesal Penal se procede a prescindir de su presencia, siendo representada para este acto por la representante del Ministerio Publico.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL SOBRE LOS PUNTOS DEBATIDOS EN LA AUDIENCIA
Posteriormente, de conformidad con el Artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, en esta oportunidad, a los fines de que esta juzgadora pueda efectivamente emitir un pronunciamiento ajustado a derecho y conforme a las reglas propias del proceso, en ejercicio de las funciones que me han sido encomendadas por el Legislador, la Doctrina y la Jurisprudencia, siendo menester y oportuno hacer mención de algunas de las cuales debemos los jueces de Control hacernos valer, como lo es la finalidad del proceso, que en la exposición de motivos de la Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial en fecha 15 de Junio de 2012, destaca que la Justicia y la verdad serán fines únicos del proceso penal venezolano, por lo que así quedo establecido en su artículo 13, el cual establece:
Finalidad del Proceso.
Artículo 13. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el juez o jueza al adoptar su decisión.
Alineados entonces bajo ese criterio, es propicio destacar que los Jueces de Control en el Proceso Penal Venezolano tienen el deber inalienable de fungir como filtro y depurar el proceso, y aun cuando parezca limitativa esta actividad, muy por el contrario, la misma es la base fundamental del proceso, pues el Legislador ha encomendado la loable tarea a dicho Operador de Justicia de Garantizar las resultas del proceso, comunicando - en principio - al imputado sobre la acusación presentada en su contra, pero además, establecer el control sobre la propia actuación del Ministerio Público; es aquí cuando ha de realizarse un análisis profundo de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, evitando entonces la proposición de acusaciones infundadas y arbitrarias que coloquen al imputado de autos en situación desfavorable frente al Órgano Administrador de Justicia, siendo la regla dentro del Proceso Penal Venezolano el respeto de las Garantías Constitucionales, dejando así atrás el sistema inquisitivo extinto.
De esta manera, el Juez de Control ha de enfatizar el estudio del escrito acusatorio en un aspecto formal y otro material o sustancial, donde el primero de ellos va dirigido a verificar que se hayan cumplido los requisitos formales del libelo acusatorio que permitan la admisibilidad del mismo, lo cuales tienden a mejorar el fallo del juez al no tacharlo de impreciso; por su parte, el segundo aspecto, y no menos importante que aquel que evalúa los requisitos de forma, es la tarea de examinar los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, pues es en esta oportunidad procesal donde se puede vigilar con claridad la materialización del Control de la Acusación, pues se consideran aspectos de vital importancia como los fundamentos que tuvo el representante del Ministerio Público para estimar que existen motivos para que se inicie un juicio oral contra el acusado.
Al respecto de la función del Juez de Control durante la audiencia preliminar, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1303, de fecha veinte (20) de junio de dos mil cinco (2005), con ponencia del magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, que fuera dictada con carácter vinculante, expresó lo siguiente:
“…Debe esta Sala señalar previamente, que la fase intermedia del procedimiento ordinario, es de obligatorio agotamiento en el marco del actual sistema procesal penal venezolano. Dicha fase se inicia mediante la interposición de la acusación por parte del Fiscal del Ministerio Público, a los fines de requerir la apertura de un juicio pleno.
En tal sentido, esta segunda etapa del procedimiento penal, tiene por finalidades esenciales lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el control de la acusación. Esta última finalidad implica la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, fungiendo esta fase procesal entonces como un filtro, a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias.
Es el caso que el mencionado control comprende un aspecto formal y otro material o sustancial, es decir, existe un control formal y un control material de la acusación. En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación, los cuales tienden a lograr que la decisión judicial a dictar sea precisa-, a saber, identificación del o de los imputados, así como también que se haya delimitado y calificado el hecho punible imputado. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; y en el caso de no evidenciarse este pronóstico de condena, el Juez de Control no deberá dictar el auto de apertura a juicio, evitando de este modo lo que en doctrina se denomina la ‘pena del banquillo.
Sobre la importancia de esta fase intermedia, ROXIN, haciendo referencia a la legislación procesal penal alemana, la cual es una importante fuente de inspiración del sistema procesal penal venezolano, enseña lo siguiente: ‘La importancia principal del procedimiento intermedio reside en su función de control negativa: discutiendo la admisibilidad y la necesidad de una persecución penal posterior por un juez independiente o por un tribunal colegiado en una sesión a puertas cerradas, se pretende proporcionar otra posibilidad de evitar el juicio oral, que siempre es discriminatorio para el afectado. (...)
Por otra parte, la importancia del procedimiento intermedio reside en que, una vez comunicada la acusación, el imputado recibe nuevamente la posibilidad de influir en la apertura del procedimiento principal a través de requerimientos de pruebas y objeciones.’(ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25ª edición alemana. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2000, p. 347)
Esta fase intermedia comprende varias actuaciones, las cuales se pueden sistematizar en tres grupos fundamentales, dependiendo del momento procesal que les corresponda. Así, tenemos actuaciones previas a la audiencia preliminar, como lo son la acusación, y el ejercicio por parte del Fiscal, de la víctima –siempre que se haya querellado o haya presentado acusación particular propia- y del imputado, de las facultades que les otorga el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, tenemos la audiencia preliminar, cuyo desenvolvimiento se encuentra regulado en el artículo 329 eiusdem; y por último, los actos posteriores a la audiencia preliminar, que son los distintos pronunciamientos que puede emitir el Juez de Control al finalizar dicha audiencia, con base en los artículos 330 y 331 de dicha ley adjetiva penal.
En lo que se refiere a la audiencia preliminar, debe destacarse que es en ésta donde se puede apreciar con mayor claridad la materialización del control de la acusación, ya que en la misma, es donde se lleva a cabo el análisis de si existen motivos para admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y la de la víctima, si fuere el caso. En este sentido, en esta audiencia se estudian los fundamentos que tomó en cuenta el Fiscal del Ministerio Público para estimar que existen motivos para que se inicie un juicio oral y público contra el acusado, realizando el Juez el mencionado estudio, una vez que haya presenciado las exposiciones orales de las partes involucradas en el proceso penal.
Igualmente, se debe analizar en dicha audiencia, entre otras cosas, la pertinencia y necesidad de los medios de prueba que ofrecen las partes para que sean practicadas en la etapa del juicio oral y público, así como las excepciones opuestas por el defensor conforme a lo señalado en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal”. (Subrayado propio).
Ahora bien, en el presente caso, tras el análisis realizado al escrito acusatorio que presenta el Ministerio Publico, debo señalar que el Legislador ha previsto mecanismos procesales de oposición a esa persecución penal, tales mecanismos de excepción están previstos en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, y son entendidas como un medio por el cual se niega el examen de la pretensión fiscal, por cuanto ésta carece de requisitos esenciales para darle a la misma plena eficacia; la excepción - como bien lo ha definido la jurisprudencia y la doctrina - no es más, en unos casos que un obstáculo subsanable en la audiencia respectiva, sin embargo, en otros casos, es un obstáculo que extingue el proceso mismo de pleno derecho al ser acordada, produciendo los efectos a que se refiere el artículo 34 del texto adjetivo penal.
En consecuencia, es importante traer a colación Sentencia Nº 029, N° de Expediente: A12-306 N°, de fecha 11.02.2014, de la Sala de Casación Penal, con ponencia del Magistrado DR. PAUL JOSE APONTE RUEDA, en el cual se señala:
“…Las excepciones se identifican como defensas que pueden oponer las partes, ya sean de fondo, dirigidas a neutralizar la acusación en función del derecho que se aspira materializar en la sentencia, y formales, que son de tipo procesal, destinadas a lograr la improcedencia o extinción del proceso por su no adecuación a las normas legales que lo regulan, procurando detener el mismo de manera provisional o definitiva, teniendo la particularidad que en la fase intermedia, deben oponerse en un lapso que culmina hasta el quinto día antes de llevarse a cabo el acto de la audiencia preliminar, según el artículo 311 (antiguamente 328) del Código Orgánico Procesal Penal.
Resaltándose lo que debe ser resuelto por el juez o jueza de control al concluir las exposiciones de las partes en la audiencia preliminar, según la última norma supra indicada en cada uno de sus numerales, siendo que de manera previa y de haberse impetrado la nulidad de un acto procesal o bien del proceso, debe ser resuelta antes de providenciar lo que a continuación se analizará…”
Siendo ello así, corresponde a esta juzgadora pronunciarse en cuanto al alegato formulado por la defensa privada en relación a la acusación fiscal y en tal sentido, este Tribunal observa que del escrito acusatorio presentado por la Fiscalía 36 del Ministerio Público, se desprende como elemento de convicción y fundamento de la acusación en cuanto a los hechos ocurridos
“En Fecha 29-04-2022, por la presunta comisión del delito de SECUESTRO BREVE AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 6 en relación con el 10 Numeral 2 y el artículo 11 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión y el delito de AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el articulo 286 el Código Penal, por este Tribunal por los hechos ocurridos “El día el lunes 30 de agosto del año 2021 siendo aproximadamente las 02:00 horas de la tarde se encontraba en la entraba el ciudadano Héctor José con su hermano Héctor Enrique realizando unas diligencias, momento en ese recibe una llamada telefónica de parte del ciudadano Iván Gallardo (empleado de su empresa) indicándole que se encontraba una comisión policial de la Policía de Carabobo en su empresa de nombre Ama Servicios C.A, ubicada en la Calle Piar Centro Comercial Guácara Plaza Local 49-2 planta baja, manifestando que dichos funcionarios querían ingresar a las fuerzas a la empresa pasándole el teléfono a uno de los funcionarios para que hable con el jefe de la comisión diciendo que debía dirigirse a la empresa lo más :-rito posible que tenía una serie de denuncias en su contra, diciéndole el ciudadano Héctor al funcionario que iría para allá, pasaron aproximadamente 03 minutos y recibe otra del número telefónico del ciudadano Iván Gallardo donde le hablo el funcionario diciéndole que era mejor que se apurara que ellos no iba a esperar todo el día por él y que fuera mejor que llegara a la empresa si no iba ser peor para él, al llegar a la empresa observa :.e se encontraban varios funcionarios policiales uniformados y en ropa civil, se presenta como dueño de la empresa preguntándole a los funcionarios cuales eran las supuestas denuncias que habían en su contra indicándole los funcionarios que autorice al vigilante para abra la puerta para ellos entrar el ciudadano Héctor les pregunta dónde estaba la orden de allanamiento respondiendo los funcionarios que no era necesario que se encontraban en una investigación, informándole a los funcionario que él era militar activo con el grado de Coronel de la aviación mostrando su credencial donde le dicen los funcionarios que eso no valía de nada y gritándolo, entrando a las fuerzas todos a las instalaciones de la empresa exigiéndole a todos los trabajadores presentes que le entregaran sus cédulas y no realizaran ningún tipo de llamada, diciéndole al ciudadano Héctor que le mostrara los documentos de la empresa mostrándole el mismo toda la documentación respondiente diciéndole los funcionarios que todos los documentos estaban malos, Héctor le pregunta que le muestren las denuncias y uno de los funcionarios le dicen que tenían ir al comando de la policía que está ubicado en la zona Araguita del municipio Guácara, siendo aproximadamente las 03:10 horas de la tarde se traslada el ciudadano Héctor se dirige al comando de la policía en su vehículo particular junto a su hermano r cañado por dos funcionarios de la policía que se encontraban en ropa civil al llegar al comando los funcionarios le quitan los teléfonos los pasan a una oficina y le comienzan a decir que la empresa era una empresa maletín que todo los documentos eran falsos pasaron unas horas y uno de los funcionarios le dice que le diera quince mil dólares (15.000 $) para dejar todo ahí, respondiéndole que eso era mucho dinero que no tenían esa cantidad que solo tenían cuatro mil (4.000 $) en efectivo uno de los policías le dicen que iba hablar con sus superiores al pasar aproximadamente 10 minutos regresa y les dice que lo mínimo que ellos aceptaban eran mil (10.000) dólares el ciudadano Héctor les dice que no los tenía los funcionarios le dicen que lo consigne por ZELLE que ellos le va a conseguir una cuenta para que haga la trasferencia y le dan una cuenta nombre del ciudadano Pedro José Guevara García, logrando conseguir el ciudadano Héctor la cantidad de cinco (5.000) $ realizandándole la transferencia a dicha cuenta para después ir a buscar los cuatro mil en efectivo, entregando en total nueve mil (9.000) $ para que los funcionarios lo dejaran ir, dejándolo siendo aproximadamente las cinco de la mañana del día siguiente antes de retirarse del comando de la policía la jefa del comando le dice que en forma irónica que si la habían pasado bien y que no intentaran hacer nada que ella tiene 26 años de servicios que conoce mucha y que ese dinero era para sus superiores.”.
CALIFICACION JURIDICA
Del hecho antes narrado se desprende la comisión de los delitos de SECUESTRO BREVE AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 6 en relación con el 10 Numeral 2 y el artículo 11 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión y el delito de AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 el Código Penal,
FUNDAMENTO JURÍDICO
El artículo 300 del Código orgánico Procesal Penal establece que el sobreseimiento procede cuando:
1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado.
2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad.
3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada.
4. A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
4. Así lo establezca expresamente el Código Del estudio efectuado al presente expediente, esta Representación Fiscal observa que no existe fundadas bases para solicitar el enjuiciamiento del ciudadano imputado, debido que el mismo no se le puede atribuir.
NORMAS LEGALES APLICABLES
El Código Orgánico Procesal Penal en su normativa artículos 318 y 324 se refiere a las causales y requisitos para el decretar el Sobreseimiento, que se citan a continuación:
Artículo 318. Sobreseimiento. El sobreseimiento procede cuando:
1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado;
2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad;
3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada;
4. A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado;
Así lo establezca expresamente este Código
Artículo 324. Requisitos. El auto por el cual se declare el sobreseimiento de la causa deberá expresar:
1. El nombre y apellido del imputado;
2. La descripción del hecho objeto de la investigación;
3. Las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión, con indicación de las disposiciones legales aplicadas;
4. El dispositivo de la decisión.
Finalizadas como han sido las intervenciones correspondientes a las partes involucradas en el presente proceso, este Tribunal procede a efectuar las siguientes observaciones: una vez analizadas exhaustivo de la causa, y se puede observar que la representación fiscal en su escrito acusatorio, no subsumió de manera clara, precisa y fehaciente, tal y como lo exige el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal la conducta del hoy imputado, en el tipo penal de SECUESTRO BREVE AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 6 en relación con el 10 Numeral 2 y el artículo 11 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión y el delito de AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el articulo 286 el Código Penal, observando quien aquí decide, que los delitos calificados por el Ministerio Publico, no fueron los delitos admitidos en la audiencia especial de Presentación de fecha 30-11-2021, siendo precalificado en su oportunidad legal el delito de CONCUSION, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción; por lo que considera esta juzgadora que lo ajustado a derecho es desestimar los delitos de SECUESTRO BREVE AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 6 en relación con el 10 Numeral 2 y el artículo 11 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión y el delito de AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el articulo 286 el Código Penal, y en consecuencia se decreta el Sobreseimiento de los mismos de conformidad en el artículo 300.1 del Código Orgánico Procesal Penal, ahora bien revisada las actuaciones se evidencia que en el presente asunto, no hay la preexistencia de los fundados elementos de pruebas, para encuadrar la conducta de la hoy acusada en el tipo penal imputado por la representación fiscal; ya que si bien es cierto que la representación del Ministerio Público, sumado al dicho de los funcionarios policiales actuantes en el procedimiento, promovió otros de medios de pruebas señalados por el Ministerio Publico, observando que de los medios de pruebas solo demuestran la existencia de la comisión de hecho punible, no obstante no se evidencia que la imputada YURAIMA COROMOTO OCHOA GUERRA, en modo alguno demuestran la responsabilidad en los hechos de la hoy acusada en el caso bajo examen, no existiendo en consecuencia otros medios de prueba que concatenados con el dicho de los funcionarios policiales, den así veracidad a las circunstancias de modo, tiempo y lugar por el cual fue aprehendida la imputada de auto, evidenciándose una insuficiencia probatoria para demostrar la culpabilidad de la acusada de autos, ello en virtud a que el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido en sentencias reiteradas, que el dicho de los funcionarios policiales podría ser suficiente para poder establecer la responsabilidad de un imputado, siempre y cuando existan otros elementos que concatenados a su dicho, puedan darle certeza a lo señalado por estos es sus actas policiales, lo cual no ocurre en el caso de marras y así pretender subsumir la conducta de la acusada de marras, dentro del delito de CONCUSION, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción. Ante tal situación, es oportuno destacar lo que ha llegado a concluir la doctrina, en el sentido de que la prueba no pretende arribar a la verdad sino sólo crear certeza (convencimiento) en el Juez. El fin de la prueba es, pues, dejarle al Juez el convencimiento o la certeza de los hechos, que, a su vez, es la creencia de conocer la verdad o de que el conocimiento se ajusta a la realidad, lo que le permitirá adoptar su decisión. La justicia humana no puede aspirar a más, la infalibilidad es una utopía. Así mismo, la doctrina ha establecido que Los Medios de Prueba, son los instrumentos que se pueden utilizar para demostrar un hecho en el proceso. En base a lo expuesto, concluimos que en el proceso se aportan elementos de prueba para crear certeza en el Juzgador respecto a la existencia del hecho punible, así como, la responsabilidad de sus autores. La Teoría de la Prueba trata de abarcar todos los problemas relacionados con la evidencia jurídica, con la formación de la conciencia en el Juez, teniendo por eso estrecha relación con la Teoría del Conocimiento, que nos habla de la consecución de la verdad filosófica. (LA PRUEBA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. Publicado por: Publicado el: 2005/11/16 17:29:36. Por Christian Salas Beteta*). A tal efecto, se hace necesario traer a colación lo mantenido por la Sala de Casación Penal, en sentencia de fecha 21 de Mayo de 2012, Expediente 2011-330, en la cual señala entre otras cosas, lo siguiente: “… (…) Ahora bien, esta Sala ha establecido claramente en jurisprudencia reiterada que “…el solo dicho de los funcionarios policiales no es suficiente para inculpar al procesado, pues ello, sólo constituye un indicio de culpabilidad…”. Este criterio ha sido sustentado, entre otras, en las sentencias No. 225 de fecha 23 de junio de 2004 y No. 345 del 28 de septiembre de 2004, ponente Magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Así mismo, esta Sala considera impretermitible advertir que para la práctica de inspecciones realizadas por funcionarios policiales es necesaria la presencia de testigos en el lugar, para disipar o suprimir la duda que implican ciertos hechos, en los que cabe pensar que, a cualquier ciudadano se le atribuya el ocultamiento de objetos o cosas, que no portaba realmente. Es por ello indispensable que los testigos declaren sobre lo percibido, y su testimonio aportará convicción de certeza, para mantener o desvirtuar la condición de inocencia del procesado. Al respecto, el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, establece la garantía de presunción de inocencia, que textualmente reza lo siguiente: “Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.” Por ello, el Juez debe observar, en el momento de tomar decisiones que afecten la libertad de la persona, los derechos fundamentales del procesado, como lo es el principio legal “in dubio pro reo”, el cual se concreta cuando le faltan pruebas para condenar, y en el presente caso se evidencia que en el juicio no existieron pruebas suficientes que demostraran la responsabilidad penal del imputado de autos, ya que fundamentó su decisión sólo en la declaración de los funcionarios aprehensores, concatenada con la del funcionario que practicó la experticia a la supuesta arma incautada y al vehículo que conducía el imputado…” Esta fase intermedia comprende varias actuaciones, las cuales se pueden sistematizar en tres grupos fundamentales, dependiendo del momento procesal que les corresponda. Así, tenemos actuaciones previas a la audiencia preliminar, como lo son la acusación, y el ejercicio por parte del Fiscal, de la víctima –siempre que se haya querellado o haya presentado acusación particular propia- y del imputado, de las facultades que les otorga el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, tenemos la audiencia preliminar, cuyo desenvolvimiento se encuentra regulado en el artículo 329 Ejusdem; y por último, los actos posteriores a la audiencia preliminar, que son los distintos pronunciamientos que puede emitir el Juez de Control al finalizar dicha audiencia, con base en los artículos 330 y 331 de dicha ley adjetiva penal. En lo que se refiere a la audiencia preliminar, debe destacarse que es en ésta donde se puede apreciar con mayor claridad la materialización del control de la acusación, ya que en la misma, es donde se lleva a cabo el análisis de si existen motivos para admitir la acusación presentada por el Ministerio Público y la de la víctima, si fuere el caso. En este sentido, en esta audiencia se estudian los fundamentos que tomó en cuenta el Fiscal del Ministerio Público para estimar que existen motivos para que se inicie un juicio oral y público contra el acusado, realizando el Juez el mencionado estudio, una vez que haya presenciado las exposiciones orales de las partes involucradas en el proceso penal. Igualmente, se debe analizar en dicha audiencia, entre otras cosas, la pertinencia y necesidad de los medios de prueba que ofrecen las partes para que sean practicadas en la etapa del juicio oral y público, así como las excepciones opuestas por el defensor conforme a lo señalado en el artículo 28 Numeral 4 literal e y literal i, del Código Orgánico Procesal Penal…”. (Sic) Del mismo modo, es importante destacar lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24-03-2004, sentencia No. 452, con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, en la cual se señala lo siguiente: “... es en la audiencia preliminar cuando el Juez de Control determina la viabilidad procesal de la acusación fiscal, de la cual dependerá la existencia o no del juicio oral. Es decir, durante la celebración de la audiencia preliminar se determina –a través del examen del material aportado por el Ministerio Público- el objeto del juicio y si es “probable” la participación del imputado en los hechos que se le atribuyen...”. (Sic) Por lo expuesto y visto que la acusación fiscal carece de fundamentos serios para el enjuiciamiento del acusado de marras, requisito este exigido por el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que si bien es cierto que la representación del Ministerio Público, sumado al dicho de los funcionarios policiales actuantes en el procedimiento presentado elementos de pruebas y el Testimonio de la víctima, no menos cierto es, que estos medios de prueba solo demuestran la existencia de un hecho punible, pero en modo alguno demuestran la responsabilidad del hoy acusada en el caso bajo examen, no existiendo en consecuencia otros medios de prueba, que concatenados con el dicho de los funcionarios policiales, den así veracidad a las circunstancias de modo, tiempo y lugar por el cual fue aprehendido el imputado de autos, evidenciándose una insuficiencia probatoria para demostrar la culpabilidad del acusado de autos y no se desprende basamento serio para el enjuiciamiento del encartado ut supra identificado, ello en virtud a que el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido en sentencias reiteradas, que el dicho de los funcionarios policiales podría ser suficiente para poder establecer la responsabilidad de un imputado, siempre y cuando existan otros elementos que concatenados a su dicho, puedan darle certeza a lo señalado por estos es sus actas policiales, lo cual no ocurre en el caso de marras y así pretender subsumir la conducta del acusado de marras, por la comisión del delito de CONCUSION, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción, haciendo palpable la inexistencia de fundados elementos serios para el enjuiciamiento de los mismos y en aplicación a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20-06-2005, Expediente No. 04-2599, con ponencia del Magistrado Francisco A. Carrasquero López; a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24-03-2004, sentencia No. 452, con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, lo establecido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No.225, de fecha 23-06-04, lo señalado por La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 23 de Junio de 2004; lo establecido por La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 28 de septiembre de 2004, Sentencia Nro. 345. Exp. 04-0314; lo establecido por la Corte de Apelaciones del estado Amazonas, en fecha 26 JUL2011; lo procedente y ajustado a derecho es DESESTIMAR LA ACUSACIÓN FISCAL en contra de la ciudadana YURAIMA COROMOTO OCHOA GUERRA, de nacionalidad Venezolano, Natural de Valencia del Estado Carabobo, fecha de nacimiento: 13-03-1972, de estado civil Soltero, de profesión u oficio Funcionaria de la Policía de Carabobo y Docente, titular de la Cédula de Identidad N° V- 12.032.947, residenciado en: Urbanización Lomas de Funval, Manzana 8, Vereda 6, Casa N° D-6, Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia estado Carabobo, teléfono: 0424-4354967, por la presunta comisión del delito de de CONCUSION, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción. Y ASÍ SE DECIDE.
A la luz de esta consideración importante, se observa configurada la excepción contenida en el numeral 4 literal i del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:
Artículo 28. Durante la fase preparatoria, ante el Juez o Jueza de Control, y en las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:
…4. Acción promovida ilegalmente, que sólo podrá ser declarada por las siguientes causas:…i) Falta de requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal … siempre y cuando éstos no puedan ser corregidos, o no hayan sido corregidos en la oportunidad a que se contraen los artículos 313 y 403 de este Código…(omisis)
Toda vez que, la ausencia de elementos de convicción que fundamenten el escrito acusatorio y de los elementos probatorios promovidos vicia la pretensión fiscal y la hace insostenible en un eventual juicio oral y público; en ese sentido, del contenido del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal se desprenden los requisitos que ha de cumplir la acusación que emane del Ministerio Público, cuando considere que la investigación realizada le proporciona elemento serio para el enjuiciamiento del imputado, acusación esta que debe contener, entes otros, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al imputado, los fundamentos de esa imputación y las pruebas, con indicación de su pertinencia o necesidad.
DISPOSITIVA
Con fuerza de las precedentes consideraciones, este Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda de conformidad con lo previsto en los artículo 313 numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal: PRIMERO: DESESTIMA la acusación Fiscal interpuesta por la Fiscalía 36 del Ministerio Público en contra de la ciudadana YURAIMA COROMOTO OCHOA GUERRA, de nacionalidad Venezolana, Natural de Valencia del Estado Carabobo, fecha de nacimiento: 13-03-1972, de estado civil Soltero, de profesión u oficio Funcionaria de la Policía de Carabobo y Docente, titular de la Cédula de Identidad N° V- 12.032.947, residenciada en la Urbanización Lomas de Funval, Manzana 8, Vereda 6, Casa N° D-6, Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia estado Carabobo, teléfono: 0424-4354967, por la presunta comisión del delito de CONCUSION, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción, por cuanto no están llenos los extremos del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal y en aplicación a lo establecido por la Sala del Tribunal Supremo de Justicia. SEGUNDO: Se decreta EL SOBRESEIMIENTO de la causa, seguida a la ciudadana YURAIMA COROMOTO OCHOA GUERRA, por la presunta comisión del delito de CONCUSION, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción, pronunciamiento que se dicta de conformidad con el artículo 300.4 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el articulo 47 numeral 1 concatenado con el articulo 37 numeral 15 de la Ley Orgánica Del Ministerio Público por la presunta comisión del delito. En consecuencia el cese de las medidas de coerción personal impuestas sobre el mismo. TERCERO: Se acuerda con lugar las excepciones opuestas por la defensa privada. CUARTO: Se ratifica las orden de Aprehensión en contra de los ciudadanos JOSE HERNANDEZ, Titu lar de la cedula de identidad V.- 18.866.026; XAVIEL BETANCOURT y CARLOS VIVAS. Se acuerda notificar a la víctima.
En consecuencia, se ordena librar la orden de aprehensión a los diferentes organismos de seguridad a objeto de que practiquen la captura del mencionado ciudadano.

Regístrese, Diarícese, déjese copia certificada del auto para su archivo respectivo, notifíquese a la Fiscal del Ministerio Público, a la Defensa del imputado y líbrense los correspondientes oficios a los Organismos competentes para hacer efectiva la aprehensión ordenada.

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Audiencias del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. Quedan debidamente notificadas las partes de la presente decisión al recibo de las Notificaciones correspondientes. En Valencia, a los veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintidós (2022).
LA JUEZA NOVENA DE CONTROL,
Abg. LORENA GONZALEZ CANELONES

EL SECRETARIO
ABG. CARLOS LÒPEZ .