JUEZ PONENTE: DANNY JOSEFINA SEGURA EXPEDIENTE Nº 2022-179 En fecha 8 de agosto de 2022, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de los Juzgados Nacionales Primero y Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el Oficio N° JSESCA-0262-2022, de fecha 4 de agosto de 2022, emanado del Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante el cual remitió el expediente contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el ciudadano JAIRO JOSÉ ZACARÍAS MEDRANO, titular de la cédula de identidad N° V-16.880.732, debidamente asistido por el abogado Anibal Ustariz Hermoso, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 157.469, en su condición de Defensor Público Provisorio Décimo (10°) con competencia en Materia Administrativa, Contencioso- Administrativo y Penal para los funcionarios Policiales del Área Metropolitana de Caracas, según Resolución N° DDPG-2015-164, de fecha 16 de marzo de 2015, contra el CUERPO DE LA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA (C.P.N.B.). Tal remisión se efectuó en virtud del auto dictado por el prenombrado Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 4 de agosto de 2022, 2 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 mediante el cual habiendo transcurrido el lapso legal sin que las partes ejercieran recurso de apelación en contra de la referida decisión, y de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, ordenó remitir el presente expediente a los Juzgados Nacionales, a los fines de la consulta obligatoria a la sentencia dictada le fecha 18 de mayo de 2022. En fecha 26 de septiembre de 2022, se designó ponente a la Jueza DANNY JOSEFINA SEGURA, a quien se ordenó pasar el expediente, en virtud de lo previsto en el artículo 84 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, en concordancia con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; a los fines de que este Juzgado Nacional se pronuncie acerca de la consulta de Ley, de la sentencia dictada por el Juzgado a quo, en fecha 18 de mayo de 2022. En esa misma fecha se pasó el expediente a la Jueza Ponente. Examinadas las actas que conforman el expediente, pasa esta Alzada a conocer en consulta previa las siguientes consideraciones: I DE LA SENTENCIA CONSULTADA En fecha 18 de mayo de 2022, el Juzgado a quo declaró Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano Jairo José Zacarías Medrano, debidamente asistido por el abogado Anibal Ustariz Hermoso, anteriormente identificados, contra el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), en los siguientes términos: “[…] 1.- COMPETENTE para decidir el presente recurso contencioso administrativo funcionarial. 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JAIRO JOSÉ ZACARÍAS MEDRANO, titular de la cédula de identidad N° V- 16.880.732, asistido por el abogado Aníbal Ustáriz Hermoso, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 157.469, en su carácter de Defensor Público 3 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 Provisorio Décimo (10°) con competencia en materia Administrativa, Contencioso Administrativo y Penal para los Funcionarios y las Funcionarias Policiales del Área Metropolitana de Caracas, contra la decisión N° 086-2019, de fecha 12 de diciembre 2019, dictada por el Consejo Disciplinario de la Región Capital del CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA (CPNB), por destitución, en consecuencia: 2.1.- FIRME el acto administrativo impugnado contenido en la Decisión N° 086-2019, de fecha 12 de diciembre 2019, de conformidad con la motiva de la presente decisión. 3.- PROCEDENTE el pago de las prestaciones sociales del hoy querellante. Se ordena la publicación de la presente decisión en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia”. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR De la competencia. Previo a cualquier pronunciamiento, corresponde a este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, verificar su competencia para conocer de la consulta de Ley a la que se encuentra sometida la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 18 de mayo de 2022, establecida en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; y el numeral 7 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual establece que los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, son los competentes para conocer de las apelaciones y las consultas de ley, de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en virtud de lo cual, este Juzgado Nacional resulta COMPETENTE para conocer en consulta como Alzada natural de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores Estadales con competencia contencioso administrativa. Así se declara. 4 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 Declarada la competencia de este Juzgado Nacional Segundo para conocer de la consulta planteada, considera necesario establecer la finalidad de dicha institución jurídica como una prerrogativa procesal a favor de la República, en los términos previstos en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esto es, con relación en todas aquellas sentencias que resulten contrarias a la pretensión, excepción o defensa de la República. En tal sentido, es necesario señalar que la consulta en cuestión ha de ser planteada por el respectivo Juzgado Superior Estadal, en ausencia del ejercicio del recurso de apelación de alguna de las partes y que no constituye una fórmula general de control de la juridicidad del fallo objeto de consulta, sino que su finalidad es, como lo dispone en forma inequívoca el artículo 84 eiusdem, un medio de defensa de los intereses de la República, cuando ésta sea condenada en la sentencia dictada por el Tribunal que conoce en primera instancia, tal y como fue expresado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nº 902 de fecha 14 de mayo de 2004 (caso: C.V.G. Bauxilum, C.A.) y Nº 1.107 de fecha 8 de junio de 2007 (caso: Procuraduría General del estado Lara). El criterio anterior ha sido ratificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1071 de fecha 10 de agosto de 2015 (caso: María del Rosario Hernández Torrealba), al señalar lo siguiente: “ (…omissis…) Ahora bien, de conformidad con el criterio esbozado la institución de la consulta es un medio de revisión o de examen de la adecuada subsunción de la sentencia al derecho y un mecanismo de control judicial en materias relacionadas con derechos y garantías constitucionales, orden público e interés general, que ameritan un doble grado de cognición. De igual forma, esta institución entendida como prerrogativa procesal es una ventaja a favor de la República, los Estados y cualquier órgano o ente que le sea extensible dicha 5 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 prerrogativa, que representa una flexibilización al principio de igualdad entre las partes en juicio, cuyo objeto es lograr un control, por parte del Juez de alzada, sobre aspectos de la sentencia de instancia, que por su naturaleza inciden negativamente en los principios atinentes al orden público, constitucional y del interés general. Por tanto, la consulta no puede concebirse como un medio de impugnación de decisiones jurisdiccionales, pues esa concepción tendría su fundamento en la deficiencia de los representantes judiciales de los órganos o entes beneficiados por esa prerrogativa, que omiten presentar dentro de los lapsos correspondientes, los respectivos recursos de apelación, y en razón de ello, al no haber controversia en segunda instancia, tampoco puede el Juez de alzada reportar al órgano o ente favorecido, ventajas excesivas frente a su oponente, pues desvirtuaría el sentido y alcance del artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que privilegia el control subjetivo respecto a la esfera de protección de derechos de la ciudadanía (vid. Sentencia N° 989/2013 dictada por esta Sala). (…omissis…) Con base en lo expuesto, resulta necesario precisar, a modo de ejemplo y sin que ello pueda considerarse taxativamente, que cuando un Juez se encuentre en sede de la consulta obligatoria a tenor de lo instituido por el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,[ahora artículo 84] debe circunscribirse a revisar si el fallo de instancia se apartó del orden público, violentó normas de rango constitucional o de interpretaciones y criterios vinculantes sentados por esta Sala, quebrantamientos de formas sustanciales en el proceso o de las demás prerrogativas procesales, o de una incorrecta ponderación del interés general”. (Agregado de este Juzgado) Del criterio parcialmente transcrito se desprende que, el Juez de alzada cuando resuelva la consulta obligatoria a tenor de lo instituido por el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, debe circunscribirse a revisar si el fallo de instancia se apartó del orden público, violentó normas de rango constitucional o de interpretaciones y criterios vinculantes sentados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quebrantamientos de formas sustanciales en el proceso 6 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 o de las demás prerrogativas procesales o de una incorrecta ponderación del interés general. En consecuencia, siendo que en el presente caso se ha planteado la Consulta de Ley del fallo dictado por el Juzgado a quo en fecha 18 de mayo de 2022, que declaró Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano Jairo José Zacarías Medrano, le corresponde a este Juzgado Nacional analizar si procede la prerrogativa de la consulta y al respecto se observa que la parte demandada es el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (C.P.N.B.), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores Justicia y Paz, el cual forma parte de la Administración Pública Nacional, en consecuencia resulta aplicable al caso la prerrogativa procesal de la consulta obligatoria prevista en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por tanto, este Juzgado declara PROCEDENTE la consulta obligatoria de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 18 de mayo de 2022. Así se decide. Siendo ello así, esta Alzada ejerciendo funciones de consulta procede a verificar si el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia se encuentra ajustado a derecho y, a tal efecto, observa que la pretensión adversa a los intereses de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde a la declaratoria Parcialmente Con Lugar del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano Jairo José Zacarías Medrano. Ahora bien, se evidencia que en la decisión dictada en fecha 18 de mayo de 2022, el Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, actuando como tribunal de primera instancia, estableció en su parte motiva lo siguiente: 7 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 (…Omissis…) “Corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre el mérito del asunto, en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Jairo José Zacarías Medrano, asistido por el abogado Aníbal Ustáriz Hermoso, en su carácter de Defensor Público Provisorio Décimo (10°) con competencia en materia Administrativa, Contencioso Administrativo y Penal para los Funcionarios y las Funcionarias Policiales del Área Metropolitana de Caracas, contra la decisión N° 086-2019 de fecha 12 de diciembre 2019, dictada por el Consejo Disciplinario de la Región Capital del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, mediante el cual acordó destituir al accionante del cargo de Supervisor Agregado. En ese sentido, el demandante denunció i) la vulneración al principio de presunción de inocencia y al debido proceso; y ii) el vicio de falso supuesto de derecho. Establecido lo anterior, pasa este Órgano Jurisdiccional decidir conforme a lo siguiente: i) De la violación al debido proceso y al principio de inocencia En cuanto a las referidas transgresiones, el demandante manifestó que en el procedimiento administrativo el órgano disciplinario debió presumir la inocencia del accionante, ya que fue objeto de un hecho delictivo, el cual fue despojado forzosamente del arma de reglamento asignada por el órgano policial, así como su moto, propiedad del mismo. Contrario a lo anterior, la representación judicial del demandado, indicó que ‘(…) no se puede hablar que hubo violación de los derechos ya que, si después de transcurrido todo procedimiento disciplinario, tuvo oportunidad de ser oído, acceder al expediente, para desvirtuar todo lo imputado, así como promover y evacuar pruebas (…)’. (…Omissis…) En armonía con lo anterior, con relación al debido proceso, es de hacer notar, que todo procedimiento administrativo o jurisdiccional debe cumplir diversas exigencias tendientes a mantener al particular en el ejercicio más amplio de los mecanismos y herramientas jurídicos a su alcance con el fin de defenderse debidamente contra lo que se le imputa, los cuales son: la necesidad de notificar al interesado del inicio de un procedimiento en su contra; de ofrecerle oportunidad de acceso al expediente; de permitirle hacerse parte para alegar y argumentar lo que considere en beneficio de sus intereses; de estar asistido legalmente en el procedimiento; de promover, controlar e impugnar elementos probatorios en el procedimiento; a ser oído (audiencia del interesado) y a obtener una decisión motivada, así como asumirlo inocente. 8 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 Asimismo, comporta el derecho del interesado a ser informado de los recursos pertinentes para el ejercicio de la defensa y a ofrecerle la oportunidad de ejercerlos en las condiciones más idóneas. Establecido lo anterior, pasa quien suscribe a revisar el expediente disciplinario consignado en autos, constatando en el mismo lo siguiente: Riela al folio 3, auto de inicio de averiguación disciplinaria de fecha 3 de junio de 2018, emanado de la Inspectoría General para el Control de Actuación Policial, en contra el hoy accionante por la presunta comisión de faltas disciplinarias. Riela del folio 7 al 9, acta de entrevista levantada al ciudadano Jairo José Zacarías Medrano de fecha 6 de junio de 2018. Riela del folio 59 al 60, auto de valoración y determinación de cargos presentados el 14 de septiembre de 2018 por la Inspectoría General para el Control de Actuación Policial. Riela al folio 62, auto de consignación de promoción de escrito de descargo y evacuación de los medios de pruebas, por parte del ciudadano Jairo José Zacarías Medrano. Riela al folio 72, escrito de propuesta disciplinaria de fecha 18 de octubre de 2018, presentada al Consejo Disciplinario de Policía, por parte de la Inspectoría General para el Control de Actuación Policial. Riela a los folios 83 al 86, acto de decisión Nro. 086-19 de fecha 30 de septiembre de 2019, dictada por el Consejo Disciplinario de Policía Segundo del Distrito Capital, dándose por notificado el hoy accionante de la referida decisión en fecha 12 de diciembre de ese mismo año. Conforme a los instrumentos ut supra señalados, y en atención a los criterios jurisprudenciales referidos, se evidencia que el Órgano accionado, cumplió a cabalidad con el desarrollo del debido proceso, por consiguiente le garantizó el derecho a la defensa al demandante, notificándolo de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente al efecto, lo que permitió que el mismo participara en su procedimiento, tal y como se evidencia al momento de consignar su escrito de descargos. Asimismo, fue debidamente notificado de los trámites posteriores y de la decisión disciplinaria acordada, igualmente contó con la posibilidad de promover sus pruebas que consideró pertinentes para contradecir o desvirtuar lo alegado por la administración, manteniéndose durante el desarrollo del procedimiento disciplinario la presunción de inocencia, en razón de lo cual, una vez revisado el expediente disciplinario del querellante, se observa que el procedimiento administrativo disciplinario llevado por el órgano correspondiente, cumplió con el debido proceso y garantizó la 9 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 presunción de inocencia del hoy querellante, en razón de lo cual se desecha el argumento expuesto por la parte accionante relativo a la violación de los mismos. Así se decide. ii) Del Vicio de Falso Supuesto de Derecho En relación a la presente infracción, el recurrente indicó que el acto administrativo impugnado se encuentra viciado por falso supuesto de derecho, en virtud de que fue destituido por un hecho fortuito e inesperado. Asimismo, destacó que no fue objeto de sanciones administrativas, ni tampoco se pudo demostrar en el proceso administrativo sancionatorio la culpabilidad para la aplicación de las causales de destitución. Por otro lado, la contraparte argumentó que ‘(…) la medida destitución fue aplicada ajustada a derecho (…) ya que el funcionario actuó de manera imprudente y negligente en un hecho que afectó la prestación del servicio policial y la credibilidad de la función policial, omitiendo la novedad del hecho fortuito que se encontró (…)’. (…Omissis…) De acuerdo a la jurisprudencia señalada, tenemos que el vicio de falso supuesto se materializa en dos vertientes, a saber: i) falso supuesto de hecho, que es cuando la Administración al dictar un acto fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, y ii) falso supuesto de derecho, que es cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar un acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide en la esfera de los derechos subjetivos de los administrados. (…Omissis…) Es así, que conforme a la jurisprudencia citada, para analizar adecuadamente este tipo de denuncias, es preciso que primero se haga un estudio de los fundamentos de hecho del acto administrativo y se precise si son falsos o no atendiendo a lo alegado y probado por la parte recurrente, para luego verificar si tales hechos son subsumibles en la norma aplicada por la Administración; ello con el fin de determinar si la manifestación de la voluntad administrativa adolece de los vicios de falso supuestos de hecho y de derecho. Precisado lo anterior, en el caso sub judice, tenemos que el hoy accionante, ciudadano Jairo José Zacarías Medrano, fue destituido del cargo de Supervisor Agregado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), por manifestarse - previo procedimiento administrativo disciplinario- que la conducta desplegada por el referido ciudadano estaba 10 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 encuadrada en los numerales 2, 6 y 13 del artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Policial en concordancia el numeral 6 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. En ese sentido, ab origine, de los hechos que generaron la sanción antes mencionada al hoy demandante, es impretermitible para este Tribunal descender a las actas procesales que conforme el presente expediente a los fines de constatar –en atención al criterio jurisprudencial supra referido- los hechos que precedieron en el procedimiento disciplinario instaurado, evidenciando que: Riela del folio 9 al folio 12 y sus vueltos, el acto administrativo impugnado el cual especifica en el punto denominado “De Los Hechos”, que la Inspectoría General para el Control de la Actuación Policial, tuvo conocimiento aproximadamente a las cinco de la tarde (05:00 p.m), que en fecha 3 de junio de 2018, el referido ciudadano fue despojado de su arma de reglamento Marca: Glock, Modelo: 17, Calibre: 9 m/m, Color: Negro, Serial: GYH-046, la cual fue asignada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 numeral 2 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, mediante Acta de Entrega de Bienes Nacionales de fecha 04 de noviembre de 2015 (Vid., folio 25 del expediente disciplinario), así como de su moto particular Modelo: Matrix Elegance, Marca: Keeway, Color: Negro, Año: 2012, todo lo cual ocurrió en la zona de El Gran Muro de Petare del Municipio Sucre del Estado Miranda, ante tal escenario riela al folio catorce (14) del expediente judicial que el prenombrado procedió a formular la denuncia en fecha 03 de junio de 2018, ante la Sub Delegación El Llanito del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas quedando registrada bajo Nro. K-18-2251-01325, relatando los hechos de la siguiente manera: ‘Comparezco ante este despacho policial con la finalidad de denunciar ya que el día de hoy domingo 03/06/2018, como a las 02:00 horas de la madrugada aproximadamente momento para el cual me desplazaba a bordo de mi vehículo tipo moto, marca KEEWAY, modelo MATRIX ELEGANCE, color NEGRO, año 2012, placa AE8K60M, (…), por la autopista Francisco Fajardo, a la altura de la entrada de Macaracuay, estado Miranda, sentido Oeste Este, de pronto observé a tres (03) personas dos de sexo femenino y uno masculino en un vehículo tipo moto que parecían que estaban accidentados los cuales me hicieron seña que me parara para auxiliarlos por lo que me detuve, el sujeto me manifiesta que si lo podía empujar hasta Petare, ya que la moto estaba prestando fallas, yo accedí fue hay (sic) donde una de las mujeres se montó en mi moto mientras yo empujaba la otra moto con las dos 11 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 personas el sujeto me dice que él vivía por la zona colonial de Petare que si lo podía subir hasta la Gran Muralla frente al comando de La Guardia, luego que llegamos a ese lugar el sujeto sacó un arma de fuego y bajo amenaza de muerte me despojaron de mi arma de fuego reglamentaria marca GLOCK modelo 17, serial GYH-046 asignada a mi persona con su respectivo cargador contentivo de 17 balas (…)’. (Ver folio 14 del expediente judicial) Por su parte riela del folio 51 al 53 de expediente disciplinario copia certificada de Comunicación de fecha 03 de junio de 2018, dirigida al Comisario General (CICPC), Director de Investigaciones Penales, mediante la cual le hacen saber la relación de novedades acontecidas, durante el turno de guardia comprendido entre las 08:00 horas de la mañana del día domingo 03 de junio de 2018, hasta las 08:00 horas de la mañana del día lunes 04 de junio de 2018, al mando del Supervisor Jerez Carlos, de donde se aprecia específicamente al vuelto del folio 52, en el ítems número 7, 17:48 Hrs, Notificación de Novedad, en los siguientes términos: ‘Siendo la hora antes señalada el jefe de guardia Supervisor Jerez Carlos recibió llamado de parte del Ciudadano Director de Investigaciones Penales Comisario General (…), quien le informó que el Supervisor Zacarías Jairo le había efectuado llamada telefónica indicándole que se encontraba en las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), con sede en la Parroquia Petare, específicamente ‘El Llanito’, colocando una denuncia en vista que el mismo había sido víctima de robo por parte de ciudadanos desconocidos en la antes mencionada parroquia’. Evidenciándose así, que efectivamente los hechos que dieron inicio a la apertura de la averiguación disciplinaria fueron los esbozados en sede administrativa por el ciudadano Jairo José ZacarÍas Medrano, situación acaecida el domingo 3 de junio de 2018, a las dos de la mañana (2:00 a.m.), a la altura de la Autopista Francisco Fajardo, dirección Petare, donde se detuvo al observar a tres personas (un masculino y dos femeninas) montadas en una moto pidiendo auxilio, procediendo a brindar la ayuda hasta el “Gran Muro” de Petare, donde el conductor de la moto auxiliado lo apuntó con un arma de fuego y junto a las otras dos ciudadanas lo despojó de su arma de reglamento y de sus pertenencias personales, siendo amenazado de muerte. Ahora bien, precisado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional observa, lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.940, de fecha 7 de diciembre de 2009, que establece en los artículos 71 y 72 lo siguiente: 12 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 ‘Artículo 71 De las Armas y Equipos para el uso de la Fuerza Forman parte de la política sobre el uso de la fuerza: 1. La adquisición de armas y equipos en función del cometido civil de la policía, con base en el principio de la intervención menos lesiva y más efectiva. 2. La asignación, registro y control del armamento personalizado para cada funcionario y funcionaria. 3. El porte y utilización exclusiva, en actos de servicio, de armas y equipos orgánicos autorizados y homologados por el cuerpo de policía”. ‘Artículo 72 Del Registro del Parque de Armas Los cuerpos de policía deben llevar un registro del parque de armas de acuerdo a los controles establecidos en el Reglamento que rija la materia. Todos los cuerpos de policía deben realizar el registro balístico de las armas orgánicas de sus respectivos parques, conforme a las normas aplicables en la materia. Tal información debe ser remitida al Registro Nacional de Armas Policiales dependiente del Órgano Rector’. De las normas antes referidas se desprende que forma parte de la actuación policial el porte y utilización en el acto de servicio activo, el arma debidamente asignada para la función policial. De tal manera de cada organismo policial debe llevar un registro de armas para su debido control. Asimismo, debe traerse a colación los Lineamientos y Directrices para la Designación de Funcionarios y Funcionarias Policiales que prestan Servicio en los Parques o Depósitos de Armas y Municiones, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.719, de fecha 18 de septiembre de 2019, la cual establece en los artículos 1, 2 y 9, lo siguiente: ‘Artículo 1. Esta Resolución tiene por objeto establecer los lineamientos y directrices para la designación de los funcionarios y funcionarías policiales que prestan servicio en los parques o depósitos de armas y municiones, en los cuerpos de policía en sus distintos ámbitos político territoriales’. ‘Artículo 2.Las normas, lineamientos y directrices establecidos en esta Resolución son aplicables a todos los cuerpos de policía en sus distintos ámbitos político territoriales”. ‘Artículo 9.Los funcionarios y funcionarías policiales que prestan servicio en los parques o depósitos de armas y municiones, además de las obligaciones previstas en el Reglamento de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, deberán velar por el cumplimiento de las siguientes normas relativas al retiro de arma orgánica desde el parque o depósito de armas, y a la correspondiente devolución, por parte de todo funcionario y funcionaría policial: 13 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 1.- El retiro y entrega de armamento debe realizarse bajo las medidas de seguridad correspondientes. 2.- Todo funcionario y funcionaría policial que retire arma orgánica debe encontrarse de servicio, presentar la credencial única emitida por el órgano rector y estar correctamente uniformado. 3.- El funcionario o funcionaría policial debe estar autorizado por el supervisor inmediato para el retiro del armamento, en los casos en que se presente al servicio con retardo. 4.- En caso de requerirse el traslado de una comisión policial fuera de la jurisdicción del cuerpo de policía, la salida del armamento orgánico debe ser Oportunamente informada al órgano rector para su autorización por cualquier vía. 5.- El arma orgánica debe ser entregada al parque o depósito de armas, una vez culminada la jornada de servicio. Devolución y recepción de armas orgánicas del Parque o Depósito de Armas’. En atención a lo supra indicado, se observa que todo funcionario policial tiene el deber al momento de ejercer sus funciones de retirar su arma de reglamento y/o asignada presentando la credencial emitida por el órgano rector y estar correctamente uniformado, y una vez culminado su labores el arma orgánica debe ser entregada en el parque o depósito de armas. Conforme a lo expuesto, observa esta Juzgadora del acta de entrevista de fecha 6 de junio de 2018, que cursa a los folios 7 al 9 del expediente administrativo, que el ciudadano Jairo José Zacarías Medrano, expuso que no se encontraba de servicio activo, y que portaba además su arma de reglamento para el momento de los hechos, portándola dentro de su vestimenta, sin embargo se destaca que el mismo encontraba como pasante en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Ahora bien, los numerales 2, 6 y 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función Policial, publica en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.210, de fecha 30 de diciembre de 2015, establecen: ‘Artículo 99. Se consideran faltas graves de los funcionarios policiales, y en consecuencia causales de la aplicación de la medida de destitución, las siguientes: 2.- Comisión Intencional o por imprudencia, negligencia o impericia graves, de un hecho que afecte la prestación del servicio policial o la credibilidad y respetabilidad de la Función Policial. 6.- Utilización de la fuerza física, la coerción, los procedimientos policiales, los actos de servicios o cualquier otra intervención amparada por el ejercicio de la autoridad 14 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 policial, en interés privado o por abuso de poder, desviándose del propósito del servicio policial. 13.- Cualquier otra falta prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública como causal de destitución”. (Subrayado de este Juzgado) Por su parte, el numeral 6 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, señala lo siguiente: ‘Artículo 86. Serán causales de destitución: 6.- Falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la Administración Pública’. De la lectura de las disposiciones legales anteriormente citadas, este Juzgado considera que los fundamentos de hecho del acto administrativo –hoy recurrido en nulidad-se encuentran debidamente precisados, atendiendo a lo alegado y probado por la parte recurrente en sede administrativa, verificándose así en consecuencia que los mismos son subsumibles en la norma aplicada por la Administración, ello en el entendido que la norma aplicada fue debidamente empleada al demandante toda vez que no estando en servicio activo de sus funciones policiales, actuó con negligencia, impericia y sobre exposición al proceder de la manera que lo hizo sin tomar las consideraciones y medidas necesarias para el resguardo y protección de su arma orgánica, máxime cuando se observa que incumplió con las normas establecidas en los Lineamientos y Directrices para la Designación de Funcionarios y Funcionarias Policiales que prestan Servicio en los Parques o Depósitos de Armas y Municiones, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.719, de fecha 18 de septiembre de 2019, incurriendo con su conducta y actuar en imprudencia, insubordinación, e inobservancia de los procedimiento policiales por incumplimiento de sus deberes, al cargar consigo su arma orgánica reglamentaria fuera de sus servicios laborales, ocasionando de esta manera la pérdida de un bien nacional del Estado e importante implemento a resguardo de la seguridad ciudadana, el cual corre inminente peligro en manos equivocadas, lo cual constituye sin lugar un dudas una falta a la credibilidad y respetabilidad de la Función Policial, en consecuencia y motivado a lo aquí expuesto, considera quien suscribe que, el órgano hoy querellado no incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, en razón de lo cual desecha tal alegato. Y así se decide.- Ahora bien, en relación a la pretensión subsidiaria al pago de las prestaciones sociales, este Juzgado Superior, observa que no existe –hasta la fecha- ningún elemento probatorio en autos donde se verifique que el patrono haya cumplido con su obligación al referido pago, en razón de lo cual y a los fines 15 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Vid., sentencia N° 2018-0241, de fecha 17 de mayo de 2018 del Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, expediente N° AP42-R-2018-000011), se ordena el pago de las prestaciones sociales generadas durante el servicio activo del hoy accionante. Visto entonces que el acto administrativo objeto de estudio a través del presente recurso contencioso administrativo funcionarial no vulneró principios y normas constitucionales, así como normas legales, este Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado, en consecuencia firme el acto administrativo recurrido contenido en la Decisión N° 086- 2019, de fecha 12 de diciembre 2019. Así se decide”. Ahora bien, del fallo parcialmente transcrito se evidencia que el Iudex a quo analizó de manera exhaustiva los vicios alegados por la parte actora en busca de la configuración de todos o uno de los mismos en la presente causa, y así poder comprobar si el acto administrativo atacado se encuentra ajustado a derecho, por lo que el Tribunal de Primera Instancia al verificar que lo expuesto por el querellante no se configuró, procedió a declarar Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, ratificando el acto administrativo impugnado, asimismo haciendo referencia que en razón de no reposar en el expediente tanto administrativo como en el judicial ningún material probatorio relacionado con el pago de las prestaciones sociales correspondiente a la parte actora, ordenó el pago de las mismas, generadas durante el servicio activo del hoy accionante. Seguido a ello, evidencia este Órgano Jurisdiccional que el iudex a quo al dictar la decisión en primera instancia, no se apartó del orden público, no violentó normas de rango constitucional o interpretaciones y criterios vinculantes afirmados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo tanto, decidió ajustado a derecho. Así se decide. 16 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital CONFIRMA, la sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 2022, por el Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital que declaró Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano JAIRO JOSÉ ZACARÍAS MEDRANO, debidamente asistido por el abogado Anibal Ustariz Hermoso, antes identificados, contra el CUERPO DE LA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA (CPNB). Así se decide. III DECISIÓN En virtud de los planteamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la consulta de ley, de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital de fecha 18 de mayo de 2022, que declaró Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el ciudadano JAIRO JOSÉ ZACARÍAS MEDRANO, debidamente asistido por el abogado Anibal Ustariz Hermoso, antes identificados, contra el CUERPO DE LA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA (CPNB). 2.- PROCEDENTE para entrar a conocer en Consulta de Ley, sobre la decisión proferida por Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, de fecha 18 de mayo de 2022. 3.-Se CONFIRMA el referido fallo conforme a la motiva que antecede. 17 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-179 Publíquese y regístrese. Remítase el presente expediente al Juzgado de origen a los fines de realizar las notificaciones correspondientes. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los ____________ ( ) días del mes de __________ de dos mil veintidós (2022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación. La Jueza Presidenta MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA La Jueza Vicepresidenta BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA La Jueza, DANNY JOSEFINA SEGURA. Ponente La Secretaria Accidental, KARLA ANDREINA MONTILLA. Exp. N° 2022-179 DJS/90 En fecha ________________ ( ) de ___________________de dos mil veintidós (2022), siendo la (s) _____________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2022-_________________. La Secretaria Accidental.