JUEZA PONENTE: MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA EXPEDIENTE Nº 2022-185 En fecha 9 de agosto de 2022, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados Nacionales Primero y Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, cuaderno separado contentivo de la recusación interpuesta por el abogado CARLOS ALBERTO GALIANO PEÑA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 62.211, actuando en nombre propio y representación contra la ciudadana DORELYS DAYARI BLANCO MALAVÉ, titular de la cédula de identidad N° 16.855.616, en su condición de Jueza del Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, todo ello con ocasión del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el prenombrado ciudadano contra el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. La aludida remisión, se efectuó en virtud de la recusación planteada por el ciudadano supra identificado, en fecha 8 de agosto de 2022, razón por la cual se ordenó abrir cuaderno separado a los fines del trámite de la incidencia suscitada. El 26 de septiembre de 2022, se dio cuenta al Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, se designó ponente a la Jueza Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, y a su vez se fijó el lapso de cinco (5) días de despacho previsto en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 2 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 En fecha 5 de octubre de 2022, se ordenó pasar el presente expediente a la Jueza ponente a los fines de que dictara la decisión correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Examinadas, las actuaciones efectuadas en el caso de autos, procede este Juzgado Nacional Segundo, a conocer de la causa sub iudice, previa las consideraciones siguientes: I FUNDAMENTOS DE LA RECUSACIÓN En fecha 4 de agosto de 2022, el ciudadano Carlos Alberto Galiano Peña, supra identificado, actuando en su nombre propio y representación recusó, en escrito manuscrito, a la abogada Dorelys Dayari Blanco Malavé, en su condición de Jueza del Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, con fundamento en las argumentaciones siguientes: Manifestó, que: “(…) desde que esta La juez Dorelys Blanco y la Secretaria Irene Viscuña (…) han mantenido una aptitud hostil hacia [su] persona, es de aclarar que en el Tribunal estaba conociendo en fase de ejecución “(…)”. (Sic). (Agregados en corchetes de este Juzgado Nacional). Indicó, que: “(…) cuando [él] hacia una diligencia siempre es y era un problema para recibírselas, pedía hablar con la ciudadana Juez y la Secretaria [le] decía que la Juez estaba ocupada y que no podía hablar con las partes cuando introducía una diligencia la leía varias veces luego se la llevaba a la Juez y era cundo la ciudadana Juez salía [diciéndole] en forma airada diversos argumentos que lo que [estaba] (…) [pretendiendo] cobrar no lo cobraría ella en toda su vida de Juez (…)”. (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Afirmó, que: “(…) al pasarle por escrito que no podía modificar por intermedio de una aclaratoria un punto que ella no había negado, y más aun cuando el propio Juez es el que resalta la jurisprudencia que dice que la Experticia complementaria la debe otorgar el Juez de Oficio para el cálculo de la indexación escrito que marcado ‘A’ la Secretaria la lee varias veces 3 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 luego se la lleva al Juez que antes se había negado [atenderlo] sale la Juez y dice Dr. [Que le negó] quien lo manda no estar pendiente de los lapsos y (…) lo que quiere es que yo le reabra los lapsos para que Ud. Pueda cobrar (…)”. (Sic). (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Aseguró, que: “(…) la Secretaria [le] dice la decisión ya salió pero no está en el expediente por falta de tóner o por porque está en cola. Porque hay una sola impresora para todos los tribunales por lo cual le [dijo y manifestó] que ella se comportaba Predispuestamente y hostil con [él], la Juez [le] dijo que hiciera lo que hiciera ella solo iba a evaluar el fallo por un Bolívar, le dij[o] Dra. Hay un recurso de decisión y uno de queja para evitar que jueces como Ud. Violen la Ley. (…)” (Sic). (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Expresó, que: “(…) El día 4 de agosto debido a un incidente (…) con la Secretaria y la Juez la recus[ó] sa[có] copias al expediente acompañado del Alguacil del Tribunal y desde las 2,30 pm que regres[ó] con el alguacil, [se] acer[ó] a las Secretaria del Tribunal para consignar el recurso de apelación la Secretaria lo leyó varias veces [lo] retuvo hasta las 3.30 pm, (…) la Juez y la Dra. Dorelys Blanca [llamaron] a los funcionarios de seguridad para decirles que [lo] sacaran que ella no iba a recibir ningún recurso de recusación (…)”. (Sic). (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). -II- ESCRITO DE DESCARGO DE LA JUEZA En fecha 8 de agosto de 2022, la abogada Dorelys Dayari Blanco Malavé, supra identificada, en su condición de Jueza del Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, expuso: Manifestó, que: “(…) la parte recusante presento su escrito de recusación en fecha 4 de agosto de 2022, vale decir, más de 10 días después del pronunciamiento por parte de este Tribunal en fecha 16 de junio de 2022, y su aclaratoria en fecha 28 del año que discurre, decisión que ocasionó la recusación hoy planteada, ya que la misma es reseñada y atacada sin medida a través de la recusación propuesta por el profesional del derecho CARLOS 4 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 ALBERTO GALIANO PEÑA, antes identificado es decir posterior a la oportunidad procesal establecida en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa lo cual podría acarrear la inadmisibilidad de la recusación interpuesta (…)”. (Sic). (Destacado del escrito de descargo). Afirmó, que: “…es [su] deber tomar en consideración la recusación interpuesta en [su] contra por el recusante, máxime cuando el mismo diligenció manifestando, entre otros aspectos aislados, que la considera pertinente ‘por tener (…) una enemistad manifiesta’ sustentada en el hecho- que a su decir [tiene] una actitud hostil desde que [asumió] el Tribunal (aspecto que aconteció en el año 2018), en adición a ello sostiene –con situaciones que jamás han ocurrido en la labor jurisdiccional de este Despacho- que se retarda la recepción de sus diligencias y escritos por ante la Secretaría de esta Juzgado, lo que mal pudiera conllevar a enemistad entre el usuario y [su] persona, dada la densidad y en ocasiones inelegibilidad de las diligencias suscritas, así como el deber del Secretario de leer lo que le consignan (…)”. (Sic). (Destacado y agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Explicó, que: “(…) siendo esto así, en aras de garantizar la seguridad jurídica de la parte y la tutela judicial efectiva, se observa que la parte actora para fundamentar la recusación interpuesta, con el fin de [separarle] de la causa alega que [le] recusa en virtud que este Tribunal ‘DEBIÓ OTORGAR la experticia complementaria del caso para los efectos de la indexación y no para los cálculos de salarios caídos observándose una errónea interpretación y contradicción del tribunal de ejecución (…)”. (Destacado de la cita y agregado en corchetes de este Juzgado Nacional.). Indicó, que: “(…) al respecto, si bien es cierto que la parte recusante a instaurado (desde un punto de vista personal) que el Tribunal no obra a su favor en esta etapa del proceso, porque –a su decir – interpreta erradamente el contenido de criterios jurisprudenciales, y se encuentra parcializado con el propio Ministerio de la Defensa, no es menos cierto que a [su] criterio eso no constituye un motivo para que exista enemistad manifiesta entre el hoy recusante y [su] persona, debido a que [su] criterio, las decisiones y/o 5 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 dictámenes que emite el Órgano Jurisdiccional pueden ser impugnadas y atacadas de conformidad con los mecanismos legales vigentes al efecto, siendo el recurso ordinario de apelación una expresión del derecho que detentan los Abogados litigantes y los usuarios. Razón por la cual no [considera], que existiera un impedimento que comprometiera [su] imparcialidad para seguir conociendo de la causa (Sic). (Destacado del escrito de descargo y agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Aseguró, que: “(…) los términos de recusación van dirigidos a cuestionar una actuación procesal decretada por [su] persona, con base a la percepción personal del recusante quien considera que el Juzgado no responde como él espera que debe responder, basándose en expectativas, criterios u opiniones netamente personales, en adición de alegar que este Órgano Jurisdiccional aplicó erróneamente criterios jurisprudenciales, todo lo cual podía resolverse a través del mecanismo procesal ordinario correspondiente, tal y como los es el recurso ordinario de apelación (…)”. (Sic). (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Expresó, que: “(…) aunado a esto debe destacarse que la parte recusante no sustenta sus afirmaciones con pruebas fehacientes y la única prueba que respalda su recusación y donde apoya la causal de recusación de enemistad manifiesta, adelanto de opinión y la supuesta imparcialidad que lo aqueja, son los dichos expuestos en la extensa narrativa de situaciones artificiosas basadas en su inconformidad con un asunto netamente procesal, con el fin de constituir un soporte que utiliza como motivo de enemistad manifiesta con el sólo objeto de arrancar del conocimiento de este Tribunal la causa que se procesal (…)”. (Sic). Aseveró, que: “(…) la actuación del recusante evidencia una conducta poco profesional y un franco desconocimiento de aspectos procesales, pues pretende utilizar su descontento y la difamación de este Juzgado para alcanzar la revisión de una actuación procesal que le compete única y exclusivamente a [su] alzada natural, y que pudo haber abordado desde el primer dictamen que efectuó el Tribunal; ocasionando además del desprendimiento de la causa, lo que demuestra la desesperación del recusante de separar al Tribunal del conocimiento de la causa intentando debilitar o 6 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 interrumpir con esto las funciones jurisdiccionales inherentes al mismo, por el mero hecho de no estar de acuerdo con el dictamen aplicado y no haber cumplido con su carga y diligencia de la revisión tempestiva del expediente (…)”. (Sic). (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Finalmente, concluyó, solicitando que la recusación sea declarada Sin Lugar. -III- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR De la competencia Previo a cualquier decisión, este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la recusación planteada por el abogado Carlos Alberto Galiano Peña, actuando en su propio nombre y representación, contra la abogada Dorelys Dayari Blanco Malavé, en su condición de Jueza del Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Así pues, se observa que conforme lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando el Juez o Jueza advierta que se encuentra incurso en alguna de las causales de recusación o inhibición, se abstendrá de conocer el asunto, levantará un acta, que remitirá con sus recaudos, en cuaderno separado, al tribunal competente. En concordancia con la norma supra citada, esta Alzada adicionalmente observa que el artículo 31 eiusdem, prevé: Artículo 31.- “(…) Las demandas ejercidas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa se tramitarán conforme a lo previsto en esta Ley; supletoriamente, se aplicarán las normas de procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Procedimiento Civil. Cuando el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el Juez o Jueza podrá aplicar el que considere más conveniente para la realización de la justicia (…)”. (Destacado de este Juzgado Nacional). Ahora bien, visto que el artículo anteriormente transcrito, remite expresamente al Código de Procedimiento Civil, de aplicación supletoria en cuanto a los procedimientos no previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción 7 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 Contencioso Administrativa, es por lo que resulta imperativo referirse a lo establecido en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: Artículo 89.- “(…) En los casos de inhibición, corresponderá la decisión de la incidencia a los funcionarios que indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales dictarán la resolución dentro de los tres días siguientes al recibo de las actuaciones (…)”. Por su parte, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece: Artículo 48.- “(…) La inhibición o recusación de los jueces en los tribunales unipersonales serán decididas por el tribunal de Alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad; y en el caso contrario los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento del fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el tribunal de la alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia de fondo del asunto, en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición (…)”. (Destacado de este Juzgado Nacional). De los preceptos legales supra invocados, se desprende que el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de las inhibiciones y recusaciones planteadas por los jueces y juezas de los Juzgados unipersonales, es el Tribunal de Alzada. En consecuencia este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, al ser la Alzada natural de los Juzgados Superiores Estadales Contencioso Administrativo, se declara COMPETENTE para conocer de la recusación planteada en fecha 4 de agosto de 2022, por el ciudadano Carlos Alberto Galiano Peña, identificado en autos, actuando en su propio nombre y representación. Así se declara. Determinada la competencia de este Juzgado Nacional Segundo, se procede a conocer la recusación planteada el 4 de agosto de 2022, por el abogado Carlos Alberto Galiano Peña, actuando en propio nombre y representación contra la ciudadana Dorelys Dayari Blanco Malavé, en su condición de Jueza del Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, quien en 8 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 su solicitud, manifestó que la prenombrada Jueza y su Secretaria abogada Irene Viscuña, han mantenido una actitud hostil hacia su persona y, en tal sentido afirmó que: “(…) cuando [él] hacia una diligencia siempre es y era un problema para recibírselas, pedía hablar con la ciudadana Juez y la Secretaria [le] decía que la Juez estaba ocupada y que no podía hablar con las partes cuando introducía una diligencia la leía varias veces luego se la llevaba a la Juez y era cuando la ciudadana Juez salía [diciéndole] en forma airada diversos argumentos que lo que [estaba] (…) [pretendiendo] cobrar no lo cobraría ella en toda su vida de Juez ( Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Bajo este escenario, este Juzgado Nacional Segundo, estima pertinente destacar que la institución de la recusación ha sido concebida en nuestro ordenamiento jurídico procesal como la facultad que la Ley otorga a las partes que figuran dentro de un determinado proceso, para reclamar que algún funcionario judicial sea excluido del conocimiento de la causa, por considerar que pudiera estar de algún modo parcializado o tener determinado interés en el asunto, por cualquiera de las causas que han sido establecidas taxativamente en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, para plantear la recusación y de más reciente data en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aplicable al caso de marras, pretendiendo así garantizar a las partes del proceso, la imparcialidad de quien ejerce la función jurisdiccional, -en el presente caso- el Juez o la Jueza. Es justamente esa imparcialidad la que conlleva a asegurar el “desinterés subjetivo” de la persona investida de la potestad jurisdiccional, puesto que cuando no está presente dentro del juicio este “desinterés subjetivo” pueden lesionarse los principios más elementales que rigen a todo proceso y por tanto, la jurisdicción no cumpliría con su finalidad jurídica y social de la justa composición de la litis. En tal virtud, cuando alguna de las partes de un juicio presuponga una imparcialidad en la actuación del funcionario judicial en concreto, podrá invocar la recusación, a los fines de excluir del conocimiento de la causa a ese funcionario que mantenga una relación con los interesados u objeto del procedimiento. 9 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 En ese sentido, es menester indicar que así como ha sido establecida esta facultad a las partes, es deber del Juez o Jueza excluirse del conocimiento de la causa cuando se vea incurso en cualquiera de las causales previstas en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a través de la figura de la inhibición, conforme a la cual “…el funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla…”. De modo pues, que es obligación del Juez o Jueza garantizar, en todo momento, la imparcialidad del proceso, evitando así tener algún interés subjetivo en el mismo, sea hacia una de las partes o hacia el objeto de la causa, conforme lo prevé el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza: Artículo 15.- “(…) Los jueces garantizarán el derecho a la defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tenga el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género (…)”. La norma supra transcrita, contiene uno de los principios fundamentales que debe regir todo proceso, el cual está referido a la igualdad de las partes en el proceso, empero cuando deja de estar presente esta garantía la consecuencia es la parcialidad, bien porque el Juez o Jueza posea un interés por algunas de las partes o por el objeto del asunto, supuesto en el cual la parte podrá acudir a la vía de la recusación, como sana alternativa que le ha sido conferida por el legislador patrio. En este contexto, resulta significativo traer a colación lo indicado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia N° 2140 de fecha 7 de agosto de 2003; en la que sostuvo: “(…) la recusación es una institución destinada a garantizar la imparcialidad del Juzgador, cuyas causales, aunque en principio son taxativas (…) no abarcan todas aquellas conductas del Juez que lo hagan sospechoso de parcialidad (…) la Sala considera que el Juez puede ser recusado o inhibirse por causales distintas a las previstas en el artículo 82 (…)”. 10 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 De modo pues, que al momento de interponer una recusación con fundamento en el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, obligatoriamente debe indicar el abogado recusante la conducta que, a su decir, compromete la imparcialidad del Juez o Jueza; no obstante, en los casos de recusación nuestra norma adjetiva en su artículo 42, enuncia las causales por las cuales es factible recusar a un funcionario judicial o a un auxiliar de justicia. A tal efecto, esta Alzada estima imperativo traer a colación lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual, expresamente, prevé: Artículo 42.- “Los funcionarios o funcionarias judiciales así como los auxiliares de justicia, pueden ser recusados por algunas de las causales siguientes: 1 Por parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto y segundo grado, respectivamente, con cualquiera de las partes, sus representantes o cónyuges. 2 Por haber sido el recusado padre o madre adoptante o hijo adoptiva de alguna de las partes. 3 Por tener con alguna de las partes amista intima o enemistad manifiesta. 4 Por tener el recusado, su cónyuge, o alguno de sus afines o parientes consanguíneos, dentro de los grados indicados, interés directo en los resultados del proceso. 5 Por haber manifestado opinión sobre lo principal del juicio o sobre la incidencia pendiente, antes de la emisión de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez Jueza de la causa. 6 Cualquiera otra causa fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad. (…).”. Precisado lo anterior y conforme se desprende de autos el abogado Carlos Alberto Galiano Peña, actuando en su propio nombre y representación, el 4 de agosto de 2022, recusó a la abogada Dorelys Dayari Blanco Malavé, en su condición de Jueza del Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, invocando la causal prevista en el numeral 3 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, atinente a la enemistad manifiesta. Precisamente, en cuanto a la causal prevista en el numeral 3 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, atinente a la enemistad manifiesta, se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así, en sentencia N° 1477 de fecha 27 de junio 11 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 de 2002, el aludido Órgano Jurisdiccional, sostuvo con respecto a la recusación: “Con respecto a la recusación planteada (…), con fundamento en la existencia de una enemistad manifiesta con quien recusa, se observa (…) la ‘enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado’. Así debe entenderse que una denuncia como la formulada con fundamento en dicha causal, tiene que estar sustentada en un medio probatorio que debidamente apreciado, permita evidenciar en forma contundente la existencia de la alegada enemistad. En tal sentido, ya se había pronunciado la extinta Corte Suprema de Justicia, criterio que hace suyo quien decide, al establecer: ‘...no basta que existan motivos más o menos fundados para presumir o sospechar la enemistad del Magistrado judicial con algunas de las partes, sino que como literalmente lo prevé la normativa ha de ser una ‘enemistad manifiesta’..., es decir, revelada o exteriorizada mediante un estado pasional de ánimo que se ponga por actos indudables del recusado que lo acrediten en forma inobjetable’. (S.C.P.,1-4-86). La doctrina ha entendido que los atentados contra el honor, la reputación y la propiedad de las personas traducidas en hechos, pueden engendrar la enemistad. “Los odios seculares entre familias, todavía latentes en algunos pueblos de Venezuela, configuran la enemistad. Si acaso el legislador suprimió aquellas expresiones que dieran la idea de que la enemistad a la que pretendía aludir era la llamada enemistad a muerte, no fue tampoco para admitir como tal enemistad la ira pasajera o el momentáneo acaloramiento. Pero la calumnia, la intriga, la malevolencia manifestada en hechos concretos, serios, engendran la causal. Ha sido juzgado que las simples advertencias o recriminaciones del juez a la parte con el objeto de que se conduzca con lealtad y probidad en el debate, no motivan la causal, porque en este caso el funcionario no hace sino cumplir con su deber. También es conteste la jurisprudencia en que las alegaciones genéricas, es decir, no concretas, no engendran la burla o ironía pasajera; el desgano del funcionario a proveer constantes y asiduas solicitudes de la parte porque contra la denegación de justicia existe el recurso de queja; el resentimiento de la parte contra el juez por decisiones adversas; pero que sí configuran la enemistad las frases hirientes y despectivas del magistrado contra alguna de las partes en diversas ocasiones (…)”. (Destacado de este Juzgado Nacional). En este contexto destaca este Juzgado Nacional Segundo, que la enemistad manifiesta a la que alude el numeral 3 en comentarios, no se circunscribe a la existencia de motivos más o menos graves fundados para presumir o sospechar la enemistad del Magistrado o Juez de la causa, con alguna de las partes, sino que como literalmente lo prevé la norma en cuestión, debe tratarse de una enemistad susceptible de ser calificada de “Manifiesta”, vale decir debe ser revelada o exteriorizada. Ello así, de la revisión exhaustiva del cuaderno de recusación remitido a este Órgano Jurisdiccional, no se evidencian elementos de prueba suficientes 12 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 que permitan presumir o sospechar la existencia de una enemistad manifiesta entre la abogada Dorelys Dayari Blanco Malavé, Jueza del Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital y el abogado Carlos Alberto Galiano Peña, toda vez que de autos no se exterioriza un estado pasional o de ánimo que delate alguna enemistad, y menos aún que la misma sea manifiesta como expresamente lo exige la causal invocada por el abogado recusante, motivo por el cual este Juzgado Nacional Segundo estima que los alegatos esgrimidos en la solicitud de recusación planteada, resultan insuficientes para que proceda la aludida recusación, y en consecuencia, se desechan los argumentos esgrimidos. En fuerza de lo anteriormente expuesto, en aras de garantizar y preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo cual implica un juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declara SIN LUGAR la recusación formulada en la presente causa. Así se decide. Dictaminado lo anterior, resulta obligatorio citar el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 1175 del 23 de noviembre de 2010 (caso: Ciro Francisco Toledo), conforme al cual las decisiones resolutorias de las incidencias relativas a la recusación o inhibición deben ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal. Ello así, en estricto acatamiento al criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro del lapso de veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la abogada Dorelys Dayari Blanco Malavé, en su condición de Jueza del Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Así se declara. IV DECISIÓN En mérito de las motivaciones precedentemente expuestas, este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, 13 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la recusación formulada en fecha 4 de agosto de 2022, por el abogado Carlos Alberto Galiano Peña, con cédula de identidad Nº V.- 9.462.433, actuando en su propio nombre y representación contra la ciudadana Dorelys Dayari Blanco Malavé, titular de la cédula de identidad N° 16.855.616, en su condición de Jueza del Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. 2.- SIN LUGAR la recusación planteada en el caso de autos. 3.- SE ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro del lapso de veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la abogada Dorelys Dayari Blanco Malavé, en su condición de Jueza del Juzgado Superior Estadal Séptimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión. Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones del Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los ____________ (_______) días del mes de ____________ del año dos mil veintidós (2022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación. La Jueza Presidenta, MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA Ponente La Jueza Vicepresidenta, BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA 14 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL 2022-185 La Jueza, DANNY JOSEFINA SEGURA La Secretaria Acc., KARLA ANDREINA MONTILLA EXP. N° 2022-185 En fecha ______________ ( ) de __________________ de dos mil veintidós (2022), siendo la(s) ___________ de la _______________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 2022- ________________. La Secretaria Acc.