JUEZA PONENTE: MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA EXPEDIENTE Nº AP42-G-2010-000097 En fecha 12 de noviembre de 2010, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las otrora Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, actualmente Juzgados Nacionales Primero y Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, se recibió Oficio Nº 1777-10, de fecha 9 de noviembre de 2010, mediante el cual el entonces Tribunal Superior Décimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, actual Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, remitió el expediente contentivo de la demanda por cumplimiento de contrato incoada por el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 19.890, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil REPRESENTACIONES RENAINT C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital (antes Distrito Federal) y Estado Miranda, en fecha 23 de enero de 1991, anotado bajo el Nº 53, Tomo 16-A Pro, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. La aludida remisión se efectuó en virtud de la declinatoria de competencia efectuada por el mencionado Tribunal Superior Estadal, mediante sentencia Nº 102- 2010 del 2 de agosto de 2010. En fecha 16 de noviembre de 2010, se dio cuenta en este Órgano Jurisdiccional, y se designó ponente al Juez Emilio Ramos González, a quien se ordenó pasar el expediente, a los fines de que se dictara la decisión correspondiente. Mediante decisión Nº 2011-0188 del 15 de febrero de 2011, este Órgano 2 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 Jurisdiccional aceptó la competencia declinada por el entonces Tribunal Superior Décimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, actual Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 2 de agosto de 2010 y se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronunciara sobre la admisibilidad de la demanda. En fecha 23 de marzo de 2011, vista la decisión dictada por este Órgano Jurisdiccional el 15 de febrero de ese mismo año, se ordenó notificar a las partes y a al Procurador General de la República. El 12 de abril de 2011, el ciudadano Francisco Uzcátegui, en su carácter de Alguacil de este Organismo consignó boleta de notificación dirigida a la sociedad mercantil Representaciones Renaint C.A., la cual fue recibida el día 8 de abril de 2011, por el ciudadano Leonardo Parra, en su carácter de secretario del apoderado judicial de la mencionada empresa. En esa misma oportunidad, el ciudadano José Martín, en su condición de Alguacil de este Órgano Jurisdiccional, consignó Oficio de Notificación Nº CSCA- 2011-1949, dirigido al ciudadano Ministro del Poder Popular para la Educación, el cual fue firmado por la ciudadana Ana María Gabidia, el día 8 de abril de 2011. En fecha 19 de mayo de 2011, el ciudadano Mario Longa, en su carácter de Alguacil de este Órgano Jurisdiccional, consignó Oficio de Notificación Nº CSCA- 2011-001950, dirigido a la Procuraduría General de la República, el cual fue debidamente sellado y firmado por el Gerente General de Litigio, el día 6 de mayo del 2011. Adicionalmente, por Oficio Nº 000949 de fecha 23 de mayo de 2011, la Procuraduría General de la República, acusa recibo del Oficio de Notificación Nº CSCA-2011-001950. El 9 de junio de 2011, estando notificadas las partes de la decisión de fecha 15 de febrero de 2011, se pasó el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional, a los fines legales consiguientes, el cual fue recibido en esa dependencia el 21 de junio de 2011. 3 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 En fecha 6 de julio de 2011, se admitió la demanda de autos, ordenándose el emplazamiento del Ministerio del Poder Popular para la Educación, la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República y de la sociedad mercantil Representaciones Renaint, C.A. Adicionalmente, se indicó que se fijaría la audiencia preliminar, una vez constara en autos las citaciones y notificaciones ordenadas y transcurridos los noventa (90) días a que alude el artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. El 11 de julio de 2011, se libró el Oficio de Notificación Nº JS/CSCA-2011- 795, dirigido a la Procuradora General de la República, así como las boletas de notificación dirigida a la sociedad mercantil Representaciones Renaint C.A. y al Ministerio del Poder Popular para la Educación. En fecha 26 de julio de 2011, el ciudadano Mario Longa, en su carácter de Alguacil de este Órgano Jurisdiccional, consignó boleta dirigida al Ministerio del Poder Popular para la Educación, la cual fue recibida en consultoría jurídica el 22 de julio de 2011. El 11 de agosto de 2011, la ciudadana Yarelis González, en su carácter de Coordinadora de Alguacilazgo de este Órgano Jurisdiccional, consignó Oficio de Notificación Nº JS/CSCA-2011-0795, debidamente firmado y sellado por el Gerente General de Litigio, en fecha 8 de agosto de 2011. Del mismo modo, el 22 de septiembre de 2011, se recibió Oficio Nº 004305 de fecha 24 de agosto de 2011, por el cual la Procuraduría General de la República, acusa recibo del Oficio Nº JS/CSCA- 2011-795. En fecha 27 de octubre de 2011, el ciudadano José Ereño, en su carácter de Alguacil del Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional, consignó boleta de notificación dirigida a la empresa Representaciones Renaint C.A., debidamente firmada por el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, el día 21 del mismo mes y año. El 10 de noviembre de 2011, se fijó el décimo (10º) día de despacho siguiente a esa fecha, a las nueve de la mañana (09:00 a.m.), para que tuviera lugar la celebración 4 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 de la audiencia preliminar, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Acto que fue posteriormente diferido para el día jueves 1º de diciembre de 2011, a la misma hora. En fecha 1º de diciembre de 2011, se celebró el acto de audiencia preliminar, al cual acudieron ambas partes haciendo uso de su derecho de promover pruebas. El 19 de diciembre de 2011, la abogada Luishec Carolina Montaño, con INPREABOGADO Nº 118.060, en su condición de delegada de la ciudadana Procuradora General de la República, consignó escrito de contestación a la demanda. En fecha 25 de enero de 2012, se ordenó agregar a las actas del expediente las pruebas promovidas por ambas partes en el acto de audiencia preliminar, advirtiéndose que quedaba abierto el lapso de tres (3) días de despacho para la oposición a las pruebas, que comenzaría a partir de esa fecha inclusive. En esa misma oportunidad, el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, supra identificado, consignó escrito mediante el cual formuló una serie de consideraciones sobre la contestación de la demanda y, adicionalmente, solicitó copia del vídeo de la audiencia, a lo cual se le dio su respectivo trámite. El 7 de febrero de 2012, el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional, se pronunció respecto a las pruebas promovidas en fecha 1º de diciembre de 2012, por la representación judicial de la Procuradora General de la República y del apoderado judicial de la sociedad mercantil Representaciones Renaint C.A., admitiéndolas cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes. En fecha 21 de marzo de 2012, este Órgano Jurisdiccional fijó para el día 28 de marzo de 2012, a las diez y veinte de la mañana (10:20 a.m.), la oportunidad para que tuviera lugar la celebración de la audiencia conclusiva, prevista en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Acto que fue oportunamente diferido para el día 11 de abril de 2011, a la misma hora. El 11 de abril de 2012, a las diez y veinte de la mañana (10:20 a.m.), tuvo lugar la celebración de la audiencia conclusiva, con la comparecencia de ambas partes. En 5 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 esa misma fecha, se ordenó pasar el expediente al Juez ponente a los fines de que se dictara la decisión correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En fecha 10 de octubre de 2012, este Órgano Jurisdiccional dictó auto para mejor proveer mediante el cual solicitó a la sociedad mercantil Representaciones Renaint C.A., la consignación de los documentos relacionados con el cumplimiento del procedimiento del antejuicio administrativo. En atención a tal requerimiento, el 14 de noviembre de 2012, se recibió de la representación judicial de la parte actora los documentos siguientes: i.- escrito contentivo del recurso de reconsideración interpuesto por el presidente de la sociedad mercantil Representaciones Renaint, C.A, contra el acto administrativo emanado de la Dirección de Administración y Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Educación, según Oficio 0062 de fecha 9 de marzo de 2006, relacionado con la Licitación Nº LG-DGAS-023-2005, Orden de Compra Nº 1963; ii.- escrito contentivo del recurso jerárquico interpuesto por el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, con INPREABOGADO Nº 19.890, actuando en su carácter apoderado judicial de la sociedad mercantil Representaciones Renaint C.A., contra el silencio administrativo en que incurrió el órgano ministerial al no dar respuesta al recurso jerárquico supra referido; y iii.- escrito mediante el cual el presidente de la identificada sociedad mercantil, se dirigió a la consultoría jurídica del organismo querellado a los fines de formalizar una propuesta de acuerdo para la entrega y pago del material facturado. En fecha 30 de noviembre de 2022, se dejó constancia que en virtud del Acta Nº 357, del 16 de septiembre de 2022, fue reconstituido este Juzgado Nacional Segundo, en virtud de la incorporación de la abogada Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, y mediante sesión de esa misma fecha, fue elegida la nueva Junta Directiva, la cual quedó constituida del modo siguiente: Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, Jueza Presidenta; Blanca Elena Andolfatto Correa, Jueza Vicepresidenta y, Danny Josefina Segura, Jueza. En esa misma oportunidad se pasó el expediente a la Jueza Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente procede este Juzgado Nacional Segundo a emitir el pronunciamiento correspondiente, previas las consideraciones siguientes: 6 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 I DE LA DEMANDA DE NULIDAD INTERPUESTA En fecha 25 de febrero de 2010, el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, con INPREABOGADO Nº 19.890, actuando en su carácter apoderado judicial de la sociedad mercantil Representaciones Renaint C.A., interpuso la demanda por cumplimiento de contrato contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con fundamento en las argumentaciones siguientes: Manifestó, que: “Con fecha 05-09-2005, la Comisión de Licitaciones del Ministerio Popular para la Educación, invito mediante aviso de prensa a participar en un acto de Licitaciones General Nº LG-DGAS-023-2005, a la cual la empresa Representaciones Renaint C.A., participo previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la misma (…)”. (Sic). (Agregados en corchetes de este Juzgado Nacional). Indicó, que: “(…) 19 -09-05, se dio apertura a las Ofertas de las empresas participantes en dicha Licitación para ese acto asistió representando a la empresa Representaciones Renaint C.A., el ciudadano Amílcar Rubén Gómez Matos titular de la cédula de identidad Nº 4.163.043 (…)” Afirmó, que: “Con fecha 7-11-2005, la Coordinadora General de la Comisión de Licitaciones, (…) notifica a la empresa Representaciones Renaint C.A., que había sido precalificada, y la invita al Acto Público de la apertura de Ofertas económicas, a realizarse el 10 de noviembre de 2005 (…)”. (Sic). Explicó, que: “Con fecha 21-12-2005, mediante publicación de prensa, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, (antes Ministerio de Educación y Deportes), notifico los resultados de la evaluación realizada por la Comisión de Licitaciones y se otorgo la Buena Pro, haciendo publico, notorio y comunicacional dicho otorgamiento a la empresa Representaciones Renaint C.A.. con fecha 22/12/2005, la Coordinadora General de la Comisión de Licitaciones, (…) le participa oficialmente a al empresa Representaciones Renaint C.A., que había sido beneficiada con la Buena Pro; señalando los ítems que debía suministrar y el valor 7 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 de los mismos; así como el requerimiento de la Póliza de Fiel Cumplimiento”. (Sic). (Destacado del libelo de demanda). Expresó, que: “Una vez obtenida la Fianza de Fiel Cumplimiento, fue consignada el 30-01-06, el representante de la empresa Representaciones Renaint C.A., (…) retira el Original de la Orden de Compra Nº 1963, en la referida Orden de Compra, se estableció que el plazo establecido para la entrega de la mercancía, es de treinta (30) días hábiles, el cual comenzaba a transcurrir a partir del día hábil siguiente”. (Destacado del libelo de demanda). Destacó, que: “Su representada, Representaciones Renaint, C.A. venia cumpliendo con las entregas; siendo el caso que el día 02 de marzo 2006, haciendo las entregas en el Estado Lara, dentro del plazo establecido en la Orden de Compra Nº 1963; le notificaba que, por instrucciones verbales giradas por la Directora de Administración y Servicio de Caracas, no podían recibir el material, recibida la notificación verbal, intenta[ron] obtener información en Caracas, siendo infructuosa, contactar con los funcionarios responsables”. (Sic). (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Aseguró, que: “El día 03 de marzo de 2006, el Presidente de la empresa Representaciones Renaint, C.A. Ing. José Becerio, es llamado a una reunión en la Dirección de Administración y Servicios, donde la Directora Lic. Lina Marcano Olivero; le hizo entrega del Oficio Nº 0062 de esta misma fecha, mediante el cual anulaba la orden de Compra Nº 1963, que la empresa obtuvo mediante la Buena Pro, a través de una Licitación Publica, bajo el argumento, cit[ó] ‘…no ha dado cumplimiento a los plazos de entrega (…) plazo para la entrega de dichos bienes de treinta (30) días calendario (…)”. (Sic). (Destacado del libelo de demanda y agregados en corchetes de este Juzgado Nacional). Aseveró, que: “(…) la Consultoría Jurídica, en las reuniones efectuadas y de acuerdo a la documentación, reconoció que ten[ían] la razón en [sus] planteamientos, que hubo en ese acto administrativo un error humano; por ello, conclu[yeron] con un acuerdo que formaliza[ron] mediante una propuesta, la cual se hizo efectiva el 04 de agosto 2006; donde se plasmaron tres (3) condiciones, entre las 8 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 cuales, se consideraba el pago material entregado. En base a los acuerdos, el 15-09- 06; consideraba el pago del material entregado. En base a los acuerdos, el 15-09-06; consigna[ron] ante la División de Compras, la factura Nº 2473 del 04-09-06 del material que había sido entregado al 02 de marzo de 2006, para su pago: anexándole un cuadro demostrativo del material entregado, de la copia al carbón del despido efectuado, donde se constaba el pago el impuesto fiscal requerido para ese tramite y la certificación de la Cuenta Bancaria donde debería efectuarse el deposito (…)”. (Sic). (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Finalmente, demandó: “(…) al Ministerio del Poder Popular para la Educación, (antes Ministerio de Educación y Deportes), el cumplimiento del Contrato (…); y en consecuencia de ello, para que pague o en su defecto (…) ordene: la cantidad de Ochocientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con Quince Bolívares Fuertes (836.472,15 Bs. Ftes.), cantidad está conformada por a.-) la suma de Cuatrocientos veinticuatro mil novecientos treinta y uno con treinta y nueve Bolívares Fuertes (424.931,39 Bs. Ftes.), que corresponde a los materiales facturados mediante factura Nº 2473 y no pagados.- b.-) Doscientos veintitrés mil quinientos cincuenta y cinco con cero uno Bolívares Fuertes (223.555,01 Bs. Fts.) que corresponde a los intereses moratorios del incumplimiento del pago de la factura Nº 2473 del 04-09-06, como se detalla en el cuadro que antecede. c.-) Ciento ochenta y siete mil novecientos ochenta y cinco con setenta y cinco Bolívares Fuertes (187.985,75 Bs. Ftes.), que corresponden como indemnización de los Daños y Perjuicios causados por la anulación del Contrato de Compra (orden de compra Nº 1963), desde el mes de marzo 2006, hasta la presente fecha, por no haber permitido la entrega total de lo contratado, dado a los financiamientos bancarios asumidos y depositados, lo cual supero un millardo, para la estimación de esta indemnización se aplicó un porcentual del 5% sobre el monto total de la Orden de Compra Nº 1963 con lo cual se compensa todos los daños patrimoniales causados y los causados por el retardo de la cancelación de la acreencia facturada”. (Sic). (Destacado del libelo de la demanda). 9 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 Por último, solicitó que la demandada sea condenada al pago, “(…) de la indexación monetaria mediante la experticia complementaria que ordene este Tribunal Superior sobre el monto estimado en la Demanda, desde el momento de la admisión de la demanda, hasta la conclusión del proceso por sentencia definitivamente firme”. II ALEGATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA En fecha 19 de diciembre de 2011, la abogada Luishec Montaño, con INPREABOGADO Nº 118.060, actuando con el carácter de sustituta del Procurador General de la República, presentó escrito de contestación con fundamento en las motivaciones siguientes: Manifestó, que: “(…) la empresa Representaciones Renaint, C.A., fue notificada de haber sido favorecida con la Buena Pro en la Licitación General N° LG-DGAS 023-2005, en fecha 22 de diciembre de 2.005, mediante Oficio N° 1042 en el cual se le indicó que debía retirar la orden de compra con la consignación de una Flanza de Fiel, Cabal y Oportuno Cumplimiento, ratificado el 26 de enero 2005 con el Oficio 1042 emanado de la Dirección de Administración y Servicios, NO SIENDO SINO HASTA EL 30 DE ENERO DE 2.006 cuando Sociedad Mercantil denominada Representaciones Renaint, C.A, presentó la fianza exigida y en consecuencia se le hizo entrega del original de la orden de compra, cabe destacar que la actuación de la empresa fue negligente al no presentar la fianza exigida en tiempo oportuno, por lo cual no se pudo perfeccionar la entrega con anterioridad, considerando esta Representación que tal ardid fue empleado con toda la intención por parte de la empresa de obtener más tiempo para la entrega del material, faltando a su compromiso expresado en comunicación de fecha 19 de septiembre de 2005, en ocasión de la presentación de su oferta donde se comprometieron a entregar en el tiempo correspondiente la fianza en caso de ser favorecidos con la buena pro: teniendo 30 días continuos para la entrega del material no obstante de este retraso y de haber demorado la entrega de la fianza y por consiguiente de la entrega de la orden de compra, la demandante tampoco cumplió con la entrega de los bienes 10 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 objetos de la orden de compra en el plazo oportuno de treinta días calendarios contados a partir del 30 de enero de 2006, los cuales expiraron fatalmente para la empresa el día 01 de marzo de 2006, por lo que en atención a ese incumplimiento manifiesto y evidente, la directora de administración y servicios se vio en la obligación legal de anular la Orden de Compra N° 1963 lo cual fue debidamente notificado a la Sociedad Mercantil Representaciones Renaint, C.A, mediante Oficio N° 0062 de fecha 09 de marzo de 2006 (…)”. (Sic). (Destacado del escrito de contestación). Indicó, que: “(…) la (…) demandante interpuso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra el Silencio Administrativo producido con ocasión del Recurso Jerárquico. ejercido ante el Ministro de Educación y Deportes (hoy Ministro del Poder Popular 09 de marzo de 2006, dictado por la Directora de Administración y Servicios de este Ministerio, a través de la cual ANULÓ la Orden de Compra N° 1963 de fecha 14 de diciembre de 2005, emitida a nombre de la recurrente para la entrega de los materiales y suministros que le fueron contratados con base a la Licitación N° LG-023-2005, en la cual dicha Sala declaró mediante Sentencia de fecha 25 de junio de 2009, INADMISIBLE el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad por CADUCIDAD, con arreglo a lo establecido en el aparte quinto de artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 25 de junio del 2009, (…). Por lo tanto, solicitamos se Declare SIN LUGAR el Cumplimento del Contrato, en razón de que la anulación de la Orden de Compra N° 1963 C quedó definitivamente firma, en vista que no se interpuso el recurso en el lapso establecido en la ley que rige la materia”. (Sic). (Destacado del escrito de contestación). Aseguró, que: “(…) la elaboración de la orden de compra N° 1963, se realizó y no pudo ser entregada a la empresa Representaciones RENAINT, sino hasta el día 30-12-2006, por la demora de la empresa en consignar la fianza de Fiel, Cabal y Oportuno Cumplimiento”. (Destacado del escrito de contestación). 11 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 Afirmó, que la fecha a “(…) tomar en cuenta para que comience a cumplir el lapso de entrega, a los fines de determinar el incumplimiento, (…) [es] la (…) de emisión de la orden de compra y por consiguiente la que debe tomarse en valoración para el computo de los días del plazo es a todos los efectos el 30 de enero de 2006, por lo que para determinar el incumplimiento basta con contabilizar treinta días calendarios contados a partir de esta fecha y si vencido ese plazo no se efectuó la entrega total de los bienes se estaría en presencia de incumplimiento, lo que da lugar a la resolución unilateral del contrato y/o la anulación de la orden de compra emitida”. (Sic). (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Destacó, que: “Ese plazo de treinta días calendarios vendó el día 01 de marzo de 2006 y para esa fecha la empresa Representaciones RENAINT, no había cumplido con la entrega total de los bienes, por lo que este incumplimiento derivó en la anulación de la orden de compra que se emitió a su favor. (Sic). (Destacado del escrito de contestación). Adujo, que: “(…) la recurrente alega que desconoce el motivo por el cual quien suscribe consideró como plazo de entrega un período de 30 días calendarios, por cuanto en la orden de compra que se le entregó se establece un plazo de 30 días hábiles, sin embargo, se desprende del oficio de manifestación de voluntad de fecha 19 de septiembre de 2005, que la empresa se acoge a todas las exigencias establecidas en el pliego de condiciones del presente proceso, por lo que ha de entenderse que la empresa efectivamente estaba al tanto que el plazo establecido en el pliego es de 30 días calendarios”. Aseveró, que: “En el caso de marras el pliego estableció como plazo de entrega treinta días calendarios contados a partir de la emisión definitiva de la orden de compra, por lo que en esta no puede establecerse un plazo diferente al contemplado en el pliego, en este sentido se debe desaplicar la estipulación establecida en la Orden de Compra N° 1963, referida al plazo de entrega, por cuanto se aparta de lo señalado en el pliego de la licitación, el cual es de entero conocimiento de la empresa Representaciones RENAINT, y al cual se acogieron mediante la manifestación de voluntad, en el entendido de que se produjo un error 12 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 material en la elaboración de la orden de compra”. (Destacado del escrito de contestación). Expresó, que: “En lo que respecta, al alegato del recurrente relativo a la configuración del silencio administrativo positivo, en cuanto a la no contestación de la solicitud de prórroga, debe señalarse que en el ordenamiento jurídico venezolano, no se encuentra contemplada tal figura (…), por lo que es improcedente desde todo punto de vista jurídico, admitir que este ente otorgó una prorroga a la empresa Representaciones RENAINT, por el hecho de no dar contestación a su solicitud. (Sic). (Destacado del escrito de contestación). Explicó, que: “La consideración realizada por el órgano consultor al señalar que el plazo contenido en pliego de la licitación es un plazo genérico y no vinculante al momento de producirse la orden de compra, se encuentra en (…) contravención con la norma establecida en el artículo 99 de la Ley de Licitaciones, que de manera precisa señala que en los contratos debe mantenerse las condiciones establecidas en el pliego de licitación, por lo que el mismo si tiene carácter vinculante y no debe ser considerado como un plazo, ‘genérico’, por lo que a criterio de quien suscribe no puede adoptarse tal solución”. (Destacado del escrito de contestación). Recalcó, que: “Como consecuencia de esto debe afirmarse que el incumplimiento en el plazo señalado en el pliego de la licitación trae como consecuencia la resolución del la orden de compra, aunado a que la misma ha debido anularse por disposición expresa del artículo 113, numeral 3, al alejarse de las condiciones del pliego, por lo que (…) deberá confirmarse el acto administrativo que anula la Orden de Compra N° 1963 y que se resuelva negativamente el recurso Interpuesto por el apoderado Judicial de la empresa Representaciones RENAINT C.A.”. (Sic). (Destacado del escrito de contestación). Expuso, que: “(…) en lo que respecta a la petición del pago de intereses de mora, para el supuesto negado que la República, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Educación, se viere constreñida a pagar intereses de mora sobre las cantidades reclamadas, el mismo, debe hacerse con fundamento a lo 13 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 establecido en el Código de Procedimiento Civil (…)”. (Destacado del escrito de contestación). Delató, que: “Sobre la base de los numerales 1 y 3 (…) alega[n] que no es posible pretender el pago de intereses moratorios diferentes a los intereses legales contemplados en el artículo 1746 del Código Civil (3% anual)”. (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Alegó, que: “(…) la tasa a aplicar no puede ser otra que la prevista en el artículo 89 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en ningún momento, una mayor a esa tasa pasiva de los principales Bancos del país. Y visto que el organismo que represent[a] goza de tales privilegios, en caso de ser condenada patrimonialmente en juicio, debe tomarse en consideración el contenido del referido artículo 89 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y no otra tasa mayor (…)”. (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Adujo, que: “La Sociedad Mercantil Representaciones Renaint C.A., en el Escrito Liberal no indic[ó] en forma alguna (…) las razones de hecho ni de derecho por las cuales alegan que existe una Indemnización por Daños y perjuicios causados por la anulación de la orden de Compra, siendo esta la que incumplió en la entrega de los materiales en el tiempo oportuno colocando en estado de indefensión y violando así preceptos legales [y] constitucionales en perjuicio del Ministerio al cual represent[a]”. (Sic). (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Refirió, que: “En consecuencia, resultaría legalmente improcedente que [su] representado fuese condenado por unos daños y perjuicios que en efecto no se materializaron, ya que (…) la empresa demandante incumplió en la entrega de los materiales en los términos señalados”. (Agregado en corchetes de este Juzgado Nacional). Finalmente, solicitó, que se (…) Declare SIN LUGAR (…) la (…) demanda por Cumplimiento de contrato, intereses Moratorios y Daños Moral (…) y que en 14 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 consecuencia, niegue el pago de los conceptos reclamados, solicitados por la querellante”. (Sic). (Destacado del escrito de contestación). III ESCRITO DE ALEGATOS Y CONSIDERACIONES DE LA PARTE ACTORA En fecha 25 de enero de 2012, la representación judicial de la parte actora consignó escrito de alegatos y consideraciones, en el cual reprodujo los mismos argumentos de hecho y de derecho puestos de manifiesto en el escrito libelar, por tanto, este Juzgado Nacional Segundo los da por reproducidos. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Visto que este Órgano Jurisdiccional mediante decisión Nº 2011-0188 de fecha 15 de febrero de 2011, declaró su competencia para conocer de la demanda por cumplimiento de contrato incoada por el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Representaciones Renaint C.A., identificados en autos, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación, se ratifica la competencia de este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción la demanda que nos ocupa. Así se declara. Punto previo Ahora bien, en principio corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse en torno al fondo del asunto debatido, no obstante, antes de efectuar dicho pronunciamiento y visto que en fecha 10 de octubre de 2012, la entonces Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, actualmente Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dictó auto para mejor proveer, mediante el cual solicitó a la sociedad mercantil Representaciones Renaint C.A., la consignación de los documentos relacionados con el cumplimiento del antejuicio administrativo previsto en Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la 15 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 Procuraduría General de la República, debe este Juzgado Nacional hacer referencia a lo establecido en los artículos 68 y 74 eiusdem, los cuales, expresamente, disponen: Artículo 68: “Quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso. De la presentación de este escrito se debe dar recibo al interesado y su recepción debe constar en el mismo”. (Destacado de este Juzgado Nacional). Artículo 74: “Los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles las acciones o tercerías que se intente contra la República, sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo a que se refiere este Capítulo” (Destacado de este Juzgado Nacional). De los dispositivos legales supra transcritos, se colige que el antejuicio administrativo constituye una prerrogativa de cumplimiento previo y obligatorio a la interposición de las demandas de contenido patrimonial contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley se la confiere. El aludido procedimiento consiste en la petición que el interesado dirige por escrito a quienes gozan de tal prerrogativa, con el fin de: i.- obtener la satisfacción de su pretensión de contenido patrimonial sin necesidad de acudir a la vía judicial; e ii.- informar a aquellos, de las reclamaciones de dicha naturaleza que pudieran ser formuladas en su contra, lo que les permitirá tener conocimiento exacto acerca de las pretensiones que llegaren a ser deducidas por el particular, luego del antejuicio, en vía jurisdiccional. (Vid., entre otras, sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nº 01221 del 1° de diciembre de 2010, caso: Sociedad de Pequeños y Medianos Comerciantes de Áreas Públicas del Municipio Chacao 2001 (SOPECOM 2001) contra la Alcaldía del mencionado Municipio y el Consorcio Publicitario Urbano, C.A. Precisamente, en torno a esta figura del procedimiento de antejuicio administrativo, resulta de particular importancia traer a colación lo manifestado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 05212, de fecha 27 de julio de 2005, caso: Alida Teresa González contra el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (I.A.A.I.M), ratificada mediante sentencia N° 05999, del 26 de octubre de 2005, la cual es del siguiente tenor: 16 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 “(…) el antejuicio administrativo se erige como un elemento de garantía para la Administración, en tanto que en definitiva le permite tener conocimiento exacto acerca de las pretensiones que serán deducidas por el particular, luego del antejuicio, en vía jurisdiccional, (…) interesa precisar en qué sentido debe entenderse dentro de la aludida exigencia, que se reputa como indispensable para la admisibilidad de las demandas contra la República (en la acepción supra indicada), la expresión “manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso”; para lo cual se impone concatenar el precitado artículo 54 con los artículos 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (…) siendo el Antejuicio Administrativo un requerimiento previo a la instauración de demandas contra la República, previsto con la finalidad de lograr que las pretensiones de los administrados sean estudiadas y resueltas en la propia vía administrativa, su agotamiento debe consistir en un procedimiento fácil y expedito, que le permita al interesado poner en conocimiento de la Administración el contenido de su pretensión, lo cual resulta perfectamente posible con el cumplimiento de los extremos enumerados en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (…)”. De la sentencia parcialmente citada se observa que el antejuicio administrativo constituye un requerimiento previo a la instauración de las demandas contra la República, previsto con la finalidad de lograr que las pretensiones de los administrados sean estudiadas y resueltas en la propia vía administrativa, su agotamiento debe consistir en un procedimiento fácil y expedito, que le permita al interesado poner en conocimiento de la Administración el contenido de su pretensión. Establecido lo anterior, este Juzgado Nacional Segundo estima pertinente precisar que en el citado procedimiento existen no sólo cargas que recaen en los actores involucrados, vale decir, la Administración y el particular, sino además obligaciones a terceros, esto es, a operarios del aparato judicial, a los que posteriormente corresponderá emitir pronunciamiento en sede jurisdiccional. Ello así, a los particulares corresponde la carga de consignar el escrito ante el órgano que conozca del asunto que será objeto de debate, y en contrapartida, la Administración queda obligada a recibir el mencionado escrito, dejando expresa constancia de la fecha y hora de su recepción, como también del funcionario receptor. Por último, los funcionarios judiciales deberán declarar la inadmisibilidad de la demanda, si no se acompaña al libelo la documentación que acredite el fiel cumplimiento del enunciado requisito 17 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 Ahora bien, del examen exhaustivo de las actas procesales, se desprende que en el asunto de autos, ha sido interpuesta una demanda por cumplimiento de contrato contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación, por lo que se requiere para su admisibilidad que se haya cumplido con el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República. No obstante, este Juzgado Nacional Segundo, constata que el 14 de noviembre de 2012, la representación judicial de la sociedad mercantil Representaciones Renaint C.A., en respuesta al auto para mejor proveer dictado por este Órgano Jurisdiccional en fecha 10 de octubre de 2012, se circunscribió a consignar la documentación que a continuación se identifica: i.- escrito contentivo del recurso de reconsideración interpuesto por el presidente de la sociedad mercantil Representaciones Renaint, C.A, contra el acto administrativo emanado de la Dirección de Administración y Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Educación, según Oficio 0062 de fecha 9 de marzo de 2006, relacionado con la Licitación Nº LG-DGAS-023-2005, Orden de Compra Nº 1963; ii.- escrito contentivo del recurso jerárquico interpuesto por el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, con INPREABOGADO Nº 19.890, actuando en su carácter apoderado judicial de la sociedad mercantil Representaciones Renaint C.A., contra el silencio administrativo en que incurrió el órgano ministerial al no dar respuesta al recurso jerárquico supra referido; y iii.- escrito mediante el cual el presidente de la identificada sociedad mercantil, se dirigió a la consultoría jurídica del organismo querellado a los fines de formalizar una propuesta de acuerdo para la entrega y pago del material facturado. (Folios 345 al 357 del expediente judicial). Con relación a la documentación supra descrita, este Juzgado Nacional Segundo, observa que los dos primeros, vale decir, los escritos recursivos, obedecen a los mecanismos ordinarios que el ordenamiento jurídico concede a los particulares para ejercer su derecho constitucional a la defensa en sede administrativa, en tanto que el tercero, esto es, el escrito mediante el cual el presidente de la identificada sociedad mercantil, se dirigió a la consultoría jurídica del organismo querellado a los fines de formalizar una propuesta de acuerdo (conciliación) para la entrega y pago del material facturado, no reúne los requisitos para considerar que con el mismo se dio 18 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 cumplimiento al procedimiento previo a las demandas de nulidad de contenido patrimonial, toda vez, que no contiene, en modo alguno, la manifestación previa de demandar al órgano querellado ni expone concretamente sus pretensiones en el caso, conforme lo exige el artículo 68 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Aunado a ello, este Órgano Jurisdiccional, no debe pasar inadvertido que ante el requerimiento que fuere formulado por la otrora Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante auto para mejor de proveer de fecha 10 de octubre de 2012, la representación judicial de la sociedad mercantil Representaciones Renaint C.A., se circunscribió a consignar nuevamente la documentación que previamente había aportado junto con su libelo de la demanda (folios 12 al 30 del expediente judicial), la cual había sido previamente analizada por este Órgano Jurisdiccional considerando que con esa misma información no se comprobaba el cumplimiento del procedimiento administrativo previo, en el caso de autos, lo que originó el requerimiento en cuestión, a través del auto para mejor proveer emitido. Lo anterior revela, a juicio de esta instancia, que efectivamente en el caso de autos no se dio efectivo cumplimiento al requisito del agotamiento del procedimiento administrativo previo a las demandas de contenido patrimonial contra la República, toda vez que la parte actora no consignó ni en la interposición de la demanda ni en respuesta a la solicitud formulada por este Órgano Jurisdiccional, documento alguno del cual se pudiera desprender que efectivamente la parte actora cumplió con el antejuicio administrativo. En fuerza de lo anterior, resulta forzoso para este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declarar INADMISIBLE la demanda por cumplimiento de contrato incoada, de conformidad a lo previsto en el numeral 3 artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y en consecuencia, se REVOCA el auto de admisión de fecha 6 de julio de 2011, dictado por el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional Así se decide. 19 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 V DECISIÓN En mérito de las motivaciones precedentemente expuestas, este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- INADMISIBLE la demanda por cumplimiento de contrato incoada por el abogado Jesús Salvador Rendón Carrillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 19.890, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil REPRESENTACIONES RENAINT C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital (antes Distrito Federal) y estado Miranda, en fecha 23 de enero de 1991, anotado bajo el Nº 53, Tomo 16-A Pro, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, de conformidad a lo previsto en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 2.- En consecuencia, se REVOCA el auto de admisión de fecha 6 de julio de 2011, dictado por el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones del Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los ___________ (___) días del mes de ________ de dos mil veintidós (2022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación La Jueza Presidenta MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA Ponente La Jueza Vicepresidenta, BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA 20 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-G-2010-000097 La Jueza, DANNY JOSEFINA SEGURA La Secretaria Accidental, KARLA ANDREINA MONTILLA AP42-G-2010-000097 En fecha _____________ ( ) de ______________ de dos mil veintidós (2022), siendo la(s) _______ de la ______________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ________________. La Secretaria Acc.