JUEZ PONENTE: BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA EXPEDIENTE Nº AP42-R-2006-002280 En fecha 18 de julio de 2017, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, (hoy Juzgados Nacionales Primero y Segundo Contencioso Administrativos de la Región Capital), el Oficio Nº 17- 0532 de fecha 3 de julio de 2017, emanado del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital (hoy Juzgado Superior Estadal Tercero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital), mediante el cual remitió el expediente judicial contentivo de la Demanda de Nulidad interpuesta por la ciudadana LOREDANA LO MONACO MESCHISI, titular de la cédula de identidad Nº V-9.480.507, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 35.411, actuando en su propio nombre y representación, contra el MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Dicha remisión se efectuó en virtud del auto dictado por el Juzgado Superior antes mencionado, en fecha 3 de julio de 2017, mediante el cual dejó constancia que a través del auto de fecha 13 de marzo de 2013, se oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de diciembre de 1998 por el abogado Germán Cedeño Moser, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 51.796, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Alcaldía del Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda, contra la sentencia dictada por el Iudex a quo en 2 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 fecha 21 de diciembre de 1998, mediante la cual declaró CON LUGAR la Demanda de Nulidad interpuesta. El 27 de octubre de 2022, en virtud del Acta N° 357, de fecha 16 de septiembre de 2022, fue reconstituido este Órgano Jurisdiccional, en razón de la incorporación de la abogada MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA, y mediante sesión de esa misma fecha, fue elegida la nueva Junta Directiva, la cual quedó constituida de la siguiente manera: MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA, Jueza Presidenta; BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA, Jueza Vicepresidenta; y DANNY JOSEFINA SEGURA, Jueza; en consecuencia, este Juzgado Nacional, se aboca al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra. Cumplidas todas y cada una de las fases procesales del procedimiento de segunda instancia previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Órgano Jurisdiccional pasa a emitir pronunciamiento en los siguientes términos: -I- DE LA DEMANDA DE NULIDAD INTERPUESTA En fecha 17 de febrero de 1998, la ciudadana Loredana Lo Monaco Meschisi, antes identificada, actuando en su propio nombre y representación, interpuso Demanda de Nulidad contra el acto administrativo Nº 0130, de fecha 22 de enero de 1997, emanado de la Gerencia de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda, con base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: Refirió, que “Con fecha 24 de Enero (sic) de 1997, fui notificada del Acto Administrativo de fecha 22 de enero de 1997, oficio 0130 emanado de la Gerencia de Ingeniería Municipal del Municipio Baruta del Estado (sic) Miranda en mi contra en el cual se me sancionó con una multa de Cuatrocientos (sic) noventa mil Bolívares (sic) (490.000,oo Bs.) y se me ordenaba la demolición de un techo de tabelones y estructura metálica liviana ubicado en el inmueble de mi propiedad (…) al establecer que se estaban contraviniendo la disposiciones contenidas en el permiso Municipal RE-0334 3 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 de fecha 07-02-95 (sic) violando las variables urbanas fundamentales contenidas en el artículo 87 Numeral (sic) 4 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística”. Precisó, que “Adquirí el inmueble identificado con el No. 1-D, ubicado en el Conjunto Residencial Jardín Los Naranjos, Calle Cristobal (sic) Rojas Sector Los Naranjos Urb. Las Mercedes, Municipio Baruta del Estado (sic) Miranda en fecha doce (12) de Septiembre de 1996 (…) para esa oportunidad la losa de tabelones con estructura metálica liviana (…) estaba construida; losa que yo pretendía mejorar, reformar o ampliar, estas modificaciones no se llegaron a efectuar, pues yo estaba esperando la protocolización del documento de propiedad para realizarlas, por tanto las sanciones a que se refiere el artículo 109 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, no me son aplicables en mi caso, ya que no he realizado obras o actividades urbanísticas en incumplimiento de dicha ley”. Delató, que “El día doce (12) de septiembre de 1996, día de la protocolización de mi documento de propiedad por ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, fue hecha por ante ese despacho una denuncia que fue la que dio (sic) origen al procedimiento (…) por una persona que se hizo pasar por propietaria del apartamento 2-D, del Conjunto Res. Jardín Los Naranjos (…)”. Adujo, que “(…) el día 13 de Septiembre (sic) de 1996, se elaboró un Acta de Inspección, acta que no reúne las formalidades exigidas por el artículo 92 de la Ley Orgánica de Urbanismo, ya que según lo pautado en dicho articulo (sic) de toda inspección debe elaborarse un acta en el mismo sitio de la obra y debe entregarse una copia al profesional residente o al propietario quien debe firmar el original como constancia de haberla recibido, ahora bien, esta acta no se elaboró en el sitio por cuanto el apartamento donde supuestamente se elaboraba la obra estaba cerrado y deshabitado porque aun (sic) no lo había ocupado y en consecuencia no se encontraba ninguna persona presente y la losa de tabelones a que hace referencia el acta en cuestión no es visible desde el exterior del edificio, fachada o áreas comunes internas (…) tuve conocimiento de la existencia del 4 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 ‘acta’ en referencia por copia fotostática que me fue entregada por la conserje del edificio, persona con quien el inspector dejo (sic) dicha copia (…)”. Sostuvo, que “(…) el procedimiento que conllevó a la decisión del acto administrativo en mi contra esta (sic) viciado desde el principio (…) si la persona realiza la denuncia en fecha 12-09-96 (sic) es porque el techo de tabelones ya estaba construido, para cuando yo compré (…) el apartamento que fue en esa misma fecha (…)”. Esgrimió, que “(…) en cuanto (…) a la inspección (…) se estableció: ‘…se desecha el artículo 92 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos por cuanto dicha disposición solo es aplicable a las inspecciones efectuadas a las construcciones de las urbanizaciones y edificaciones y no a las refacciones a las que se refiere el permiso municipal no Re-0344 de fecha 07-02-95 (sic)’. En cambio en el Acta de inspección (sic) (…) se establece ‘En atención a lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica de Ordenación urbanística (sic) la presente inspección se hace sobre un inmueble ubicado en…’ (…) lo establecido en el recurso jerárquico es contradictorio con lo que establece el acta de inspección. Esa contradicción crea para mi (sic) un estado de indefensión (sic) por cuanto quedo (sic) completamente limitada a una duda al no saber entonces cual (sic) es el articulo (sic) aplicable a la inspección (…)”. Finalmente solicitó “(…) la nulidad (d)el Acto administrativo (sic) contenido en el oficio 0130 emanado de la Gerencia Municipal del Municipio Baruta del Estado (sic) Miranda en fecha 22/01/97 (sic) (…) y se me libere de las sanciones allí establecidas”. (Agregados de este Juzgado). Del mismo modo, solicitó “(…) la suspensión de los efectos del acto impugnado en la forma prevista en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ya que dicha suspensión es indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva (…)”. -II- DEL FALLOAPELADO En fecha 21de diciembre de 1998, el Juzgado Superior Tercero en lo 5 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital (hoy Juzgado Superior Estadal Tercero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital), declaró CON LUGAR la Demanda de Nulidad interpuesta, en los términos que a continuación se transcriben: “(…) En cuanto a la hecha valer improcedencia de la sanción de multa, refiere no haber ejecutado obra alguna, la cual había sido ejecutada con anterioridad. Lo que es expresado constituye elemento indicativo para que el Tribunal considerando que en la extensa relación de hechos la accionante ha mantenido como argumentación fundamental que la adquisición del inmueble lo fuera el día anterior al que tuvo lugar la inspección, hechos estos que constan de los autos, el Tribunal (…) para determinar la certeza de los hechos y arribar a una decisión justa, adminicula tales evidencias para concluir que efectivamente la recurrente al adquirir la propiedad recibió el inmueble con todo lo que le era anexo, y siéndolo así, al habérsele aplicado el texto del numeral 2° del artículo 109 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, incurrió en violación de tal texto legal, dado la no adecuación de los supuestos de hechos contenidos en la norma con los acontecidos. (…Omissis…) Con fundamento en las consideraciones que han sido expresadas (…) este Tribunal (…) declara. Primero: (…) con lugar el recurso interpuesto la abogado LOREDANA LO MONACO MESCHISI. Segundo: (…) la nulidad de la resolución No (sic) 0130 de fecha 22 de enero de 1.997. (sic) emanada de la Gerencia del Municipio Baruta”. -III- DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN En fecha 20 de septiembre de 2017, el abogado David José Guevara Domar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 115.669, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda, presentó escrito de fundamentación del recurso de apelación interpuesto, sobre la base de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: Adujo, que “En fecha 01 (sic) de agosto de 1996, la ciudadana Loredana Lo Monaco, en su condición de propietaria del apartamento 1-D de 6 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 las Residencias Jardín Los Naranjos, notificó a los propietarios de los apartamentos 3-A, 3-C, 3-D, 3-B, 2-B, 2-C, 2-A, 1-B, 1-A ubicados en la referida residencia, sobre el supuesto ‘grave problema de inundación’, presentado en la terraza de su apartamento, motivo por el cual inició ‘una construcción liviana’ consistente en un techo ligero, que no afectaría la fachada del edificio”. Precisó, que “En fecha 12 de septiembre de 1996, la ciudadana Clementina Pérez Matos (…) realizó una denuncia ante la Gerencia de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Baruta, a fin de informar que la ciudadana Loredana Lo Monaco, había construido un techo que perjudica su propiedad (…) solicitó que se llevara a cabo una inspección con el objeto de solucionar dicho problema”. Refirió, que “En fecha 13 de septiembre de 1996, la mencionada Gerencia de Ingeniería Municipal, realizó la inspección en el inmueble antes identificado, dejando constancia que ‘se observó la construcción de una losa de tabelones y estructura metálica en un área de terraza descubierta con un área aproximada de 3,50 x 4,50 mts (sic)’. Asimismo, emplazó a la propietaria para que el día 17 de septiembre de 1996 (…) compareciera ante esa Gerencia”. Detalló, que “(…) la ciudadana Loredana Lo Monaco (…) asistió a la referida Gerencia, a los fines de alegar que: ‘1.- Existe el 75% del condominio aprobatorio para dicho techo. 2.- Se construyó por razones de seguridad y de higiene, ya que cuando llueve, el agua entra al apartamento por error en la pendiente del suelo. Asimismo, alegó ‘que (…) no considera el área techada como área habitable, siendo dicho techo ‘no visible’ desde fuera del edificio. Art. 5° lit. D. Reglamento del Condominio’. En esa misma oportunidad se le indicó que debía mantener la obra paralizada”. Delató, que “Mediante acto administrativo N° 0130 de fecha 22 de enero de 1997, la Gerencia de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda, impuso multa a la ciudadana Loredana Lo Monaco Meschisi, en su carácter de propietario (sic) del inmueble ya identificado, por cuanto la construcción existente en la misma 7 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 viola la variable urbana fundamental establecida en el numeral 4 del artículo 87 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (…)”. Denunció, que la sentencia recurrida incurrió en el vicio de inmotivación ya que “(…) no expresó motivos legales ni fácticos para declarar la nulidad del acto administrativo N° 0130 de fecha 22 de enero de 1997 (…) con lo cual vulneró lo establecido en el artículo 243, numeral 4° del Código de Procedimiento Civil (…)”. (Negritas del original). Así mismo, alegó el vicio de silencio de pruebas, en virtud que “(…) en la sentencia apelada se evidencia la total inobservancia de los elementos probatorios cursantes en autos, los cuales demuestran que, en efecto, en el inmueble ubicado en (…) Edif. Jardín Los Naranjos (…) existía una construcción de una losa de tabelones y estructura metálica en un área de terraza descubierta con un área aproximada de 3,50 x 4,50 mts (sic), que violan las variables urbanas fundamentales establecidas en el numeral 4 del artículo 87 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, referidas a los porcentajes de construcción previstos en la zonificación”. (Negritas del original). Alegó, que “(…) existen elementos probatorios sumamente determinantes en el proceso que el juez a quo no analizó, pues se limitó exclusivamente a los alegatos de la recurrente y a las pruebas traídas por ésta (sic) a los autos para emitir su sentencia”. Arguyó, que “(…) el sentenciador no expresó en su decisión cuáles eran los hechos que quedaron demostrados con las pruebas cursantes en autos que soporten los extremos mínimos de la declaratoria con lugar del recurso contencioso administrativo (…) pues no expresó en forma alguna cómo determinó (…) que la recurrente al adquirir la propiedad recibió el inmueble con todo lo que era nexo, ni los motivos de derecho en que funda su decisión (…) siendo que (…) existe una constancia que en fecha 17 de septiembre de 1996, la recurrente afirmó (…) que la losa de tabelones (…) ‘Se construyó por razones de seguridad e higiene (…)”. (Negritas del original). 8 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 Por otro lado, sostuvo que la sentencia incurre en una suposición falsa, ya que “(…) el juzgador de primera instancia apreció erradamente los hechos y pruebas cursantes en autos, al concluir que la recurrente al adquirir la propiedad, recibió el inmueble con todo lo que era anexo y, que al habérsele aplicado la sanción prevista en el numeral 2 del artículo 109 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, se incurrió en la violación del texto legal, dada la no adecuación de los supuestos de hechos contenidos en la norma, con los acontecidos, incurriendo así en la creación de un hecho falso y una arbitraria desestimación de las pruebas existentes en autos que demuestran lo contrario, esto es, la correcta actuación de la Administración al dictar el acto administrativo impugnado”. Señaló, que: “(…) tal decisión configura el vicio de suposición falsa, porque dio por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo, toda vez, que la construcción realizada por la recurrente, viola las variables urbanas (…) relacionadas con los porcentajes de construcción y ubicación previstos en la zonificación”. (Negritas del original). Esgrimió, que: “(…) el juez a quo, incurrió en una falsa suposición (…) ya que (…) la recurrente realizó construcciones ilegales en el inmueble - afirmadas incluso por ella misma, antes de adquirirlo, lo cual determinaba, la improcedencia de sus alegatos dirigidos a obtener la nulidad del acto.” Finalmente, solicitó: “(…) declare: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido contra la sentencia dictada en fecha 21 de diciembre de 1998, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital(…) REVOQUE esa decisión judicial y SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado (…)”. (Mayúsculas y negritas del original). -IV- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR • De la competencia Previo a cualquier pronunciamiento, corresponde a esta Alzada verificar su competencia, la cual encuentra su fundamento en lo establecido en el 9 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 artículo 24, numeral 7, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Con base en la indicada norma, este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo se declara COMPETENTE para conocer de la presente apelación. Así se declara. -Del recurso de apelación interpuesto. Declarada como ha sido la competencia, este Juzgado pasa de seguidas a conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de diciembre de 1998 por el abogado Germán Cedeño Moser, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda, antes identificado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital (hoy Juzgado Superior Estadal Tercero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital) en fecha 21 de diciembre de 1998, mediante la cual declaró CON LUGAR la Demanda de Nulidad interpuesta. Del contenido del escrito de fundamentación a la apelación, se constata que el apelante denunció que el Juzgado a quo incurré en la supuesta materialización del vicio de inmotivación, silencio de pruebas y suposición falsa; así las cosas, pasa esta Alzada a pronunciarse de la forma siguiente: • Del vicio de inmotivación y suposición falsa Sentadas como han sido las consideraciones que anteceden, a tenor del epígrafe referido observa quien aquí decide que la recurrida adujo en su fundamentación de la apelación la existencia del vicio de inmotivación en el fallo impugnado, ello sobre la base del siguiente alegato: “(…) la sentencia dictada por el Tribunal a quo, no expresó motivos legales ni fácticos para declarar la nulidad del acto administrativo N° 0130 de fecha 22 de enero de 1997 (…)”. (Negritas del original). Así mismo, aseveró el apelante que el fallo del Tribunal de Instancia adolece del vicio de suposición falsa, por cuanto, de acuerdo a sus alegatos 10 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 “(…) el juzgador de primera instancia apreció erradamente los hechos y pruebas cursantes en autos, al concluir que la recurrente al adquirir la propiedad, recibió el inmueble con todo lo que era anexo y, que al habérsele aplicado la sanción prevista en el numeral 23 del artículo 109 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, se incurrió en la violación del texto legal, dada la no adecuación de los supuestos de hechos contenidos en la norma, con los acontecidos (…)”. A este respecto, agregó, que “(…) tal decisión configura el vicio de suposición falsa, porque dio por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo, toda vez, que la construcción realizada por la recurrente, viola las variables urbanas (…)”. (Negritas del original). Ahora bien, vistos los alegatos argüidos por el apelante es menester para este Órgano Jurisdiccional traer a colación la Sentencia N° 01646, proferida en fecha 3 de diciembre de 2014, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la cual expresó lo siguiente: “(…) debe advertirse que se ha denunciado la existencia de falso supuesto e inmotivación de forma concurrente. Al respecto, cabe precisar que este órgano jurisdiccional se ha referido a los casos en que se denuncian ambos vicios, estableciendo al respecto lo siguiente: ‘(…) en principio resultaría aplicable el criterio sentado por esta Sala, en el sentido que invocar conjuntamente la ausencia de motivación y el error en la apreciación de los hechos o en la aplicación de los fundamentos de derecho -vicio en la causa- es por lo general contradictorio, pues ambos se enervan entre sí, ya que cuando se aducen razones para destruir la apreciación de la Administración dentro del procedimiento formativo del acto, es porque se conocen los motivos del mismo, de manera que resulta incompatible que, por un lado, se exprese que se desconocen los fundamentos del acto y por otro, se califique de errada tal fundamentación; de allí que la denuncia simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto, ha venido siendo desestimada por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. (Sentencia N° 02329 del 25 de octubre de 2006). No obstante, debe precisarse que esta Sala a su vez ha considerado que cuando se invoquen paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto, es posible analizar ambos vicios 11 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 siempre que lo denunciado se refiera a una motivación contradictoria o ininteligible, no así a una inmotivación por ausencia absoluta de motivos; ello conforme al criterio sentado en decisión Nº 01930 de fecha 27 de julio de 2006, en la cual se estableció lo siguiente: ‘(…) en numerosas decisiones esta Sala se ha referido a la contradicción que supone la denuncia simultánea de los vicios de inmotivación y falso supuesto por ser ambos conceptos excluyentes entre sí, ‘por cuanto la inmotivación implica la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al acto, y el falso supuesto alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto; no pudiendo afirmarse en consecuencia que un mismo acto, por una parte, no tenga motivación, y por otra, tenga una motivación errada en cuanto a los hechos o el derecho’(…). (…Omissis…) (…) la inmotivación (tanto de los actos administrativos como de las sentencias) no sólo se produce cuando faltan de forma absoluta los fundamentos de éstos, sino que puede incluso verificarse en casos en los que habiéndose expresado las razones de lo dispuesto en el acto o decisión de que se trate, éstas, sin embargo, presentan determinadas características que inciden negativamente en el aspecto de la motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante. Por ende, la circunstancia de alegar paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto se traduce en una contradicción o incompatibilidad cuando lo argüido respecto a la motivación del acto es la omisión de las razones que lo fundamentan, pero no en aquellos supuestos en los que lo denunciado es una motivación contradictoria o ininteligible, pues en estos casos sí se indican los motivos de la decisión (aunque con los anotados rasgos), resultando posible entonces que a la vez se incurra en un error en la valoración de los hechos o el derecho expresados en ella’. (Subrayado de la Sala). (Vid. Sentencia Nro. 42 del 17 de enero de 2007, caso: Inspector General de Tribunales contra Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial). Adicionalmente, la Sala también ha indicado que tal contradicción o incompatibilidad no existe cuando, frente a ‘argumentos distintos’, el acto ‘respecto a uno de ellos’, expresa pormenorizadamente los datos o elementos de hecho y de derecho en los cuales se fundamenta, con lo cual cumple con 12 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 el requisito de la motivación al explanar las razones específicas que soportan sobre este aspecto su decisión y, 'en lo que respecta a otro argumento totalmente autónomo’, es decir, diferenciado del anterior -por tratarse de otro punto de hecho o de derecho controvertido- la Administración incurre en una omisión de pronunciamiento o motivación inexistente en cuanto a los hechos alegados y probados en el expediente. (Vid. Sentencia Nº 1.446, del 12 de noviembre de 2008, caso Eco Chemical 2000, C.A. contra Ministerio de Energía y Petróleo). (Negritas y subrayado del original). Como corolario de lo anterior queda ostensible que es criterio general de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, entender como contradictorio la alusión de los vicios de inmotivación y suposición falsa de forma concurrente, puesto que los aducidos vicios, dada su naturaleza, se enervan entre sí. No obstante a ello, nuestra máxima Sala establece una excepción en cuanto a dicho principio general, la cual concurriría cuando, distinta a una inmotivación producida por ausencia absoluta de motivos, la inmotivación invocada se erija sobre la base de la contradicción o ininteligibilidad de los fundamentos del fallo, puesto que en esos escenarios sí existe una motivación de la decisión, y son las características mencionadas las que vician su efectividad; siendo de esta forma factible la existencia paralela del error en cuanto a la apreciación de los hechos o del derecho en su contenido. Precisados los criterios jurisprudenciales sostenidos por la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal en relación al tópico que nos atañe, es menester para esta Alzada pasar a analizar sobre la base de qué aspectos se fundamentan las denuncias realizadas por la parte recurrida, siendo estos: i) en relación al vicio de inmotivación; que la sentencia del Juzgado a quo “no expresó motivos legales ni fácticos para declarar la nulidad del acto administrativo”, ii) en relación al vicio de suposición falsa; que “el juzgador de primera instancia apreció erradamente los hechos y pruebas cursantes en autos”. De los alegatos presentados por la parte recurrida se observa que la misma esgrimió la ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos que dieran 13 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 lugar a la fundamentación del fallo, sin embargo, a su vez adujo la errónea apreciación por parte del Juzgador de Primera Instancia respecto a los hechos, ello así, como consecuencia lógica, mal pudiera estimarse la existencia de la inmotivación si paralelamente se pretende desvirtuar la apreciación del jurisdicente, lo que dejaría ostensible el conocimiento que tiene el apelante respecto a los fundamentos, a su decir erróneos, que tuvo el administrador de justicia para erigir su fallo, ya que resulta imposible desconocer una fundamentación que a su vez se considera errónea, ello así, tal como queda demostrado, dicho alegato automáticamente desestima el primero. Del análisis que antecede queda ostensible que el caso sub examine confluye axiomáticamente en el principio general de contradicción respecto a los vicios de inmotivación y suposición falsa sentados por la Sala Político Administrativa, por cuanto no se verificó que la presente denuncia indicara a la inmotivación del fallo por contradictorio o ininteligible, sino por ausencia absoluta de motivación, ello así, como consecuencia inexorable, esta Alzada desecha el alegado vicio de inmotivación por constatarse la motivación del fallo de los propios argumentos esgrimidos por la actora para sustentar su alegato de suposición falsa. Así se declara. Desechado como ha sido el vicio de inmotivación denunciado, procede este Alzada, sobre la base de los alegatos expuestos por el ente querellado, a verificar la existencia o no del vicio de suposición falsa en el fallo objeto de impugnación, en consecución de los referidos fines quien aquí decide estima pertinente traer a colación el criterio que respecto al referido tópico esbozó la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 00162 de fecha 22 de julio de 2021, caso: Industria Azucarera Santa Clara, C.A., ratifica los criterios reiterados sobre el vicio de suposición falsa, en la que indica: “A juicio de esta Alzada lo que pretende denunciar la parte apelante es la suposición falsa, que es un vicio propio de la sentencia denunciable mediante el recurso extraordinario de casación previsto en el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el cual conforme lo ha sostenido la doctrina de este Alto Tribunal, tiene que estar referido forzosamente a un hecho positivo y concreto establecido falsa e inexactamente por el Juez en su sentencia a causa de un error de 14 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 percepción, y cuya inexistencia resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. Asimismo, se ha dicho que para la procedencia del alegato de suposición falsa, es necesario demostrar que el error de percepción cometido por el juzgador resulta de tal entidad, que en caso de no haberse producido otro habría sido el dispositivo del fallo recurrido; por tanto, puede constatarse la existencia de la suposición falsa, pero si ésta resultare irrelevante para el cambio del dispositivo no sería procedente, por resultar francamente inútil. De igual forma esta Sala ha advertido que el referido vicio no está previsto expresamente como uno de los supuestos del artículo 244 eiusdem; sin embargo, la suposición falsa se refiere al hecho de que el juez atribuya a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dé por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente. Por lo tanto, si bien no está establecida en forma expresa como una causal de nulidad de acuerdo a las normas señaladas, debe entenderse que, cuando el juez se extiende más allá de lo probado en autos, es decir, atribuye a instrumentos o actas del expediente menciones que no contienen, o dé por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente, estará sacando elementos de convicción y supliendo excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados; en consecuencia, no estará dictando una decisión expresa, positiva y precisa respecto del material probatorio y estará infringiendo las disposiciones de los artículos 12 y 243, ordinal 5º, del Código de Procedimiento Civil (vid. Sentencia N° 4577 de fecha 30 de junio de 2005)”. (Véase, entre otras, sentencias Nros. 0929 y 1107 dictadas por esta Sala en fechas 26 de julio de 2012 y 1° de noviembre de 2018). De la sentencia transcrita ut supra se colige que, para incurrir en el vicio de suposición falsa, es necesario que el Juez al dictar la sentencia que resuelva el fondo del asunto, haya establecido un hecho positivo y concreto sin respaldo probatorio en el expediente, sin apoyo en prueba que lo sustente o bien por atribuir a un instrumento del expediente menciones que no contiene, dar como demostrado un hecho con probanzas que no aparecen en autos o son falsas, o cuya inexactitud resulta de las actas o instrumentos del expediente mismo. Revisado el vicio objeto de análisis, observa este Juzgado Nacional Segundo que el Juzgado a quo basó su decisión de la forma siguiente: 15 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 “(…) En cuanto a la hecha valer improcedencia de la sanción de multa, refiere no haber ejecutado obra alguna, la cual había sido ejecutada con anterioridad. Lo que es expresado constituye elemento indicativo para que el Tribunal considerando que en la extensa relación de hechos la accionante ha mantenido como argumentación fundamental que la adquisición del inmueble lo fuera el día anterior al que tuvo lugar la inspección, hechos estos que constan de los autos, el Tribunal (…) para determinar la certeza de los hechos y arribar a una decisión justa, adminicula tales evidencias para concluir que efectivamente la recurrente al adquirir la propiedad recibió el inmueble con todo lo que le era anexo, y siéndolo así, al habérsele aplicado el texto del numeral 2° del artículo 109 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, incurrió en violación de tal texto legal, dado la no adecuación de los supuestos de hechos contenidos en la norma con los acontecidos”. De la decisión citada, se desprende que el Juez de Merito fundamentó que la parte recurrente no ejecutó obra alguna, ya que al momento de la inspección del inmueble, ya se había adquirido con todo lo que estaba anexo a él, por tanto no hay violación del numeral 2 del artículo 109 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, dado que no encuadra lo contenido en la referida norma con lo acontecido. Ello así, la parte apelante al momento de denunciar el vicio de suposición falsa en la sentencia recurrida, indicó que “(…) el Juez a quo, incurrió en una falsa suposición al declarar la nulidad del acto impugnado, fundamentándose en que la recurrente al comprar el inmueble, lo recibió con la construcción que tenia anexa, sin exponer los motivos que sustentan tal afirmación, ya que, de haberlo hecho razonablemente y, atendiendo a las pruebas cursantes en autos, habría concluido que la recurrente realizó construcciones ilegales en el inmueble (…)”. Visto lo alegado por la parte apelante, este Juzgado considera oportuno citar parcialmente el artículo 109 numeral 2 de la Ley Orgánica de ordenación Urbanística, que establece: “Artículo 109 Toda persona natural o jurídica que realice obras o actividades urbanísticas sin haber cumplido con las normas establecidas en esta ley será sancionado de acuerdo a: (…) 2. Cuando viole las variables urbanas fundamentales la autoridad urbanística local procederá a la paralización de la obra y a la 16 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 demolición parcial o total de la misma, de acuerdo a las normas que haya incumplido. El responsable será sancionado con multa equivalente al doble del valor de la obra demolida. Sólo podrá continuar la ejecución del proyecto, cuando haya corregido la violación, pagado la multa respectiva y obtenido la constancia a que se refiere el artículo 85”. De la normativa se desprende, que las personas naturales jurídicas al no cumplir con la normativa mencionada ut supra serán sancionadas en uno de los casos, cuando se viole las variables urbanas fundamentales: i) la autoridad urbanística de la localidad procederá a paralizar la obra y ordenará la demolición parcial o total de la misma y ii) imponer multa equivalente al valor de la obra demolida. A tal efecto, en concordancia con la normativa supra es necesario para esta Alzada dirimir la controversia en el vicio planteado, siendo de cardinal importancia para este Órgano Jurisdiccional, pasar a analizar el contenido del acervo probatorio cursante en autos, en este sentido se observa que:  Riela del folio 148 de la segunda pieza que conforma el expediente judicial copia certificada de la “Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas”, signada bajo el N° 00227, de fecha 7 de febrero de 1995, expedida por la Dirección de Control, Urbanismo y Edificaciones del Municipio Baruta del estado Miranda, a través de la cual se hace constar que la construcción de la obra a ubicarse en la Urbanización Las Mercedes, sección Los Naranjos, calle Cristóbal Rojas, Municipio Baruta, tal como constó del informe de inspección correspondiente, cumplía con las variables urbanas establecidas en el artículos 87 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.  Cursa inserto del folio 37 de la primera pieza que conforma el expediente judicial original del documento de compra-venta del inmueble signado con el alfanumérico 1-D, ubicado en “Residencias Jardín los Naranjos”, celebrado entre el ciudadano David Bassan Bali, actuando con el carácter de Administrador de la sociedad mercantil Inmobiliaria Docebel, C.A., y la ciudadana Loredana María Ángela Lo Monaco Meschisi, autenticado ante la Notaría Pública Octava del Municipio Autónomo de 17 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 Chacao del estado Miranda en fecha 21 de junio de 1996, el cual respecto a la descripción física del inmueble expone lo siguiente: “(…) tiene un área aproximada de CIENTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS (197,70 M2), de los cuales CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS (45,70 M2) corresponden a área descubierta externa al apartamento y CIENTO CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS (152,00 M2) corresponden a área cubierta (…)”. (Subrayado de este Juzgado).  Riela del folio 39 de la primera pieza que conforma el expediente judicial original de la protocolización del documento de compra venta supra referido ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Baruta del estado Miranda en fecha 12 de septiembre de 1996.  Cursa inserto en el folio 36 de la primera pieza que conforma el expediente judicial el acto administrativo signado con el N° 0130, de fecha 22 de enero de 1997, emanado de la Gerencia de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Baruta del estado Miranda, del cual de su contenido se desprende que en virtud de la inspección realizada en el inmueble signado con el alfanumérico 1-D ubicado en las Residencias Los Naranjos, en fecha 13 de septiembre de 1996, por parte de un funcionario adscrito al referido despacho se evidencia la existencia de “una losa de tabelones con estructura metálica liviana, con un área aproximada de catorce metros cuadrados (14,00 M2) en una (sic) área descubierta de la edificación”.  Constan de los folios 106 al 125 de la segunda pieza que conforma el expediente judicial copias certificadas de las notificaciones que en fecha 1° de agosto de 1996 la ciudadana Loredana Lo Monaco, demandante en el caso de marras, habría dirigido a los propietarios de los apartamentos 1-A, 1-B, 2-A, 2-C, 2-B, 3-B, 3-D, 3-C y 3-A de las Residencias Jardín Los Naranjos, a través de las cuales les informó su decisión de iniciar la realización de una “construcción liviana a los fines de resguardarme del agua, dicho techo ligero…” en razón de que, en términos de la demandante, “por la terraza adyacente al apartamento de mi propiedad la cual también me pertenece, se ha venido presentando un grave problema de inundación”. 18 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280  Riela del folio 156 de la segunda pieza que conforma el expediente judicial copia certificada de la “Hoja de asistencia a citación”, de fecha 17 de septiembre de 1996, en la cual se hace constar la concurrencia de la ciudadana Loredana Lo Monacoa la sede de la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Baruta del estado Miranda, ocasión en la cual la referida demandante expuso dentro de sus alegatos que “(…) se construyo (sic) por razones de seguridad y de higiene, ya que cuando llueve, el agua entra al apartamento por error en la pendiente del suelo”. En exégesis de lo delatado por el acervo probatorio, se colige que en virtud de la construcción de las hoy Residencias Los Naranjos, la Dirección de Control, Urbanismo y Edificaciones del Municipio Baruta del estado Miranda, en fecha 7 de febrero de 1995, expidió una Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas puesto que con fundamento en el informe de inspección a dicha obra realizada la misma cumplía con las variables urbanas establecidas en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. A la postre, mediante documento autenticado en fecha 21 de junio de 1996 ante la Notaría Pública Octava del Municipio Autónomo de Chacao del estado Miranda y posteriormente, en fecha 12 de septiembre de 1996, protocolizado ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Baruta del estado Miranda, la sociedad mercantil Inmobiliaria Docebel, C.A., da en venta a la ciudadana Loredana María Ángela Lo Monaco Meschisi el inmueble signado con el alfanumérico 1-D, ubicado en las Residencias Jardín los Naranjos. En fecha 13 de septiembre de 1996, la Gerencia de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Baruta del estado Miranda, motivada por una denuncia interpuesta ante dicha sede, realizó una inspección en la cual evidenció en el inmueble supra referido la existencia de una losa de tabelones en el área descubierta de dicha edificación, la cual constituía una dimensión aproximada de catorce metros cuadrados (14,00 m2). Como hecho antecesor de la señalada inspección, de la revisión exhaustiva de las actas probatorias se observa en su haber un conjunto de notificaciones, de fecha 1 de agosto de 1996, que la demandante dirigió a sus vecinos a fines de informar el inicio de 19 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 la realización de una construcción de un “techo ligero” en el inmueble de su propiedad. Aunado a lo anterior, como consecuencia de la señalada inspección, la ciudadana Loredana Lo Monaco fue citada para que compareciera en la sede de la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Baruta del estado Miranda en fecha 17 de septiembre de 1996, cita a la cual asistió y alegó que la obra antes referida “se construyo (sic) por razones de seguridad y de higiene…”. Todo lo precedentemente expuesto delata el accionar de la demandante respecto a la realización de la obra posterior a la adquisición del inmueble, puesto que de la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas N° 00227 expedida por la Dirección de Control, Urbanismo y Edificaciones del Municipio Baruta del estado Miranda y del documento de compra-venta del antes descrito inmueble celebrado entre la sociedad mercantil Inmobiliaria Docebel, C.A., y la ciudadana Loredana María Ángela Lo Monaco Meschisi, se desprende que las Residencias Los Naranjos, con anterioridad a la inspección realizada al apartamento 1-D, cumplía con las variables urbanas establecidas, así como del señalado documento de compra-venta no se describe la “losa de tabelones con estructura metálica liviana, con un área aproximada de catorce metros cuadrados (14,00 M2) en un área descubierta de la edificación” tal como lo delata el Acta de Inspección, sino que, en antípoda, de dicho documento se desprende que la constitución del inmueble: “tiene un área aproximada de CIENTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS (197,70 M2), de los cuales CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS (45,70 M2) corresponden a área descubierta externa al apartamento”, lo cual desvirtúa el alegato sostenido por la demandante respecto a que dicha construcción ya existía al momento de su adquisición del inmueble, así como su alegato que sostiene la imposibilidad de que la misma hubiera sido construida “en pocas horas o en una noche” ya que la protocolización del documento de compra-venta fue realizada el 12 septiembre de 1996 y el Acta de Inspección se realizó el día posterior a ello, lo 20 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 anterior en razón de que, tal como se desprende de los elementos de prueba, la demandante habría adquirido el inmueble el 21 de junio del mencionado año, es decir, que de esta fecha a la fecha de la protocolización del documento de compra-venta habría transcurrido tiempo suficiente (2 meses y 21 días) para la realización de la obra, ello como prueba suficiente para indicar lo antes referido en el supuesto de la inexistencia de la notificación realizada por la recurrente a sus vecinos, lo cual ratifica su accionar respecto a la construcción realizada en el inmueble, puesto que en dicha notificación se expone “me he visto motivada a comenzar la realización de una construcción…”, así como de los alegatos expuestos por la ciudadana de marras en su comparecencia ante la sede de la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Baruta del estado Miranda, ocasión en la cual queda ostensible su aceptación respecto a la realización de la obra mencionada, por cuanto alega “se construyo (sic) por razones de seguridad y de higiene”. (Subrayado de este Juzgado). Lo anterior conlleva a este Órgano Jurisdiccional a determinar que efectivamente el Juzgado a quo incurrió en el vicio de suposición falsa al determinar que la demandante habría adquirido el inmueble con las mejoras realizadas, y que por tanto con la aplicación de la sanción prevista en el numeral 2 del artículo 109 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística se incurrió en una violación del texto legal, puesto que, a su decir, los hechos acontecidos no se subsumían en los supuestos contenidos en la norma, dando así el Juzgador de Instancia, por demostrados hechos que no ocurrieron de tal manera, puesto que, tal como fue demostrado en acápites previos, del acervo probatorio se pudo dilucidar que la demandante sí habría realizado la construcción de la obra del techo de tabelones posterior a la adquisición del inmueble, y a tales efecto, la obra realizada por la ciudadana Loredana Lo Monaco Meschisi, viola las variables urbanas legales establecidas, dado que no tuvo la aprobación y autorización por parte de la alcaldía recurrida para ampliar el área de construcción ya previsto en la zonificación correspondiente. Así se decide. De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho previamente expuestos, resulta forzoso para este Juzgado Nacional Segundo Contencioso 21 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 Administrativo de la Región Capital, declarar la configuración del vicio de suposición falsa denunciado por la parte apelante; en consecuencia CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; y en virtud de la declaratoria precedente se REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital (hoy Juzgado Superior Estadal Tercero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital) en fecha 21 de diciembre de 1998, a través de la cual declaró Con Lugar la Demanda de Nulidad interpuesta. Así se declara. -Del Fondo del Asunto. Dada la declaratoria que precede, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, corresponde a esta Instancia Jurisdiccional pasar a resolver el fondo de la controversia planteada, ello así, del libelo contentivo del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la ciudadana Loredana Lo Monaco Meschisi, plenamente identificada en autos, contra el acto administrativo Nº 0130, de fecha 22 de enero de 1997, emanado de la Gerencia de Ingeniería Municipal del Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda, se observa que el mismo se circunscribe a: i) la existencia de la construcción, que dio origen al acto administrativo que hoy se recurre, antes de la compra del inmueble, ii) la contravención del Acta de Inspección realizada por la Gerencia de Ingeniería Municipal del Municipio Baruta del estado Miranda respecto a los extremos legales preceptuados en el artículo 92 de la “Ley Orgánica de Urbanismo”, y iii) el trato discriminatorio del que ha sido objeto, en detrimento del artículo 61 de la “Constitución Nacional”. i) De la existencia de la construcción, que dio origen al acto administrativo que hoy se recurre, antes de la compra del inmueble Se desprende del instrumento libelar que la demandante alegó la existencia, previa a su adquisición del inmueble anteriormente descrito, del techo de tabelones, el cual resulta ser la obra infractora que da origen al acto 22 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 administrativo objeto de impugnación, punto este que ya fue resuelto por esta juzgadora en acápites precedentes y que condujo al presente conocimiento del fondo del caso de autos, siendo ello así resulta inoficioso emitir pronunciamiento respecto a este particular. Así se declara. ii) De la contravención del Acta de Inspección realizada por la Gerencia de Ingeniería Municipal del Municipio Baruta del estado Miranda respecto a los extremos legales preceptuados en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. A tenor del tópico referido, observa este Órgano Jurisdiccional que dentro de sus alegatos adujo la demandante que el Acta de Inspección realizada por la Gerencia de Ingeniería Municipal del Municipio Baruta del estado Miranda no cumplió con los extremos legales preceptuados en el artículo 92 de la “Ley Orgánica de Urbanismo”, puesto que, en palabras de la recurrente, la misma no fue elaborada en el mismo sitio de la obra dado a que el inmueble en donde “supuestamente” se realizaba esta se encontraba cerrado y deshabitado para el momento de la inspección y que la losa de tabelones a la que hace referencia el acta no es visible desde el exterior del edificio, fachada o áreas comunes internas. A fines de decidir lo conducente esta Alzada estima conveniente traer a colación el contenido normativo establecido en el referido artículo 92 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, el cual se expone en los términos siguientes: “Artículo 92. De toda inspección se elaborará un acta en el mismo sitio de la obra y se le entregará copia al profesional residente o al propietario quien deberá firmar el original como constancia de haberla recibido”. Precisado el contenido normativo que antecede, observa quien aquí decide que la demandante alegó en el instrumento libelar, que “tuve conocimiento de la existencia del ‘acta’ en referencia por copia fotostática que me fue entregada por la conserje del edificio, persona con quien el inspector dejo (sic) dicha copia”. Dicho alegato deja ostensible el conocimiento pleno que tenía la querellante respecto al Acta de Inspección 23 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 realizada, tan cierto es que, lo anterior la condujo a recurrir a la vía administrativa y posteriormente, tal como hoy queda evidente, a la vía contencioso administrativa, por lo que mal pudiera estimarse viciada de nulidad dicha Acta de Inspección, dado a que la misma, aun cuando no fue entregada en persona de la propietaria, sí la puso en conocimiento de su contenido, lo cual converge en la realización del objeto para la cual fue destinada, cumpliendo así con su fin primigenio. Del mismo modo, en concatenación con lo expuesto en acápites que anteceden, han sido argumentos reiterados de la demandante la justificación de la construcción de la referida losa de tabelones, tal como se desprende de las notificaciones dirigidas a sus vecinos así como de los alegatos por esta argüidos en ocasión de su comparecencia ante la sede de la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Baruta del estado Miranda, lo que permite dilucidar que la realización de la obra referida tuvo lugar en fecha posterior a la compra del inmueble y que la misma era existente al momento de la realización del Acta de Inspección. Así se declara. iii) Del trato discriminatorio del que ha sido objeto, en detrimento del artículo 61 de la “Constitución Nacional”. En relación al particular anterior, la demandante señaló que “si ese Organismo (la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda) esta (sic) en conocimiento de que en el Edificio Conjunto Res. Jardín Los Naranjos (…) se han violado tanto disposiciones de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística como Ordenanzas Municipales, (ya que) elaboran un ‘Acta de Inspección’ sin haber estado en el sitio de la supuesta obra”, ello sin señalar de manera expresa cuáles son las disposiciones legales previstas en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y/o Ordenanzas Municipales, que presuntamente van en detrimento del artículo 61 de la Carta Magna, y que a su decir, infringieron los propietarios de las Residencias Los Naranjos, constituyéndose esta en una denuncia genérica e indeterminada, por lo que esta Instancia Jurisdiccional al 24 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 no observar fundamentos suficientes para conocer la denuncia formulada, desestima la misma. Así se decide. En concordancia con las elucidaciones expuestas, esta Instancia Jurisdiccional declara SIN LUGAR la Demanda de Nulidad interpuesta por la ciudadana Loredana Lo Monaco, plenamente identificada en autos, contra el Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda, en consecuencia declara VÁLIDO el Acto Administrativo objeto de impugnación. Así se decide. -V- DECISIÓN Sobre la base de las consideraciones que anteceden este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del Recurso de Apelación interpuesto en fecha 22 de diciembre de 1998 por el abogado Germán Cedeño Moser, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital (hoy Juzgado Superior Estadal Tercero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital) en fecha 21 de diciembre de 1998, mediante la cual declaró CON LUGAR la Demanda de Nulidad interpuesta. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. 3.- REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado a quo. 4.- SIN LUGAR la Demanda Nulidad interpuesta; en consecuencia, VÁLIDO el Acto Administrativo objeto de impugnación. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones del Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los 25 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-R-2006-002280 _______________ (____) días del mes de _______________de dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163° de la Federación. La Jueza Presidenta, MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA La Jueza Vicepresidenta, BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA Ponente La Jueza, DANNY JOSEFINA SEGURA La Secretaria Accidental, KARLA MONTILLA Exp. N° AP42-R-2006-002280 BEAC/34 En fecha _______________ (______) de ________________ de dos mil veintidós (2022), siendo la (s) ____________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ________________. La Secretaria Accidental.