Caracas, ____________ (_____) de ___________ de 2022 Años 212° y 163° En fecha 10 de abril de 2018, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, hoy (Juzgados Nacionales Primero y Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital), el Oficio N° 0158-18 de fecha 19 de marzo de 2018, emanado del Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente judicial contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el abogado Tomás Antonio Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 45.397, actuando en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano JOSÉ GREGORIO MOLINA AGUILERA, titular de la cédula de identidad N° V-6.345.063, contra la GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA (GNB), componente de la Fuerza Armada Nacional adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA. Dicha remisión se efectuó en virtud de lo previsto en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a los fines que este Juzgado se pronuncie con relación a la Consulta Obligatoria de Ley de la sentencia dictada en fecha 14 2 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-Y-2018-000023 de agosto de 2017 por el Juzgado Superior supra mencionado, a través de la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto. El 1° de diciembre de 2022, en virtud del Acta N° 357, de fecha 16 de septiembre de 2022, fue reconstituido este Órgano Jurisdiccional, en razón de la incorporación de la abogada MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA, y mediante sesión de esa misma fecha, fue elegida la nueva Junta Directiva, la cual quedó constituida de la siguiente manera: MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA, Jueza Presidenta; BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA, Jueza Vicepresidenta; y DANNY JOSEFINA SEGURA, Jueza; en consecuencia, este Juzgado Nacional, se aboca al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra. Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa este Juzgado Nacional a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones: ÚNICO Precisa este Órgano Jurisdiccional que el objetivo de la presente causa lo constituye el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el abogado Tomás Antonio Pérez, actuando con el carácter Apoderado Judicial del ciudadano José Gregorio Molina Aguilera, antes identificados, contra la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En esta oportunidad corresponde resolver la presente consulta, sin embargo, resulta importante para esta Alzada destacar, que la querella se circunscribe entre otras pretensiones, a que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Orden Administrativa N° GN-19.909, dictada en fecha 3 de julio de 2015, mediante la cual se destituyó al hoy recurrente del cargo de Sargento Supervisor de la Guardia Nacional Bolivariana. Asimismo, observa este Tribunal Colegiado que la decisión del a quo se basó en que: “(…) el órgano querellado no cumplió a cabalidad con lo establecido en la Directiva N° DIR-G-CP-010100-3, a los fines de la sustanciación e instrucción de la averiguación administrativa, al no respetar el debido proceso y derecho a la defensa establecido en el artículo 49 de la 3 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-Y-2018-000023 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, negándole al hoy querellante la posibilidad de que este fuera representado en el procedimiento administrativo por un abogado de su confianza, por lo que debe quien aquí decide declarar procedente el alegato de la violación al debido proceso denunciado por la parte querellante (…)”. Por lo tanto, el Juez de Primera Instancia declaró “(…) nulo el acto administrativo contenido en la Orden Administrativa Nro. GN-19.909, dictada por el Mayor General Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, de fecha 3 de julio de 2015, y se orden[ó] la reincorporación del querellante al cargo que ostentaba, así como el pago de los sueldos dejados de percibir, desde la fecha en que se dictó el acto administrativo anulado hasta su respectiva reincorporación (…)”. [Corchetes de este Juzgado Nacional]. Visto lo anterior, debe este Juzgado Nacional Segundo destacar el carácter de prueba judicial que comporta el expediente administrativo y disciplinario dentro del proceso contencioso administrativo, el cual se erige como requisito fundamental para la búsqueda de la verdad material, el mismo constituye una prueba de importancia medular para que el Juez contencioso administrativo pueda formarse una acertada convicción sobre los hechos y garantice que el proceso sea un instrumento para la realización de la justicia, como lo dispone el artículo 257 del Texto Constitucional. En ese sentido, en acatamiento del principio de inmediación para la mejor búsqueda de la justicia, la Sala Político Administrativa ha establecido como “práctica judicial” dictar autos para mejor proveer, a tenor de lo dispuesto en el aparte 13 del artículo 21 de la entonces vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines que el expediente administrativo sea debidamente incorporado a los autos, para una mejor resolución de la controversia, (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela Nº 1257, de fecha 12 de julio de 2007, caso: Echo Chemical 2000, C.A.). 4 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-Y-2018-000023 Ahora bien, de la revisión realizada a las actas que conforman el presente expediente, se observa que no consta en autos el expediente administrativo disciplinario, ello así y siendo la oportunidad para resolver la presente consulta sobre la querella funcionarial interpuesta en el caso de marras, resulta indispensable para este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital destacar que del expediente administrativo y disciplinario pudiera verificarse el procedimiento instruido en vía administrativa y los fundamentos jurídicos aplicados, que aportarían a esta Alzada elementos de convicción, que la llevarían a resolver tanto los argumentos planteados por las partes en vía Jurisdiccional como los esgrimidos en vía administrativa. Así entonces, para emitir la decisión correspondiente y en aras de resguardar el derecho a la tutela judicial efectiva y al consagrado en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República debido proceso Bolivariana de Venezuela, y tomando en consideración los principios de transparencia, responsabilidad, economía procesal e inmediatez para decidir, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Órgano Jurisdiccional acuerda dictar AUTO PARA MEJOR PROVEER a los fines de solicitar a la COMANDANCIA GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA (GNB), que consigne ante esta Alzada las copias certificadas del expediente disciplinario que le fue incoado al ciudadano JOSÉ GREGORIO MOLINA AGUILERA; en virtud de su importancia para la resolución del presente caso. Así declara. En este orden de ideas, es oportuno señalar que la referida documentación deberá ser consignada dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la notificación del presente auto. Cumplido dicho lapso y en el caso de que alguna de las partes consigne la información solicitada, su contraparte podrá, de considerarlo pertinente, impugnar tal información dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a que conste en autos la prenombrada información; para lo cual, se abrirá al día siguiente 5 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AP42-Y-2018-000023 de la impugnación, la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a lo expuesto en la sentencia Nº 2008-171 de fecha 8 de febrero de 2008, dictada por este Órgano Jurisdiccional (caso: Carmen Rosalinda Peña). Finalmente, se advierte a las partes que una vez vencido el lapso dispuesto para la consignación de la información solicitada, sin que esta se haya materializado, este Juzgado Nacional Segundo evaluará el tema de fondo conforme a los elementos constantes en autos. Así se establece. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones del Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los __________ (___) días del mes de __________ de dos mil veintidós (2022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación. La Jueza Presidenta, MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA La Jueza Vicepresidenta, BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA Ponente La Jueza, DANNY JOSEFINA SEGURA La Secretaria Accidental, KARLA MONTILLA Exp. N° AP42-Y-2018-000023 BEAC/44 En fecha _______________ (______) de ________________ de dos mil veintidós (2022), siendo la (s) ____________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ________________. La Secretaria Accidental.