TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DECIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR
DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA

METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 04 de marzo de 2022.-

211º y 163º
-I-

SOLICITANTES: LEDIS YOLIMAR TOVAR CABRERA y ARMANDO
ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad,
titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-10.518.328 y V.- 10.503.449,
respectivamente.
ABOGADO ASISTENTE DE LOS SOLICITANTES: VERÓNICA
VALENZUELA, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el
Nro. 112.293, adscrita al Servicio Gratuito de la Clínica Jurídica de la
Universidad Andrés Bello.
MOTIVO: DIVORCIO 185 del Código Civil en concordancia con la Sentencia
Nº 693 de fecha 02 de junio de 2015, emanada de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia.
SENTENCIA: DEFINITIVA
EXPEDIENTE Nº AP31-S-2021-002362.
-II-

Se inicia el presente juicio, por solicitud presentada en fecha quince
(15) de junio de dos mil veintiuno (2021), por ante la Unidad de Recepción y
Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales de Municipio
Ordinarios y Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas con sede en Los Cortijos de Lourdes, por los
ciudadanos LEDIS YOLIMAR TOVAR CABRERA Y ARMANDO ALFREDO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las
cédulas de identidad Nros. V.-10.518.328 y V.- 10.503.449,
respectivamente, debidamente asistida en este acto por la profesional del
derecho VERÓNICA VALENZUELA, abogada en ejercicio e inscrita en el
Inpreabogado bajo el Nro. 112.293, adscrita al Servicio Gratuito de la Clínica
Jurídica de la Universidad Andrés Bello, mediante el cual solicita la disolución
del vínculo conyugal que los une, con fundamento en el articulo 185 del
Código Civil, en concordancia con la Sentencia Nº 693 de fecha 02 de junio

de 2015, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia.
Alegan los solicitantes que contrajeron matrimonio por ante la Primera
Autoridad Civil de la Parroquia San Pedro, Municipio Libertador, Distrito
Capital, según consta de Acta de Matrimonio Nº 104 de fecha 22 de
diciembre de 2000, asentada en el libro de matrimonios correspondiente al
año 2000, la cual fue consignada junto con el escrito de solicitud.
Señalaron que durante la unión conyugal no procrearon hijos y si
adquirieron bienes durante su unión matrimonial.
Por otra parte, señalaron como último domicilio conyugal la siguiente
dirección: “Avenida Norte 9, entre Palo Negro a Porvenir, Edificio Siga, piso
3, apartamento 15, Parroquia San José, Municipio Libertador del Distrito
Capital.”
Ahora bien, manifiestan en su escrito que: “…por múltiples
desavenencias que hacen imposible la vida en común, hemos decidido
separarnos de hecho, es por ello que solicitamos que se decrete de mutuo
acuerdo nuestro divorcio…”
En fecha 09 de julio de 2021, este Tribunal le dio ENTRADA e INSTÓ
a los solicitantes a indicar la fecha exacta de separación de hecho.
En fecha 30 de agosto de 2021, compareció la ciudadana LEDIS
YOLIMAR TOVAR CABRERA, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad N° V.- 10.518.328, asistida en este acto por la
profesional del derecho VERÓNICA VALENZUELA, abogada en ejercicio e
inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 112.293, quien mediante diligencia
dio cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en auto de fecha 09 de julio
de 2021.
En fecha 31 de agosto de 2021, este Órgano Jurisdiccional admitió la
presente solicitud y ordenó la notificación de la Vindicta Pública.
En fecha 14 de octubre de 2021, compareció la ciudadana LEDIS
YOLIMAR TOVAR CABRERA, plenamente identificada en autos, asistida
por la abogada VERÓNICA VALENZUELA, inscrita en el Inpreabogado bajo
el Nro. 112.293, mediante diligencia consignó los fotostatos a fin de ser
librada la respectiva boleta de notificación; siendo librada la misma en fecha
15 de octubre de 2021.
En fecha 04 de noviembre de 2021, compareció el Alguacil AMILKAR
GOMEZ, adscrito a la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial, y

consignó boleta de notificación debidamente firmada y sellada en señal de
recibido por el Fiscal del Ministerio Público.
En fecha 06 de diciembre de 2021, compareció la profesional del
derecho LINNE DEL VALLE SUCRE, en su carácter de Fiscal Encargada de
la Fiscalía Centésima Quinta (105º) del Ministerio Público con Competencia
en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e
Instituciones Familiares, de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, quien consignó diligencia mediante la cual
manifestó: “…esta Representación Fiscal no presenta objeciones a efectos
de continuar con el procedimiento correspondiente, toda vez que los hechos
esgrimidos, se adecuan a los supuestos de la normativa legal en la cual se
basa o sustenta la presente solicitud…”
-III-

-DE LOS INSTRUMENTOS PROBATORIOS-

 Copia Certificada del Acta de Matrimonio Nº 104, de fecha 22 de
diciembre de 2000, emanada por ante la Primera Autoridad Civil de la
Parroquia San Pedro, Municipio Libertador, Distrito Capital, correspondiente
a los ciudadanos LEDIS YOLIMAR TOVAR CABRERA y ARMANDO
ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad,
titulares de las cédulas de identidad Nros.V-10.518.328 y V- 10.503.449,
respectivamente, de la cual se desprende claramente el vínculo matrimonial
por ellos contraído. En virtud de ser un instrumento público este Tribunal le
otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los Artículos
1.357, 1.359, 1.360, 1.384 del Código Civil (1.982) y 429 del Código de
Procedimiento Civil (1.987), en concordancia con lo establecido en los
artículos 68, 75 ord. 1°, 76, 77 y 79 del Decreto con rango, valor y fuerza de
la Ley de Registros y del Notariado (2.014) Así se decide.-
 Copias de las cédulas de identidad de los ciudadanos LEDIS
YOLIMAR TOVAR CABRERA y ARMANDO ALFREDO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ. Instrumento al cual este Tribunal le otorga valor probatorio.
Así se decide.-

-IV-

-MOTIVACIÓN PARA DECIDIR-

Para decidir el Tribunal observa:
El matrimonio es un vínculo que permite a los cónyuges cumplir un sin
número de derechos y obligaciones en plana igualdad, todos dirigidos al
logro de una verdadera convivencia derivada del amor mutuo, el respeto, la
solidaridad, afecto, compromiso a objeto de alcanzar fines comunes, dicho

vínculo se forma mediante el consentimiento libremente manifestado, el cual
debe permanecer durante su vida, de allí que al romperse en ambos o en
alguno de ellos, exista el divorcio como mecanismo para su disolución, lo
cual puede devenir del libre consentimiento de los cónyuges.
Por ello, si bien desde el punto de vista de la Constitución, el Estado
debe proteger a la familia y al matrimonio como una de sus instituciones
fundamentales, se debe considerar que éste se basa en la libertad y en el
consentimiento libremente manifestado. Desde el mismo momento en que
ese consentimiento cambia en la pareja o en alguno de ellos, como una
forma de manifestación del libre desenvolvimiento de la personalidad, deba
existir el divorcio como medio para buscar solución a esta situación.
Es que esa libertad de la persona, le permite manifestar el
consentimiento para vivir en matrimonio, esa libre voluntad debe ser
suficiente para ponerle fin al vínculo, y el Estado debe procurar abrir los
medios jurídicos adecuados a objeto de permitir la disolución del vínculo, en
procura del bienestar no solo de sus miembros, sino de la familia y la propia
sociedad.
El profesor Dr. Raúl Sojo Bianco en su obra “Apuntes de Derecho de
Familia, Caracas, 1985, p.p. 166-173, sostiene que “El divorcio es la
disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como
consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”.
Y al referirse el mismo autor, al divorcio basado en la ruptura prolongada de
la vida en común, asevera que “…se trata de una verdadera innovación en
materia de divorcio, con la cual se viene a consagrar el mutuo consentimiento
como causal de divorcio; puesto que bastará que los cónyuges estén de
acuerdo en afirmar que han permanecido separados de hecho por más de
cinco años, para que sea admitido y sustanciado el procedimiento, ya que no
se exige prueba alguna…”.
El precepto contenido en el artículo 185-A del Código Civil, cual es del
siguiente tenor:

“Cuando los cónyuges han permanecido separados de
hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá
solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en
común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la
partida de matrimonio.
...Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al
otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles,
además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer
personalmente ante el Juez en la Tercera audiencia después de
citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio

Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias
siguientes, el Juez declarará el divorcio en la Duodécima
Audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados...”.
Subrayado del tribunal.
La norma jurídica antes transcrita pone de manifiesto, que para la
declaratoria del divorció fundamentándose en la ruptura prolongada de la
vida en común, debe demostrarse la existencia del vínculo conyugal cuya
disolución se persigue; el reconocimiento de ambos cónyuges que han
permanecido por más de cinco (5) años separados de hecho, y finalmente,
que el Fiscal del Ministerio Público no haga oposición a la solicitud de
divorcio.
La petición de los solicitantes implica el reconocimiento de ambos
cónyuges de una situación que incide necesariamente en el libre
consentimiento que expresaron al momento de contraer matrimonio y que les
impide su vida en común, a tal punto que han manifestado de mutuo acuerdo
su voluntad de divorciarse. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia ha declarado con carácter vinculante, mediante
sentencia No. 693, del 2 de junio de dos mil quince (2015), en el expediente
No. 12-1163, que “… las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del
Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá
demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra
situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos
señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo;
incluyéndose el mutuo consentimiento…”
Ahora bien, es indispensable aclarar que en todo caso que, debe estar
demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición
sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, tal y
como se dejó sentado en la citada sentencia N° 102/2001, al afirmarse que
“(…) el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la
existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo
matrimonial” Resaltado del Tribunal.
En este orden de ideas, en Sentencias N° 693, de fechas 2 de junio de
2015, dictadas en solicitud de revisión constitucional, estableció criterio
vinculante nuestro Máximo Tribunal Supremo de Justicia respecto al
contenido del artículo 185-A y 185, ambos del Código Civil, y señaló que el
consentimiento debe mantenerse a lo largo de la vida del matrimonio.
En la primera de dichas sentencias, se indicó:
“De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como
institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges,
como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie
puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por

interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer
casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este
derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al
menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre
consentimiento– la vida en común, entendida ésta como la
obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y
socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo
acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la
fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem). En efecto,
esta última norma del mencionado Código prevé que el domicilio
conyugal “será el lugar donde el marido y la mujer tengan
establecido, de mutuo acuerdo, su residencia”.
…ya que el consentimiento libre para mantenerlo es el fundamento
del matrimonio, y cuando éste se modifica por cualquier causa y
por parte de cualquiera de los cónyuges, surge lo que el vigente
Código Civil Alemán en su artículo 1566, califica como el fracaso
del matrimonio, lo cual se patentiza por el cese de la vida en
común, uno de cuyos indicadores es el establecimiento de
residencias separadas de hecho y que puede conducir al divorcio,
como lo reconoce el citado artículo. La suspensión de la vida en
común significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha
terminado, pero ello no basta per se, ya que el matrimonio, con
motivo de su celebración mediante documento público (…).”
Y, en la segunda, señaló con carácter vinculante:
Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose
comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con
posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar
interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse
en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos
jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una
sentencia que ponga fin al vínculo conyugal.
Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento
jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero
cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que
en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente
a un vacío, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo
menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela
judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una
sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de
decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio,
frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de
satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la
vida y las nuevas tendencias sociales.
De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la
previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una
limitación al número de las causales para demandar el divorcio,
deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos
constitucionales ya comentados devenidos de la nueva
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el
derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener
una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta
vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional,
el mantenimiento de un numerus clausus de las causales
válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los
derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de
la personalidad y a la tutela judicial efectiva.
“… realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185
del Código Civil y establece, con carácter vinculante, que las
causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil
no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá
demandar el divorcio por las causales previstas en dicho
artículo o por cualquier otra situación que estime impida la
continuación de la vida en común, en los términos señalados

en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo;
incluyéndose el mutuo consentimiento…”
De acuerdo a los criterios antes transcritos, tenemos que si bien la
Sala Constitucional acogió la tesis del divorcio solución, a los fines de poner
fin a un vínculo que se ha tornado insostenible por las conductas asumidas
por ambos o uno de los cónyuges, “…independientemente de que pueda
atribuirse tal situación a uno de los cónyuges, de modo que no hay un
culpable y un inocente…” dado que no se persigue el castigo a ninguno de
sus componentes, sí ponderó que la vida social tiene una dinámica distinta a
la producción de las normas que lo regulan. En efecto, las conductas de los
miembros de la sociedad avanzan a un ritmo más acelerado que la creación
de las normas que las tratan de regular, por lo que se impone a los jueces
interpretar las normas de acuerdo a esa dinámica social, a los fines de dar
primacía a los valores y principios que la misma sociedad se ha dado y que
han recogido en ese contrato social denominado Constitución, en la que
siempre debe tener como norte de su actuación a la persona humana, centro
y fin de actuación del Estado, quien debe velar por su defensa, desarrollo y
respeto a su dignidad, según lo prevé el artículo 3 Constitucional.
No en vano uno de los derechos humanos fundamentales previstos en
la Constitución, es el del libre desenvolvimiento de la personalidad, a que se
refiere el artículo 20, que en la vida social le permite a cada persona, actuar
de acuerdo a sus convicciones propias y tomar las decisiones que mejor
convengan al desarrollo de su vida, sin más limitaciones que aquellas que
vayan en contra de sus pares en la sociedad.
De acuerdo a ello y a la libertad como valor fundamental inmanente a
la persona humana, le permite decidir vivir en matrimonio, siempre con el
consentimiento libremente manifestado de la otra persona que también ha
decidido libremente hacerlo.
En este caso, existe la firme voluntad de ambos de querer poner fin al
vínculo matrimonial y esa manifestación de voluntad que deviene del derecho
al libre desenvolvimiento de la personalidad, resulta suficiente para que se
declare disuelto el vínculo matrimonial en cuestión, que permita a cada uno
de las partes mantener su libertad y dediquen tiempo y esfuerzos a ser
ciudadanos útiles a la sociedad y no se desgasten en una situación de
conflicto que en nada contribuye a su crecimiento como personas.
En consecuencia, constatándose que en el caso de autos se ha
verificado una situación de esa naturaleza, lo procedente es que el Tribunal,
garantizándole a los solicitantes su derecho al libre desarrollo de la
personalidad y a la tutela judicial efectiva, proceda a declarar sin

procedimiento contencioso su divorcio, pues, siendo evidente, -conforme la
sentencia citada- que basta para ello la simple manifestación de voluntad de
los cónyuges de querer divorciarse, resultaría inoficiosa cualquiera otra
actuación destinada a proteger ese vinculo. Así se decide.

V
-DECISIÓN-

Atendiendo a todo lo expuesto, este Tribunal Décimo Tercero de
Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en
nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley
declara CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO 185 del Código Civil en
concordancia con la Sentencia Nº 693 de fecha 02 de junio de 2015,
emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, formulada por los ciudadanos
LEDIS YOLIMAR TOVAR CABRERA Y ARMANDO ALFREDO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las
cédulas de identidad Nros.V-10.518.328 y V- 10.503.449, respectivamente, ,
debidamente asistida en este acto por la profesional del derecho VERÓNICA
VALENZUELA, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el
Nro. 112.293.
En consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial por
ambos contraído en fecha 22 de diciembre de 2000, por ante la Primera
Autoridad Civil de la Parroquia San Pedro, Municipio Libertador, Distrito
Capital, según consta de Acta de Matrimonio Nº 104, asentada en el libro de
matrimonios correspondiente al año 2000, llevados por dicha Autoridad Civil.
Expídanse copias certificadas de la presente decisión a cada uno de
los solicitantes. Así mismo se acuerda notificar a las autoridades
correspondientes a los fines de lo previsto en los artículos 152 de la Ley
Orgánica de Registro Público, 506 del Código Civil y lo establecido en el
artículo 51 de la Resolución Nº 100623-0220, de fecha 23 de junio de 2010,
emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y publicada en Gaceta
Oficial Nº 39.461, de fecha 08 de julio de 2010, se acuerda emitir copia
certificada de la sentencia, al ciudadano Director de la Oficina Nacional
Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), a los fines que estampe la
correspondiente nota marginal.
De conformidad con lo dispuesto en el particular DECIMO de la
Resolución Nº 05-2020, de fecha de 05 de octubre de 2020, emanado de la
Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena la
remisión de la dispositiva en formato PDF, a la cuenta
notificacionesysentencias.civil@gmail.com para su publicación en el portal

Web. Asimismo, se ordena remitir la presente decisión en formato PDF, sin
firmas, a la cuenta de correo electrónico suministrada por las partes.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente
decisión, conforme a lo previsto en el artículo 248 del Código de
Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la sala del Tribunal Décimo
Tercero de Municipio, Ordinario y Ejecutor de Medidas de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 04 de marzo
de 2022. Años: 211º de la Independencia y 163º de la Federación.
LA JUEZ PROVISORIA,
FIRMADO EN ORIGINAL
ABG. NINOSKA ROMERO M.

LA SECRETARIA TEMPORAL,
FIRMADO EN ORIGINAL
ABG. FREILENTH PINTO.
En esta misma fecha siendo las 11:35 am, se publicó y registró la
presente decisión.

LA SECRETARIA TEMPORAL,
FIRMADO EN ORIGINAL
ABG. FREILENTH PINTO

NRM/FP/Daniel.
Exp. AP31-S-2021-002362.