REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR ESTADAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA Barquisimeto, veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidós 211º y 163º Exp. Nº KP02-G-2012-000183 PARTE DEMANDANTE: MARIA MILAGRO DE RODRIGUEZ PARTE DEMANDADA: HIDROLARA MOTIVO: QUERELLA INTERDICTAL DE OBRAS VIEJAS SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA En fecha 12 de noviembre de 2012, se recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, escrito contentivo de la acción por interdicto de obras viejas interpuesto por la ciudadana MARIA MILAGROS DE RODRIGEZ, titular de la cedula de identidad N°V-10.053.216, asistida por el abogado en ejercicio Antonio Pastor Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 38.009, contra la empresa de Servicio de agua estadal HIDROLARA. En fecha 13 de Noviembre de 2012, es recibido el presente asunto por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el cual mediante auto de fecha 20 de noviembre de 2012, declara su incompetencia y declina la misma a este Juzgado Superior. En fecha 07 de diciembre de 2012, es recibido por este Juzgado y en esta misma fecha de dicta sentencia donde no acepta declinatoria de competencia y plantea conflicto de competencia, se remite a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia bajo oficio En fecha 4 de febrero de 2015 es recibido nuevamente el presente expediente proveniente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de haber resuelto la Sala especial donde nos declara competentes para conocer y decidir la presente acción. Posteriormente en fecha 09 de febrero de 2015 este Juzgado Superior admite a sustanciación cuanto ha lugar en derecho la presente acción, ordenando las citaciones y notificaciones de Ley. En fecha 17 de diciembre de 2015, se Aboca al conocimiento de la causa la Abg. María Alejandra Romero Rojas, en virtud de su designación como Jueza Provisoria de este juzgado. En fecha 24 de febrero de 2016, se dicta auto en aras de a garantizar la tutela judicial efectiva y acuerda notificar a las partes de la decisión dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, del auto de admisión de fecha 09 de febrero de 2015, así como del auto de abocamiento. En fecha 03 de octubre mediante auto se dejo constancia de la notificación practicada a las partes en la presente demanda. En fecha 31 de julio de 2019, quien suscribe se aboca al conocimiento de la presente causa, en virtud de su designación como juez provisorio de este juzgado. En fecha 29 de octubre de 2019 vista la falta de impulso procesal, se ordena oficiar a las parte a los fines de que manifiesten si mantienen interés en la continuación y resultas de la presente causa. En tal sentido, se observa lo siguiente: I UNICO Realizada precedentemente una breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal de que se trate está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos de que dispone para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento. En este sentido, cabe resaltar en el caso de autos, una vez dictado el auto de fecha 29 de octubre de 2019, mediante la cual se ordenó notificar a las partes a los fines de que indique si mantiene interés en la prosecución del presente juicio, ya que tal omisión o inactividad implica una consecuencia jurídica que opera contra la parte no diligente en el cumplimiento de tal obligación, necesaria para continuación del procedimiento instaurado. En efecto, de la revisión de las actas procesales tenemos que una vez admitida la acción incoada, y librada las notificaciones a las partes interesadas para que diera continuación al procedimiento instaurado, sin que fuera materializada oportunamente alguna actuación procesal a instancia de parte que diera impulso para la consecución del expediente, es decir, la parte demandante no ha mostrado interés procesal alguno para materializar las citaciones y notificaciones ordenadas en el auto de admisión, habiendo transcurrido un lapso superior a un (01) año. Por lo tanto, en atención a la falta o pérdida de interés que demuestran las partes de autos en que se produzca una decisión sobre lo que fue solicitado, es lo que hace considerar a este Juzgado que no existe una necesidad de que le sea reconocido un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo; razones estas para proceder a entrar y analizar la institución de la perención de la instancia. Así las cosas, es menester para este Juzgado Superior traer a colación lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas. Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.” Ello así, sobre la perención de la instancia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido conteste al reiterar que “(…) la misma se traduce en una sanción que produce el declive del juicio como consecuencia de la inactividad de las partes, quienes durante el transcurso de un tiempo previsto en la ley, no impulsan el proceso ocasionando su extinción”. (Vid. Sentencia Nº 237, de fecha 1 de junio de 2011, caso: Miriam Rodríguez contra herederos desconocidos de Francisco Pérez San Luis). Respecto a este punto, el autor Ricardo H. La Roche, ha señalado que la perención de la instancia “(...) es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso (…)”, por ello sostiene, que “(…) toda paralización tiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones que la determinan (…)”. (Vid. Ricardo Henríquez La Roche, Código de Procedimiento Civil. Tomo II. Páginas 328 y 329, Caracas, 1995, Centro de Estudios Jurídicos del Zulia). En consecuencia, en el caso que se examina, el último acto procedimental tendiente a impulsar la prosecución del juicio ocurrió el día 29 de octubre de 2019, vale decir, una actuación realizada por este Tribunal mediante la cual se ordenó a la parte demandada manifestar su interés en la prosecución del juicio, por consiguiente habiendo transcurrido más de un (1) año de inactividad procesal y falta de impulso de la acción incoada, no imputable a este Órgano Jurisdiccional, resulta forzoso para este Tribunal Superior, decretar la perención de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se decide. Finalmente a los fines de garantizar derechos constitucionales como lo son el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes, este Juzgado Superior acuerda tener como domicilio procesal la sede de este Juzgado y en consecuencia notificar de la decisión dictada en la presente fecha mediante cartel, el cual deberá ser fijado en la Cartelera de este Órgano Jurisdiccional durante un lapso perentorio de diez (10) días de despacho, de conformidad con lo establecido en el Artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. III DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se declara la PERENCIÓN de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. SEGUNDO: Archívese oportunamente el presente asunto. No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022). Años: 212º de la Independencia y 163º de la Federación. La Jueza Provisoria, Abg. Marvis Maluenga de Osorio La Secretaria, Abg. Andreina Giménez Publicada en su fecha a las 01.05 p.m. La Secretaria,