TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EL JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
CON COMPETENCIA EN LOS ESTADO COJEDES Y YARACUY
Valencia, 11 de mayo de 2022
212º y 163º

Expediente Nro.12.909

De la revisión exhaustiva de todo el expediente, este Tribunal observa que la sentencia interlocutoria sin fuerza de definitiva dictada en fecha 26 de octubre de 2017, en la querella funcionarial, interpuesta por la ciudadana IRIS MIREYA MARQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 4.867.432, actuando en nombre y representación de la ciudadana TOMASA GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 1.341.367, debidamente asistida por los abogados LUISA MARQUEZ Y ORLANDO PAREDES, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajos los Nros. 61.392 y 16.741, respectivamente, contra la empresa C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO (HIDROCENTRO, C.A.), carece de firma del ciudadano LUIS ENRIQUE ABELLO GARCÍA, Juez Provisorio para ese momento, convirtiéndose esta en un documento apócrifo.

Ahora bien, en virtud de lo establecido en el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente:

“...La sentencia expresará la fecha en que se haya pronunciado y se firmará por los miembros del Tribunal, pero los que hayan disentido respecto de lo dispuesto, podrán salvar su voto, el cual se extenderá a continuación de la sentencia, firmada por todos.

No se considerará como sentencia ni se ejecutará, la decisión a cuyo pronunciamiento aparezca que no han concurrido todos los jueces llamados por la ley, ni la que no esté firmada por todos ellos...”.

Así como también, el criterio asentado por la sala de Casación Civil en fecha 12 de agosto de 2004, en el expediente Nº AA20-C-2003-000389 caso: “RUBÉN DARÍO JIMÉNEZ Vs. la sociedad de comercio UNIVERSAL DE SEGUROS C.A.”, que indica:

“…no cabe dudas que el auto que carece de la firma del funcionario llamado por la Ley para otorgarle validez, carece de toda legalidad, en efecto la falta de firma de la jueza de la cognición, evidenciada en el auto de fecha 3 de diciembre de 2001, apareja la inexistencia de dicho auto, por cuanto no cumple con la formalidad esencial para su validez.
En consecuencia, y en virtud de los razonamientos antes expuestos, observa la Sala que ante un auto jurídicamente inexistente, por incumplimiento de la formalidad establecida en el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, referida a la falta de la firma de la juez que lo suscribió, el juez de alzada no tenía porque reponer la causa sino simplemente emitir decisión sobre la subsanación de la cuestión previa alegada por la parte demandada, como efectivamente ocurrió en el caso subjudice, bajo estas consideraciones, es concluyente para este Alto Tribunal declarar improcedente la presente denuncia...”

En conexión con lo anterior y en atención al artículo 14 del Código de Procedimiento Civil el cual reza “el Juez es el director del proceso” y por lo tanto tiene facultades de corregir o modificar aquellas actuaciones erróneas que afecten el correcto desenvolvimiento del proceso y de conformidad con lo establecido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que indica:

“Los actos y providencias de mera sustanciación o de mero trámite, podrán ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte, por el Tribunal que los haya dictado, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones especiales. Contra la negativa de revocatoria o reforma no habrá recurso alguno, pero en el caso contrario se oirá apelación en el solo efecto devolutivo”.

En consecuencia, por todo lo antes expuesto, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo De La Circunscripción Judicial Del Estado Carabobo Con Competencia En Los Estado Cojedes Y Yaracuy, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia interlocutoria sin fuerza definitiva dictada por este Juzgado Superior en fecha 25 de octubre de 2017, mediante la cual se declaró la pérdida del interés en la querella funcionarial, interpuesta por la ciudadana IRIS MIREYA MARQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 4.867.432, actuando en nombre y representación de la ciudadana TOMASA GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 1.341.367, debidamente asistida por los abogados LUISA MARQUEZ Y ORLANDO PAREDES, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajos los Nros. 61.392 y 16.741, respectivamente, contra la empresa C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO (HIDROCENTRO, C.A.), y DEJA SIN EFECTO la boleta de notificación dirigida a la parte querellante, de conformidad con lo establecido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
El Juez Superior,

Dr. PEDRO ENRIQUE VELASCO PRIETO La Secretaria Suplente,

Abg. DAYANA ANDREINA PÉREZ PÁEZ.

PEVP/DAPP/DG