REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 30 de noviembre de 2022 212º y 163º ASUNTO Nº: AP11-V-FALLAS-2022-001096 PARTE ACTORA: Ciudadano ANTONIO BIELIUKAS DÍAZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-6.206.530 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No 41.477, actuando en su propio nombre y representación. PARTE DEMANDADA: Ciudadano SAMUEL ANTONIO QUIROS NOLTENIUS, de nacionalidad salvadoreña, mayor de edad, titular del Pasaporte N° A01874150 y N° de Libreta D1627020 y la sociedad mercantil DIGOLD OVERSEAS, S.A., constituida bajo las leyes de la República de Panamá, organizada mediante Escritura Pública N° 1.758, otorgada ante la Notaría Pública Quinta del Circuito de Panamá, en fecha 26 de enero de 2011, debidamente inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá bajo la ficha N° 725260, con el N° 1915783, en fecha 27 de enero de 2011. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene acreditado en autos representación judicial alguna. MOTIVO: ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES. - I - SÍNTESIS DEL PROCESO Se recibió escrito en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 28 de noviembre de 2022, presentado por el abogado ANTONIO BIELIUKAS DÍAZ, actuando en su propio nombre y representación, procediendo a demandar al ciudadano SAMUEL ANTONIO QUIROS NOLTENIUS y a la sociedad mercantil DIGOLD OVERSEAS, S.A., por ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES. Habiendo correspondido el conocimiento de la presente causa a este Tribunal, previa distribución, se le dio entrada por auto dictado en esta misma fecha, por lo que procede este Juzgado a pronunciarse respecto a su admisión sobre la base de las consideraciones que se desarrollarán a continuación. - II - MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Alega la parte actora en su escrito libelar que, con ocasión de las múltiples actuaciones extrajudiciales y judiciales realizadas en representación de la parte demandada, en ejecución y cumplimiento de los contratos de servicios profesionales de abogados suscritos, además de contratos verbales ratificados por comunicaciones electrónicas, que involucran un número significativo de horas trabajadas cuya estimación debe calcularse desde el momento en el que comienza la relación profesional y por los siguientes veintiocho (28) meses, ya que en su decir, la labor se extendió a dedicación exclusiva. Adicionalmente, se evidencia del escrito libelar que la parte accionante procedió a indicar cada una de sus pretensiones que constituyen el fundamento de la demanda, indicando en el capítulo III del escrito libelar, denominado "“DEL DERECHO A COBRAR HONORARIOS PROFESIONALES EN ESTOS CASOS, lo siguiente: Folios 12 y 13 del escrito libelar: “… (…) Actuaciones judiciales: por revocatoria del poder se solicita a este juzgado la estimación de los honorarios profesionales tomando en consideración dos parámetros: 1) El porcentaje ofrecido en los contratos por SAMUEL ANTONIO QUIROS NOLTENIUS sobre las cantidades a ser recuperadas en favor de las víctimas por la activación y documentación de un arreglo judicial cuya imposibilidad se plasma por la revocatoria del poder. 2) Lo estimado por el reglamento de honorarios mínimos por las actuaciones judiciales llevadas a cabo por esta representación evaluando la cuantía y el estado y grado de cada causa hasta el momento de la revocatoria del poder. En este particular estimo la demanda de forma prudencial, a la espera de la experticia que corresponda, en la cantidad de seiscientos mil Dólares de los Estados Unidos de América ($ 600.000,00). Actuaciones extrajudiciales: consta en archivos electrónicos cuya confidencialidad debo mantener hasta la presentación de pruebas, la oferta realizada a mi persona de parte SAMUEL ANTONIO QUIROS NOLTENIUS donde se establecía el pago de un mínimo de doscientos cuarenta mil Dólares de los Estados Unidos de América ($ 240.000,00), sin importar el resultado de dichas gestiones. Por lo anterior, la estimación prudencial de honorarios debidos a mi persona con ocasión de todas las actuaciones antes determinadas es de ochocientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 840.000,00) (…) …”. De lo precedentemente transcrito no cabe la menor duda que la parte demandante acumuló indebidamente la pretensión de Intimación de Honorarios Profesionales por actuaciones judiciales y la pretensión de Intimación de Honorarios Profesionales por actuaciones extrajudiciales, cuyos procedimientos son incompatibles entre sí, lo que comporta una evidente contravención de lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “…Artículo 78.- No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra, siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí…” (Resaltado y negrilla nuestro). La norma supra transcrita regula la inepta acumulación inicial de pretensiones, y consiste en que la parte actora no puede acumular en un mismo libelo pretensiones que son contradictorias entre sí, se excluyan mutuamente, corresponda su conocimiento a órganos jurisdiccionales diferentes o cuyos procedimientos son incompatibles entre sí; siendo posible acumular en un mismo libelo pretensiones incompatibles de manera subsidiaria, siempre y cuando el procedimiento aplicable no sea incompatible. El profesor Arístides Rengel Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, analiza el instituto procesal de inepta acumulación de pretensiones en los siguientes términos: “La prohibición de acumulación de proceso que tengan procedimientos incompatibles, se justifica igualmente por la necesidad de la unidad de procedimiento que debe seguirse para los procesos acumulados. Sería imposible esta unidad se acumulasen, v.gr., un proceso de cobro de bolívares que se sigue por el procedimiento ordinario, con otro de ejecución de hipoteca que se sigue por el respectivo procedimiento especial”. En ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 22 de mayo de 2001, Exp. No. 00-169, fijó la siguiente posición: “Se evidencia pues en el caso sub-litis, la acumulación en un mismo procedimiento de dos pretensiones correspondientes a procedimientos incompatibles, a saber: la ejecución del contrato por una parte, y la oferta real, por la otra. Ahora bien, la Sala ha establecido en diferentes oportunidades que la acumulación obedece, en efecto, a la necesidad de evitar la eventualidad de fallos contradictorios en casos que o bien son conexos o existe entre ellos una relación de accesoriedad o continencia. Asimismo, tiene como objetivo influir positivamente en la celeridad, ahorrando tiempo y recursos al fallar en una sola sentencia asuntos en los que no hay razón para que se ventilen en diferentes procesos. Por tanto, es indispensable la existencia de dos o más procesos y que entre ellos exista una relación de accesoriedad, continencia o conexidad; y, por supuesto, que no exista alguno de los presupuestos establecidos en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, inherentes a la prohibición de acumulación de autos o procesos; norma ésta que textualmente expresa: “No procede la acumulación de autos o procesos: ...3° Cuando se trate de asuntos que tengan procedimientos incompatibles”. Debe entonces, puntualizar la Sala que, siendo la unidad de procedimiento una característica de la acumulación en general, tal unidad no podría lograrse cuando, como en el caso de autos, a cada pretensión corresponda un procedimiento incompatible con el de la otra y más aun cuando se acumuló a un proceso que se sigue por el procedimiento ordinario, otro que se rige por el respectivo procedimiento especial, como lo es la oferta real. Las razones precedentemente expuestas conducen a la Sala a casar de oficio y sin reenvío el fallo recurrido, y en consecuencia, a declarar la inadmisibilidad de la demanda propuesta por el ciudadano Mortimer Ramón Gutiérrez contra el ciudadano Héctor José Florville Torrealba, por infracción del artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación. Por tanto es innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, conforme a lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece”. En similares términos a lo expuesto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 21 de julio de 2009, con Ponencia del Magistrado Luís Antonio Ortiz Hernández, juicio Tulio Colmenares R. y Otros vs. Fabián E. Burbano P. y Otros, señaló lo siguiente: “...la prohibición de la ley de admitir la demanda, por inepta acumulación de pretensiones, constituye materia de orden público, y el juez está facultado para declararla de oficio en cualquier estado y grado de la causa cuando verifique su existencia, al estar indefectiblemente ligada a la acción y no a la cuestión de fondo que se debate, dado que existe la acción y si esta se ha perdido no podrá sentenciarse el fondo, sin importar en que estado procesal, o en cual momento del juicio se extinguió la acción Por consiguiente, casa vez que el juez constata que la acción se extinguió, de oficio debe declarar tal situación, ya que el derecho a movilizar la administración de justicia, es una causa particular, se ha perdido, al no poder existir el fallo de fondo, y la extinción de la acción es independiente de lo alegatos que se susciten con motivo de la contestación de la demanda, o de los informes...”. (Resaltado y negrilla nuestro). Sobre la base del criterio jurisprudencial precedente, este tribunal estima que en el presente caso nos encontramos frente a una inepta acumulación de pretensiones en el sentido que las pretensiones de Intimación de Honorarios Profesionales con fundamento en actuaciones judiciales y actuaciones extrajudiciales (cuyos procedimientos –de manera autónoma y separados– si correspondía conocer este órgano jurisdiccional) son diametralmente diferentes, pues el primero se tramita por un procedimiento especial conforme a la jurisprudencia patria, y el segundo, por el procedimiento breve previsto en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Como consecuencia de todo lo antes expuesto, este tribunal observa que en este proceso se acumularon indebidamente pretensiones cuyos procedimientos son absolutamente incompatibles entre sí, siendo que tal acumulación indebida de pretensiones implica que este proceso resulte de imposible tramitación, motivo por el cual, resulta forzoso declarar INADMISIBLE la demanda que originó este juicio, por haber contravenido lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE. -III- DECISIÓN Por los argumentos antes expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: INADMISIBLE la pretensión contenida en la demanda que por ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES incoara el ciudadano ANTONIO BIELIUKAS DÍAZ, contra el ciudadano SAMUEL ANTONIO QUIROS NOLTENIUS y a la sociedad mercantil DIGOLD OVERSEAS, S.A., ampliamente identificados al inicio, por contravenir lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil. Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación. LA JUEZ, CAROLINA GARCÍA CEDEÑO. LA SECRETARIA, YEISA REQUENA CASTAÑEDA. En esta misma fecha, siendo la una y veinte minutos de la tarde (1:20 p.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. LA SECRETARIA, YEISA REQUENA CASTAÑEDA. Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-001096 SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.