TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del
Estado Bolivariano de Mérida, sede Mérida
Mérida, 21 de noviembre de 2022
212º y 163º

ASUNTO: LP61-J-2022-000479

SENTENCIA Nº 075
SENTENCIA DEFINITIVA

I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Solicitantes: LUIS ALBERTO PEÑA SANGUINO y APOLINARIA ANTONIA MUÑOZ DE PEÑA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad números V-5.442.061 y V-8.040.471, en su orden, domiciliados en Ejido, municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábiles.

Asistencia Técnica Jurídica de los Solicitantes: Abogada en ejercicio INDAMARA DEL CARMEN RIVERO VÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.806.585, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 317.416, de este domicilio y jurídicamente hábil.

Motivo: DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

II ANTECEDENTES

Ingresa ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, sede Mérida, solicitud contentiva de DIVORCIO por mutuo acuerdo, interpuesta por los ciudadanos LUIS ALBERTO PEÑA SANGUINO y APOLINARIA ANTONIA MUÑOZ DE PEÑA, asistidos por la abogada en ejercicio INDAMARA DEL CARMEN RIVERO VÁSQUEZ (F.15 y 16).

En la solicitud cabeza de autos, los prenombrados solicitantes narraron entre otros hechos, los siguientes: Que en fecha 23 de diciembre de 1986, contrajeron matrimonio civil ante el Registro Civil de la parroquia El Sagrario, del municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, conforme consta del Acta de Matrimonio signada con el N° 343. Que su último domicilio conyugal fue establecido en la siguiente dirección: Urbanización El Trapiche INAVI, casa 221-A, parroquia Montalbán, municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida. Que de su unión procrearon dos (02) hijas que llevan por nombres: VAYU CHIQUINQUIRÁ PEÑA MUÑOZ, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-25.151.971, F.N.:008/03/1997, y la adolescente (Se omite el nombre de acuerdo al Artículo 65 de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes), de diecisiete (17) años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-30.757.337, F.N: 06/01/2005. Que al principio y por varios años la relación conyugal fue armoniosa, basada en el respeto, la tolerancia, el afecto mutuo y la comprensión, cumpliendo cada uno con sus obligaciones conyugales, pero con el transcurso del tiempo surgieron desavenencias que los fueron distanciando como pareja, haciendo imposible la vida en común, a tal punto dejaron de tenerse afecto, conservando solo el respeto como personas y padres de sus hijas. Que actualmente no existe ningún vínculo afectivo o apego sentimental que los una; además, destacan que no pretenden reconciliación alguna, es por ello, es por ello que de mutuo acuerdo han decidido solicitar el divorcio. Fundamentan su petición, en la causal del desafecto conforme a la sentencia vinculante Nº 1070, de fecha 09 de diciembre de 2016, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Establecieron de mutuo acuerdo las instituciones familiares en beneficio de su hija, la adolescente (Se omite el nombre de acuerdo al Artículo 65 de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes), de la siguiente manera: 1.- LA PATRIA POTESTAD: Será ejercida conjuntamente por ambos progenitores. 2.- LA CUSTODIA: La custodia de la adolescente será ejercida por la madre. 3.- LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN: Institución ésta que fue objeto de modificación por las partes a posteriori. 4.- EL RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR: Textualmente acordaron que:

(…) SERA (sic) ABIERTO Y SUFICIENTEMENTE AMPLIO. En este sentido el régimen de convivencia familiar se plantea en los siguientes términos: 1.- El Padre (sic) compartirá con su hija sin ninguna limitación, siempre y cuando se notifique a la madre y no interfiera en sus actividades escolares. 2.- La adolecente podrá pernoctar en casa del padre siempre y cuando se le informe a la madre. 2.- (sic) Las festividades de carnaval (sic), Semana Santa, época decembrina, ambos padres acordaran que fecha compartirá con el padre y que fecha con la madre, tomando siempre en cuenta lo mejor para la adolescente. 3.- En cuanto a las vacaciones escolares del mes de agosto, compartirá con ambos padres previo acuerdo entre ambos.5.- (sic) La fecha de cumpleaños de la adolescente compartirá con ambos padres. (Énfasis, subrayado y enumeración propios de la cita).

Por último, solicitaron que el asunto sea admitido, sustanciado y tramitado conforme a derecho, y la definitiva sea declarada con lugar, con todos los pronunciamientos de ley.

Acompañaron a la solicitud de Divorcio, entre otras, las siguientes documentales:

1.- Copias de las cédulas de identidad de los solicitantes, ciudadanos APOLINARIA ANTONIA MUÑOZ DE PEÑA y LUIS ALBERTO PEÑA SANGUINO, de la ciudadana VAYU CHIQUINQUIRÁ PEÑA MUÑOZ (hija mayor de los solicitantes), y de la adolescente (Se omite el nombre de acuerdo al Artículo 65 de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes) (F. 05, 06, 08 y 11).

2.- Copia certificada del Acta de Matrimonio signada con el N° 343, correspondiente a los ciudadanos LUIS ALBERTO PEÑA SANGUINO y APOLINARIA ANTONIA MUÑOZ DE PEÑA, inscrita ante el Registro Civil de la parroquia El Sagrario, municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida (F. 07).

3.- Copia certificada de la Partida de Nacimiento signada con el N° 102, correspondiente a la ciudadana VAYU CHIQUINQUIRÁ PEÑA MUÑOZ, inscrita ante el Registro Civil de la parroquia Montalbán, municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida (F. 09 y 10).

4.- Copia certificada de la Partida de Nacimiento signada con el N° 15, correspondiente a la adolescente (Se omite el nombre de acuerdo al Artículo 65 de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes), inscrita ante el Registro Civil de la parroquia Montalbán, municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida (F. 12 y 13).

Mediante auto de fecha 03 de noviembre de 2022, este Tribunal le dio entrada a la solicitud, hizo las anotaciones estadísticas correspondientes, le dio el curso de ley, y dispuso que por auto separado decidiría lo conducente (F.17).

Por auto de la misma fecha 03 de noviembre de 2022, este Tribunal admitió la solicitud y en consecuencia dio inicio al procedimiento de jurisdicción voluntaria, para lo cual dispuso notificar a la representación del Ministerio Público del estado Bolivariano de Mérida; y, fijó oportunidad para la celebración de la audiencia única para el día lunes 14 de noviembre de 2022, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) (F.18).

Consta al folio 20 del presente expediente, la resulta positiva de notificación de la representación del Ministerio Público.

Siendo la oportunidad para la celebración de la audiencia única, esto es, el 14 de noviembre de 2022, previo pregones de ley, este Tribunal de conformidad con el artículo 512 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, levantó acta mediante la cual dejó constancia de la comparecencia personal de los solicitantes, ciudadanos LUIS ALBERTO PEÑA SANGUINO y APOLINARIA ANTONIA MUÑOZ DE PEÑA, asistidos por la abogada en ejercicio INDAMARA DEL CARMEN RIVERO VÁSQUEZ. Ambos cónyuges ratificaron su solicitud de divorcio y con respeto a las instituciones familiares, ratificaron lo establecido en el escrito libelar cabeza de autos, a excepción de la obligación de manutención que convinieron en lo siguiente:

(…) hemos convenido que el padre aportará la cantidad de VEINTE DÓLARES AMERICANOS (USD 20$) mensual o su equivalente en bolívares, conforme a la tasa cambiaria del Banco Central de Venezuela para el momento del pago; asimismo, el padre aportará para el mes de agosto la cantidad de CUARENTA DÓLARES AMERICANOS (UDS 40 $) o su equivalente en bolívares, conforme a la tasa cambiaria para el momento del pago; y para el mes de diciembre la cantidad de CUARENTA DÓLARES AMERICANOS (USD 40$) o su equivalente en bolívares, conforme a la tasa cambiaria para el momento del pago. Con respecto a los gastos de medicinas, matrícula escolar, asistencia médica, educación, recreación y otros gastos extras que puedan generarse en pro del interés superior de nuestros hijos, serán sufragados por partes iguales (50%) entre los padres (…).

Se dejó constancia que se escuchó la opinión de la adolescente de autos de manera presencial, atendiendo a las medidas de protección a la salud “distanciamiento social”, decretadas por el Ejecutivo Nacional frente al Covid-19. Finalmente, este Tribunal declaró, entre otros aspectos: Con Lugar la solicitud de divorcio; disuelto el vínculo matrimonial existente entre los solicitantes; homologó los acuerdos inherentes a las instituciones familiares; y, dispuso de cinco (5) días de despacho siguientes a la fecha de la aludida audiencia, para la reproducción completa del fallo (ver folios 21 y 22).

Estando dentro de la oportunidad legal, para dictar sentencia definitiva en el presente asunto, este Tribunal lo hace de la siguiente manera:

III
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La institución del matrimonio es de naturaleza social, que establece un lazo marital entre sus miembros –hombre y mujer–, lazo que es reconocido por vía de normas jurídicas o por los usos y costumbres de la sociedad.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 77, contempla que el estado venezolano garantiza la protección de la institución del matrimonio, entre un hombre y una mujer, la cual debe estar fundada en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges; derechos que tienen por igual ambos cónyuges. En otras palabras, el matrimonio debe existir por el libre consentimiento de los esposos, como una manifestación libre de su voluntad; por ende, nadie puede ser constreñido a contraerlo, ni estar obligado a permanecer unido en matrimonio. Este derecho deviene cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –por su libre consentimiento– la vida en común; en este sentido, el legislador en el artículo 184 del Código Civil, establece que “Todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio”.

Ahora bien, de la lectura de la solicitud cabeza de autos, se constata que los solicitantes, ciudadanos LUIS ALBERTO PEÑA SANGUINO y APOLINARIA ANTONIA MUÑOZ DE PEÑA, manifestaron de forma expresa, que por distintas razones decidieron no continuar con la vida en común, produciéndose entre ellos el sentimiento del desafecto, lo que impide la continuación del vínculo matrimonial que los une, el cual constituye motivo justificado de divorcio.

Ante el escenario del DESAFECTO, es oportuno traer a colación la sentencia vinculante Nº 1070, de fecha 09 de diciembre de 2016, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual dejó asentado que:

(…) el matrimonio se erige como la voluntad de las partes, nacida del afecto, para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia.

(Omissis)

A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.

(Omissis)

En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas.

En efecto, la competencia de los Tribunales es producir como juez natural conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.

Del criterio jurisprudencial ut supra citado, se colige indudablemente que tanto, el cese de la vida en común por voluntad de ambos o de uno de los cónyuges, como el sentimiento de desafecto –intrínseco de la persona–, manifestado por ambos o por uno de los esposos; han sido interpretados por la jurisprudencia patria, como una causal más de divorcio, que en la actualidad se adaptan a la previsión del enunciado artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento, en concordancia con el artículo 20 constitucional, el cual garantiza que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad.

De manera que, alegado como ha sido el desafecto por parte de los esposos LUIS ALBERTO PEÑA SANGUINO y APOLINARIA ANTONIA MUÑOZ DE PEÑA, en el escrito libelar, y ratificado por los mismos solicitantes, en la oportunidad de llevarse a cabo la audiencia única del procedimiento –14 de noviembre de 2022–, siendo esta una manifestación –como ya se dijo– de un sentimiento intrínseco de la persona; no existe duda que cesó por parte de ellos (los esposos) la vida en común, esto es, la obligación entre ellos de vivir juntos, guardarse fidelidad, amarse y socorrerse mutuamente, así como de común acuerdo tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal; todo en atención a lo previsto en los artículos 137 y 140 del Código Civil venezolano. Así se declara.

Por los razonamientos que anteceden, en concepto de este Juzgador, resulta concluyente que en el caso sub iudice, efectivamente la manifestación de voluntad de los esposos PEÑA MUÑOZ de extinguir su vínculo matrimonial, en virtud de haber surgido entre ellos el sentimiento de desafecto, se enmarca en la actual interpretación jurisprudencial vinculanteNº 1070, de fecha 09 de diciembre de 2016, emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia; lo que determina la procedencia en derecho de la solicitud cabeza de autos y por consiguiente la declaratoria CON LUGAR de la solicitud de DIVORCIO interpuesta por los ciudadanos LUIS ALBERTO PEÑA SANGUINO y APOLINARIA ANTONIA MUÑOZ DE PEÑA; y como corolario del pronunciamiento anterior, disuelto el vínculo matrimonial que contrajeron en fecha Registro Civil de la Parroquia El Sagrario, del municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, conforme consta del Acta de Matrimonio signada con el N° 343. Asimismo, se advertirá que ejecutoriada la presente sentencia, el vínculo conyugal quedará disuelto y por ende cesará la comunidad entre los cónyuges, en caso de haber adquirido bienes durante el matrimonio, y se procederá a liquidarla, por vía autónoma de conformidad con el artículo 186 eiusdem. Finalmente, esta Juzgadora homologará las instituciones familiares en beneficio de la adolescente (Se omite el nombre de acuerdo al Artículo 65 de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes), de diecisiete (17) años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-30.757.337, F.N: 06/01/2005; conforme a los acuerdos descritos en el escrito libelar y al acuerdo realizado por ambos progenitores durante el desarrollo de la audiencia única del procedimiento celebrada en fecha 14 de noviembre de 2022; tal como se declarará en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

IV DECISIÓN

En mérito de los razonamientos que anteceden, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, SEDE MÉRIDA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Divorcio suscrita y presentada por los ciudadanos LUIS ALBERTO PEÑA SANGUINO y APOLINARIA ANTONIA MUÑOZ DE PEÑA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad números V-5.442.061 y V-8.040.471, en su orden, domiciliados en Ejido, municipio Campo Elías del estado Bolivariano de Mérida y civilmente hábiles; con fundamento en la sentencia vinculante Nº 1070, de fecha 09 de diciembre de 2016, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento, se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los prenombrados ciudadanos LUIS ALBERTO PEÑA SANGUINO y APOLINARIA ANTONIA MUÑOZ IBARRA, con arreglo al matrimonio civil, que ambos contrajeran en fecha 23 de diciembre de 1986, ante el Registro Civil de la parroquia El Sagrario, municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, conforme consta del Acta de Matrimonio signada con el N° 343. Ofíciese lo conducente a los organismos competentes, en la oportunidad legal correspondiente.

TERCERO: EJECUTORIADA LA PRESENTE SENTENCIA, el vínculo conyugal quedará disuelto y por ende CESARÁ LA COMUNIDAD ENTRE LOS CÓNYUGES, y se procederá a liquidarla, por vía autónoma, en caso de haber adquirido bienes durante el matrimonio, de conformidad con el artículo 186 del Código Civil.

CUARTO: SE HOMOLOGAN LAS INSTITUCIONES FAMILIARES, en beneficio de la adolescente (Se omite el nombre de acuerdo al Artículo 65 de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes), de diecisiete (17) años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-30.757.337, F.N: 06/01/2005; y en consecuencia, QUEDAN ESTABLECIDAS de la siguiente manera: 1.- LA PATRIA POTESTAD: Será ejercida conjuntamente por ambos progenitores. 2.- LA RESPONSABILIDAD DE CRIANZA: Será compartida entre ambos progenitores. 3.- LA CUSTODIA: La custodia de la adolescente será ejercida por la madre, ciudadana APOLINARIA ANTONIA MUÑOZ IBARRA. 4.- LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN: El padre, ciudadano LUIS ALBERTO PEÑA SANGUINO aportará la cantidad de VEINTE DÓLARES AMERICANOS (USD 20$) mensual o su equivalente en bolívares, conforme a la tasa cambiaria del Banco Central de Venezuela para el momento del pago; asimismo, el padre aportará para el mes de agosto la cantidad de CUARENTA DÓLARES AMERICANOS (UDS 40 $) o su equivalente en bolívares, conforme a la tasa cambiaria para el momento del pago; y para el mes de diciembre la cantidad de CUARENTA DÓLARES AMERICANOS (USD 40$) o su equivalente en bolívares, conforme a la tasa cambiaria para el momento del pago. Con respecto a los gastos de medicinas, matrícula escolar, asistencia médica, educación, recreación y otros gastos extras que puedan generarse en pro del interés superior de su hija, serán sufragados por partes iguales (50%) entre ambos progenitores. 5.- EL RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR: Será abierto y suficientemente amplio, es decir, el padre compartirá con su hija sin ninguna limitación, siempre y cuando se notifique a la madre y no interfiera en sus actividades escolares, además, la adolecente podrá pernoctar en casa del padre siempre y cuando se le informe a la madre. En cuanto a las festividades de Carnaval, Semana Santa, y época decembrina, ambos padres acordaran que fecha compartirá con el padre y que fecha con la madre, tomando siempre en cuenta lo mejor para la adolescente. En cuanto a las vacaciones escolares del mes de agosto, compartirá con ambos padres previo acuerdo entre ambos. En cuanto a la fecha de cumpleaños de la adolescente compartirá con ambos padres.

QUINTO: Se advierte a los solicitantes que las estipulaciones sobre las instituciones familiares aquí establecidas están sujetas a revisión judicial, por vía autónoma, cuando hayan cambiado o modificado las condiciones existentes para el momento de la presente decisión.

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, en la ciudad de Mérida, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
El Juez Provisorio,

Abg. Neptali José Villalobos Parra
La Secretaría,

Abg. Andrea Zambrano

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 03:59 p.m (hora de despacho habilitado). Se asentó y registró en el Índice de Copiador de Sentencias los datos del fallo in commento; sin embargo, no se agrega en físico al mencionado copiador, en virtud que este órgano jurisdiccional no cuenta con los insumos necesarios para su reproducción fotostática. Se deja constancia, que la anterior decisión se encuentra registrada en Documento Word 0 del Sistema Juris 2000, por ende téngase la misma como copia digitalizada. Asimismo, se deja constancia que dicha decisión se tiene registrada en formato PDF, según Resolución N° 2016-0021, de fecha 14 de diciembre de 2016, emanada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Conste, en la ciudad de Mérida, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).

La Secretaria,

Abg. Andrea Zambrano
NJVP/AZ/mlm.-