JUEZ PONENTE: DANNY JOSEFINA SEGURA EXPEDIENTE NºAB42-X-2022-172 En fecha 14 de noviembre de 2022, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de los Juzgados Nacionales Primero y Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, escrito contentivo de la Acción de Amparo Constitucional Sobrevenido interpuesta por la abogada Marian Verónica Leblanc Sánchez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N 141.664, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil VIVIR SEGUROS C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 2 de diciembre de 1992, bajo el Nro. 12, Tomo 110-A, facultada según poder autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Cuarta de Caracas Municipio Libertador en fecha 29 de abril de 2022, anotado bajo el Nro. 44, Tomo 17, Folios 151 hasta el 158, contra el JUZGADO SUPERIOR ESTADAL DÉCIMO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CAPITAL. En esa misma fecha, se dio cuenta a este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, y se designó ponente a 2 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 la Jueza DANNY JOSEFINA SEGURA, a quien se ordenó pasar el expediente, a los fines que dictara la decisión correspondiente, dándose cumplimiento a ello en esa oportunidad. Revisadas las actas que conforman el presente expediente, pasa este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital a realizar las siguientes consideraciones: -I- ANTECEDENTES Advierte este Juzgado Nacional Segundo que en fecha 27 de mayo de 2014, la representación judicial de la Defensa Pública interpuso Demanda de Contenido Patrimonial por reintegro de anticipo e indemnización de daños y perjuicios causados en el cumplimiento y ejecución de una obra, contra Naica Construcciones, C.A., y subsidiariamente Seguros Canaria C.A., [hoy VIVIR SEGUROS C.A.]. En fecha 22 de julio de 2014, la señalada Demanda de Contenido Patrimonial fue admitida por el Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, asignándole el N° Exp. 2591-14. [Nomenclatura de ese Juzgado Superior Estadal]. Ahora bien, el 13 de enero de 2015, el Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital dictó auto mediante el cual dejó constancia que en virtud de la solicitud realizada mediante diligencia del 12 de agosto de 2014, por el Apoderado Judicial de la parte demandante (de la causa primigenia), en la cual consignó los fotostatos solicitados por ese Órgano Jurisdiccional mediante Auto de Admisión de fecha 22 de julio de 2014, y de conformidad con lo establecido en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil ordenó a la Secretaría de ese Juzgado la certificación de los referidos fotostatos. 3 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 Así mismo, por auto de fecha 22 de enero de 2015, el Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital dejó sin efecto las notificaciones ordenadas mediante el auto N° 201-14 de fecha 22 de julio de 2014, con base en que las mismas no fueron practicadas, razón por la cual ese Órgano Jurisdiccional ordenó librar nuevamente las respectivas notificaciones. Mediante diligencia presentada el 16 de junio de 2022, la Apoderada Judicial de VIVIR SEGUROS C.A., solicitó i) la declaratoria de la perención de la instancia y ii) apeló de los autos dictados por el a quo en fecha 13 de enero de 2015 y 22 de enero de 2015, respectivamente. En fecha 19 de julio de 2022, el Juzgado de instancia dictó auto mediante el cual consideró “[…] que estamos en presencia de autos de mero trámite que organizan el proceso, tomando en cuenta; que respecto a esos autos, la interpretación judicial venezolana, emanada del Tribunal Supremo de Justicia tiene como criterio consolidado que no son apelables, resulta obligante para este jurisdicente NO OÍR EL RECURSO DE APELACIÓN PLANTEADA […] Respecto a la solicitud de declaratoria de perención, este Órgano Jurisdicente verificó el expediente bajo estudio de manera pormenorizada y en las actas procesales que anteceden no detectó la materialización de la perención delatada por la demandada, por tanto, es impretermitible para este Juzgado Superior Estadal NEGAR la PERENCIÓN solicitada por la parte demandada de autos. Y así se decide […]”. El 25 de julio de 2022, la representación judicial de VIVIR SEGUROS, C.A., presentó escrito de apelación contra la decisión del 19 de julio de 2022. Ello así, en fecha 27 de julio de 2022, el Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la 4 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 Región Capital “oyó en ambos efectos la apelación propuesta”,“[…] solo en lo que respecta a la negativa de perención proferida […] Respecto a la negativa que impidió oír la apelación de los autos de mero trámite este debe ser rebatida mediante la aplicación de una herramienta procesal de impugnación distinta a la apelación, situación que veda el conocimiento en segundo grado de jurisdicción para este tema en específico y obliga a este Tribunal a no oír la apelación para ese tema en especial […]”. -II- DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL SOBREVENIDO La Acción de Amparo fue incoada en fecha 14 de noviembre de 2022, por la abogada Marian Verónica Leblanc Sánchez, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil VIVIR SEGUROS C.A., antes identificadas, con base en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: Arguyó, “[...] que el acto lesivo de Derechos y Garantías Constitucionales que se pretende atacar se originó precisamente en el transcurso del proceso, se encuentra verificado en el presente caso, en virtud de que las sentencias de fecha 19 de Julio del 2022, y 27 de julio del 2022, fueron dictadas en juicio que sigue la Defensa Pública contra VIVIR SEGUROS, C.A., por ante el Juzgado Superior Estadal Décimo de la Región Capital, en el expediente signado bajo el Nro. 2591-14, lesionando con ello, los Derechos y Garantías Constitucionales en el transcurso del mismo […] al negar oír la apelación de los autos de fecha 13 de enero de 2015 y 22 de enero de 2015, que representan autos que incidirían en la sentencia definitiva, materializándose con las sentencias dictadas de fecha 19 de julio de 2022 y 27 de julio de 2022, y pretender vedar a esta Superior Instancia de conocer sobre todas los vicios, defensas y excepciones opuestas por esta representación, y que solo 5 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 procediera a conocer de la apelación en lo que respecta a las perenciones denunciadas, lesionando con ello, el derecho a la defensa al debido proceso y el acceso a la tutela judicial efectiva de la Sociedad Mercantil de Vivir Seguros, C.A. […]” [Sic]. Indicó que, “[…] el acto objeto del presente amparo sobrevenido, se materializó con la sentencia del Juzgado Superior Décimo Estadal de fecha 19 de Julio de 2022, donde niega oír la apelación de los autos de fecha 13 de enero de 2015 y 22 de enero de 2015, y los califica erróneamente como autos de mero trámite, cuando lo cierto y procedente es que se trata de autos que inciden directamente en el fondo de la controversia, y que de haber sido apreciados por ese juzgador, pudo haber declarado de oficio la perención breve de la instancia, institución que es de orden público, de conformidad con el artículo 267 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, fuese quedado extinguida la instancia desde el 13 de enero de 2015 o desde el 16 de junio de 2022, fecha ésta en la que esta representación se hace parte en el presente proceso y pone de manifiesto no solo el carácter írrito de los autos, sino también la perención breve de la instancia y la perención anual de la instancia verificadas en el proceso [...]”. [Sic]. Señaló que, “[...] Aún cuando esta representación apeló de los autos supra referidos, y delató la perención breve y perención anual de la instancia, con la falta de motivación de la sentencia para ante este Juzgado Nacional en fecha 25 de julio de 2022, ese Juzgado Superior Estadal Décimo dictó nueva sentencia donde confirmó no oír la apelación de los autos apelados, sin tomar en consideración que son autos que determinan la verificación de la institución de la perención breve de la instancia, y con ello, la extinción de la instancia, y confirmó la apelación en ambos efectos en lo que respecta a la perención [...] vulnerando con ello directa y continuadamente derechos y garantías constitucionales fundamentales como el derecho a la defensa, el derecho 6 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 al debido proceso y a una tutela judicial efectiva a mi patrocinada Vivir Seguros, C.A., consagrados en los artículos 25, 26, 27, 49 y 257 de nuestra Carta Magna […]”. [Sic]. Finalmente, solicitó “[...] PRIMERO: Admita la presente Acción de Amparo Constitucional Sobrevenido […] SEGUNDO: Que este Juzgado Nacional Segundo, procediendo en sede constitucional, ampare a mi representada Vivir Seguros, C.A., y restituya la situación jurídica infringida, y ordene al Juzgado Superior Estadal Décimo, escuchar la apelación sobre todos las defensas opuestas, o en su defecto, suspenda o revoque los autos de fecha 13 de enero de 2015 y 22 de enero de 2015, y declare la perención breve de la instancia, de conformidad con el artículo 267 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, consumada desde el 22 de septiembre de 2014 […] TERCERO: Que este Juzgado Nacional Segundo, procediendo en sede constitucional, ampare a mi representada Vivir Seguros, C.A., y restituya la situación jurídica infringida, y revoque las sentencias dictadas por el Juzgado Superior Décimo Estadal, de fechas 19 de julio de 2022 y 27 de julio de 2022 […] CUARTO: Que este Juzgado Nacional Segundo, procediendo en sede constitucional, ampare a mi representada Vivir Seguros, C.A., y restituya la situación jurídica infringida, una vez que sean comprobadas las perenciones delatadas, declare el decaimiento y extinción de la acción por falta de interés procesal de la parte actora en la presente causa […]”. -III- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR -De la Competencia En primer término, corresponde a este Juzgado Nacional Segundo 7 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 Contencioso Administrativo de la Región Capital pronunciarse respecto a su competencia para conocer de la Acción de Amparo Constitucional Sobrevenido interpuesta por la abogada Marian Verónica Leblanc Sánchez, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil VIVIR SEGUROS C.A., ampliamente identificada supra, contra el Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. En ese sentido, cabe acotar que la abogada accionante catalogó su Acción de Amparo Constitucional como “Sobrevenida”, señalando que “[…] el acto lesivo de Derechos y Garantías Constitucionales que se pretende atacar se originó precisamente en el transcurso del proceso, se encuentra verificado en el presente caso, en virtud de que las sentencias de fecha 19 de Julio del 2022, y 27 de julio del 2022, fueron dictadas en juicio que sigue la Defensa Pública contra VIVIR SEGUROS, C.A., por ante el Juzgado Superior Estadal Décimo de la Región Capital, en el expediente signado bajo el Nro. 2591-14, lesionando con ello, los Derechos y Garantías Constitucionales en el transcurso del mismo […] al negar oír la apelación de los autos de fecha 13 de enero de 2015 y 22 de enero de 2015, que representan autos que incidirían en la sentencia definitiva, materializándose con las sentencias dictadas de fecha 19 de julio de 2022 y 27 de julio de 2022, y pretender vedar a esta Superior Instancia de conocer sobre todas los vicios, defensas y excepciones opuestas por esta representación, y que solo procediera a conocer de la apelación en lo que respecta a las perenciones denunciadas, lesionando con ello, el derecho a la defensa al debido proceso y el acceso a la tutela judicial efectiva de la Sociedad Mercantil de Vivir Seguros, C.A. […]”. [Negrillas de este Juzgado Nacional]. A fin de dilucidar la realidad de la Acción de Amparo propuesta, juzga pertinente esta Alzada traer a colación la sentencia N° 333 de fecha 2 de mayo de 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal 8 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 Supremo de Justicia en la que señaló: “[…] En razón de ello, en primer término, resulta necesario determinar la naturaleza del amparo incoado, por cuanto el accionante ejerció a su criterio un amparo ‘sobrevenido’, en tal sentido resulta perentorio establecer la diferencia que existe entre la acción de amparo sobrevenido y la acción de amparo contra una decisión judicial, estipulada en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual procede cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional, debiendo interponerse la acción en cuestión ante el Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, en atención a la norma antes referida. La acción de amparo sobrevenido es una vía muy especial creada para permitir que se ventile en el mismo juicio una denuncia de lesión constitucional acaecida durante su curso, en forma tal que la decisión de la controversia original y de la sobrevenida, cuenten con los mismos elementos de juicio que permitan un criterio analítico de todos los supuestos comunes, por lo que tal figura tiene carácter netamente cautelar siendo su objetivo evitar, mientras se decide el fondo del asunto, la materialización o continuidad de los efectos lesivos de un acto, surgidos en el transcurso del proceso principal, por lo que la misma debe interponerse necesariamente dentro de dicho proceso y dejará de existir una vez que éste finalice. (Vid. Sentencia de la Sala N° 88/2011, caso: ‘Ventura Viamonte Cedeño’). De manera que, debe reiterarse que constituye característica propia de la acción de amparo sobrevenido -entre otras-, el carácter meramente cautelar de éste, debiendo interponerse dentro del mismo juicio en el que durante su desarrollo, haya acaecido presuntamente la violación o amenaza de violación constitucional. [...Omissis…] Por otra parte, en cuanto al amparo contra sentencia cabe destacar que dicho medio, tiene como presupuesto procesal para su procedencia, que el Tribunal cuya decisión se recurre haya actuado fuera de su competencia y que, a su vez, se produzca una violación de derechos constitucionales, según el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, debe advertir esta Sala que el amparo contra sentencia, no es un medio idóneo para plantear 9 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 nuevamente ante un Tribunal el asunto que ya fue resuelto por otro mediante sentencia firme -por cuanto no actúa el Juez de amparo como una segunda o tercera instancia sino como un Tribunal de la constitucionalidad de un fallo judicial-, siendo que, en razón de ello, en caso de que lo que se cuestione a la sentencia no sean vulneraciones constitucionales, sino la apreciación o el criterio del Juzgador sobre los hechos controvertidos o el derecho aplicable, debe ser desestimada por el Juez la acción de amparo incoada contra la decisión judicial de que se trate. De todo lo anterior, se evidencia claramente las diferencias entre la acción de amparo contra decisiones judiciales y el amparo sobrevenido, entre ellas, que el primero permite anular o suspender el acto impugnado, mientras que el segundo sólo permite la suspensión provisional de dicho acto; además, éste debe intentarse ante el mismo Tribunal donde cursa el proceso en que se originó la lesión, mientras que aquél se interpone ante el Tribunal Superior del que causó la lesión; asimismo en el amparo sobrevenido el agraviante puede ser cualquier persona que intervenga en la relación jurídica procesal, incluso los terceros, mientras que en el amparo contra sentencias o decisiones judiciales sólo puede ser el Juez a través de una decisión, acción u omisión. […]”. Como corolario a lo anterior, es pertinente advertir que la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1 dictada en fecha 20 de enero de 2000, (caso: Emery Mata Millán), estableció lo relativo a la competencia para conocer de los amparos sobrevenidos, en la siguiente forma: “[…] el llamado amparo sobrevenido que se intente ante el mismo juez que dicte un fallo o un acto procesal, considera esta Sala que es inconveniente, porque no hay razón alguna para que el juez que dictó un fallo, donde ha debido ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución, revoque su decisión, y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y rompiendo así el principio, garante de tal seguridad jurídica, que establece que dictada una sentencia sujeta a apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el Juez que la dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del plazo legal y a petición de parte. Tal principio recogido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil está ligado a la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, donde 10 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 es de suponer que las sentencias emanan de jueces idóneos en el manejo de la Constitución, y que por tanto no puedan estar modificándolas bajo la petición de que subsane sus errores. Las violaciones a la Constitución que cometan los jueces serán conocidas por los jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos, los que apliquen los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Cuando las violaciones a derechos y garantías constitucionales surgen en el curso de un proceso debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a los jueces, el amparo podrá interponerse ante el juez que esté conociendo la causa, quien lo sustanciará y decidirá en cuaderno separado. […]. De los criterios jurisprudenciales supra transcritos, entiende este Cuerpo Colegiado que, el amparo sobrevenido permite que se ventile en el mismo juicio una denuncia de lesión constitucional acaecida durante el mismo y busca la suspensión provisional de dicho acto; además, éste debe intentarse ante el mismo Tribunal donde cursa el proceso en que se originó la lesión, por su parte, el amparo contra decisiones judiciales, debe intentarse ante el Tribunal Superior al que dictó la decisión atacada, y su procedencia está sometida a la concurrencia de dos requisitos, a) que el juez haya actuado fuera de su competencia en sentido constitucional, es decir, con abuso de autoridad o extralimitación de funciones; y b) que al hacerlo haya lesionado un derecho o garantía constitucional. Circunscritos al caso de marras, sostiene este Juzgado Nacional Segundo que según se aprecia de los propios alegatos esbozados por la abogada accionante, las actuaciones presuntamente lesivas de los derechos y garantías constitucionales de su representada, no fueron provenientes o causadas por alguna de las partes procesales, terceros intervinientes o auxiliares de justicia, sino que le fueron imputadas a 11 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 la decisión proferida por el Juez a cargo del Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital el 19 de julio de 2022, mal podría entonces calificarse la acción propuesta como “Amparo Sobrevenido”, debido a que, en atención al criterio jurisprudencial pacífico y reiterado de la Sala Constitucional mencionado en líneas anteriores, estamos en presencia de un Amparo contra una decisión judicial, que en consecuencia debe tramitarse de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual atribuye la competencia al Tribunal Superior del que dictó la decisión presuntamente lesiva de sus derechos y garantías constitucionales, en consecuencia concluye este Juzgado Nacional que el caso de autos se circunscribe a una Acción de Amparo contra decisión judicial. [Vid. Sentencia Nº 1 dictada en fecha 20 de enero de 2000, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (caso: Emery Mata Millán)]. Delimitada y recalificada como fue la pretensión de la abogada accionante, en el sentido que su Acción de Amparo se refiere a un Amparo contra decisión judicial, consagrado en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual es del tenor siguiente: “Artículo 4.- Igualmente procede la Acción de Amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia dicte una resolución o sentencia u ordene una acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos la Acción de Amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”. Ello así, del artículo antes transcrito y de los criterios jurisprudenciales arriba señalados, se desprende que la Acción de Amparo procede contra una sentencia o resolución emanada de un 12 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 Tribunal de la República, que será conocida por el Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, siendo ello así y visto que la sentencia dictada en fecha 19 de julio de 2022, ratificada el 27 de julio de 2022, mediante las cuales el a quo negó la apelación de los autos de fecha 13 de enero de 2015 y 22 de enero de 2015, a los que se aducen la violación de derechos y garantías constitucionales, fueron proferidas por el Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital actuando como Alzada natural de los Juzgados Superiores Estadales Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, resulta COMPETENTE para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional. Así de declara. De la admisión de la presente acción. Declarada como ha sido la competencia de este Órgano Jurisdiccional para conocer del presente asunto en primer grado de jurisdicción, corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre la admisión de la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la Apoderada Judicial de la sociedad mercantil VIVIR SEGUROS, C.A., contra el Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en razón de ello este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, pasa a efectuar las siguientes consideraciones: Como primer punto, se procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece lo siguiente: “Artículo 18.- En la solicitud de amparo se deberá expresar: 13 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido; 2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante; 3) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización; 4) Señalamiento del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación; 5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo; 6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional. En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos”. En tal sentido, en aplicación de la norma transcrita y luego de una revisión exhaustiva de los alegatos esgrimidos por la parte accionante en su escrito libelar, observa este Juzgado Nacional Segundo, que la Acción de Amparo Constitucional interpuesta, cumple con los requisitos antes indicados, por cuanto contiene la identificación de la parte agraviante, así como los argumentos de derecho y de hecho en los cuales fundamenta la presunta violación del derecho constitucional. Así se establece. Expuesto lo anterior, se observa que la procedencia de la Acción de Amparo Constitucional está condicionada a la inexistencia en el ordenamiento jurídico de un mecanismo procesal adecuado y eficaz a través del cual el interesado pueda hacer efectiva su pretensión, es decir, que sólo a través del amparo pueda el accionante lograr la restitución de la situación jurídica vulnerada. Sobre este último aspecto, ha sido constante y uniforme el criterio jurisprudencial establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ya mencionado, al 14 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 exigir tal inexistencia, enmarcándolo como una causal de inadmisibilidad de la acción, específicamente la prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales mediante la cual establece: “Artículo 6. No se admitirá la Acción de Amparo: […Omissis…] 5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes…”. De la disposición legal parcialmente transcrita ut supra, se colige que habrá de considerarse inadmisible la Acción de Amparo Constitucional en los siguientes casos: i) Cuando el accionante haya intentado previamente otro medio procesal ordinario con el objeto de hacer efectiva su pretensión; o como bien lo ha dejado establecido la misma Sala en una interpretación extensiva de esta causal de inadmisibilidad; ii) En aquellos casos en los que, el accionante teniendo a su disposición los mecanismos procesales ordinarios adecuados y eficaces para lograr el restablecimiento de su situación jurídica quebrantada, no los hubiese ejercido, optando -equívocamente- por esta vía procesal. [Véase sentencia N° 1.029 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 27 de mayo de 2004 (Caso: Elizabeth Morini Morandini)]. Es de destacar, que dicho criterio interpretativo obedece al hecho de que si se aceptase la procedencia de la Acción de Amparo Constitucional como único remedio judicial para conseguir el restablecimiento de toda situación jurídica lesionada, se estaría realizando una aceptación tácita de la reducción del ordenamiento jurídico procesal venezolano al ejercicio de una sola acción procesal [Véase sentencia N° 547 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha de 6 de abril de 2004 (Caso: Ana Beatriz Madrid Agelvis)]. 15 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 Precisamente en lo que atañe al carácter extraordinario de la Acción de Amparo Constitucional frente a los recursos procesales ordinarios establecidos por el Legislador, la Sala Constitucional, con el fin de resguardar los derechos constitucionales se ha pronunciado, por ejemplo, mediante sentencia N° 1080 de fecha 2 de junio de 2005 (Caso: Ellinor Freeman de Dunsterville), señalando que: “[…] El amparo constitucional no es un medio de tutela constitucional extraordinario o residual, sino adicional. […Omissis…] Hoy día, es suficiente la verificación de una lesión constitucional para que la situación jurídica afectada sea susceptible de ser restablecida mediante el amparo, lo que sucede es que, con respecto a la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley que regula la materia, antes de llegarse a dicha solución tiene que considerarse que todos los jueces de la República son tutores de la Constitución, y todos y cada uno de los recursos procesales, en última instancia, están concebidos para garantizar los derechos constitucionales, por lo que para hacer operativos los recursos procesales y evitar sufrir una suerte de excesos con el amparo, la disponibilidad de los mismos puede llegar a ocasionar la inadmisibilidad, pero no como una manifestación del supuesto carácter ‘extraordinario’ o residual del amparo, sino como una reafirmación de la finalidad última de los recursos procesales […]” .[Resaltado de este Juzgado Nacional]. De lo antes expuesto, se evidencia que una de las características principales y fundamentales de la Acción de Amparo Constitucional, deriva de su extraordinariedad. En efecto, el Amparo Constitucional no sustituye ni elimina los medios ordinarios de impugnación de actos (judiciales o administrativos), y sólo en aquellos casos en que las vías ordinarias se revelan como inoperantes o no acordes con la tutela invocada es que, de manera realmente excepcional y explicando claramente tal inoperatividad de los medios ordinarios, el amparo sería admisible. 16 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 Al contrario, si la vía ordinaria resulta eficiente para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, la acción constitucional debe resultar igualmente inadmisible, ello en aras de proteger el carácter extraordinario implícito en la Acción de Amparo. De esa manera, el Juez o Jueza se encuentran facultados para desechar una Acción de Amparo Constitucional cuando en su criterio no existan dudas de que se disponen de otros mecanismos ordinarios lo suficientemente eficaces e idóneos para dilucidar dicha pretensión, mecanismos capaces de lograr de manera efectiva la tutela judicial solicitada por el accionante. En consecuencia, considera este Órgano Colegiado que no puede considerarse la Acción de Amparo Constitucional como la única vía idónea y eficaz para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica alegada como infringida, toda vez que, no toda transgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, ya que para ello existen vías procesales ordinarias, en las cuales los jueces de Jurisdicción Contencioso Administrativa deben restituir la situación jurídica infringida. Ahora bien, en el caso que nos ocupa se observa que en la Acción de Amparo Constitucional, se solicita a este Juzgado Nacional que “[…] ordene al Juzgado Superior Estadal Décimo, escuchar la apelación sobre todos las defensas opuestas, o en su defecto, suspenda o revoque los autos de fecha 13 de enero de 2015 y 22 de enero de 2015, y declare la perención breve de la instancia […]”. No obstante lo anterior, se evidencia que en fecha 25 de julio de 2022, la representación judicial de VIVIR SEGUROS, C.A., presentó escrito de apelación contra la decisión del 19 de julio de 2022. Ello así el 27 de julio de 2022, el Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital oyó en ambos efectos la apelación propuesta. En fecha 3 de agosto de 2022, se recibió en la Unidad de 17 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 Recepción y Distribución de Documentos [U.R.D.D] de los Juzgados Nacionales Primero y Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el Oficio N° TSDCA0251-2022 de fecha 27 de julio de 2022, proveniente del Juzgado Superior Estadal Décimo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante el cual remitió el expediente judicial contentivo de la Demanda de Contenido Patrimonial, interpuesto por la DEFENSA PÚBLICA, contra la sociedad mercantil NAICA CONSTRUCTORES, C.A., y de manera solidaria a la sociedad mercantil SEGUROS CANARIAS C.A., actualmente VIVIR SEGUROS C.A. Dicha remisión se efectuó en virtud del auto dictado por el prenombrado Juzgado Superior Estadal en fecha 27 de julio de 2022, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de VIVIR SEGUROS C.A., contra la decisión por éste dictada el 19 de julio 2022. De los actos procesales arriba expuestos, este Juzgado Nacional Segundo concluye que en el caso de autos se interpuso una Acción de Amparo Constitucional contra la decisión de fecha 19 de julio de 2022, que acordó no oír la apelación ejercida contra los autos por este dictados en fecha 13 de enero y 22 de enero del año 2015 respectivamente, por tratarse los mismos de autos de mero trámite u ordenación del proceso; asimismo, negó la solicitud de perención efectuada por la representación de la parte codemandada, todo lo cual aduce la parte accionante de Amparo que constituye una violación a su derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. Precisado lo anterior, se observa tanto de lo explanado en el escrito contentivo de la Acción de Amparo Constitucional como de las actas procesales que conforman el expediente judicial, que referente al alegato que existe violación de derechos constitucionales por parte del Juez de Primera Instancia al negar oír la apelación “de los autos de fecha 13 de 18 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 enero de 2015 y 22 de enero de 2015”, tales hechos encuadran en el procedimiento contemplado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil aplicable supletoriamente por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a través del cual se regula el Recurso de Hecho. Aunado a lo anterior, con referencia al alegato de que el a quo negó “la apelación a las perenciones de instancia delatadas”, tales hechos encuadran en el procedimiento contemplado en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a través del cual se regula el recurso de apelación que procede contra las decisiones dictadas por el Juzgado Superior Estadal, como sucedió en el caso de autos. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional debe concluir que la parte accionante de amparo, tenía a su disposición otro mecanismo ordinario de activación de la vía judicial, esto es, el recurso de apelación –supra indicado-, como en efecto sucedió [vid. Folio 130 del presente expediente judicial] el cual es lo suficientemente eficaz e idóneo para la restitución de la situación jurídica que se denuncia como infringida. Así se decide. Finalmente, con base en las consideraciones anteriormente expuestas y conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y tomando en consideración que la parte accionante optó por acudir mediante esta vía de Amparo Constitucional solicitando se “[…] ordene al Juzgado Superior Estadal Décimo, escuchar la apelación sobre todos las defensas opuestas, o en su defecto, suspenda o revoque los autos de fecha 13 de enero de 2015 y 22 de enero de 2015, y declare la perención breve de la instancia […]”, de allí que en opinión de quien suscribe, la Acción de Amparo Constitucional de autos debe declararse INADMISIBLE, por cuanto la vía ordinaria idónea para lo solicitado en el presente Amparo, sería por medio del Recurso de Hecho para la 19 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 primera de sus pretensiones y el recurso de Apelación para la segunda ( como en efecto se evidencia de autos), de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual fue efectivamente ejercido por la parte accionante en fecha 25 de julio de 2022. Así se decide. -III- DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la abogada Marian Verónica Leblanc Sánchez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°. 141.664, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil VIVIR SEGUROS C.A., anteriormente identificada, contra el JUZGADO SUPERIOR ESTADAL DÉCIMO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CAPITAL. 2.- INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los ____________ ( ) días del mes de __________ de dos mil veintidós (2022). Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación 20 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO NACIONAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL AB42-X-2022-172 La Jueza Presidenta, MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA La Jueza Vicepresidenta, BLANCA ELENA ANDOLFATTO CORREA La Jueza, DANNY JOSEFINA SEGURA. Ponente La Secretaria Accidental. KARLA ANDREINA MONTILLA. Exp. N° AB42-X-2022-172 DJS/24/ En fecha ________________ ( ) de ___________________de dos mil veintidós (2022), siendo la (s) _____________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2022- _________________. La Secretaria Accidental.