REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL TRIBUNAL DECIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Caracas, 04 de octubre de 2022. 212º y 163º SOLICITANTES: EDISON DAVIS MULATO MELO y CARMEN MARWENY RIVAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-7.434.943 y V.- 10.631.592, respectivamente. ABOGADO ASISTENTE DE LOS SOLICITANTES: WALKER ARDILA, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 64.122, Defensor Publico Segundo (2°) con competencia Civil, Mercantil y Transito del Área Metropolitana de Caracas. MOTIVO: DIVORCIO 185 del Código Civil, en concordancia con la Sentencia Nº 693 de fecha 02 de junio de 2015 y la Sentencia N° 446 de fecha 15 de mayo de 2014, emanadas del Tribunal Supremo de Justicia. SENTENCIA: DEFINITIVA EXPEDIENTE Nº AP31-S-2020-000981 -II- Se inicia el presente juicio, por solicitud presentada en fecha 26 de febrero 2020, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con sede en Los Cortijos de Lourdes, por los ciudadanos EDISON DAVIS MULATO MELO y CARMEN MARWENY RIVAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-7.434.943 y V.- 10.631.592, respectivamente, debidamente asistidos en este acto por el profesional del derecho WALKER ARDILA, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 64.122, Defensor Publico Segundo (2°) con competencia Civil, Mercantil y Transito del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual solicitan la disolución del vínculo conyugal que los une, con fundamento en el articulo 185 del Código Civil, en concordancia con la Sentencia Nº 693 de fecha 02 de junio de 2015, y la Sentencia N° 446 de fecha 15 de mayo de 2014, emanadas del Tribunal Supremo de Justicia. Alegan los solicitantes que contrajeron matrimonio por ante el Registro Civil de la Parroquia Santa Teresa del Municipio Autónomo Independencia del estado Miranda, según consta de Acta de Matrimonio Nº 87, Folio 087, de fecha 20 de agosto de 1986, asentada en el libro de matrimonios correspondiente al año 1986, la cual fue consignada junto con el escrito de solicitud. Señalaron que durante la unión conyugal procrearon tres (03) hijos que llevan por nombre: YEFERSON DAVID MULATO RIVAS, ZAIDUBI KATTYUSCA MULATO RIVAS y GENESIS KARELYA MULATO RIVAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.- 18.530.716, V.-18.530.700 y V.-27.086.721, respectivamente. Asimismo, señalaron que no adquirieron bienes durante su unión matrimonial. Por otra parte, señalaron como último domicilio conyugal la siguiente dirección: “Barrio Isaías Medina Angarita, Sector Nueva Esparta, Calle Libertad, Casa N° 18, Municipio Libertador, Distrito Capital, Caracas” Ahora bien, manifiestan los solicitantes en su escrito que: “…Por causas diversas de incomprensión, que motivaron una separación y vinieron generando entre nosotros desavenencias e incompatibilidad de caracteres e hicieron imposible la vida en común, aunado a ser contraria a los principios que inspiran el matrimonio civil, de acuerdo a nuestras leyes y a los deberes esenciales del mismo, tomamos la decisión de separarnos de hecho desde el 03 de septiembre de 2014, estableciendo desde entonces domicilios distintos, motivo por el cual acudimos ante su competente autoridad para solicitar sea disuelto el vinculo conyugal que existe entre nosotros…” En fecha 05 de marzo de 2020, este Tribunal admitió la presente solicitud y ordenó la notificación de la Vindicta Pública. En fecha 07 de marzo de 2022, compareció el profesional del derecho MILKO HERNANDEZ, asistiendo a la ciudadana CARMEN MARWEY RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.631.592, mediante diligencia consignó los fotostatos a fin de ser librada la respectiva boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público. En fecha 10 de marzo de 2022, fue designa Juez Provisoria de este Juzgado la Abg. NINOSKA ROMERO M., quien se aboco al conocimiento de la presente solicitud. Asimismo, en esta misma fecha se libro Boleta de Notificación a la Representación Fiscal del Ministerio Público, junto con sus copias certificadas. En fecha 25 de marzo de 2022, compareció el Alguacil Orlando Aponte, adscrito a la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial, y consignó boleta de notificación debidamente firmada y sellada en señal de recibido por el Fiscal del Ministerio Público. En fecha 26 de abril de 2022, compareció el abogado YUNI DAGOBERTO MATA GONZALEZ, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino Centésimo Décimo (110°) encargado de la Fiscalía Nonagésima Quinta (95º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, quien consignó diligencia mediante la cual manifestó: “…Revisadas como han sido las actas procesales que conforman la presente solicitud de DIVORCIO 185 fundamentado en la sentencia N° 693 y 446/2014 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, presentada por los ciudadanos EDISON DAVIS MULATO MELO Y CARMEN MARWENY RIVAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-7.434.943 y V.- 10.631.592, respectivamente, asistidos por el abogado: WALKER ARDILA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 64.122. Esta Representación Fiscal, observa que se han cumplido los extremos legales establecidos en la ley, razón por la cual no tiene observaciones que realizar para su procedencia…” En fecha 09 de mayo de 2022, este Tribunal mediante auto insto a los solicitantes a manifestar mediante diligencia si adquirieron bienes que liquidar. En fecha 12 de mayo de 2022, compareció la ciudadana CARMEN RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.631.592, debidamente asistida por el profesional del derecho MILKO HERNANDEZ, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 157.124, quien mediante diligencia manifestó que durante su unión conyugal no adquirieron bienes que liquidar. En fecha 20 de mayo de 2022,este Juzgado mediante auto manifestó que luego de una revisión exhaustiva efectuada a las actas procesales que conforman la presente solicitud, pudo evidenciar que riela en el presente expediente diligencia consignada en fecha 26 de abril de 2022, por el profesional del derecho YUNI DAGOBERTO MATA GONZALEZ, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino Centésimo Décimo (110º) encargado de la Fiscalía Nonagésima Quinta (95º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Civil e Instituciones Familiares, quien mediante diligencia manifestó no tener observaciones que realizar en la solicitud. Asimismo, consignó Oficio Nº DFGR-DRRHH-DTD-524-2021, de fecha 16 de marzo de 2022, correspondiente a la designación de la ciudadana GUDIÑO CASTRO CAROLINA DEL CARMEN, al cargo de asistente de Asuntos Legales III, adscrito a la Fiscalía 95º, designación que no guarda relación con el presente expediente, razón por la cual se libró Oficio 160-2022, dirigido a la entidad antes mencionada, mediante el cual se remitió dicho documento antes mencionado. En fecha 08 de agosto de 2022, compareció el Alguacil Orlando Aponte, adscrito a la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial, y consignó boleta de notificación debidamente firmada y sellada en señal de recibido por la Fiscalía Nonagésima Quinta (95º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Civil e Instituciones Familiares. En fecha 29 de septiembre de 2022, compareció el profesional del derecho MILKO HERNANDEZ, asistiendo a la ciudadana CARMEN MARWEY RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.631.592, quien mediante diligencia solicito la sentencia de Divorcio en la presente solicitud. -III- -DE LOS INSTRUMENTOS PROBATORIOS-  Original de Acta de Matrimonio Nº 87, Folio 087 de fecha 20 de agosto de 1986, asentada en el libro de matrimonios correspondiente al año 1986, emanada del Registro Civil de la Parroquia Santa Teresa del Municipio Autónomo Independencia del estado Miranda, correspondiente a los ciudadanos EDISON DAVIS MULATO MELO y CARMEN MARWENY RIVAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.- 7.434.943 y V.- 10.631.592, respectivamente, de la cual se desprende claramente el vínculo matrimonial por ellos contraído. En virtud de ser un instrumento público este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los Artículos 1.357, 1.359, 1.360, 1.384 del Código Civil (1.982) y 429 del Código de Procedimiento Civil (1.987), en concordancia con lo establecido en los artículos 68, 75 ord. 1°, 76, 77 y 79 del Decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Registros y del Notariado (2.014) Así se decide.-  Copias de las cédulas de identidad de los ciudadanos EDISON DAVIS MULATO MELO, CARMEN MARWENY RIVAS, YEFERSON DAVID MULATO RIVAS, ZAIDUBI KATTYUSCA MULATO RIVAS y GENESIS KARELYA MULATO RIVAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-7.434.943, V.- 10.631.592, V.- 18.530.716, V.-18.530.700 y V.-27.086.721, respectivamente, Instrumento al cual este Tribunal le otorga valor probatorio. Así se decide.-  Original de Actas de Nacimientos Nros. 47, Folio 24, de fecha 23 de enero de 1990, Acta N° 201 de fecha 23 de febrero de 1988 y Acta N° 498, de fecha 17 julio de 2000, emanadas Oficina Civil de Registro Publico del Distrito Capital, Primera Autoridad Civil de la Parroquia San Agustín Municipio Libertador del Distrito Federal y Primera Autoridad Civil del Municipio Autónomo Independencia del estado Miranda, correspondiente a los ciudadanos YEFERSON DAVID MULATO RIVAS, ZAIDUBI KATTYUSCA MULATO RIVAS y GENESIS KARELYA MULATO RIVAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.- 18.530.716, V.-18.530.700 y V.-27.086.721, respectivamente, de la cual se desprende claramente el vínculo por ellos señalados. En virtud de ser un instrumento público este Tribunal le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los Artículos 1.357, 1.359, 1.360, 1.384 del Código Civil (1.982) y 429 del Código de Procedimiento Civil (1.987), en concordancia con lo establecido en los artículos 68, 75 ord. 1°, 76, 77 y 79 del Decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Registros y del Notariado (2.014) Así se decide.- -IV- -MOTIVACIÓN PARA DECIDIR- Para decidir el Tribunal observa: El matrimonio es un vínculo que permite a los cónyuges cumplir un sin número de derechos y obligaciones en plana igualdad, todos dirigidos al logro de una verdadera convivencia derivada del amor mutuo, el respeto, la solidaridad, afecto, compromiso a objeto de alcanzar fines comunes, dicho vínculo se forma mediante el consentimiento libremente manifestado, el cual debe permanecer durante su vida, de allí que al romperse en ambos o en alguno de ellos, exista el divorcio como mecanismo para su disolución, lo cual puede devenir del libre consentimiento de los cónyuges. Por ello, si bien desde el punto de vista de la Constitución, el Estado debe proteger a la familia y al matrimonio como una de sus instituciones fundamentales, se debe considerar que éste se basa en la libertad y en el consentimiento libremente manifestado. Desde el mismo momento en que ese consentimiento cambia en la pareja o en alguno de ellos, como una forma de manifestación del libre desenvolvimiento de la personalidad, deba existir el divorcio como medio para buscar solución a esta situación. Es que esa libertad de la persona, le permite manifestar el consentimiento para vivir en matrimonio, esa libre voluntad debe ser suficiente para ponerle fin al vínculo, y el Estado debe procurar abrir los medios jurídicos adecuados a objeto de permitir la disolución del vínculo, en procura del bienestar no solo de sus miembros, sino de la familia y la propia sociedad. El profesor Dr. Raúl Sojo Bianco en su obra “Apuntes de Derecho de Familia, Caracas, 1985, p.p. 166-173, sostiene que “El divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”. Y al referirse el mismo autor, al divorcio basado en la ruptura prolongada de la vida en común, asevera que “…se trata de una verdadera innovación en materia de divorcio, con la cual se viene a consagrar el mutuo consentimiento como causal de divorcio; puesto que bastará que los cónyuges estén de acuerdo en afirmar que han permanecido separados de hecho por más de cinco años, para que sea admitido y sustanciado el procedimiento, ya que no se exige prueba alguna…”. El precepto contenido en el artículo 185-A del Código Civil, cual es del siguiente tenor: “Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio. ...Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles, además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la Tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la Duodécima Audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados...”. Subrayado del tribunal. La norma jurídica antes transcrita pone de manifiesto, que para la declaratoria del divorció fundamentándose en la ruptura prolongada de la vida en común, debe demostrarse la existencia del vínculo conyugal cuya disolución se persigue; el reconocimiento de ambos cónyuges que han permanecido por más de cinco (5) años separados de hecho, y finalmente, que el Fiscal del Ministerio Público no haga oposición a la solicitud de divorcio. La petición de los solicitantes implica el reconocimiento de ambos cónyuges de una situación que incide necesariamente en el libre consentimiento que expresaron al momento de contraer matrimonio y que les impide su vida en común, a tal punto que han manifestado de mutuo acuerdo su voluntad de divorciarse. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha declarado con carácter vinculante, mediante sentencia No. 693, del 2 de junio de dos mil quince (2015), en el expediente No. 12-1163, que “… las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento…” Ahora bien, es indispensable aclarar que en todo caso que, debe estar demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, tal y como se dejó sentado en la citada sentencia N° 102/2001, al afirmarse que “(…) el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial” Resaltado del Tribunal. En este orden de ideas, en Sentencias N° 693, de fechas 2 de junio de 2015, dictadas en solicitud de revisión constitucional, estableció criterio vinculante nuestro Máximo Tribunal Supremo de Justicia respecto al contenido del artículo 185-A y 185, ambos del Código Civil, y señaló que el consentimiento debe mantenerse a lo largo de la vida del matrimonio. En la primera de dichas sentencias, se indicó: “De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento– la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem). En efecto, esta última norma del mencionado Código prevé que el domicilio conyugal “será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido, de mutuo acuerdo, su residencia”. …ya que el consentimiento libre para mantenerlo es el fundamento del matrimonio, y cuando éste se modifica por cualquier causa y por parte de cualquiera de los cónyuges, surge lo que el vigente Código Civil Alemán en su artículo 1566, califica como el fracaso del matrimonio, lo cual se patentiza por el cese de la vida en común, uno de cuyos indicadores es el establecimiento de residencias separadas de hecho y que puede conducir al divorcio, como lo reconoce el citado artículo. La suspensión de la vida en común significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha terminado, pero ello no basta per se, ya que el matrimonio, con motivo de su celebración mediante documento público (…).” Y, en la segunda, señaló con carácter vinculante: Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal. Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacío, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio, frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales. De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva. “… realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil y establece, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento…” De acuerdo a los criterios antes transcritos, tenemos que si bien la Sala Constitucional acogió la tesis del divorcio solución, a los fines de poner fin a un vínculo que se ha tornado insostenible por las conductas asumidas por ambos o uno de los cónyuges, “…independientemente de que pueda atribuirse tal situación a uno de los cónyuges, de modo que no hay un culpable y un inocente…” dado que no se persigue el castigo a ninguno de sus componentes, sí ponderó que la vida social tiene una dinámica distinta a la producción de las normas que lo regulan. En efecto, las conductas de los miembros de la sociedad avanzan a un ritmo más acelerado que la creación de las normas que las tratan de regular, por lo que se impone a los jueces interpretar las normas de acuerdo a esa dinámica social, a los fines de dar primacía a los valores y principios que la misma sociedad se ha dado y que han recogido en ese contrato social denominado Constitución, en la que siempre debe tener como norte de su actuación a la persona humana, centro y fin de actuación del Estado, quien debe velar por su defensa, desarrollo y respeto a su dignidad, según lo prevé el artículo 3 Constitucional. No en vano uno de los derechos humanos fundamentales previstos en la Constitución, es el del libre desenvolvimiento de la personalidad, a que se refiere el artículo 20, que en la vida social le permite a cada persona, actuar de acuerdo a sus convicciones propias y tomar las decisiones que mejor convengan al desarrollo de su vida, sin más limitaciones que aquellas que vayan en contra de sus pares en la sociedad. De acuerdo a ello y a la libertad como valor fundamental inmanente a la persona humana, le permite decidir vivir en matrimonio, siempre con el consentimiento libremente manifestado de la otra persona que también ha decidido libremente hacerlo. En este caso, existe la firme voluntad de ambos de querer poner fin al vínculo matrimonial y esa manifestación de voluntad que deviene del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, resulta suficiente para que se declare disuelto el vínculo matrimonial en cuestión, que permita a cada uno de las partes mantener su libertad y dediquen tiempo y esfuerzos a ser ciudadanos útiles a la sociedad y no se desgasten en una situación de conflicto que en nada contribuye a su crecimiento como personas. En consecuencia, constatándose que en el caso de autos se ha verificado una situación de esa naturaleza, lo procedente es que el Tribunal, garantizándole a los solicitantes su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva, proceda a declarar sin procedimiento contencioso su divorcio, pues, siendo evidente, -conforme la sentencia citada- que basta para ello la simple manifestación de voluntad de los cónyuges de querer divorciarse, resultaría inoficiosa cualquiera otra actuación destinada a proteger ese vinculo. Así se decide. V -DECISIÓN- Atendiendo a todo lo expuesto, este Tribunal Décimo Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO 185 del Código Civil, en concordancia con la Sentencia Nº 693 de fecha 02 de junio de 2015 y la Sentencia N° 446 de fecha 15 de mayo de 2014, emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, formulada por los ciudadanos EDISON DAVIS MULATO MELO y CARMEN MARWENY RIVAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-7.434.943 y V.- 10.631.592, respectivamente, debidamente asistidos en este acto por el profesional del derecho MILKO HERNANDEZ, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 157.124. En consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial por ambos contraído en fecha 20 de agosto de 1986, por ante el Registro Civil de la Parroquia Santa Teresa del Municipio Autónomo Independencia del estado Miranda, según consta de Acta de Matrimonio Nº 87, Folio 087, asentada en el libro de matrimonios correspondiente al año 1986 Expídanse copias certificadas de la presente decisión a cada uno de los solicitantes. Así mismo se acuerda notificar a las autoridades correspondientes a los fines de lo previsto en los artículos 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, 506 del Código Civil y lo establecido en el artículo 51 de la Resolución Nº 100623-0220, de fecha 23 de junio de 2010, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y publicada en Gaceta Oficial Nº 39.461, de fecha 08 de julio de 2010, se acuerda emitir copia certificada de la sentencia, al ciudadano Director de la Oficina Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), a los fines que estampe la nota marginal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución N° 001-2022, de fecha 16 de junio de 2022, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se acuerda publicar el presente fallo en el Portal Web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve .- Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión conforme a lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la sala del Tribunal Décimo Tercero de Municipio, Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Cuatro (04) de octubre de 2022. Años: 212º de la Independencia y 163º de la Federación. LA JUEZ PROVISORIA, ABG. NINOSKA ROMERO M. LA SECRETARIA, ABG. FREILENTH PINTO. NRM/FP/Estefany Exp. AP31-S-2020-000981.