TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de 1ra Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control-Valencia
Valencia, 19 de septiembre de 2022
AÑOS: 211º y 161º

ASUNTO: CI-2022-386787

TRIBUNAL NOVENO EN FUNCIONES DE CONTROL: ABG. LORENA GONZÀLEZ CANELONES.
FISCAL 20° DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, ABG. YUSMAR CASAS.
DEFENSA PÚBLICA N° 6 ABG. FLORIMAR ARANGUREN.
DELITO: LESIONES GRAVISIMAS, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 414, CONCATENADO CON EL ARTICULO 80 Y 83 ORDINAL 2° DEL CODIGO PENAL, MAS EL AGRAVANTE GENÉRICO DEL ARTICULO 127 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE.
IMPUTADOS: OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA Y ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ.
SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISION DE HECHOS.

IDENTIFICACION DE LOS PENADOS

1. OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA, de nacionalidad venezolano, natural de Valencia estado Carabobo, de 30 años de edad, fecha de nacimiento 20-10-1991, titular de la cedula de Identidad Nº V.- 19.991.349, de Profesión u Oficio Obrero, de estado civil soltero, residenciado en: San Joaquín, Sector Cinco de Julio, Calle Villa Zoila Casa N° 73 Parroquia San Joaquín estado Carabobo;
2. ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, de nacionalidad venezolano, natural de San Joaquín, estado Carabobo, de 20 años de edad, fecha de nacimiento 21-03-2002, titular de la cedula de Identidad Nº V.- 29.726.970, de Profesión u Oficio Obrero, de estado civil soltero, residenciado en: San Joaquín, Sector José Tomas Gallardo, Primera Calle, Casa sin Numero, Parroquia San Joaquín estado Carabobo.

DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

En fecha 19 de septiembre de 2022, tuvo lugar la audiencia preliminar de conformidad con lo previsto en el artículo 309 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, con motivo de la acusación ratificada por la Fiscalía 20º del Ministerio Público, quien acusó a los ciudadanos JHON OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA Y ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ, por la presunta comisión del delito de: HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, Previsto y Sancionado en el Articulo 406, Numeral 1, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente.

En la audiencia, la mencionada representación fiscal expresó de manera clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los presuntos hechos ocurridos, indicó los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la presentación del escrito acusatorio, expresó los preceptos jurídicos aplicables, efectúo el ofrecimiento de los medios de prueba correspondientes, sustentando su pertinencia, necesidad y legalidad; y solicitó la apertura al juicio oral y público a fin de efectuarse el enjuiciamiento de los hoy penados; solicitando finalmente el mantenimiento de las medidas de privación judicial preventiva de libertad que recae en contra de los mismos.

El Tribunal impuso a los supra identificados ciudadanos del Precepto Constitucional previsto en el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que lo ampara y lo exime de declarar en causa propia, y de hacerlo sin juramento: el cual establece: “Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”; manifestando los imputados NO querer rendir declaración, tal y como se asentó en el acta levantada en la audiencia.

Acto seguido se le cede el derecho de palabra a la representante de la Victima ciudadana YENIFEL MARIEY VÁSQUEZ RODRÍGUEZ quien expone “como madre no me opongo que ellos se le acuerde la libertad, tengo conocimiento que la mama de Lalito esta enferma del corazón, como madre no quiero sufriendo por lo que hacen los, yo lo que quiero es que no tengamos ningún tipo de acercamiento con ningunos de mis familiares, nunca le pedí dinero, yo realice todos los gastos para la recuperación de mi hijo. Mi hijo en estos momentos no se encuentra dentro del país, en virtud que se me presento la oportunidad de sacarlo del país para que tuviera un mejor futuro y lo saque del país, donde se encuentra está bien y no quisiera hacerlo volver, como he manifestado no me opongo que ellos salgan en libertad siempre y cuando ellos no se metan con ninguna de mis familiares, mi hijo se encuentra bien, luego me encargo de borrarle la cicatriz. Solo pido que ellos ni sus familiares se metan con mi familia. Es todo.-

Seguidamente se le concede la palabra a la defensa Publica, ABG. VICTOR ARRIETA, quien expone: “esta defensa una vez oída la exposición del Ministerio Publico, y verificada las actuaciones así como la manifestación del representante de la victima esta defensa, invocando el principio de legalidad, solicito a este digno Tribunal, en ajustar los hechos al Derecho, aunado a ellos vista la manifestación de las partes presentes en sala en resarcir el daño causado de una manera u otra ocasionada se acude la calificación jurídica y se acuerde de conformidad con los articulo 250 y 242 del Código Orgánico Procesal Penal se Revise y Examine la Medida Privativa de Libertad. Solicito a este Tribunal se imponga a mi representado de las formulas alternativas de prosecución del proceso, y se imponga la pena conforme a la Ley. Se solicita copia de las actuaciones, asimismo solicito se me admitan las testimoniales promovidas ante el Ministerio Publico, tales como la declaración de las ciudadanas Yusmeri Andreina Leal, Titular de la Cedula de Identidad V.- 22.005.015, residenciada en el Sector 5 de Julio, Calle Villa Zoila N° 74, Valencia estado Carabobo, Teléfono 0412-9277385; Yerliani Yuleixi Garcia Leal, Titular de la Cedula de Identidad V.- 30.704.818, residenciado en Campo Alegre N° 1, Calle Jacinto Lara, Casa N° 27, Valencia estado Carabobo y ADRIAN EDUARDO GALINDEZ CABEZO, Titular de la Cedula de Identidad V.- 25.981.367, Residenciado en el Sector 5 de Julio, Calle San Eduviges, Casa N° 117, estado Carabobo, teléfono 04124202794.”. Es todo.
Una vez escuchadas las exposiciones de las partes, este Tribunal a los efectos de emitir los pronunciamientos correspondientes a tenor de lo dispuesto en el Artículo 313 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y dictar Sentencia Condenatoria por admisión de los hechos, lo hace bajo las siguientes consideraciones

DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO Y ACREDITADOS POR EL TRIBUNAL

De acuerdo al escrito acusatorio y los fundamentos en los cuales se sustentó la acusación interpuesta por el Ministerio Público, los hechos objeto del proceso y que éste Tribunal estima acreditados, en los cuales participo el hoy penado, ocurrieron conforme a las siguientes circunstancias de tiempo, modo y lugar:

“…En fecha 06-06-202 “siendo las 15:30 HLV, comparece ante este Despacho el funcionario Detective Agregado Bryan Díaz, credencial 46.229, adscrito a la Coordinación de investigaciones de delitos Contra las Personas de esta Delegación de este Cuerpo Policial, quien estando debidamente juramentado y de conformidad con lo establecido en los artículos 115°, 153° y 285°, del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con los artículos 49° y 50°, numeral 1° del de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, deja constancia de la siguiente diligencia policial efectuada en la presente averiguación: "Encontrándome en labores de guardia y una vez vista, leída y analizada las actas de entrevista que anteceden, signadas bajo la nomenclatura K-22-0092-00197, instruidas por esta oficina por uno de los delitos Contra las Personas (LESIONES), siendo las 13:00 HLV, me trasladé en compañía de los funcionarios: DETECTIVE JEFE LUIS ARTEAGA, ERDUIM SALGADO y DETECTIVE AGREGADO SAMUEL VILLALBA (TÉCNICO DE GUARDIA), a bordo de unidad inspecciones técnicas, con logos alusivos a la institución, hacia la siguiente dirección: SECTOR LAS MALVINAS, VIA PRINCIPAL, PARROQUIA SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO SAN JOAQUÍN, ESTADO CARABOBO, con la finalidad de ubicar, identificar y aprehender a los ciudadanos apodados con el remoquete de: "CARA DE BOTA Y EL LALO", quienes fungen como investigados en la presente averiguación, una vez estando en la referida dirección plenamente identificados como funcionarios activos de este cuerpo detectivesco, logramos avistar a dos (02) sujetos con las características similares a las aportadas por la victima de la presente averiguación: 1.- de tez blanco, contextura delgada, de 1.65 metros de estatura aproximadamente, cabello castaño corto, quien vestía para el momento con una (01) chemise de color blanco, un (01) pantalón de color azul claro y chancletas de goma color blanco, rojo, azul y negro y 2.- de tez morena, contextura regular, de 1.65 metros de estatura aproximadamente, cabello negro corto, tatuajes en el brazo derecho, quien vestía para el momento con una (01) franela de color blanco, un (01) short de color gris y chancletas de goma color negro, quienes al avistar la comisión, optaron por asumir una actitud esquiva, por lo que le dimos la voz de alto, haciendo estos caso omiso a dicha orden, emprendiendo veloz huida, originándose una persecución punto a pie, logrando darles alcance en el sector 5 de julio, calle San Rafael, Parroquia San Joaquín, Municipio San Joaquín, estado Carabobo, donde se les dio voz de alto nuevamente, acatando dicha orden de manera inmediata, seguidamente se desprende de la comisión el funcionario DETECTIVE JEFE ERDUIM SALGADO, con la finalidad de ubicar algún testigo en el procedimiento policial a realizar, siendo infructuosa la misma debido a que los moradores del sector se negaron por temor a represarías en su contra reintegrándose nuevamente a la comisión, por lo que se les indico que exhibieran, cualquier objeto de interés criminalístico, que pudieran tener entre sus pertenencias o adheridos a sus cuerpos, finalmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 116° del Código Orgánico Procesal Penal, realicé llamada telefónica a la Fiscal Vigésima (20°) del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Carabobo, en materia de protección de menores, quien se encuentra de guardia por la sede de ese Despacho, a fin de notificarle sobre el procedimiento en cuestión, logrando sostener coloquio con la Abogada Yusmar Caza, a quien luego de manifestarle el motivo de mi llamada e indicarle los pormenores del procedimiento realizado, se dio por notificada, indicando la misma que en efecto los ciudadanos aprehendidos y las actuaciones fuesen trasladados el día martes 07-06-2022,en horas de la mañana, al palacio de justicia del Estado Carabobo, cesando el hilo de la comunicación consigno mediante la presente acta, inspección técnica y montaje fotográfico, derechos de los investigados e informe médico rural de los investigados…”.

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA ACUSACION

Del análisis efectuado a la acusación Fiscal, sus Fundamentos, y soportes de los elementos de convicción y medios probatorios ofrecidos; observa ésta Juzgadora que la acusación cumple con sustento serio y suficiente para someter a los acusados a su enjuiciamiento, toda vez que, cumple con los mínimos presupuestos de pronóstico de condena que conllevan a la admisión de la acusación. A tal efecto, los fundamentos que abonan sustentos serios a la acusación, con base a los elementos de convicción consignados con la misma, e indicados en el Capítulo III del escrito Acusatorio, así como los medios probatorios ofrecidos en el Capítulo V del referido escrito, los cuales cursan en las actuaciones y estima este Tribunal que son lícitos, necesarios y pertinentes.

DE LOS PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES
Y LA ADMISION DE LA ACUSACION

La fiscalía acusa a los ciudadanos OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA, por la comisión del delito de AUTOR EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, Previsto y Sancionado en el Articulo 406, Numeral 1, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente y para el imputado ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ, por el delito (s) de COOPERADOR INMEDIANTO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, Previsto y Sancionado en el Articulo 406, Numeral 1, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente.
Observa quien aquí decide por considerar que una vez revisada las actuaciones consta el RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL, N° 356-0814-1621-22, Practicado a la Victima, donde se observa de las conclusiones de las lesiones sufridas son de mediana Gravedad, con una duración de curación de 14 días, aunada a ello visto lo manifestado por la representante de la Victima, considera esta juzgadora que lo ajustado a derechos es ajustar los hechos al derecho por lo que se parta de la Calificación Jurídica en cuanto al delito de AUTOR EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, Previsto y Sancionado en el Articulo 406, Numeral 1, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, por lo que se decreta el Sobreseimiento de los delito de para el imputado OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA, por la comisión del delito de AUTOR EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, Previsto y Sancionado en el Articulo 406, Numeral 1, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente y para el imputado ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ, por el delito de COOPERADOR INMEDIANTO EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, Previsto y Sancionado en el Articulo 406, Numeral 1, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, todo de conformidad con el artículo 300.1 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo que se califican los hechos en contra de los acusados OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA y ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ, por la comisión del delito de LESIONES GRAVISIMAS, Previsto y Sancionado en el Articulo 414, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente.

En consecuencia este Tribunal de conformidad con el numeral 2º del artículo 313 de nuestra Ley adjetiva penal, a los efectos de acoger y adecuar correctamente la calificación jurídica establecidas por el Ministerio Público en el escrito de acusación, este Tribunal admite PARCIALMENTE la Acusación, y atribuye a los hechos una calificación jurídica distinta a los atribuidos por el Ministerio público, y admite la acusación, por la presunta comisión del delito de LESIONES GRAVISIMAS, Previsto y Sancionado en el Articulo 414, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, toda vez que, de acuerdo a los hechos acreditados, elementos de convicción y fundamentos de la acusación, los hechos se subsumen y configuran el mencionado tipo penal. Y así se decide.
En atención a ello, se hace referencia a la jurisprudencia del Máximo Tribunal en Sala de Casación Penal, que en Sentencia No. 583 de fecha 10/08/2015 con ponencia de la Magistrada Doctora Francia Coello señaló:
“La Sala de Casación Penal observa que la única forma que tiene el juez de control de evaluar si la Acusación se sostiene en fundamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado o imputados, es mediante el examen de los elementos de convicción, lo cual no debe ser en modo alguno interpretado como una invasión de la función del tribunal en función de juicio, sino como el cumplimiento de una de las finalidades esenciales del tribunal de control en esta etapa del proceso penal, que no es otra que evitar acusaciones infundadas”.(Subrayado y Negrillas de la Jueza). Asimismo, la Sala de Casación Penal, en Jurisprudencia establecida en Sentencia 538 de fecha 27/07/2015, con ponencia de la Magistrada Doctora Elsa Gómez, estableció: “El procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, a pesar de no estar incluido dentro de las alternativas a la prosecución del proceso contempladas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios, cumple la misma función, las cuales tienen como objeto poner fin al proceso. Este procedimiento especial es una institución que la doctrina ubica en el plea guilty americano (declaración de culpabilidad) y en la conformidad española. Las oportunidades procesales para que el acusado pueda o no admitir los hechos son: en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación y hasta antes de la recepción de pruebas en juicio, conforme a lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Es el caso, que el Juez de Control, durante la celebración de la audiencia preliminar, actúa como director del proceso, por lo que puede purificar o decantar el escrito de acusación Fiscal o de la acusación particular propia, que como acto formal debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, y es a este órgano jurisdiccional a quien corresponde ejercer el control efectivo de la determinada acusación, razón por la cual es el garante de que la misma se perfeccione, respetando siempre el derecho a la defensa e igualdad entre las partes, lo cual sólo se alcanza a través del examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta la parte acusadora, determinando si su pedimento se sostiene en elementos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto al imputado, por ello le está permitido cambiar la calificación jurídica a la que se contrae el escrito de acusación, lo cual no hace al azar, sino como producto del examen de los elementos de investigación recabados en la fase preparatoria. (Subrayado y Negrillas de la Jueza).

Finalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 312 y 313 numeral 9 del Código Orgánico Procesal Penal, se admitieron los medios de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público, por considerarlos útiles, necesarios y pertinentes para el juicio oral y público, ello en relación con los artículos 228, 322 y 341 Ejusdem. Se acoge la aplicación del principio de comunidad de pruebas. Se deja constancia que la Defensa técnica no contestó por escrito la acusación.
PUNTO PREVIO.

Admitida PARCIALMENTE la acusación, y vista la solicitud de la Defensa técnica de revisar la medida de privación judicial preventiva de libertad que recae en contra del acusado, este Tribunal como punto previo declaro CON LUGAR la solicitud efectuada por la defensa, por lo que acuerda de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, SUSTITUTIR dicha medida por una medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de los ciudadanos al poder ser satisfecha la medida privativa de libertad por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, en favor de los ciudadanos OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA y ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EN ATENCION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 242 NUMERALES 3º, 6º y 9º, PRESENTACIONES CADA QUINCE (15) DIAS POR ANTE LA OFICINA DE ALGUACILAZGO DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, 6º PROHIBICIO DE ACERCARSE A LA VICTIMA Y 9º ESTAR ATENTO AL PROCESO, del Código Orgánico Procesal Penal, librándose la correspondiente boleta de excarcelación.

A tal efecto, el presente pronunciamiento se sustenta con base en lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de garantizar al ciudadano supra identificado una Justicia Humanitaria, debida tutela judicial efectiva, expedita y ajustada a Derecho, por lo que se estima imperioso aplicar y dar primacía a los Derechos Humanos y Principios Universales de Inocencia, Afirmación de Libertad, Igualdad de las personas ante la Ley, consagrados en el texto constitucional patrio en sus artículos 49.2, 44 y 21, recogidos de igual manera en la ley adjetiva penal en sus artículos 8, 9, 229, 232 y 233 todos del Código Orgánico Procesal Penal.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una Constitución garante de los Derechos Humanos, a ella están sometidos todos los operadores y administradores de Justicia, por ende, deben los Jueces y Juezas velar por la garantía y fiel cumplimiento de los postulados constitucionales, Derechos Humanos y principios constitucionales, entre los que se encuentra el Derecho al juzgamiento en Libertad. Tal Derecho es pues de sagrada garantía por los Tribunales de la República, y su restricción es excepcional, estimando quien aquí decide que existen razones que permiten considerar la revisión de la medida de coerción personal que actualmente pesa en contra del mencionado ciudadano, tal y como lo argumenta la Defensa, observándose respecto a la misma que los motivos que conllevaron a la medida de privación judicial privativa de libertad pueden ser razonablemente satisfechos con medidas cautelares sustitutivas menos gravosas, ello en virtud que la pena a imponer no excede en su límite inferior, lo que conlleva a la variación de las circunstancias que motivaron la medida privativa de libertad que operan a favor del hoy acusado.

En virtud de todo ello, en criterio de esta Juzgadora, los supuestos que motivaron la privación de libertad pueden ser satisfechos razonablemente con la imposición de una medida menos gravosa, toda vez que, la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad constituye un mandato legal para los Jueces venezolanos de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual: “En todo caso el Juez o Jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses (lo cual ocurre en el presente caso al tener la ciudadana más de 3 meses detenida), y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas…”. En tal sentido, la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad es pues una expresión concreta del principio de tutela judicial efectiva, de las garantías y derechos constitucionales de todo ciudadano que permiten estimar que el imputado de marras puede ser juzgado con libertad inclusive condicionada o restringida.

El preámbulo del texto Constitucional reconoce el derecho a la libertad como uno de los bienes jurídicos que debe ser consolidado por la República Bolivariana de Venezuela, y para asegurar su respeto le confiere a la Ley supremacía sobre cualquier otra, imponiendo a través de ella a los órganos del Estado el deber de garantizar a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable e indivisible de dicho Derecho, el cual se encuentra desarrollado en su artículo 44 que proclama luego del sagrado derecho a la Vida, la inviolabilidad del Derecho a la Libertad, disponiendo como regla general a favor de cualquier persona su juzgamiento en libertad, constituyendo como única excepción a este principio, la aplicación de una medida que la restrinja o limite, reglamentada por la ley, y al principio de proporcionalidad sometido a exigentes condiciones de temporalidad y provisionalidad.

Tal reglamentación se encuentra establecida en los artículos supra indicados, esto es, 9, 229, 230 y 250 de nuestra ley adjetiva penal, de cuyo alcance se desprende que la libertad del imputado dentro del proceso penal es un derecho fundamental de sagrada garantía por los operadores de justicia, y que tiene limitaciones que pueden y deben ser revisadas. En la aplicación de la medida de privación judicial preventiva de libertad se exige en primer orden que, se cumplan los extremos del llamado fumus boni iuris (demostración suficiente de la perpetración de un delito que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre prescrita, fundados elementos de convicción para considerar al presunto inculpado autor o participe de la comisión de dicho punible), y en segundo lugar, la existencia del periculum in mora, esto es la existencia de una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto a un acto concreto de la investigación.

Es importante destacar que, las medidas de coerción personal solo tienen carácter asegurativo a los fines de mantener sujeto al proceso al imputado, cuando de cualquier manera se presuma que eludirá su persecución penal; tal presunción ha sido establecida por el legislador como desarrollo de la norma constitucional que ordena el proceso en libertad, toda vez que, el parágrafo primero del artículo 237 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, faculta al juzgador de apreciar circunstancias que una vez razonadas, permiten imponer al procesado una medida menos gravosa, para garantizar el derecho reconocido constitucionalmente a ser juzgado en libertad, Derecho consagrado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal desde sus artículos 1, 2, 8, 9 y 13, concibiéndose en nuestra legislación adjetiva penal “la privación de libertad” como una medida extrema y excepcional que sólo se justifica cuando no exista otra medida que permita garantizar la finalidad del proceso, tal y como lo establece el artículo 229 Ejusdem, norma que concatenada con la prevista en el artículo 233 ibídem, obligan a interpretar las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, de manera restrictiva.

Por su parte, en relación a las medidas de coerción personal, tanto la doctrina como la Jurisprudencia han concebido que la medida asegurativa dentro del proceso penal, están sujetas a revisión, e impone al Juez su examen y revisión cada tres meses, corolario de ello, la Sentencia de fecha 27-11-2001 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció: “…la obligación para el Juez de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares, de oficio, cada tres meses y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas, obligación que de acuerdo al principio pro libertatis, debe entenderse que consagra la posibilidad de sustituir y aun revocar la medida precautelativa en cualquier momento en que los supuestos que la fundan hayan cesado de manera alguna, absoluta o parcialmente… observa la Sala que el legislador, al admitir expresamente en el Código la posibilidad de revisión de las medidas cautelares que consagra, tomó en cuenta la eventualidad de que los basamentos fácticos que den lugar a las medidas pueden cambiar durante el transcurso de éste, variaciones estas que pueden verificarse incluso en etapas posteriores a las propias fases de investigación e intermedia que se encuentran bajo la rectoría del Juez de Control…” (Resaltado nuestro). De allí que las medidas de coerción personal solo persiguen asegurar la presencia del imputado a los actos del proceso, por cuanto el objetivo de las medidas de coerción es solo el aseguramiento del imputado al mismo cuando la única opción para ello es la privación de libertad. En este sentido del caso nos ocupa es excepcional por el Derecho de igualdad de las personas ante la Ley, a tenor de lo consagrado en el artículo 21.2 de la carta magna, resaltando que con el presente examen y revisión de las medidas de privación judicial preventivas de libertad no se está otorgando un beneficio procesal, sino una medidas de coerción personal cautelares sustitutivas menos gravosas, por estrictas razones constitucionales, a saber:

Artículo 19: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”;
Artículo 21: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:
…2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que pueden ser discriminados, marginados o vulnerables…”

En virtud de ello, atendiendo a los postulados Constitucionales mencionados, se desprende la necesidad de hacer cesar el estado de detención preventiva, como una medida de carácter humanitario de protección y ejercicio por parte del hoy imputado, de los mencionados Derechos, cuya protección solo puede esta juzgadora garantizar sustituyendo la medida de privación de libertad por una medida menos gravosa.

En tal sentido, este Tribunal estima que han surgido circunstancias que generan variación en los supuestos fácticos y objetivos del peligro de fuga y obstaculización de la investigación que motivaron la medida de privación judicial preventiva de libertad, por lo que de acuerdo al artículo 250 Ejusdem, considera quien aquí decide ajustado a Derecho, fundamentalmente en resguardo de los DERECHOS AL JUZGAMIENTO EN LIBERTAD, que prela a favor de los ciudadanos OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA y ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, que el examen y revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad es procedente ya que dicha medida puede ser razonablemente sustituida, por una menos gravosa que permita garantizar las resultas del proceso, conforme al ARTICULO 242 NUMERALES 3º, 6º y 9º PRESENTACIONES CADA QUINCE (15) DIAS POR ANTE LA OFICINA DE ALGUACILAZGO DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, 6º PROHIBICIO DE ACERCARSE A LA VICTIMA Y 9º ESTAR ATENTO AL PROCESO, del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que la pena a imponer no excede en su límite inferior, materializándose la medida sustitutiva desde la sala de audiencias de este Tribunal.

Luego de admitida PARCIALMENTE la Acusación y las pruebas ofrecidas, se procedió a imponer y a informarle al acusado sobre las MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO, y DEL PROCEDIMEINTO POR ADMISION DE LOS HECHOS, informándosele que sólo es aplicable el procedimiento por admisión de los hechos conforme al artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo contenido le fue debidamente informado por el Tribunal al hoy penado, quienes de viva voz y de manera voluntaria, manifestó su deseo de ADMITIR LOS HECHOS, tal y como consta en el acta levantada en la audiencia.

Seguidamente la defensa técnica solicita la palabra, y expuso: “…Ciudadana Jueza en virtud de que mis representados de manera voluntaria admitieron los hechos, solicito se le imponga la pena de ley, es todo...”

DE LA SENTENCIA CONDENATORIA

Con base en la manifestación de voluntad de los ciudadanos OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA y ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, de admitir los hechos, este Tribunal procede a dictar sentencia condenatoria, en virtud de lo establecido en los artículos 313.6, 346, y 375, todos del Código Orgánico Procesal Penal, en los siguientes términos:

Los acusados OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA y ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, resulta ser culpable de la comisión de los hechos supra transcritos en el cuerpo de la presente Sentencia, fundados en los elementos de convicción supra mencionados, los cuales se dan por reproducidos, delito calificado como LESIONES GRAVISIMAS, Previsto y Sancionado en el Articulo 414, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En consecuencia, considera esta Juzgadora que lo ajustado a derecho es declarar a los ciudadanos: OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA y ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, como responsable penalmente de la comisión del delito de LESIONES GRAVISIMAS, Previsto y Sancionado en el Articulo 414, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Por lo anteriormente procedente, esta Juzgadora considera que lo procedente y ajustado a derecho es CONDENAR de conformidad con lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la “ADMISIÓN DE LOS HECHOS”, que hiciera el ACUSADO y consecuencialmente se dicta sentencia condenatoria con la siguiente penalidad:

PENALIDAD

Se procede a realizar la pena correspondiente a los ciudadanos OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA y ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, procediendo en este acto al cálculo de la pena correspondiente establecida al delito de LESIONES GRAVISIMAS, Previsto y Sancionado en el Articulo 414, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, siendo la pena de TRES (03) A SEIS (06) AÑOS DE PRESIDIO, por lo que sumando los dos extremos resulta la pena de CUATRO (04) AÑOS y SEIS (06) MESES DE PRESIDIO, y en aplicación de lo establecido en el artículo 37 del Código Penal, pena esta que se tomara para el cálculo a partir de la limite medio es decir a partir de los CUATRO (04) AÑOS y SEIS (06) MESES DE PRESIDIO; por ultimo vista la Admisión de los Hechos realizada por el imputado de marras, se procede de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal y tomando en consideración que el delito no hubo violencia en contra de personas o propiedad, es por lo que este Tribunal procede a rebaja la Mitad de dicha pena, dando como resultado de TRES (03) AÑOS DE PRISION, mas las accesorias de Ley establecida en el artículo 16.1 del Código Penal, por la comisión del delito de LESIONES GRAVISIMAS, Previsto y Sancionado en el Articulo 414, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Con fuerza de las precedentes consideraciones, este Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONDENA a los ciudadanos OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA, de nacionalidad venezolano, natural de Valencia estado Carabobo, de 30 años de edad, fecha de nacimiento 20-10-1991, titular de la cedula de Identidad Nº V.- 19.991.349, de Profesión u Oficio Obrero, de estado civil soltero, residenciado en: San Joaquín, Sector Cinco de Julio, Calle Villa Zoila Casa N° 73 Parroquia San Joaquín estado Carabobo; ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, de nacionalidad venezolano, natural de San Joaquín, estado Carabobo, de 20 años de edad, fecha de nacimiento 21-03-2002, titular de la cedula de Identidad Nº V.- 29.726.970, de Profesión u Oficio Obrero, de estado civil soltero, residenciado en: San Joaquín, Sector José Tomas Gallardo, Primera Calle, Casa sin Numero, Parroquia San Joaquín estado Carabobo, a cumplir la pena de TRES (03) AÑOS DE PRISION, mas las accesorias de Ley establecida en el artículo 16.1 del Código Penal, más las accesorias de Ley, se le exonera del pago de costas procesales en virtud del principio de la gratuidad de la Justicia, por la comisión del delito de LESIONES GRAVISIMAS, Previsto y Sancionado en el Articulo 414, concatenado con el articulo 80 y 83 ordinal 2° del Código Penal, mas el Agravante Genérico del Articulo 127 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sentencia condenatoria por ADMISION DE HECHOS.
Se le CONDENA al referido penado, únicamente, mientras se encuentre cumpliendo la pena principal, a las penas accesorias contenidas en el artículo 16.1 del Código Penal; es decir, inhabilitación política mientras se encuentre cumpliendo la condena, y no se CONDENA al pago de las costas “procesales”, de conformidad con lo establecido en el artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal, a las cuales, dada la gratuidad de la justicia y en aplicación del criterio sostenido de manera pacífica y reiterada por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencias N° 3096 y 2956 de fechas 05/11/2003 y 10/10/2005 respectivamente, ambas con ponencia del magistrado Dr. PEDRO RONDÓN HAAZ, y N° 38 de fecha 22/02/2005 con ponencia del Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, todas dictadas en armonía a los postulados establecidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece el Principio de la Gratuidad de la Justicia.
En cuanto a la medida de coerción personal, este Tribunal como PUNTO PREVIO una vez admitida parcialmente la acusación interpuesta por el Ministerio Público, declaro CON LUGAR la solicitud de revisión de la medida efectuada por la defensa, por lo que acuerda de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, SUSTITUTIR dicha medida por una medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de los ciudadanos OSNEIBERT ENRIQUE ARAUJO GARCIA y ANGEL MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, conforme al ARTICULO 242 NUMERALES 3º, 6º y 9º, PRESENTACIONES CADA QUINCE (15) DIAS POR ANTE LA OFICINA DE ALGUACILAZGO DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, 6º PROHIBICIO DE ACERCARSE A LA VICTIMA Y 9º ESTAR ATENTO AL PROCESO, del Código Orgánico Procesal Penal, materializándose la medida sustitutiva desde la sala de audiencias de este Tribunal y librándose la correspondiente boleta de excarcelación.

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Audiencias del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. Notifíquese a las partes de la publicación de esta Sentencia. Impóngase al penado. En Valencia, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de Dos Mil veintidós (2022).

LA JUEZA NOVENA DE CONTROL,

Abg. LORENA GONZÀLEZ CANELONES

EL SECRETARIO,

ABG. CARLOS LÒPEZ.