TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, diecisiete (17) de abril de dos mil veintitrés (2023)
212º y 164º

ASUNTO: KH01-X-2022-000046
PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil INPROA SANTONI, C.A., sociedad de comercio inscrita en el Registro Mercantil Segundo del estado Portuguesa en fecha 18 de febrero del 2010, No. 54, tomo 4-A, a través de su representante legal el abogado LENIN JOSÉ COLMENAREZ LEAL inscrito en el I.P.S.A bajo el No. 90.464.-
APODERADOS JUDICIALES: LENIN COLMENAREZ, AMILCAR VILLAVICENCIO, MARIA ROAS, JESÚS GARCIA, ROGER ADÁN CORDERO, ELIANNEL PERAZA, ALCIDES ESCALONA, NIFREY DIAZ y SILVERIO RIVERO, abogados en ejercicio, E inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nos. 90.464, 90.413, 108.921, 148.669, 127.585, 314.873, 90.484, 133.391 y 102.008 respectivamente.-
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA NUEVAS ESTRELLAS C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, inserta bajo el No. 04, tomo 90-A, de fecha 28 de diciembre del 2009, No. de expediente 364-3613, en la persona de su presidente el ciudadano JOSÉ MANUEL MENDOZA VALENZUELA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-20.667.848.-
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMACIÓN).-
(Sentencia interlocutoria)
I
Se inició la presente acción por libelo presentado en fecha primero (01) de marzo del año 2023, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Civil, y efectuado el sorteo de Ley correspondió el conocimiento de la presente causa a este Tribunal, siendo admitida en fecha 07 de marzo del año 2023, ordenándose tramitarla por el procedimiento especial y se ordenó la intimación de la parte demandada. Consignados como fueron los fotostatos requeridos se procedió a la apertura del cuaderno separado a los fines de tramitar la solicitud de medidas cautelares.-
Corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la medida cautelar nominada solicitada por la parte intimante en el escrito libelar, la cual realizó en los siguientes términos:
“A fin de asegurar las resultas del fallo, solicito se acuerde y decrete de conformidad al Artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, Medida Preventiva de embargo sobre bienes de propiedad del Demando, por la suma de DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO DÓLARES CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (19.405.23$), más las cantidades equivalentes a los Honorarios profesionales de abogados, sobre bienes de la demandada, los cuales me reservo señalar oportunamente son todas las facultades de ley a los fines de la práctica de tal medida. Igualmente solicito expresamente en este acto al tribunal se sirva comisionar al Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren del Estado Lara, toda vez admitida la presente demanda posee bienes suficientes para cancelar dicha Obligación, una vez admitida la presente demanda y declarada la procedencia de la medida preventiva requerida ...“

Así las cosas, pasa esta Juzgadora a apreciar las probanzas promovidas conjuntamente con el escrito libelar, y consignadas en el cuaderno de medidas sin que ello implique pronunciamiento sobre el fondo de lo debatido, sólo a los únicos efectos del decreto o no de la medida cautelar de embargo preventivo solicitada y en tal sentido se observan los siguientes recaudos:
1) Copia de la factura proforma PF-009398 emitida por la sociedad mercantil INPROA SANTONI, C.A., cuyo original se encuentra cursante al folio dieciocho (18) de la causa principal y en copia certificada al folio nueve (09) del cuaderno de medidas.-
2) Copia de nota de despacho PF-009398 emitida por la sociedad mercantil INPROA SANTONI, C.A., cuyo original se encuentra cursante al folio diecinueve (19) de la causa principal y en copia certificada al folio diez (10) del cuaderno de medidas.-
3) Copia de la factura proforma PF-009432 emitida por la sociedad mercantil INPROA SANTONI, C.A., cuyo original se encuentra cursante al folio veinte (20) de la causa principal y en copia certificada al folio once (11) del cuaderno de medidas.
4) Copia de nota de despacho PF-009432 emitida por la sociedad mercantil INPROA SANTONI, C.A., cuyo original se encuentra cursante al folio veintiuno (21) de la causa principal y en copia certificada al folio doce (12) del cuaderno de medidas.

II
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Planteada en los términos antes expuestos las peticiones cautelares interpuesta por el demandante, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a la misma, con base a las siguientes consideraciones:
El legislador patrio estableció la posibilidad de decretar las medidas denominadas como “típicas” si se encontrasen satisfechos los extremos exigidos en los Artículos 585, 588 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente:

“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. (Subrayado añadido).
“Artículo 588: En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 1º El embargo de bienes muebles; 2º El secuestro de bienes determinados;3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles...” (Resaltado del Tribunal).

Del mismo modo, es importante traer a colación lo previsto en el artículo 646 ejusdem, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 646.- Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.” (Destacado del Tribunal)

Sobre los requisitos de las medidas se ha venido pronunciando el Tribunal Supremo de Justicia en diversas sentencias entre las cuales se encuentra la dictada por la Sala Constitucional en el expediente Nº 04-2497 de fecha 16 de marzo de 2005, Nº 269 con ponencia del magistrado Dr. PEDRO RAFAEL RONDON HAAZ, en la cual se indicó:

“…el primero de los requisitos de procedencia propios de toda medida cautelar: la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris). Además, y aunque no lo establezca con la misma claridad, exige el segundo de los requisitos inmanentes a todo medida cautelar, como lo es la verificación del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), desde que dispone que la cautela no tiene otra finalidad que la garantía de las resultas del juicio. No podría entenderse de otra manera, pues la exigencia de ambos requisitos es consustancial a la naturaleza jurídica de todo medida cautelar, tanto así que si el legislador prescindiera de alguno de tales supuestos, estaría desnaturalizando la esencia misma de las medidas cautelares (Calamandrei, Piero, Providencias Cautelares, traducción Santiago SentisMelendo, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1984, pp. 69 y ss). De allí que puede afirmarse que el juez dictará la medida preventiva cuando exista presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, esto es, de que no sean plenamente ejecutables las resultas del juicio (periculum in mora), ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares, en este ámbito, no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe acordarlas (…omissis…). Asunto distinto es que en la ponderación del cumplimiento de los supuestos que se reclaman para la tutela cautelar, el juez tenga una amplia facultad de valoración que lo lleve a la conclusión de que, efectivamente, existen condiciones suficientes para el pronunciamiento de la medida. Tales extremos deben cumplirse de manera concurrente, por lo que si falta alguno de estos elementos, el juez no podría decretar la cautela…”
En lo que respecta al artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, la Sala de Casación Civil, en sentencia N° 532, de fecha 12 de julio de 2007, caso: Venezuelan Heavy Industries, C.A contra Desarrollos Mercayag, C.A, expediente N° 06-845, con ponencia del Magistrado Luís Antonio Ortíz Hernández estableció lo siguiente:
“…Señala el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.” (Negrillas de la Sala).
Visto el contenido de la norma antes trascrita, se puede observar que el Juez Superior no hace una interpretación errada del artículo 646 del Código Adjetivo, ya que claramente como lo expresó en su decisión, al ser presentada la demanda acompañada con alguno de los documentos señalados en la citada norma, en este caso las nueve (9) letras de cambio, es deber del Juez decretar inmediatamente la medida preventiva, sin detenerse a analizar algo distinto a la naturaleza propia del título valor (letra de cambio)…”(Subrayado de la Sala).”

Conforme a la norma y a las jurisprudencias antes citada se evidencia que el legislador pretende por el procedimiento cautelar garantizar las resultas del juicio, previo el cumplimento de ciertos requisitos conocidos doctrinalmente como periculum in mora (peligro de retardo) o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. A este respecto, no establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado; sino que por el contrario, la norma establece “…cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de esta circunstancia…”. El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que además no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio sometido a conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; la otra causa viene dada por los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Y el fumus bonis iuris (presunción de existencia del derecho) o la presunción grave del derecho que se reclama. También es conocida como la “Apariencia del Buen Derecho”, constituye un juicio preliminar que no toca el fondo, por el cual quien se presenta como titular del derecho tiene aspectos de que efectivamente lo es. Este surge como la necesidad, la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto que solicita la medida.-
En el caso bajo análisis, este Tribunal luego de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, al tratarse de un procedimiento por intimación, y estar fundada la demanda en títulos valores, como lo son las facturas consignadas en original en el expediente principal, la medida cautelar de embargo preventivo debe ser decretada de forma inmediata, de conformidad con lo previsto en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, por lo que esta Juzgadora considera procedente el decreto de la medida solicitada y así se declara.-
III
DE LA DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le otorga la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, decide:
PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre la cantidad de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR (23.286.25$) lo que equivale a la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 567.252,56) calculado a la tasa del Banco Central de Venezuela para la fecha del 01 de marzo del año 2023, discriminada así: A): la cantidad la cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON VEINTICINCO CENTAVOS (USD $ 19.405,25), lo que equivale a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 472.711,40) según la tasa del Banco Central de Venezuela correspondiente al día 01-03-2023 por concepto del pago restante derivado de dos (02) facturas signadas con los Nos. 009398 y No. 009432. B): la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (USD$ 3.881,00), equivalentes a la cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN BOLÍVARES DIGITALES CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (Bs. 94.541,16), calculado a la tasa del Banco Central de Venezuela para la fecha 01-03-2023 por concepto de las costas y costos procesales, calculados prudencialmente al veinte por ciento (20%) por este Juzgado, si el embargo recae sobre cantidades líquidas de dinero. En caso de recaer sobre bienes muebles propiedad de la demandada, el embargo se hará hasta por la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON CINCO CENTAVOS (42.691.05$) lo que equivale a la cantidad de UN MILLÓN TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES BOLÍVARES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 1.039.963,96) que corresponden al doble de la suma demanda, más las costas y costos procesales calculados prudencialmente por este Tribunal en un veinte por ciento (20%) discriminados en el particular anterior.-
SEGUNDO: Para la práctica de la medida se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a quien se ordena librar despacho y oficio.-
Publíquese incluso en la página web del Tribunal Supremo de Justicia lara.tsj.gob.ve Regístrese y déjese copia certificada.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023). Años: 212º de la Independencia y 164º de la Federación.
LA JUEZ

ABG. DIOCELIS JANETH PÉREZ BARRETO
EL SECRETARIO

ABG. GUSTAVO GÓMEZ

En la misma fecha de hoy, siendo las 02:07 p.m. se publicó y registró la anterior sentencia previa las formalidades de ley.
EL SECRETARIO

ABG. GUSTAVO GÓMEZ

DJPB/GG/L.fc
ASUNTO: KH01-X-2023-000046
RESOLUCIÓN N° 2023-000245
ASIENTO LIBRO DIARIO: 55