REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara Barquisimeto, uno de agosto de dos mil veintitrés 213º y 164º ASUNTO: KP02-R-2023-000455. PARTE DEMANDANTE: Ciudadano EZEQUIEL ROSELIANO BUJANDA OCTAVIO, titular de la cédula de identidad N° V-3.080.401. REPRESENTACIÓN JUDICIAL: Abogados NANCY RODRÍGUEZ y RAFAEL YGNACIO CARVAJAL ORDUZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 7.373 y 92.260, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Ciudadanos ELIZABETH MARICHAL MANDE y CARMEN FRANCO RODRÍGUEZ, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-2.935.278 y V-2.751.241, respectivamente. MOTIVO: RECURSO DE HECHO. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. PREÁMBULO Se recibe en esta Alzada el presente asunto, en razón del recurso de hecho ejercido en fecha 10 de julio del año 2023, por el abogado RAFAEL YGNACIO CARVAJAL ORDUZ en condición de apoderado judicial del ciudadano EZEQUIEL ROSELIANO BUJANDA OCTAVIO, contra el auto de fecha 30 de junio del año 2023, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara (folio 28), el cual fue presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Civiles, a los fines de la distribución, la cual correspondió a este Juzgado Superior, y por ello se le dio entrada en fecha 11 de julio del año 2023, advirtiendo al recurrente que debe consignar copia certificadas de las actuaciones judiciales correspondientes (folio 02), y así fue cumplido mediante diligencia presentada en fecha 18 de julio del año 2023 (folio 03). DELIMITACIÓN DEL RECURSO DE HECHO El recurso de hecho a que se contrae el presente expediente lo ejerce el abogado RAFAEL YGNACIO CARVAJAL ORDUZ, en condición de apoderado judicial del ciudadano EZEQUIEL ROSELIANO BUJANDA OCTAVIO, contra el auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara en fecha 30 de junio del año 2023 (folio 28), que niega la apelación ejercida contra el auto dictado por ese mismo Juzgado en fecha 21 de junio del año 2023, la cual niega la revocatoria del auto de fecha 06 de junio del año 2023 que declara firme la sentencia interlocutoria de fecha 26 de mayo del año 2023 (folio 27). MOTIVACIÓN PARA DECIDIR El derecho a recurrir del fallo, constituye el derecho constitucional al debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1.- La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. Asimismo, es importante señalar que el derecho a recurrir tiene rango convencional, de acuerdo a lo estipulado en literal “H”, del numeral 2, del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); también, es relevante lo establecido por la Sala Constitucional en sentencia N° 444/01, del 4 de abril del año 2001, en la que consideró lo siguiente: El derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución a favor de todo habitante de la República, comprende el derecho a defenderse ante los órganos competentes, que serán los tribunales o los órganos administrativos, según el caso. Este derecho implica notificación adecuada de los hechos imputados, disponibilidad de medios que permitan ejercer la defensa adecuadamente, acceso a los órganos de administración de justicia, acceso a pruebas, previsión legal de lapsos adecuados para ejercer la defensa, pre establecimiento de medios que permitan recurrir contra los fallos condenatorios (de conformidad con las previsiones legales), derecho a ser presumido inocente mientras no se demuestre lo contrario, derecho de ser oído, derecho de ser juzgado por el juez natural, derecho a no ser condenado por un hecho no previsto en la ley como delito o falta, derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, derecho a no ser obligado a declararse culpable ni a declarar contra sí mismo, su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, entre otros. Igualmente, establece la sentencia Nº 93 dictada por la Sala Constitucional el 25 de febrero de 2011, lo siguiente: Luego, como una derivación del derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra el derecho a recurrir del fallo, el cual se encuentra en íntima relación con la imagen del debido proceso. En tal sentido, en la última parte del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha consagrado una vertiente de tal derecho, en el sentido de garantizarles a los ciudadanos que un tribunal superior controle la corrección del proceso en el cual se ha impuesto una condena. En efecto, el derecho a recurrir del fallo, no sólo constituye la gama de derechos procesales que configuran el derecho constitucional al debido proceso, sino también, es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así lo afirma el jurista Joan Pico I Junoy, en la obra Las Garantías Constitucionales del Proceso, Año 1997, en los términos que a continuación se exponen: El derecho a la tutela judicial efectiva tiene, en palabras del Tribunal Constitucional, un contenido complejo que incluye, a modo de resumen, los siguientes aspectos: - El derecho de acceso a los Tribunales; - El derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente; - El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y - El derecho al recurso legalmente previsto. (Pág.40). Por lo tanto, el derecho a recurrir del fallo, constituye una garantía constitucional, que concreta el derecho a la doble instancia, cuyo sentido, es que aquella parte que resulte perdidosa en una causa judicial, someta al reexamen la misma por parte de un juez distinto al que conoció y decidió la sentencia contra la cual recurre, impidiendo el tránsito de la decisión a la cosa juzgada. En tal sentido, el recurso de hecho establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, constituye una garantía del derecho a recurrir del fallo cuando la apelación ejercida ha sido negada por la primera instancia de cognición, por lo que resulta un medio de impugnación subsidiario cuyo propósito es de hacer admisible la apelación interpuesta previamente negada o que sea oída en doble efecto si fuera procedente. Por ende, la tramitación y juzgamiento ante la alzada implica verificar su procedibilidad, determinar si el fallo es recurrible según la ley (impugnabilidad objetiva), o que deba ser oído en ambos efectos, es decir, que conforme al régimen procesal haya que suspender la causa en la que se dictó la decisión contra la cual se apela y que ha sido oída en el sólo efecto devolutivo, circunstancia esta cuya dilucidación no es sólo de interés privado, sino que vincula al interés público inherente al deber de administrar justicia. Asimismo, es importante precisar que la apelación, al igual que los demás actos procesales, debe ejercerse, tramitarse y decidirse conforme las condiciones de modo, tiempo, y lugar que establezca el legislador, es lo que se denomina principio de legalidad procedimental, contenido en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, que dispone Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Ahora bien, en el caso concreto, el recurrente pretende ejercer apelación contra un auto que negó la revocatoria del auto de fecha 06 de junio del año 2023 el cual había declarado definitivamente firme la sentencia de fecha 26 de mayo del año 2023 (folio 25), aduciendo que las partes han debido ser notificadas de esa decisión, sin embargo, del dispositivo de la misma no se lee que se haya ordenado notificar a las partes del dictado de esa sentencia (folio 22 al 24). Aunado a lo anterior, ciertamente como lo estableció la recurrida el auto contra el que pretende apelar el recurrente, es inapelable por efecto del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil que establece lo siguiente: Los actos y providencias de mera sustanciación o de mero trámite, podrán ser revocados o reformados de oficio a petición de parte, por el Tribunal que los haya dictado, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones especiales. Contra la negativa de revocatoria o reforma no habrá recurso alguno, pero en el caso contrario se oirá apelación en el solo efecto devolutivo. En efecto, siendo que la parte demandante pretende apelar de una decisión que negó la petición de revocatoria por contrario imperio, ello se subsume en el supuesto normativo del citado artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que prevé que en tal caso no habrá recurso alguno, en consecuencia, resulta improcedente el recurso de hecho ejercido contra el auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 30 de junio del año 2023, en el asunto judicial N° KP02-R-2023-000420. Así se decide. D E C I S I Ó N En razón de las anteriores consideraciones, este JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE HECHO, ejercido por el abogado RAFAEL YGNACIO CARVAJAL ORDUZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 92.260, en condición de apoderado judicial del ciudadano EZEQUIEL ROSELIANO BUJANDA OCTAVIO, titular de la cédula de identidad N° V-3.080.401, contra el auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 30 de junio del año 2023, en el asunto judicial N° KP02-R-2023-000420. SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dado la naturaleza de la decisión. TERCERO: La presente decisión fue dictada y publicada dentro del lapso correspondiente. Publíquese, incluso en el portal https://lara.tsj.gob.ve, regístrese, líbrese oficio y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, al primer día del mes de agosto del año dos mil veintitrés (01/08/2023). Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación. La Jueza Superior, Dra. Delia Josefina González de Leal La Secretaria Titular, Abg. Arvenis Soiree Pinto Noguera En igual fecha y siendo las DOS Y QUINCE HORAS DE LA TARDE (2:15 P.M.) se publicó y se expidió copia certificada conforme a lo ordenado. La Secretaria Titular, Abg. Arvenis Soiree Pinto Noguera Correo electrónico: superiorcivil3lara@gmail.com Portal electrónico: https://lara.tsj.gob.ve KP02-R-2023-000455.