REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, 18 de diciembre de 2023 213º y 164° Asunto: AP41-U-2013-000536 Sentencia Interlocutoria Nº 123/2023 En fecha 09 de diciembre de 2013, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores Contenciosos Tributarios del Área Metropolitana de Caracas, recurso contencioso tributario interpuesto por los ciudadanos Alberto Villamizar, Jerson Bello e Ivan Villamizar, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 107.148, 75.338 y 124.505, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la contribuyente sociedad mercantil BONGO BAR SALA SHOW, C.A., inscrita en el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda bajo el N° 49, Tomo 95-A, de fecha 15 de noviembre de 1975, con posterior modificación según Acta de Asamblea Extraordinaria, debidamente registrada bajo el N°24, Tomo 210-A, de fecha 07 de noviembre de 2008, contra la Resolución DA-J-SEMAT-2013-022, de fecha 29 de octubre de 2012, notificada el 08 de noviembre de 2012, por concepto de impuesto sobre Actividades Económicas de Industria y Comercio, ambas emanadas del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), del Municipio Baruta del Estado Miranda. En fecha 12 de diciembre de 2013, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario le dio entrada, ordenó notificar al Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda, Fiscal General de la República y citar al Síndico Procurador Municipal del Municipio Baruta del estado Miranda. En fecha 24 de febrero de 2014, este Tribunal dictó auto mediante el cual, se ordeno librar la notificación al Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria, toda vez, que no fue librada en su oportunidad. En fecha 28 de mayo de 2014, este Juzgado Superior dictó auto mediante el cual requirió los fotostatos para la notificación al Sindico Procurador Municipal e instó a la recurrente a consignarlos, a fines de la remisión de la boleta de notificación. En fecha 19 de febrero de 2019, este Órgano Jurisdiccional se abstuvo de revocar el auto de fecha 5 de febrero de 2015, por no evidenciarse el error delatado por la representación de la Alcaldía. En fecha 20 de mayo de 2015, este Tribunal mediante auto ordenó librar boleta de notificación a la contribuyente mediante la cual se le requirió que manifestara mantener interés en la prosecución de la causa. En fecha 04 de junio de 2015, este Órgano Jurisdiccional mediante auto la apoderada judicial de la Alcaldía solicitó declarar la pérdida del interés procesal de la recurrente en la presente causa, sin que conste en autos la notificación practicada efectivamente a la contribuyente, en razón de ello, el tribunal se abstuvo de proveer lo solicitado. En fecha 30 de junio de 2015, mediante diligencia el ciudadano Jerson Bello, actuando en su carácter de apoderado judicial de la recurrente, consignó los fotostatos correspondientes a los fines de notificar al Sindico Procurador del Municipio de Baruta y manifestó mantener el interés procesal de la recurrente en la causa. En fecha 03 de julio de 2015, este Tribunal dictó auto, mediante el cual ordenó, comparar y cotejar las copias simples consignadas con los originales que constan en autos y expedir la certificación requerida de los folios del 1 al 15, para la debida notificación del Síndico Procurador Municipal, en la misma fecha se libró la notificación de ley. En fecha 15 de octubre de 2015, este Órgano Jurisdiccional dictó Sentencia Interlocutoria N° PJ0082015000188, mediante la cual ADMITIO, el recurso contencioso tributario, en consecuencia declaró la causa abierta a pruebas. En fecha 09 de noviembre de 2015, este Tribunal mediante auto dejo constancia del vencimiento del lapso de promoción de pruebas; presentados los escritos de promoción de pruebas de las partes, ordenó agregarlos al expediente. En fecha 17 de noviembre de 2015, este Juzgado Superior dictó Sentencia Interlocutoria PJ0082015000207, mediante la cual ADMITIÓ, las pruebas presentadas, en consecuencia se ordenó notificar de la sentencia mencionada al ciudadano Procurador General de la República. En fecha 19 de noviembre de 2015, este Tribunal dejó constancia mediante auto librado, de la “no comparecencia”, de ninguna de las partes al acto de NOMBRAMIENTOS DE EXPERTOS, para experticia contable y en consecuencia, se declaró desierto dicho acto. En fecha 24 de noviembre de 2015, mediante diligencia entregada por el ciudadano Jerson Bello, actuando en su carácter de apoderado judicial de la recurrente, solicitó nueva oportunidad para que este Tribunal fijara el acto de nombramiento de expertos contables; en la misma fecha este Tribunal libró auto fijando la oportunidad para la designación de expertos. En fecha 26 de noviembre de 2015, siendo la oportunidad fijada por este Tribunal para el Acto de Nombramiento de los Expertos Contables se llevó a cabo el acto, quedando designado el Licenciado Rodrigo Martino Abbondanza, por parte de la representación de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda, entregó carta de aceptación y copias de la cédula de identidad y carnet del colegio de contadores públicos; se dejó constancia de la no comparecencia del experto por parte del contribuyente, y por el tribunal se designó al experto contable Licenciado Henry Paredes, que representó a la contribuyente, en este mismo auto se nombro al experto contable, Licenciado Edgard Barrios Albarran, que representó a este Tribunal y se fijó la fecha para la juramentación y aceptación, en fecha 30 de noviembre de 2015 se consignaron mediante diligencia en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos las cartas de aceptación de los expertos contables Edwar Andrés Barrios Albarran y Henry Paredes. En fecha 03 de diciembre de 2015, se llevó a cabo el acto de juramentación de los expertos designados, fijando su cumplimiento en un plazo de treinta (30) días de despacho para la presentación del informe. En fecha 27 de enero de 2016, la ciudadana Linda Álvarez Coello, apodera judicial del Municipio Baruta del Estado Miranda, mediante diligencia solicitó a este Tribunal fijar la oportunidad para la presentación de informes; y en fecha 01 de febrero de 2016, este Juzgado Superior niega la solicitud en virtud del cómputo realizado por secretaría, donde se evidencia que del plazo de treinta (30) días otorgado para la presentación de los informes por parte de este Juzgado Superior, han transcurrido quince (15) días. En fecha 02 de marzo de 2016, el ciudadano Lic. Edward Andrés Barrios Albarran, en su carácter de Experto Contable en nombre de la terna de expertos, solicitó prórroga adicional de treinta (30) días de Despacho a partir del vencimiento del plazo otorgado para la culminación de la experticia. En fecha 29 de marzo de 2016, se recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos diligencia, entregada por el ciudadano Félix Nova, en su carácter de apoderado judicial del Municipio Barúta del Estado Miranda, donde hizo solicitud a este Tribunal de desestimar la solicitud de prórroga antes señalada, en la misma fecha este Juzgado Superior dictó auto considerando PROCEDENTE, la prorroga solicitada. En fecha 19 de julio de 2016, la ciudadana Meribeth Ayala Suárez, actuando en su carácter de apoderada judicial de la República, mediante diligencia solicitó fijar fecha para presentar los informes en la presente causa; y en fecha 11 de agosto de 2016 consignó Escritos de Informes. En fecha 21 de junio de 2023, mediante diligencia, entregada por la ciudadana María de los Ángeles Bermúdez, en su carácter de apoderada judicial del Municipio Baruta del Estado Miranda, ratificó diligencia presentada el 09 de junio de 2022, mediante la cual solicitó declarar extinguida la acción por pérdida de interés procesal de la causa. En fecha 18 de diciembre de 2023, la ciudadana Iessika I. Moreno Ramírez, en su condición de Juez Provisoria se abocó al conocimiento de la causa. En atención a las consideraciones anteriores, pasa de seguida esta jurisdicente a determinar la conducta procesal asumida por la representación judicial de la contribuyente a los efectos legales subsiguientes. II MOTIVACIONES PARA DECIDIR Una vez revisadas las actas procesales que conforman el expediente se evidencia que la parte recurrente no ha realizado acto alguno de procedimiento tendente a impulsar y mantener el curso del proceso desde el día 24 de noviembre de 2015, oportunidad en la que solicitó fijar nueva oportunidad para que se llevara a cabo el acto de nombramiento de expertos contables; siendo ésta su última diligencia, sin duda alguna se establece que existe un evidente abandono de la causa toda vez, que han transcurrido ocho (8) años y un (1) mes, de su comparecencia ante esta Jurisdicción, configurándose con ello, una absoluta inactividad procesal en el referido recurso. Ahora bien, dado el evidente abandono de la representación judicial de la parte recurrente, este tribunal garante de los principios de celeridad y economía procesal, en aras de la simplificación de los procesos judiciales, preservando, en todo momento, los derechos y garantías procesales de los interesados se apega al cambio de criterio recién planteado por nuestra Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia referido a la notificación del recurrente a los fines que manifieste si mantiene o no interés en la causa, ello, en atención a la conducta asumida en la prosecución de la causa. A tal fin pasa de seguida quién suscribe a transcribir parcialmente la sentencia Nº 000572, de fecha 27 de junio de 2023, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en cuestión: “A fin de cumplir con la exigencia relativa a la notificación de las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, esta Sala Político-Administrativa ha adoptado el criterio de procurar en primer lugar la notificación personal, y en caso de que resulte imposible de practicar, se procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, a fijar el cartel correspondiente en la cartelera de la Secretaría de esta instancia y a publicarlo en la página web de este Alto Tribunal, con la advertencia de que vencido el término de diez (10) días de despacho se entendía consumada la notificación. No obstante, considera esta Sala que ese modo de proceder debe ser revisado, dado que en esta materia tiene prevalencia el interés público que reside en evitar la pendencia indefinida de los procesos, lo cual redunda en beneficio de la seguridad jurídica. Se trata de un reexamen que tiene la finalidad de contribuir con la descongestión de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal, en aras de la simplificación de los procesos judiciales, preservando, en todo momento, los derechos y garantías procesales de los interesados. Resulta esencial destacar que dicha revisión se efectúa en acatamiento y en perfecta consonancia con el criterio establecido por la Sala Constitucional en la sentencia Nro. 956 de fecha 1° de junio de 2001, en la que al reconocer que una de las oportunidades en la que puede decaer la acción por falta de interés es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, también realizó una interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, y estableció que: “si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción”. (Resaltado añadido). Como puede verse, el criterio de la Sala Constitucional se basa en que para la notificación de las partes a fin de que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que se ponga en práctica uno cualquiera de los medios previstos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, para que se considere válidamente realizada la notificación, sin necesidad de que se intente previamente que sea efectuada en forma personal, ni que se ejecute dicha notificación a través de varios mecanismos en forma sucesiva y acumulativa. (Resaltado de este Tribunal). …omissis… Por tal razón, siguiendo lo establecido por la Sala Constitucional en la decisión previamente citada, complementándolo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se establece como nuevo criterio, que tendrá aplicación para las causas hacia el futuro, a los fines de evitar la realización de trámites excesivos e innecesarios, que a los efectos de notificar a las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que los jueces pongan en práctica, de acuerdo a su prudente arbitrio, cualquiera de los mecanismos de notificación establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil y 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, por notificación personal en la dirección o domicilio del accionante, o bien mediante una boleta publicada en la cartelera de esta Sala o del Órgano Jurisdiccional que se trate, así como en el portal electrónico de este Tribunal Supremo de Justicia, sin que sea necesario que se agote previamente la notificación personal o que se ejecuten varios mecanismos de manera simultánea y sucesiva, a los efectos de la consecución de dicha notificación. Así se declara. (Resaltado del Tribunal) …omissis… También es preciso aclarar que como se trata de un cambio de criterio, este no puede regir para el caso de autos, sino que se comenzará a aplicar hacia el futuro, en las causas en las que sea necesaria la notificación de las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida el asunto, todo ello en atención a lo indicado por la Sala Constitucional en diversas decisiones, entre las cuales se puede mencionar la Nro. 3057 del 14 de diciembre de 2004, en la que se advirtió expresamente lo siguiente: “(…) Comprueba, además, esta Sala que en dicho veredicto se le dio eficacia retroactiva al cambio de criterio jurisprudencial por cuanto se aplicó para la resolución del caso que lo originó, lo cual vulneró los principios jurídicos fundamentales de seguridad jurídica y confianza legítima, así como el derecho constitucional a la igualdad de la recurrente en casación (aquí solicitante), quien tenía la expectativa plausible de que su asunto se decidiera de acuerdo con la jurisprudencia que imperaba, para ese entonces, en casos análogos” (Véase, en ese mismo sentido, sentencia de la Sala Constitucional Nro. 167 del 26 de marzo de 2013). Precisado lo anterior, corresponde ahora revisar el lapso para solicitar el referido impulso procesal en las causas que se hallan paralizadas no habiendo sido admitidas o encontrándose en estado de sentencia y al respecto observa que la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido entre otras decisiones, en sentencia Nro. 297 del 10 de mayo de 2017, lo siguiente: [L]a pérdida del interés durante la tramitación de un proceso, puede ocurrir aun antes de ser admitida la causa, cuando interpuesta la demanda, solicitud o querella, el demandante no insta al órgano jurisdiccional para que dé el trámite respectivo, dejando transcurrir un tiempo suficiente, el cual en muchas oportunidades resulta prolongado e indefinido, actitud que denota negligencia, y hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés en obtener una solución al caso planteado y se administre la justicia que ha clamado al momento de interponer la demanda. Dentro de este contexto, la Sala considera conveniente traer a colación el dispositivo del artículo 253 del Texto Fundamental: ‘La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas’ y, como tal, la función jurisdiccional se activa a instancia de los ciudadanos, y el deber correlativo del Estado -a través de los órganos jurisdiccionales- es impartirla por autoridad de la Ley. En efecto, si una demanda, solicitud o querella no ha sido admitida dentro del lapso previsto en la Ley, y transcurre un lapso de un año o mayor a éste (…) para cualquier demanda -excepto en materia de amparo constitucional, el cual es de seis (6) meses- lo pertinente es que el juzgador, de oficio, declare la pérdida del interés procesal (…)’ (destacado del fallo). Así las cosas, en casos como el de autos, esta Sala ha señalado que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia que preceptúa el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos jurisdiccionales. No es una abstracción para el particular que lo invoca, aunque pudiese ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. (…) En este orden de ideas, respecto a los supuestos en los cuales se configura la pérdida del interés procesal, esta Sala mediante sentencia N° 2.673 del 14 de diciembre de 2001, ratificada en los fallos Nos. 922/2011 y 1.054/2011, precisó lo siguiente: ‘(…) [T]omando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)’. De manera que, la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos (2) casos de inactividad: i) antes de la admisión de la demanda o; ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia, pues en el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ la inactividad produce la perención de la instancia. Así, el hecho de que la causa haya entrado en estado de sentencia, no obsta para que la parte actora solicite pronunciamiento y, con ello, haga constar el interés jurídico actual que debe mantenerse a lo largo del procedimiento (cfr. sentencia N° 1.703 del 18 de diciembre de 2015), por ello esta Sala ha establecido de manera pacífica que el interés procesal no sólo debe manifestarse al momento de la interposición del recurso, sino a todo lo largo del devenir del juicio pues, de lo contrario, ocurre la extinción de la acción y, con ello, la terminación anormal del proceso por la pérdida del interés procesal, incluso, estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante por más de (1) un año (vid. sentencias Nos. 2.673/2001, 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1.483/2013, entre otras). Con fundamento en lo expuesto, considerando que la causa se encuentra en etapa de sentencia y verificada la inactividad de la parte actora por un lapso superior a un (1) año, esto es, desde el 3 de marzo de 2016, hasta el presente, es por lo que se configuró la condición de aplicación de la sanción procesal antes descrita, lo que obliga a esta Sala de oficio a declarar la pérdida del interés procesal y la consecuente terminación del procedimiento, de acuerdo a la jurisprudencia expuesta, y así se decide (…)”. Igualmente, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en su decisión Nro. 1.086 del 7 de agosto de 2014, ratificada entre otros, en su fallo Nro. 0863 del 28 de octubre de 2022 indicó que “[e]n efecto, tal como estableció esta Sala en la sentencia Nº 2673 del 14 de diciembre de 2001, caso DHL Fletes Aéreos, C.A., [en la cual señaló lo siguiente] el interés procesal no sólo debe manifestarse al momento de la interposición del recurso, sino a todo lo largo del devenir del juicio, pues de lo contrario, ocurre la extinción de la acción y, con ello, la terminación anormal del proceso por la pérdida del interés procesal. Incluso estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante por más de (1) un año (Vid. sentencias números 132/2012, 972/2012, 212/2013 y 1483/2013, entre otras)”. (Agregado de esta Sala). De acuerdo con la jurisprudencia citada concluye esta Sala que el lapso para solicitar la manifestación de interés a la parte accionante es de (1) año o más de inactividad en el juicio, situación que el juez deberá ponderar atendiendo a las particularidades de cada caso concreto. Así se establece. En atención a la sentencia antes citada, y revisadas como han sido las actas que componen el presente expediente, se verifica que desde el 24 de noviembre de 2015, fue la última vez que la representación judicial de la recurrente compareció ante esta Jurisdicción, oportunidad en que el ciudadano Jerson Bello apoderado judicial de la recurrente solicito fijar nueva oportunidad para llevar a cabo el acto de designación de expertos contables, lo que claramente se concluye que en la presente causa al no evidenciarse actividad procesal alguna que denote el interés para continuar con la causa luego de la fecha señalada, es decir, que de esa oportunidad a la fecha han transcurrido ocho (08) años y un (1) mes; este Tribunal en apego al criterio proferido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 000572, de fecha 27 de junio de 2023, que estableció que a los fines de evitar la realización de trámites excesivos e innecesarios, a los efectos de notificar a las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que los jueces pongan en práctica, de acuerdo a su prudente arbitrio, cualquiera de los mecanismos de notificación bien mediante una boleta publicada en la cartelera de esta Sala o del Órgano Jurisdiccional que se trate; en consideración a lo anterior éste Tribunal ORDENA librar cartel de notificación en atención a la sentencia Nº 000572 de fecha 27 de junio de 2023, que cambió el criterio de la Sala Político Administrativa con relación a las notificaciones, conjuntamente con los artículos 304 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con los artículos 233 y 174, ambos del Código de Procedimiento Civil, a la sociedad mercantil BONGO BAR SALA SHOW,C.A., toda vez, que no se evidenció que haya actualizado domicilio alguno, ello, con la finalidad de requerirle manifieste mantener interés de continuar con la causa que lleva en el expediente AP41-U-2013-000536, advirtiéndole que, vencido como sea el lapso de diez (10) días de despacho sin comparecer por si o por medio de apoderado judicial, se tendrá por notificada de ésta sentencia so pena de declararse extinguida de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal, que así habrá de declarar éste Tribunal en su oportunidad. Así se establece. III DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: ÚNICO: Se ORDENA librar cartel de notificación en atención a la sentencia Nº 000572 de fecha 27 de junio de 2023, que cambió el criterio de la Sala Político Administrativa con relación a las notificaciones, conjuntamente con los artículos 304 del Código Orgánico Tributario, en concordancia con los artículos 233 y 174, ambos del Código de Procedimiento Civil, a la sociedad mercantil BONGO BAR SALA SHOW,C.A; toda vez, que no se evidenció que haya actualizado domicilio alguno, ello, con la finalidad de requerirle manifieste mantener interés de continuar con la causa que lleva en el expediente AP41-U-2013-000536, advirtiéndole que, vencido como sea el lapso de diez (10) días de despacho sin comparecer por si o por medio de apoderado judicial, se tendrá por notificada de ésta sentencia so pena de declararse extinguida de pleno derecho por pérdida sobrevenida del interés procesal, que así habrá de declarar éste Tribunal en su oportunidad. Publíquese, regístrese y líbrese cartel. Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023). Año 213º de la Independencia y 164º de la Federación. La Juez Provisoria, Iessika I. Moreno Ramírez La Secretaria Titular, Hermi Yanet Landaeta Ochoa Asunto: AP41-U-2013-000536 IIMR/HYLO/mbt.