TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE
CIRCUITO JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO,
EXTENSIÓN PUERTO CABELLO
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
Puerto Cabello, 28 febrero de dos mil veintitrés
212º y 164º
ASUNTO PRINCIPAL: GP31-V-2020-000061 DM
ASUNTO: GP31-V-2020-000061 DM
DEMANDANTE: MARIBEL DE ABREU DE DA SILVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 15.351.734, y de este domicilio, asistido por los abogados GUSTAVO ADOLFO FERRERO y FRANCIS SUAL CAMPOS, titulares de las cédulas de identidad Nos. V.- 12.425.797 y V.- 11.103.427, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 135.519 y 269.868, respectivamente.
DEMANDADO: YUSELIS LINANGEL CORDOVA RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad No. V.- 13.320.351.
MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS, DAÑO MORAL Y LUCRO CESANTE
EXPEDIENTE No, GP31-V-2020-000061 DM
RESOLUCIÓN No. 2023-013 Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva
SEDE: Civil
Comenzó el presente juicio en fecha 07 de febrero de 2020, mediante demanda de daños y perjuicios, daño moral y lucro cesante, interpuesta por la ciudadana MARIBEL DE ABREU DE DA SILVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 15.351.734, y de este domicilio, asistida por los abogados GUSTAVO ADOLFO FERRERO y FRANCIS SUAL CAMPOS, titulares de las cédulas de identidad Nos. V.- 12.425.797 y V.- 11.103.427, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 135.519 y 269.868, respectivamente, contra la ciudadana YUSELIS LINANGEL CORDOVA RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad No. V.- 13.320.351. Distribuida la demanda, correspondió su conocimiento a este Tribunal, y mediante auto de fecha 11 de febrero de 2020 se le dio entrada y se admitió, emplazándose a la parte demandada para que comparezca por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a que conste en autos su citación, para que de contestación a la demanda. Se ordenó librar compulsa y comisión al Tribunal Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a los fines de la práctica de la citación de la demandada. En fecha 20 de febrero de 2020 la parte actora asistida de abogado consignó copia del libelo y auto de admisión, la cual se ordenó certificar, formándose la compulsa respectiva en fecha 26 de febrero de 2020. En fecha 28/02/2020 se ordenó resguardar CD consignado junto al libelo de la demanda en la Caja de Valores de la Oficina de Control de Consignaciones de este Circuito Judicial. En fecha 11 de marzo de 2020 el Alguacil hizo constar que se trasladó a la empresa de envío rápido y expreso SEREX de esta ciudad, y le hizo entrega del oficio contentivo de la comisión y compulsa de citación, dirigido al Juez Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, para que realicen el envío respectivo. En Fecha 11/02/2023 la jueza se abocó al conocimiento de la causa.
Ahora bien, vista la falta de impulso procesal en que ha incurrido la parte demandante, sin que hasta la presente fecha haya acudido por ante este despacho a instar el procedimiento, el Tribunal observa:
-I-
I.1.- La Sala de Casación Civil de la Extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 22/09/1993, expediente Nº 92-0439, juicio Banco República C.A. Vs. Alejandro Saturno Santander, asienta:
“… La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del Art. 267 del C.P.C. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuente con este fin, la perención esta concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. Siendo entonces la perención materia de orden público, se causa por la misma inactividad de las partes durante el procedimiento, antes de que este entre en fase de sentencia, esto es, al día siguiente del vencimiento del término para presentar las observaciones de los informes, pues al verificarse de derecho, su efecto extintivo se expende a todos los actos procesales anteriores y posteriores, salvo aquellos a que se refiere el artículo 270 del C.P.C., es decir, que la perención no impida que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de los autos…”
I.2.- Asimismo, la Sala de Casación Civil en añeja Sentencia número 0071, del 15 de Marzo de 1995, expediente Nº 94-0721; juicio Ricardo Carrascosa De Mena Vs. Dolores Armada Valdez de Reza, expone lo siguiente:
“… Esta norma… tiene como razón de ser, el evitar que cualesquiera sea el interés del actor, éste puede incoar una demanda, obteniendo incluso a veces medidas preventivas… y luego dejar inactivo el expediente con evidente perjuicio del principio de celeridad procesal y del demandado…si bien el legislador previo una sanción muy grave, como es la perención, la misma está condicionada a que el demandante no cumpla con las obligaciones que le impone la Ley… Estas obligaciones están configuradas tanto por la cancelación de los derechos arancelarios,…, como por aquellos actos tendentes a lograr la citación del demandado…”
I.3.- De los extractos jurisprudenciales anteriormente expuestos, se desprende la naturaleza de orden público y verificable de derecho que contiene en su esencia la institución de la perención de la instancia, no susceptible de ser relajada, ni ser renunciable por las partes, que se causa por la inactividad de las partes durante el proceso y antes que entre en la fase de sentencia.
-II-
II.1.- El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
El artículo 269 ejusdem, prescribe: La perención se verifica de derecho, no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.
II.2.- Ahora bien, desde el 20/02/2020 (F. 43) fecha de la diligencia mediante la cual la parte actora asistida de abogado consignó copia del libelo y auto de admisión, la cual se ordenó certificar, formándose la compulsa respectiva, hasta la fecha actual, ha transcurrido más de dos (02) años, sin que la parte actora impulsara el proceso, desprendiéndose de ello que la inactividad procesal de la actora en el presente asunto ha superado el lapso previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.-
II.3.- Por lo antes expuesto, se concluye entonces, que en la presente causa ocurrió la perención anual de la instancia Y; ASI DE OFICIO SE DECLARA.-
-III-
-DISPOSITIVA-
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara de oficio:
PRIMERO: Consumada la PERENCION ANUAL y PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido el lapso establecido en el encabezamiento del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin que la parte actora impulsara la presente demanda de Daños y Perjuicios, Daño Moral y Lucro Cesante interpuesta por la ciudadana Maribel De Abreu De Da Silva, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 15.351.734, y de este domicilio, asistida por los abogados Gustavo Adolfo Ferrero y Francis Sual Campos, titulares de las cédulas de identidad Nos. V.- 12.425.797 y V.- 11.103.427, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 135.519 y 269.868, respectivamente, contra la ciudadana Yuselis Linangel Cordova Ramírez, titular de la cédula de identidad No. V.- 13.320.351; y en consecuencia EXTINGUIDO el presente proceso.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: En obsequio al derecho a la defensa, y en virtud que la presente decisión procede de oficio, notifíquese a la parte demandante mediante boleta, conforme a lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil y a los efectos del inicio del lapso establecido en los Artículos 269, 288 y 298 eiusdem; que comenzara a correr a partir de que conste en autos la notificación aquí ordenada. Líbrese boleta-
Publíquese y déjese copia de la presente decisión el copiador de sentencias correspondiente.
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello.- En Puerto Cabello, a los veintiocho (28) días del mes de febrero (02) del año dos mil veintitrés (2023).
Años: 212º de la Independencia y 164º de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA
ABG. ANA BELMAR HERNÁNDEZ ZERPA
LA SECRETARIA
ABG. ANDMARY GISVEL ORDOÑEZ MENDEZ
En la misma fecha, siendo las 03:10 de la tarde, se dictó y publicó la anterior decisión. Se expidió copia certificada para el archivo de forma digital. Se libró boleta de notificación.
LA SECRETARIA
ABG. ANDMARY GISVEL ORDOÑEZ MENDEZ