REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés
213º y 164º
ASUNTO : KH03-X-2023-000018
DEMADANTE: Abogado JUAN GABRIEL RIVERO RUIZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-3.540.427, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 35.210, actuando en su propio nombre y representación.
DEMANDADA: Ciudadana ANA GABRIELA RIVERO PACHECO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 16.535.653.
MOTIVO: CUADERNO DE TERCERIA
SENTENCIA: Interlocutoria
I
Se inició la presente demanda por motivo de CUADERNO DE TERCERIA, lo cual fue admitida en fecha 23/02/2.023.
En fecha 16/03/2.023, se instó al abogado Juan Gabriel Rivero Ruiz, a adecuarse al estado y causa del presente asunto.
En fecha 23/03/2023, se tuvo por citada a al ciudadana Ana Gabriela Rivero Pacheco, asimismo se dejó constancia que comenzó a transcurrir el lapso de contestación a partir del día 20/03/2023.
En fecha, 02/05/2023 Se dejó constancia que venció lapso de contestación de la demanda observándose que dentro del lapso la parte demandada presento escrito.
II
Ahora bien, esta operadora de justicia como directora del proceso visto el recuento de las actuaciones procesales que conforman el presente asunto considera oportuno traer a colación lo previsto en el artículo 206, 211, 212 y 340 Ordinal 2 del Código de Procedimiento Civil, que dispone lo siguiente:

Artículo 206: “Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.”

Artículo 211: “No se declarará la nulidad total de los actos consecutivos a un acto írrito, sino cuando éste sea esencial a la validez de los actos subsiguientes o cuando la ley expresamente preceptúe tal nulidad. En estos casos se ordenará la reposición de la causa al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad y la renovación del acto írrito”. (omissis)

Artículo 212. “No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto írrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aun con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad”. (omissis)…

Igualmente, el tratadista Ramón Escovar León, en su obra Estudios sobre Casación Civil 3, págs. 66 y 67, señala que: “la reposición de la causa es una institución procesal creada con el fin práctico de corregir los errores de procedimiento que afecten o menoscaben el derecho de las partes con infracción de normas legales que señalen las condiciones que deben seguirse en el trámite del proceso”.
El mismo autor apuntó que la figura procesal de la reposición, presenta las siguientes características: “1.- La reposición de la causa no es un fin, sino un medio para corregir un vicio procesal declarado, cuando no puede subsanarse de otro modo; pero no se declarará la nulidad del acto y la reposición, sí éste ha alcanzado el fin al cual estaba destinado. 2.- Con la reposición se corrige la violación de la ley que produzca un vicio procesal, y no la violación de preceptos legales, que tengan por objeto, no el procedimiento sino la decisión del litigio o de algunas de las cuestiones que lo integran, porque entonces el error alegado, caso de existir, se corrige por la interpretación y aplicación que el tribunal de alzada dé a las disposiciones legales que se pretendan violadas. 3.- La reposición no puede tener por objeto subsanar desaciertos de las partes sino corregir vicios procesales, faltas del tribunal que afecten el Orden Público o que perjudiquen los intereses de las partes sin culpas de éstas y siempre que ese vicio o error y el daño consiguiente, no haya sido subsanado o no pueda subsanarse de otra manera.”
Desde otra perspectiva, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 16 de noviembre del 2001, ha señalado:
“...se ha establecido que el derecho al debido proceso consustanciado con el derecho a la defensa forman un todo, cuyo fin último es garantizar el acceso a la justicia y la obtención de tutela judicial efectiva... Así, la doctrina ha señalado que el derecho al debido proceso –y dentro de éste el derecho a la defensa- tiene un carácter operativo e instrumental...es decir, su función última es garantizar el ejercicio de otros derechos materiales mediante la tutela judicial efectiva, por ello su ejercicio implica la concesión para ambas partes en conflicto, de la misma oportunidad de formular pedimentos ante el órgano jurisdiccional. De manera que la violación del debido proceso podrá manifestarse: 1) Cuando se prive o coarte a alguna de las partes la facultad procesal para efectuar un acto de petición que a ella privativamente le corresponda por su posición en el proceso; 2) Cuando esa facultad resulte afectada de forma tal que se vea reducida, teniendo por resultado la indebida restricción a las partes de participar efectivamente en plano de igualdad, en cualquier juicio en el que se ventilen cuestiones que les afecte. Bajo esta óptica la violación al debido proceso y la consecuente indefensión operará, en principio, dentro de un proceso ya instaurado, y su existencia será imputable al Juez que con su conducta impida a alguna de las partes la utilización efectiva de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para la defensa de sus derechos...”.
III
Ahora bien, siendo el Juez director del proceso y garante de las normas procesales a fin de alcanzar su fin ulterior cual es la justicia, y; del análisis realizado del criterio y la norma que antecede, este Tribunal observa, de una revisión exhaustiva de las actuaciones que conforman el presente asunto, y visto que el Tribunal no procedió a agregar los escritos de pruebas en el tiempo correspondido, y a fin de salvaguardar el derecho a la defensa, el debido proceso y en aras de garantizar una tutela judicial efectiva.

Por los fundamentos de hecho y derecho antes expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, con sede en el Edificio Nacional, de la Ciudad de Barquisimeto estado Lara, de conformidad con lo establecido en el artículo 206, 212 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los artículo 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, REPONE la causa al estado de que sean agregados los escritos de prueba, asimismo se deja constancia que a partir del día siguiente al de hoy, comenzara a computarse el lapso establecido en los Artículos 397 y 398 de la Ley Adjetiva Civil. Así se decide.
Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas.
Publíquese, incluso en la página Web de este Despacho, Regístrese, y Déjese Copia Certificada todo de conformidad con el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil Y Tránsito De La Circunscripción Judicial Del Estado Lara, con sede en el Edificio Nacional de la Ciudad de Barquisimeto, a los Dieciocho (18) días del mes de Mayo de dos mil veintitrés. Años: 213° de la Independencia y 164º de la Federación
La Juez Suplente,



Abg. Yoxely Carolina Ruiz Sánchez

La Secretaria,



Abg. María José Lucena Garrido


YCRS/MJLG/rjp.