Visto el escrito libelar presentado en fecha 28 de septiembre de 2023, por la abogada en ejercicio Verónica de los Ángeles Castillo Benítez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 207.327, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Pol Tiendas, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 11 de agosto del año 2000, bajo el N 55, Tomo 58-A, con motivo de Prescripción Adquisitiva, correspondiendo el conocimiento de la presente demanda a este Tribunal, quedando la misma signada bajo N° 27.013 (nomenclatura de este Tribunal), siendo la oportunidad procesal para proveer sobre su admisión o no, este Juzgador lo hace bajo las siguientes consideraciones:
I
En el caso de marras, la parte demandante planteó su demanda en los siguientes términos:
“En el año 2000 la ciudadana LAILA ZREIK RUMI (…) presidenta de la sociedad de comercio que en este acto represento POL TIENDAS C.A. (…) recién llegada del extranjero junto con nuestra familia, rento (sic) un local comercial que se encuentra ubicado en La Calle Comercio, Edificio comercio, local N° 101-77, al lado de “tiendas traki centro”, parroquia San Blas, Jurisdicción del Municipio valencia (sic), del Estado Carabobo.
En el año 2001, el dueño del local comercial, el señor BOU MANSOUR BAKHOS le comunicó a mi representada que viajaría de vuelta su país de origen, siria (sic), y que estaría de vuelta luego de pasados seis (06) meses. Ciudadano Juez, hasta el año en curso mi representada no ha tenido noticias del propietario del local, por lo tanto mi representada ha estado en posesión del local en cuestión, desde sus inicios ha sido una Posesión Legítima, como lo establece el Artículo (sic) 772 del Código Civil, ha sido Continua, ya que desde el momento en que se rentó la propiedad la empresa a la cual representa está funcionando en dicho local comercial, de forma ininterrumpida como lo ha venido haciendo desde el inicio de la relación arrendaticia.
(…)
Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a lo establecido en el Articulo (sic) 691 del Código de Procedimiento Civil, en nombre y representación de la sociedad de comercio POL TIENDAS, C.A, formalmente solicito la TITULARIDAD POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA sobre el inmueble objeto de este procedimiento …”
II
Previo al pronunciamiento sobre la procedencia o no de la admisión de la demanda, este Juzgador debe verificar que la misma no sea contraria a las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
“Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa …”
Sobre esta disposición, encontramos Sentencia de vieja data (Sentencia de la Corte en Pleno de fecha 16 de Febrero de 1994. Magistrado Ponente Dra. Hildegard Rondón de Sansón. Exp. N° 301) que dejó marcado en el tiempo que la citada disposición es una manifestación del poder de impulso de oficio que se le atribuye al Juez, en virtud del cual el mismo puede examinar de oficio si la demanda resulta contraria o no al orden público, a las buenas costumbres, o a disposiciones expresas de ley; por lo que, la citada disposición (artículo. 341) se trata entonces de una norma legal que tiende a resolver, in limine litis, la cuestión de derecho, en obsequio del principio de celeridad procesal.
La norma en cuestión, ciertamente regula lo relacionado con la admisión de la demanda, ordenando al Juez, a asumir una determinada conducta, es decir: “admitir” o en caso contrario, vale decir, que decida negar la admisión, se encuentra obligado el Juez a expresar los motivos de tal negativa. Tenemos entonces que en el artículo 341 eiusdem, se expresan tres condiciones de inadmisibilidad donde encontramos: 1.- Las buenas costumbres: Que debe entenderse como aquellas reglas tradicionalmente establecidas conforme a la decencia, honestidad y moral, no puede ser producto de la concepción individual o subjetiva de algún funcionario; 2.- Orden Público: Que se entiende como el interés general de la sociedad, que sirve de garantía a los derechos particulares y a sus relaciones recíprocas; la necesidad de observancia de sus normas y 3.- Contraria a disposiciones expresas de ley: Que la ley lo prohíba.
Ahora bien, establece el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
El libelo de la demanda deberá expresar:
(…)
2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.
(…)
4º El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales.
(…)
6º Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.
En el sub iudice, se puede observar del escrito libelar que la parte demandante no señaló la persona o personas contra quien requiere la exigencia de su derecho, solo se limitó a mencionar a “Bou Mansour Bakhos”, presumiendo este Jurisdicente que se trate del propietario del local comercial objeto del presente juicio. De igual forma, la representación judicial de la parte demandante, obvió por completo señalar la situación y linderos que permitan la individualización del bien inmueble, indicando solamente la ubicación geográfica del mismo. Por último, la representación judicial de la parte demandante, no acompañó junto al libelo de demanda los instrumentos fundamentales de los cuales deriva inmediatamente su derecho, requisito que, en el caso de autos, debe ser concatenado con lo establecido en el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
“La demanda deberá proponerse contra todas aquellas personas que aparezcan en la respectiva Oficina de Registro como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble. Con la demanda deberá presentarse una certificación del Registrador en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de tales personas, y copia certificada del título respectivo”.
A mayor abundamiento, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 480, de fecha 18 de octubre de 2022, con ponencia del Magistrado Henry José Timaure Tapia, ratificó la obligatoriedad que sean consignados los documentos indicados en el artículo 691 eiusdem, de forma conjunta so pena de inadmisibilidad para poder intentar las demandas por prescripción adquisitiva, en los siguientes términos:
“… Los jueces de instancia deben declarar inadmisible la demanda de prescripción adquisitiva, al percatarse que no se cumple con los requisitos exigidos en el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, pues éstos requisitos son de suma importancia a los efectos de que no se construya la cosa juzgada a espaldas de las partes interesadas, para de esta manera velar por el derecho a la defensa de ellas; siendo dicha obligación exclusiva del demandante, la cual no puede suplir de oficio el juez de la causa dada la especialidad del procedimiento …”
En consecuencia, verificado que la parte demandante no cumplió con los requisitos de admisibilidad de la demanda establecidos en lo numerales 2°,4° y 6° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los requisitos señalados en el artículo 691 eiusdem, quien aquí decide se ve en la necesidad de declarar inadmisible la presente demanda por Prescripción Adquisitiva. ASÍ SE ESTABLECE.
III
Por todas las razones de hecho y de derecho antes narradas, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:
ÚNICO: Se declara INADMISIBLE la demanda interpuesta por la abogada en ejercicio Verónica de los Ángeles Castillo Benítez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 207.327, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Pol Tiendas, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 11 de agosto del año 2000, bajo el N 55, Tomo 58-A, con motivo de Prescripción Adquisitiva.
Publíquese, diarícese, regístrese y déjese copia de conformidad con el artículo 248 Código de Procedimiento Civil.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Carabobo.
Dado, firmado y sellado en la sala de despacho del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el día 6 de octubre de 2023. Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
El Juez Provisorio,
Abg. PEDRO LUIS ROMERO PINEDA
La Secretaria,
Abg. YUSNEILYS MEDINA MELCHOR
Exp. N° 27.013
PLRP/Danielr
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