TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO CON COMPETENCIA EN LOS ESTADOS COJEDES Y YARACUY.
Valencia, 09 de octubre de 2023
Años: 213º y 164º

Expediente Nº: 15.197
DEMANDATE: CLEOFELINA NEIRA DE MARTINEZ.
DEMANDANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUACARA DEL ESTADO CARABOBO
MOTIVO: DEMANDA DE CONTENIDO PATRIMONIAL.

- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
El presente procedimiento por la Demanda de Contenido Patrimonial presentada en fecha, veintinueve (29) de octubre de 2013, interpuesta la Demanda de Contenido Patrimonial, por las abogadas en ejercicio PHILOMENA DE FREITAS y GERALDINE TOTESAUT LOPEZ, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 15.012 y 67.424, actuando con el carácter de apoderadas judicial de la ciudadana CLEOFELINA NEIRA DE MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-3.198.102, contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUACARA DEL ESTADO CARABOBO.
En esa misma, este Tribunal Superior le dio entrada y se anoto en los libros correspondientes.
En fecha nueve (09) de diciembre de 2013, mediante auto este Juzgado Superior admitió la demanda de contenido patrimonial y se ordenan las notificaciones correspondientes.
En fecha veinte (20) de diciembre de 2013, compareció la abogada GERALDINE TOTESAUT LOPEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo EL Nro. 67.424, su condición de apoderadas judicial de la ciudadana CLEOFELINA NEIRA DE MARTINEZ, titular de la cédula de identidad número V-3.198.102 y solicito se designara correo especial con la finalidad de realizarse las notificaciones ordenadas.
En fecha dieciséis (16) de enero de 2013, se designo correo especial a la ciudadana CLEOFELINA NEIRA DE MARTINEZ, titular de la cédula de identidad número V-3.198.102, para hacer entrega ante el Juzgado Primero de los Municipios Guacara y San Joaquín de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
En fecha treinta y uno (31) de enero de 2014, compareció la abogada GERALDINE TOTESAUT LOPEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo EL Nro. 67.424, su condición de apoderadas judicial de la ciudadana CLEOFELINA NEIRA DE MARTINEZ, titular de la cédula de identidad número V-3.198.102, para realizar el retiro del correo especial.
En fecha seis (06) de marzo de 2014, compareció ante este despacho el ciudadano ABRAHAN GONZALEZ, en su condición de Alguacil de este Juzgado Superior y consigno la resulta de las notificaciones practicadas.
En fecha dos (02) de abril de 2014, se ordenó agregar a los autos comisión emanada del Juzgado Primero de los Municipios Guacara y San Joaquín de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
En fecha dos (02) de junio de 2014, se difirió la audiencia preliminar para el séptimo (7°) día de despacho siguiente al de este auto, a las 09:00 de la mañana.
En fecha once (11) de junio de 2014, se difirió la audiencia preliminar para el quinto (5°) día de despacho siguiente de la publicación del presente auto, a las 11:00 de la mañana.
En fecha veintiséis (26) de junio de 2014, mediante auto este tribunal suspendió la audiencia preliminar por un lapso de treinta (30) días, debiéndola misma reanudarse el día de despacho siguiente al vencimiento del lapso mencionado, a las 10:45 de la mañana, todo esto se acordó de acuerdo a pedimento hecho por las partes mediante diligencia de la misma fecha.
En esta misma fecha, compareció la abogada ADRIANA DE LOS ANGELES MOLINAR RODRIGUEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 122.965, con el fin de conferir PODER GENERAL, amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere, a los abogados JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, ENNA LUCIA ROSALES ASCANIO, NIUWAR DIONISSET MUÑOZ MARQUEZ, YOSEILY ALEXANDRA LEGON VALERA, VICTOR EISTEN ALLEN GODOY, MARIANA ANDREINA GAVIDIA CANTOR y CARLOS GUSTAVO ALVAREZ LEAL, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 133.828, 86.445, 122.002, 149.901, 134.982, 209.514 y 50.185, para que conjunta o separadamente representen y defiendan todos los asuntos que directa o indirectamente obren en contra de los intereses del Municipio Guacara.
En fecha veintinueve (29) de septiembre de 2014, se difirió la audiencia preliminar, que el presente procedimiento debía celebrarse en esta fecha a las 10:45 de la mañana, para el cuarto (4°) día de despacho siguiente al del presente auto, a las 09:00 de la mañana.
En fecha tres (03) octubre de 2014, se difirió la audiencia preliminar, que el presente procedimiento debía celebrarse en esta fecha a las 09:00 de la mañana, para el quinto (5°) día de despacho siguiente al del presente auto, a las 09:20 de la mañana.
En fecha diez (10) de octubre de 2014, se celebró la Audiencia Preliminar pautada, compareciendo ambas partes igual forma no se produjo una solución conciliatoria con respecto al conflicto, motivo por el las partes solicitaron la apertura del lapso probatorio.
En fecha veinte (20) de octubre de 2014, mediante auto el tribunal dejo sin efecto sin efecto el auto dictado en fecha diez (10) de octubre de 2014 y por consecuencia se fijo la audiencia preliminar para el decimo (10) día de despacho siguiente al presente auto a las 10:30 de la mañana.
En fecha diez (10) de febrero de 2015, compareció ante este despacho el ciudadano GENIBEL EDUARDO VILLEGAS, en su condición de Alguacil de este Juzgado Superior y consigno la resulta de las notificaciones practicadas.
En fecha dieciocho (18) de febrero de 2015, se fijo la audiencia preliminar para el decimo (10) día de despacho siguiente al presente auto, a las 09:30 de la mañana.
En fecha nueve (09) de marzo de 2015, se efectuó la audiencia preliminar y se dejó constancia de la comparecencia de ambas partes, en ese mismo acto las partes consignaron escrito de promoción de pruebas.
En fecha veinticinco (25) de marzo de 2015, la parte demandada consigno escrito de contestación.
En fecha ocho (08) de abril de 2015, la parte demandada consigno escrito de promoción de pruebas.
En fecha dieciséis (16) de abril de 2015, la parte demandante consigno escrito de oposición de pruebas.
En fecha veintidós (22) de abril de 2015, el Tribunal emite pronunciamiento sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas, admitiendo el escrito de pruebas consignado por la parte demandante y declarando improcedente la oposición formulada por la parte demandante.
En fecha treinta (30) de abril de 2015, se fijo audiencia conclusiva para el quinto (5°) dia de despacho siguiente a las 11:30 de la mañana.
En fecha once (11) de mayo de 2015, por ocupaciones preferentes del Tribunal, se difirió la audiencia conclusiva para el noveno (9°) día de despacho siguiente a las 10:00 de la mañana.
En fecha veintiséis (26) de mayo de 2015, por ocupaciones preferentes del Tribunal, se difirió la audiencia conclusiva para el decimo (10°) día de despacho siguiente a las 10:30 de la mañana.
En fecha trece (13) de julio de 2015, la abogada GERALDINE TOTESAUT LOPEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo e Nros. 67.424, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana CLEOFELINA NEIRA DE MARTINEZ, solicito el abocamiento del Juez.
En fecha catorce (14) de julio de 2015, el ciudadano LUIS ENRIQUE ABELLO GARCIA, en su condición de Juez Provisorio se aboco al conocimiento de la presente causa.
En fecha treinta y uno (31) de julio de 2015, tuvo lugar la audiencia conclusiva y se dejo constancia de la comparecencia de ambas partes, en esta misma fecha el Tribunal mediante auto suspendió la presente causa por el tiempo determinado por las partes y una vez concluido se dejo computar los treinta (30) días continuos para decidir.
En fecha veintinueve (29) de octubre de 2015, compareció la ciudadana ENNA LUCIA ROSALES ASCANIO, actuando en su condición de representante de la Alcaldía del Municipio Guacara del Estado Carabobo, consigno diligencia donde plantea que luego de vencido el lapso de suspensión de la presente causa, la misma requiere realizar un evaluó para la obtención de la estimación del valor real del local objeto del presente juicio, con el apoyo de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO ECONOMICOS (SUNDDE), consignando copia simple del oficio de fecha veintiocho (28) de septiembre de 2015, en esa misma fecha se ordeno recibirlo y agregarlo a los autos.
En fecha dos (02) de febrero de 2016, compareció la ciudadana PHILOMENA DE FREITAS, apoderada judicial de la parte demandante y consigno diligencia en la cual solicito la reanudación de la causa.
En fecha veinticuatro (24) de abril de 2017, compareció la abogada GERALDINE TOTESAUT LOPEZ, apoderada judicial de la parte demandante y consigno diligencia en la cual solicito la reanudación de la causa.
En fecha primero (01) de junio de 2017, el Tribunal ordeno la Reanudación de la Causa y libro las notificaciones correspondientes.
En fecha veintitrés (23) de de octubre de 2017, compareció ante este despacho la ciudadana NEGLIS MOLINA, en su condición de Alguacil de este Juzgado Superior y consigno la resulta de las notificaciones practicadas.
En fecha siete (07) de febrero de 2022, compareció ante este Tribunal el ciudadano ARNOLDO ANTONIO MARTINEZ CARREÑON venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-4.134.534, representado en este acto por el abogado JAIRO RAFAEL GARCIA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 251.093, solicitando copia simple del contrato de arrendamiento suscrito por la alcaldía de Guacara.
En fecha tres (03) de marzo de 2022, el ciudadano PEDRO ENRIQUE VELASCO PRIETO, en su condición de Juez Provisorio se aboco al conocimiento de la presente causa.
En fecha veintiocho (28) de febrero de 2023, se recupero un (01) folio perteneciente al expediente signado bajo el Nro. 15.197, de igual forma se realizo la incorporación del referido folio encontrado al presente expediente

-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, corresponde a éste Tribunal Superior emitir pronunciamiento sobre la Demanda de Nulidad, incoado por la ciudadana CLEOFELINA NEIRA DE MARTINEZ, titular de la cedula de identidad Nro. V-3.198.102, debidamente asistida por las abogadas en ejercicio PHILOMENA DE FREITAS y GERALDINE TOTESAUT LOPEZ, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 15.012 y 67.424, la ALCALDIA DEL MUNICIPIO GUACARA DEL ESTADO CARABOBO.
Ahora bien, considera imperioso este Juzgador señalar que el presente expediente fue admitido, sustanciado en su totalidad y entró en la etapa procesal de sentencia definitiva en fecha treinta y uno (31) de julio de 2015.
En conexión a lo precedente, observa este sentenciador que desde la fecha veinticuatro (24) de abril de 2017, la representación legal de la parte actora, consigno diligencia en la cual solicito la reanudación de la causa.
y hasta la actualidad han transcurrido más de seis (06) años sin que haya existido actividad procesal efectuada por la parte recurrente que demostrara el interés procesal en que la presente causa sea sentenciada; lo cual podemos definirlo de acuerdo al criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 07-0556 de fecha veintiocho (28) de febrero de 2008 de la misma manera “(…omissis…) El interés procesal surge así, de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo (…omissis…)”.
Asimismo, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 5 de abril de 2006, mediante fallo número 2006-878, caso: “Distribuidores Fabrica de Papel Maracay Vs. Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)”, con fundamento al sostenido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 956 de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”:
“(…omissis…) según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos.
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño (…omissis…)”.

En efecto, la inactividad de la parte demandante conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que no solo es esencial para la interposición de una acción, sino que debe permanecer a lo largo de todo proceso, por ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no hay interés (vid., sentencias de la Sala Constitucional Nros. 1.153 del 8 de junio de 2006 y 1.097 del 5 de junio de 2007).
En este sentido, la pérdida de interés puede ser declarada en dos oportunidades, primero cuando la inactividad o falta de interés procesal se produce antes de la admisión; o después de que la causa entre en estado de sentencia, lo cual se presume ocurre en el presente caso.
Debido a las consideraciones anteriormente expuestas, corresponde a quien Juzga revisar el lapso para demostrar el referido impulso procesal y al respecto observa que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido entre otras decisiones, en sentencia Nro. 297 del 10 de mayo de 2017, lo siguiente:
“(…omissis…) Ahora bien, esta Sala observa que desde el 3 de marzo de 2016, oportunidad en que la abogada María Verónica Barboza, en su carácter de Presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda, actuando en nombre propio, solicitó pronunciamiento en la presente causa en cuanto a la sentencia definitiva, hasta el presente, ha transcurrido más de un (1) año de inactividad procesal en la presente causa.
En este contexto, esta Sala advierte que en sentencia N° 870 del 8 de mayo de 2007, reiterada en el fallo N° 1.088 del 13 de agosto de 2015, precisó las consecuencias procesales de la inactividad de las partes por pérdida del interés procesal -las cuales operan de pleno derecho, una vez verificado el supuesto fáctico que da lugar a la aplicación de cada una de ellas-, estableciendo que:
‘(…) [L]a pérdida del interés durante la tramitación de un proceso, puede ocurrir aun antes de ser admitida la causa, cuando interpuesta la demanda, solicitud o querella, el demandante no insta al órgano jurisdiccional para que dé el trámite respectivo, dejando transcurrir un tiempo suficiente, el cual en muchas oportunidades resulta prolongado e indefinido, actitud que denota negligencia, y hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés en obtener una solución al caso planteado y se administre la justicia que ha clamado al momento de interponer la demanda.
Dentro de este contexto, la Sala considera conveniente traer a colación el dispositivo del artículo 253 del Texto Fundamental: ‘La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas’ y, como tal, la función jurisdiccional se activa a instancia de los ciudadanos, y el deber correlativo del Estado -a través de los órganos jurisdiccionales- es impartirla por autoridad de la Ley.
En efecto, si una demanda, solicitud o querella no ha sido admitida dentro del lapso previsto en la Ley, y transcurre un lapso de un año o mayor a éste (…) para cualquier demanda -excepto en materia de amparo constitucional, el cual es de seis (6) meses- lo pertinente es que el juzgador, de oficio, declare la pérdida del interés procesal (…)’ (destacado del fallo).
Así las cosas, en casos como el de autos, esta Sala ha señalado que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia que preceptúa el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos jurisdiccionales. No es una abstracción para el particular que lo invoca, aunque pudiese ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. Tal interés ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si el interés no existe (vid. sentencias de esta Sala Nos. 256 del 1° de junio de 2001, 686 del 2 de abril de 2002, 787 del 4 de mayo de 2004 y 1.662 del 17 de diciembre de 2015, entre otras).
En este orden de ideas, respecto a los supuestos en los cuales se configura la pérdida del interés procesal, esta Sala mediante sentencia N° 2.673 del 14 de diciembre de 2001, ratificada en los fallos Nos. 922/2011 y 1.054/2011, precisó lo siguiente:
‘(…) Tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)’.
De manera que, la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos (2) casos de inactividad: i) antes de la admisión de la demanda o; ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia, pues en el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ la inactividad produce la perención de la instancia. (…omissis…)”.

En consonancia con lo anterior, es oportuno traer al caso el criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha veintisiete (27) de junio de 2023 en sentencia Nº 00572, que establece:
“(…omissis…) Igualmente, sostuvo la Sala Constitucional que el juez no puede presumir la pérdida del interés procesal ni siquiera en casos en los que haya transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva; pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, lo cual ocurre en el caso de autos. (Vid., sentencias de la Sala Constitucional Nros. 04294 de fecha 12 de diciembre de 2005,1.153 del 8 de junio de 2006 y 1.097 del 5 de junio de 2007, y fallo de la Sala Político-Administrativa Nro. 180 del 7 de marzo de 2012) (…omissis…) A fin de cumplir con la exigencia relativa a la notificación de las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, esta Sala Político-Administrativa ha adoptado el criterio de procurar en primer lugar la notificación personal, y en caso de que resulte imposible de practicar, se procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, a fijar el cartel correspondiente en la cartelera de la Secretaría de esta instancia y a publicarlo en la página web de este Alto Tribunal, con la advertencia de que vencido el término de diez (10) días de despacho se entendía consumada la notificación. No obstante, considera esta Sala que ese modo de proceder debe ser revisado, dado que en esta materia tiene prevalencia el interés público que reside en evitar la pendencia indefinida de los procesos, lo cual redunda en beneficio de la seguridad jurídica. Se trata de un reexamen que tiene la finalidad de contribuir con la descongestión de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal, en aras de la simplificación de los procesos judiciales, preservando, en todo momento, los derechos y garantías procesales de los interesados. (…omissis…) Por tal razón, siguiendo lo establecido por la Sala Constitucional en la decisión previamente citada, complementándolo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se establece como nuevo criterio, que tendrá aplicación para las causas hacia el futuro, a los fines de evitar la realización de trámites excesivos e innecesarios, que a los efectos de notificar a las partes para que manifiesten si tienen interés en que se decida la causa, basta con que los jueces pongan en práctica, de acuerdo a su prudente arbitrio, cualquiera de los mecanismos de notificación establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil y 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, por notificación personal en la dirección o domicilio del accionante, o bien mediante una boleta publicada en la cartelera de esta Sala o del Órgano Jurisdiccional que se trate, así como en el portal electrónico de este Tribunal Supremo de Justicia, sin que sea necesario que se agote previamente la notificación personal o que se ejecuten varios mecanismos de manera simultánea y sucesiva, a los efectos de la consecución de dicha notificación. (…omissis…) Precisado lo anterior, corresponde ahora revisar el lapso para solicitar el referido impulso procesal en las causas que se hallan paralizadas no habiendo sido admitidas o encontrándose en estado de sentencia (…omissis…) el lapso para solicitar la manifestación de interés a la parte accionante es de (1) año o más de inactividad en el juicio, situación que el juez deberá ponderar atendiendo a las particularidades de cada caso concreto (…omissis…)” RESALTADO NUESTRO.

De la jurisprudencia precedente se desprende, que debido a que en esta materia tiene prevalencia el interés público y colectivo que reside en evitar la duración indefinida de los procesos, lo cual redunda en beneficio de la seguridad jurídica y a los fines de cumplir con la notificación necesaria, se estableció como nuevo criterio, que a los efectos de notificar a las partes para que manifiesten si tienen interés en que sea sentenciada la causa, basta con que el juez ponga en práctica, de acuerdo a su prudente arbitrio, cualquiera de los mecanismos de notificación establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil y 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de igual modo se ratifica el criterio reiterado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual se establece el lapso de un (01) año de inactividad de la parte para que el Tribunal solicite a la parte actora que manifieste su interés en que sea sentenciada la causa.
Ahora bien, siendo cónsonos con todo lo expuesto anteriormente, y en virtud de que la presente causa ha estado desde hace seis (06) años sin actividad efectuada por la ciudadana CLEOFELINA NEIRA DE MARTINEZ, titular de la cedula de identidad Nro. V-3.198.102, parte demandante, encontrándose la presente en estado de sentencia desde el treinta y uno (31) de julio de 2015. Conduce a este Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal.
En consecuencia, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo con competencia en los estados Cojedes y Yaracuy, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley considera conveniente notificar a la parte querellante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 y artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que habrá de practicarse de acuerdo al criterio establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia ut supra transcrita, para que informe en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos la resulta de su notificación, para que manifieste si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. ASÍ SE DECLARA.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con competencia en los Estados Cojedes y Yaracuy, en Valencia, a los nueve (09) días del mes de Octubre de 2023. Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación.
El Juez Superior

DR. PEDRO ENRIQUE VELASCO PRIETO
La Secretaria Accidental,
ABG. LIBNY P. BALLESTEROS P.
Exp. 15.197. En la misma fecha se cumplió con lo ordenado y se libró la boleta de notificación.

La Secretaria Accidental,

ABG. LIBNY BALLESTEROS.

PEVP/LB/IC

BOLETA DE NOTIFICACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO,
CON COMPETENCIA EN LOS ESTADOS COJEDES Y YARACUY.
Valencia, 09 de octubre de 2023
Años: 213º y 164º
HACER SABER:
Expediente Nro. 15.197
A la ciudadana CLEOFELINA NEIRA DE MARTINEZ, titular de la cedula de identidad Nro. V-3.198.102, parte demandante y/o a su apoderado (a) judicial, que este Tribunal dictó sentencia sin fuerza definitiva en esta misma fecha, en la cual se estableció:
“(…omissis…) este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo con competencia en los estados Cojedes y Yaracuy, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley considera conveniente notificar a la parte querellante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 y artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que habrá de practicarse de acuerdo al criterio establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia ut supra transcrita, para que informe en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos la resulta de su notificación, para que manifieste si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. ASÍ SE DECLARA (…omissis…)”

Asimismo, se deja constancia que cumpliendo con lo ordenado en la sentencia ut supra señalada, se procederá a fijar la presente boleta de notificación en la cartelera de este Juzgado Superior conforme a lo establecido en los artículos 174 y 233 del código de Procedimiento Civil por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo así como en cumplimiento con el nuevo criterio establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ponencia del Magistrado Malaquías Gil Rodríguez de fecha veintisiete (27) de junio de 2023 en sentencia Nº 00572.
El Juez Superior,

DR. PEDRO ENRIQUE VELASCO PRIETO
La Secretaria Accidental,
ABG. LIBNY PAOLA BALLESTEROS PARRA
PEVP/LPBP/IC