En fecha 16 de julio de 2023, fue presentado libelo de demanda por el abogado Jesús Alberto González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 176.811, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos GUSTAVO GUERRA y MILDRED BOLÍVAR DE GUERRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad V-7.114.689 y V-7.142.164, respectivamente, con motivo de Cumplimiento de Contrato de Opción de Compraventa, en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES SAN MIGUEL 2053, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Aragua, en fecha 20 de abril de 2009, bajo el N° 30, Tomo 37-A, posteriormente inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Estado Carabobo, en fecha 27 de noviembre de 2012, con el número 6, Tomo 250-A, número de expediente 315-26603; correspondiéndole el conocimiento de la presente demanda a este Tribunal, quedando el expediente signado bajo el N° 26.987 (nomenclatura de este Tribunal). Siendo la oportunidad procesal para dictar sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal se pronuncia en los siguientes términos: I EL 5 de octubre de 2023, se admitió la demanda y se ordenó la citación de la parte demandada, como consta en el folio 62 de la primera pieza principal. En fecha 12 de diciembre de 2023, la parte demandada, a través de su apoderado judicial, abogado Gonzalo Cárdenas Macero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 266.668, se da por citada mediante escrito inserto en el folio 85 de la primera pieza principal. En fecha 29 de enero de 2024, se recibió escrito de la parte demandada, consignando acta de asamblea extraordinaria de accionistas, inserto en el folio 91 de la primera pieza principal. En fecha 30 de enero de 2024, la parte demandada dio contestación a la demanda, mediante escrito inserto en los folios 96 y 97 de la primera pieza principal. En fecha 15 de febrero de 2024, se recibió escrito de promoción de pruebas de la parte demandante, inserto en los folios 105 y 106 de la primera pieza principal. En fecha 27 de febrero de 2024, se recibió escrito de promoción de pruebas de la parte demandada, según consta en el folio 107 de la primera pieza principal. En fecha 7 de marzo de 2024, la parte demandada consignó escrito manifestando oposición a la admisión de las pruebas presentadas por la parte actora, según se evidencia en los folios 111 y 112, de la primera pieza principal. En fecha 11 de marzo de 2024, este Tribunal dictó sentencia interlocutoria inserta en el folio 122, pronunciándose sobre la oposición a las pruebas de la actora. Asimismo, en esa misma fecha, mediante auto se pronunció este Tribunal, respecto a las pruebas presentadas por la parte demandante, como se aprecia en el folio 123 de la primera pieza principal y por auto inserto en el folio 124 se pronunció respecto a las pruebas presentadas por la parte demandada. Ahora bien, visto el informe consignado por la parte demandada, encontrándose en el lapso procesal correspondiente, en apego al contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las normas procesales que rigen la materia, pasa este Tribunal a dictar sentencia definitiva en los siguientes términos: ll Previo al pronunciamiento de mérito de la controversia planteada, debe este Tribunal determinar su competencia y al respecto observa que la presente demanda con motivo de Cumplimiento de Contrato, fue intentada con fundamento en los artículos 1.167 y 1.428, 1.429 y 1.430 del Código Civil. Aunado a la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, se desprende que el caso de marras versa sobre derechos civiles, motivo por el cual este Tribunal, en virtud de lo establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que, “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan”; verifica su competencia por la materia. ASÍ SE ESTABLECE. Ahora bien, sobre la competencia por la cuantía, observa este Tribunal que, la la parte demandante estimó la demanda para el momento de su presentación en setecientos veintisiete mil bolívares (Bs. 727.000,00) y por cuanto dicha estimación no fue rechazada por la representación judicial de la parte demandada, conforme a lo establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, se procede a verificar si este Tribunal es competente en razón de la cuantía. En este sentido, el artículo 29 de la norma civil adjetiva establece que, “La competencia por el valor de la demanda se rige por las disposiciones de este Código y por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Sobre esta disposición, la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.262, de fecha 11 de septiembre de 1998, establece en su artículo 68: “Los jueces de primera instancia civil actuarán como jueces unipersonales en la forma y con competencia en el Código de Procedimiento Civil y en las demás leyes: o como presidentes de los tribunales integrados con participación ciudadana que se establecieren” y en su artículo 69, “Son deberes y atribuciones de los jueces de primera instancia, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones: (…) B. EN MATERIA CIVIL: 1. Conocer en primera instancia de todas las causas civiles que se les atribuya el Código de Procedimiento Civil …” En este sentido, es indispensable analizar el contenido de la Resolución N° 2023-0001, dictada en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 24 de mayo de 2023, en su artículo 1 contempla lo siguiente: Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo, según corresponda, de la siguiente manera:   a) Los Juzgados de Municipio y Ejecutores de Medidas, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela. b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda de tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela.   A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, el precio del día de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela al momento de la interposición del asunto. De las normas antes transcritas, se observa que la presente demanda, excede las tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, en consecuencia, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, reconoce su plena competencia en razón de la cuantía para conocer y decidir la presente causa. ASÍ SE ESTABLECE. Por otra parte, con relación a la competencia por el territorio, el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente: Artículo 42 Las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado; todo a elección del demandante. Cuando el inmueble esté situado en territorio correspondiente a dos o más jurisdicciones, la demanda se podrá proponer ante la autoridad judicial de cualquiera de ellas, a elección del demandante. Sobre la base de lo establecido por el legislador, en cuanto a la competencia por el territorio, cabe acotar que las partes establecieron como domicilio especial único exclusivo y excluyente a la ciudad de Valencia del estado Carabobo, sometiéndose a los tribunales de su jurisdicción, por lo que este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, reconoce su plena competencia en razón del territorio para decidir la presente causa. ASÍ SE ESTABLECE. Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo se declara competente para haber conocido, tramitado y ahora decidir la presente causa. ASÍ SE ESTABLECE. III Este Juzgador cumpliendo con su deber de director del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, previo al pronunciamiento de mérito de la causa, procede como punto previo a pronunciarse en cuanto al litisconsorcio en el presente juicio, por lo que se hace necesario traer a colación el contenido de los artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen: Artículo 146.- Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes: a) Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; b) Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título; c) En los casos 1º, 2º y 3º del artículo 52. Artículo 148.- Cuando la relación jurídica litigiosa haya de ser resuelta de modo uniforme para todos los litisconsortes, o cuando el litisconsorcio sea necesario por cualquier otra causa, se extenderán los efectos de los actos realizados por los comparecientes a los litisconsortes contumaces en algún termino o que hayan dejado transcurrir algún plazo. En este sentido, el autor Arístides Rengel Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, ha definido el litisconsorcio como "la situación jurídica en que se hallan diversas personas vinculadas por una relación sustancial común o por varias relaciones sustanciales conexas, que actúan conjuntamente en un proceso voluntaria o forzosamente, como actores o como demandados o como actores de un lado y como demandados de otro". El litisconsorcio activo resulta de la pluralidad de sujetos vinculados por un interés común respecto a la parte actora; el litisconsorcio pasivo, existe cuando la pluralidad ocurre en relación con la parte demandada. También puede ocurrir que la pluralidad de sujetos frente a intereses comunes surja en ambas partes, entonces el litisconsorcio es mixto. Además de la clasificación a que se ha hecho referencia, la doctrina nos refiere al litisconsorcio voluntario, facultativo o útil y al litisconsorcio necesario, forzoso u obligado. El primero surge por la espontánea y libre voluntad de las personas que lo integran; en esta clase de litisconsorcio existe una pluralidad de relaciones jurídicas sustanciales que se hacen valer en el mismo proceso por cada litisconsorte, ejerciendo cada uno de ellos una pretensión propia, lo cual acarrea, como consecuencia, una acumulación subjetiva de pretensiones, determinada por la voluntad de los interesados, por la relación de conexión existente entre las diversas relaciones y por la conveniencia de evitar sentencias contrarias o contradictorias, si las diversas relaciones materiales son decididas en diferentes procesos. En cambio, en el litisconsorcio necesario, forzoso u obligado, su integración no deriva de la espontánea voluntad de los interesados, sino que existe un elemento integrador o caracteristica para que se integre, la cual puede derivar de la voluntad expresa o implícita de la ley o de la naturaleza misma de la relación sustancial. El litisconsorcio necesario evidencia un estado de sujeción jurídica en forma inquebrantable que vincula entre sí a diversas personas por unos mismos intereses jurídicos. Esa unidad inquebrantable puede ser implícita en la ley o puede ser impuesta en forma expresa. Está implícita cuando no es posible concebir la cualidad fraccionada en cada persona integrante del grupo sino unitariamente en todos. Así, en la sociedad en nombre colectivo, la cualidad de socios no corresponde a uno solo sino a todos y lo mismo ocurre en la comunidad donde la cualidad de comuneros corresponde a todos los copartícipes. En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia recaída sobre el Exp. Nro. AA20-C-2011-000680, de fecha 12 de Diciembre de 2012, con ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez Velásquez, establece: …De acuerdo a los anteriores precedentes, así como de los criterios jurisprudenciales antes referidos, puede  concluirse que la falta de cualidad en los casos de litis-consorcio, el tribunal está llamado a practicar en cada caso concreto, un detenido análisis de los términos subjetivos de la litis, de conformidad con lo planteado inicialmente en la demanda, para definir bajo su propio criterio jurídico, quiénes son las personas que deben integrar el litis-consorcio necesario, en el cual, como sugiere el maestro Loreto, deberá hacer un juicio de identidad lógica entre la persona que intenta o contra quien se intenta la acción, y aquella persona a quien por mera hipótesis o en sentido abstracto la Ley atribuye la facultad de estar en juicio, ya como actor o ya como demandado, para formular una pretensión mediante demanda, todo esto con el fin de garantizar una sentencia plenamente eficaz. (Loreto Luís. Ensayos Jurídicos. Editorial Jurídica Venezolana. 1987. Página 195). Ergo, la legitimación debe ser entendida unívocamente como un juicio puramente lógico de relación, limitadamente dirigido a establecer quiénes son las personas que deben estar en juicio como integrantes de la relación procesal, y, por consiguiente, ese juicio debe aparecer y ser establecido por el juez, pues si hay un titular o titulares efectivos o verdaderos de los derechos en juicio, esos son los que debe determinar el juzgador con tal carácter para la relación procesal, y de ello no puede prescindir el juzgador. De tal manera que, una vez determinado tal extremo y verificado por el juez, en cualquier estado de la causa, que existe un defecto en la integración del litis-consorcio necesario, el juez está en la obligación de ordenar de oficio su integración... De lo anteriormente transcrito, se desprende que la legitimación en la causa conlleva a la ideación de un juicio sobre cuáles son los sujetos que deben concurrir o ser convocados al proceso, esto es, sobre quiénes están legitimados para pretensionar o solicitar tal o cual obligación, lo que indubitablemente se encuentra atado a la titularidad otorgada por el derecho sustancial. En cuanto a la legitimación en la causa, se puede afirmar que la legitimación activa la tiene la parte que ha resultado perjudicada por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales, o un tercero con derecho sustancial sobre el objeto del contrato. Referente a la legitimación pasiva, esta depende de quien intente la demanda, en primer lugar, si demanda la parte perjudicada, el legitimado pasivo será su contraparte, quien presuntamente debe cumplir con las obligaciones contractuales; en segundo lugar, si demanda el tercero, los legitimados pasivos en calidad de litisconsortes necesarios serán las partes que hayan intervenido en el contrato. En virtud de lo anterior, se tiene que la parte demandante, ciudadanos Gustavo Guerra y Mildred Bolívar de Guerra, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad V-7.114.689 y V-7.142.164, respectivamente, actúan con legitimación activa y la sociedad mercantil Inversiones San Miguel 2053, C.A., ya identificada, actúa con legitimación pasiva; en consecuencia, llama la atención a este juzgador que la parte actora pretende la reposición de la causa al estado de admisión, basándose en que debe integrarse el litisconsorcio activo y pasivo correctamente, evitando violación al orden público, como consta en los folios 126 hasta el 132, 149 y 150 de la primera pieza principal; aun cuando en su escrito libelar conformó la litis y en el escrito inserto en el folio 98 de la primera pieza principal, alega que la demanda no es contraria a Derecho y que la misma se ejerció cumpliendo los extremos establecidos en la norma adjetiva, este sentenciador evitando reposiciones inútiles y el resguardo a los principios constitucionales de conformidad con el artículo 26 de la Carta Magna y por cuanto no se observa quebrantamiento de formas y actos procesales; considera conformado correctamente el litisconsorcio activo y el litisconsorcio pasivo. ASI SE ESTABLECE. IV De la norma sustantiva civil, específicamente los artículos 1.133, 1.159 y 1.160, del Código Civil, se puede observar la instrumentalidad que tienen los contratos para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir un vínculo jurídico entre dos o más personas, teniendo el mismo, fuerza de ley entre las partes contratantes, no pudiendo ser revocado sino por mutuo consentimiento o por las causas expresamente autorizadas por la Ley. Así mismo, el artículo 1.167 eiusdem, establece los efectos que puede provocar el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos suscritos, traduciéndose en la reclamación de los daños y perjuicios a que hubiere lugar. En este orden de ideas, el Tribunal entiende que, a tenor de lo dispuesto en los artículos supra referidos y en atención a lo consagrado en los artículos 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la parte demandante tramitó la presente acción de Cumplimiento de Contrato, fundamentando su pretensión en los hechos narrados en su escrito libelar, que riela inserto desde el folio 1 hasta el 6 de la primera pieza principal, que son a tenor de lo siguiente: … Honorable Juez (a), en fecha 17 de Julio de 2012, celebre Contrato de OPCION COMPRA-VENTA, de un LOCAL destinado a comercio identificado con el N° PL-77 (OBJETO DE LA DEMANDA), con la Sociedad Mercantil INVERSIONES SAN MIGUEL 2.053, C.A, “Supra Identificada”, el cual se construye sobre una Parcela de terreno propiedad de la Demandada, identificada en Documento Protocolizado ante el REGISTRO PUBLICO DEL PRIMER CIRCUITO DEL MUNICIPIO “VALENCIA DEL ESTADO CARABOBO, Bajo el N° 2011.2709, Matricula N° 312.7.9.6.4433, Folio Real del año 2011, Cedula Catastral N° 08-14-7-U-27-04-19, ubicado en Urbanización los Mangos, Calle N° 112, N° Cívico 107-240 Parroquia San José, Valencia, Estado Carabobo... Es el hecho que, a la fecha en la cual interpongo la presente ACCION, La Demandada SIN CAUSA JUSTIFICADA no dio cumplimiento al termino ni la prorroga, previstos en la CLAUSULA SEGUNDA del Contrato, existiendo a la fecha un retraso de SEIS AÑOS (06) aproximadamente, en la entrega del Desarrollo y con ello el Local identificado en el Contrato, sin que mis Mandantes hayan sido NOTIFICADOS por ninguno de los medios dispuestos en la Cláusula DECIMA TERCERA, sobre la ocurrencia de alguno supuestos de los establecidos en la CLAUSULA OCTAVA, “Supra Identificadas”, lo cual se constituye en INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, haciendo imperativa la presente acción… Expresando de manera inequívoca que a la fecha se cumplieron las obligaciones Contractuales establecidas en la CLAUSULA QUINTA. (Mayúsculas, negritas y subrayado de origen). Por su parte, el abogado Gonzalo Cárdenas Macero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 266.668, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES SAN MIGUEL 2053, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Aragua, en fecha 20 de abril de 2009, bajo el N° 30, Tomo 37-A, posteriormente inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Estado Carabobo, en fecha 27 de noviembre de 2012, con el número 6, Tomo 250-A, número de expediente 315-26603, parte demandada, presentó escrito de contestación de la demanda, que riela inserto en los folios 96 y 97 de la primera pieza principal, en los siguientes términos: …QUINTA: Con base en el artículo 444 del CPC, niego que mi representada haya otorgado el documento contractual que la parte actora acompañó con su demanda, identificado con la letra "B", que constituye los folios del once (11) al dieciocho (18), ambos Inclusive, del expediente 26.987 de los llevados por este Juzgado. SEXTA: Con base en el artículo 444 eiusdem, niego que mi representada haya otorgado los supuestos originales de recibos de pago que la parte actora acompañó con su escrito de demanda, los cuales aparecen mencionados en las páginas tres (3) y cuatro (4) de su demanda y conforman los folios del diecinueve (19) al cincuenta y seis (56), ambos inclusive, del expediente 26.987 concerniente a este proceso… De conformidad a lo planteado por la parte demandante en el libelo de demanda, así como el escrito de contestación de la demanda presentado por la representación judicial de la parte demandada y en virtud que el instrumento fundamental es un documento privado, el cual se acompañó al libelo de la demanda inserto en los folios 11 hasta el 18 de la primera pieza principal, así como los recibos insertos en los folios 19 hasta el 56 de la primera pieza principal, debe este Tribunal pronunciarse respecto al fondo del presente juicio en los siguientes términos. Conforme a lo establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.354 del Código Civil, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho; por lo que, quien pide la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretende haber sido liberado del cumplimiento de la misma debe, por su parte, probar el pago o el hecho que la ha extinguido. Este principio evidencia que la prueba constituye una necesidad práctica, o como comúnmente se le llama también, una carga. El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil establece que el Juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera del proceso, ni suplir excepciones o argumentos de hecho que no hayan sido alegados ni probados. Asimismo, el encabezamiento del artículo 254 eiusdem, señala que el Juez no podrá declarar con lugar la demanda sino cuando a su juicio exista plena prueba de la acción deducida y que en caso de duda sentenciará a favor del demandado, es decir, que en nuestra legislación no hay lugar a la absolución de la instancia por la insuficiencia de las pruebas presentadas, por lo que resulta de capital importancia determinar a quién le incumbe probar. En ese mismo orden de ideas, se afirma que la distribución de la carga de la prueba se basa en el principio de la igualdad de las partes ante la Ley en el proceso, consagrado en el artículo 15 del Código ut supra citado, por lo que puede decirse, en general, que la carga de la prueba corresponde a quien de una información propia pretenda hacer derivar consecuencias favorables para él. Por ello, y aplicando este principio, resulta que cualquiera que afirme tener un derecho (por vía de acción o de excepción) debe probar el hecho jurídico del cual deriva ese derecho. Ahora bien, es importante destacar que el reconocimiento judicial de un documento privado por vía incidental tiene un procedimiento propio, el cual se encuentra establecido en los artículos 444 al 449, ambos inclusive, del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen: Artículo 444.- La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento. Artículo 445.- Negada la firma o declarado por los herederos o causahabientes no conocerla, toca a la parte que produjo el instrumento probar su autenticidad. A este efecto, puede promover la prueba de cotejo, y la de testigos, cuando no fuere posible hacer el cotejo. Si resultare probada la autenticidad del instrumento, se le tendrá por reconocido, y se impondrán las costas a la parte que lo haya negado, conforme a lo dispuesto en el artículo 276. Artículo 446.- El cotejo se practicará por expertos con sujeción a lo que se previene en el Capítulo VI de este Título. Artículo 447.-La persona que pida el cotejo designará el instrumento o los instrumentos indubitados con los cuales debe hacerse. Artículo 448.- Se considerarán como indubitados para el cotejo: 1º Los instrumentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo. 2º Los instrumentos firmados ante un Registrador u otro funcionario público. 3º Los instrumentos privados reconocidos por la persona a quien se atribuya el que se trate de comprobar; pero no aquellos que ella misma haya, negado o no reconocido, aunque precedentemente se hubieran declarado como suyos. 4º La parte reconocida o no negada del mismo instrumento que se trate de comprobar. A falta de estos medios, puede el presentante del instrumento cuya firma se ha desconocido o si se ha declarado por los herederos o causahabientes no conocerla, pedir, y el Tribunal lo acordará, que la parte contraria escriba y firme en presencia del Juez lo que éste dicte. Si se negare a hacerlo, se tendrá por reconocido el instrumento, a menos que la parte se encuentre en la imposibilidad física de escribir. Artículo 449.- El término probatorio en esta incidencia será de ocho días, el cual puede extenderse hasta quince, pero la cuestión no será resuelta sino en la sentencia del juicio principal. De igual forma, los artículos 1364 y 1365 del Código Civil establecen: Artículo 1364.- Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante. Artículo 1365.- Cuando la parte niega su firma o cuando sus herederos o causahabientes declaran no conocerla, se procederá a la comprobación del instrumento como se establece en el Código de Procedimiento Civil. En virtud de lo anterior, el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil establece que la parte contra la que se produzcan en un proceso un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, es decir, si lo niega configura el desconocimiento del mismo. Si el instrumento fue aportado con la demanda deberá hacer dicha manifestación en la contestación de la demanda. Si, en cambio, el instrumento se ha aportado en cualquier otro momento posterior a la demanda, la manifestación deberá efectuarla dentro de los cinco días de despacho siguientes a aquel en que ha sido producido el instrumento. El silencio de la parte al respecto será considerado como un reconocimiento, por tanto así como el reconocimiento puede ser expreso o tácito, el desconocimiento siempre ha de ser expreso. Si fuese negada la firma, o los herederos o causahabientes negasen conocerla, a tenor de lo establecido por el artículo 455 eiusdem le corresponderá a la parte que produjo el instrumento demostrar su autenticidad, para lo cual deberá promover la prueba de cotejo, y la de los testigos, si no fuere posible hacer la prueba de cotejo. Por tanto en los casos de desconocimiento, la prueba por excelencia es la de cotejo y solo cuando el mismo no es posible, se procederá con la prueba de testigos en forma supletoria. De allí que, si es desconocida la firma del instrumento, su presentante tiene la carga de insistir en hacerlo valer, lo cual deberá manifestar expresamente promoviendo la prueba de cotejo. Si no lo hace el instrumento quedará desconocido y deberá ser desechado del proceso. El término probatorio de la incidencia del cotejo, de acuerdo con el artículo 449 del Código de Procedimiento Civil, será de ocho días de despacho, el cual podrá extenderse hasta quince, pero la cuestión será resuelta en la sentencia del proceso principal. Si en virtud del cotejo practicado, resultare demostrada la autenticidad del instrumento, entonces se le tendrá por reconocido y, como es lógico suponer, se impondrán las costas a la parte que lo haya negado, según lo que establece el artículo 276 del Código adjetivo. Sobre el particular, Arístides Rengel Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”. Tomo IV, página 173, explica en relación a la articulación prevista para la evacuación de la prueba de cotejo lo siguiente: El desconocimiento en juicio del instrumento privado no reconocido ni autenticado, es lo contrario del reconocimiento; así como éste hace adquirir al instrumento privado la calidad de auténtico y por tanto público, el desconocimiento en juicio, en cambio, impide que el instrumento produzca su efecto como medio de prueba en la instrucción de la causa, lo hace ineficaz para demostrar el hecho documentado y hace necesario el procedimiento de verificación o cotejo, el cual tiene así la función -como enseña Denti- de producir el efecto instructorio de la utilización del documento como medio de prueba, sin dar lugar a un juicio autónomo, sino a un incidente instructorio que se inserta en la actividad dirigida a la adquisición y a la valoración de la prueba. El desconocimiento en juicio del documento privado se produce pues, cuando la parte niega su firma, o cuando sus herederos o causahabientes declaran no conocerla (Art. 1.365 cc); también cuando desconoce el contenido (lo intrínseco) y la firma (lo extrínseco). La casación tiene establecido -como se ha dicho antes- que una cosa es el documento privado y otra el negocio que contiene, por lo que al impugnarse éste y no aquél, el documento queda reconocido en su contenido y firma, salvo lo que arrojen los autos en relación con la negociación que contiene. En estos casos, toca a la parte que produjo el instrumento, probar su autenticidad, lo que se hace mediante la prueba de cotejo, y la de testigo, cuando no sea posible hacer el cotejo (Art. 445 C.P.C.) El cotejo es, pues, el medio probatorio previsto por la ley para verificar la autenticidad del documento desconocido, y supletoriamente la prueba testimonial, carga probatoria que corresponde a la parte que produjo el documento. En el derecho argentino, algunos tribunales han sostenido que la prueba testimonial es inadmisible para probar la autenticidad de la firma cuando el documento constata la celebración de un contrato cuyo monto excede el límite cuantitativo que fija la ley; en cambio PALACIO se adhiere a la decisión contraria sostenida por otros tribunales, según la cual se admite la testimonial basándose en que no se trata, en tal caso, de probar el acto jurídico documentado, sino un simple hecho, como es la autenticidad de la firma. En nuestro derecho, el desconocimiento del documento privado por la parte a la cual se opone, da origen a una incidencia en la cual debe promoverse el cotejo, y el término probatorio de esta incidencia es de ocho días, el cual puede extenderse hasta quince, pero la cuestión no se resuelve sino en la sentencia del juicio principal (Art. 449 CPC). No dice expresamente la ley cuándo debe pedir la parte el cotejo, pero como la necesidad de la prueba se origina por el desconocimiento del documento, y el término probatorio de la incidencia debe entenderse abierto por ministerio de la ley (Art. 449 CPC), desde que ocurre el desconocimiento, se admite que la petición del cotejo y el nombramiento de los expertos para realizar la prueba, deben hacerse dentro del término probatorio de la incidencia, el cual es único tanto para la promoción de la prueba como para su evacuación...”. (Cita doctrina G.F. Nº. 30, 2da. etapa. pág. 116). En concordancia con lo establecido por la doctrina, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 354 de fecha 8 noviembre 2001, caso Bluefield Corporation C.A., contra Inversiones Veneblue C.A., expediente N° 591, señaló: En este orden, pasa la Sala a analizar la normativa preceptuada ex artículos 444, 445, 446, 447 y 449 de la Ley Adjetiva Civil, los que establecen el mecanismo procedimental a través del cual, una vez producido un documento privado en juicio, la parte a quien se le endilgue su autoría o la de algún causante suyo, pueda desconocerlo, lo que deberá hacer formalmente, de manera expresa. Tal procedimiento consiste en 1º.- rechazar el instrumento. 2º- al producirse el desconocimiento, se abre una incidencia, la que según la doctrina autoral será ope legis- sin necesidad de decreto del juez- destinada a la comprobación de la autenticidad del documento. En esta oportunidad la parte promovente del impugnado y sobre quien, por expresa disposición del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, recae la carga probatoria respecto a la autenticidad del mismo, podrá a tal efecto promover la prueba de cotejo y ante la imposibilidad de practicar ésta, si fuere el caso, utilizar la de testigos. Es oportuno puntualizar que la prueba testimonial es supletoria a la de cotejo, para el caso de establecer la autenticidad de un documento. Entiende la Sala, que al producirse el desconocimiento de un documento y con ello la apertura de la incidencia, promoviéndose, como opción preferencial, el cotejo, se presente imposible de realizar, este es el momento, se repite, dentro de la incidencia, para que se promueva la testimonial. Ahora bien, las declaraciones de esos testigos tendrán que ser de tal manera fehaciente, que sean capaces de llevar al juez al convencimiento de que la firma desconocida en el documento de que se trate, es auténtica, vale decir que ellos deben tener un conocimiento fidedigno, que no deje lugar a dudas, en referencia a la firma cuestionada. En tal virtud, deberán testificar, cuando menos, el haber presenciado el momento en que la rúbrica fue estampada. 3º.- Establece así mismo el artículo 447 del Código Adjetivo Civil, de manera imperativa, que la persona que pida el cotejo designará el instrumento o los instrumentos indubitados con los cuales se realizará la verificación. 4º.- Señala el artículo 499 ejusdem, que la incidencia en cuestión, tendrá un lapso probatorio de ocho (8) días, el cual podrá extenderse hasta quince (15). Establecido como ha sido el procedimiento que debe observarse en las oportunidades en que se desconozca un documento privado acompañado, bien con el libelo de demanda, bien con posterioridad a la contestación de la demanda. Al respecto, el tratadista Jesús Eduardo Cabrera Romero, expresó que: Una vez que se ha negado la firma (Art. 445 CPC), toca a la parte que produjo el instrumento probar su autenticidad, y el Art. 449 CPC sin hacer distinción sobre la oportunidad en que haya interpuesto el desconocimiento, expresa que el término probatorio de esta incidencia será de 8 días, el cual puede extenderse hasta por 15, pero la cuestión será no resuelta sino en la sentencia del juicio principal, donde por cierto, deben resolverse todos los desconocimientos. Por lo tanto, el desconocimiento que surge dentro de un proceso, el cual según los casos puede acontecer en dos oportunidades distintas de acuerdo al estado procesal en que se promueva el instrumento privado simple, tiene previsto un solo procedimiento para sustanciarlo, como tradicionalmente lo han aceptado los Tribunales. No indica el CPC cuando comienza la incidencia para instruir la prueba de la autenticidad. Si se desconoce en la contestación de la demanda, en virtud del Art. 359 CPC, habrá que dejar transcurrir íntegramente lo que falta del lapso de emplazamiento, para las actuaciones posteriores, por lo que la incidencia probatoria debe comenzar de pleno derecho el primer día de despacho después de vencido el lapso de emplazamiento, siendo ya ese día hábil para promover la prueba. Si tiene lugar en otra etapa del proceso, la incidencia comenzara el día siguiente del acto de desconocimiento, si fue opuesto oportunamente”. (“Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre”, Tomo II, página 280). De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia antes citadas, la articulación para la promoción y evacuación de la prueba de cotejo, o en su defecto la de testigos, se abre ope legis, sin necesidad de decreto del juez, en razón de lo cual no se requiere que el Tribunal dicte un auto estableciendo que comenzó la referida incidencia. Por lo cual, una vez desconocido el documento privado se aperturó de pleno derecho la articulación probatoria. Ahora bien, al analizar las actas procesales del caso que nos ocupa, se observa que la parte accionante no procedió conforme al artículo 449 del Código de Procedimiento Civil, al promover la prueba de cotejo a los fines de demostrar su autenticidad sin seguir el procedimiento incidental de ocho (8) días, extensible a quince (15) días y mediante la actividad probatoria señalada en los artículos 449, 446 y 447 eiusdem, ya que la misma prueba de cotejo fue promovida en el lapso de promoción de pruebas del juicio principal, el día 15 de febrero de 2024 y no en el lapso legal de la incidencia como consta en autos, es decir, que dicha prueba es inadmisible y así fue declarada por este Tribunal por ser contraria a la norma, a tenor de lo establecido en el artículo 447 del Código ut supra citado, en consecuencia, el expresado documento debe ser desechado del proceso, el desconocimiento que efectuare el demandado en fecha 30 de junio de 2024, sobre los documentos privados, acompañados por la demandante en su libelo de demanda y que constituye el objeto del presente juicio, ha surtido pleno efecto legal, al haberse opuesto de manera oportuna y de conformidad con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, la señalada instrumental ha perdido todo su valor probatorio en la presente causa. ASI SE ESTABLECE. Como consecuencia de lo antes expuesto y observando que no existen otros medios probatorios en autos que lleven a este sentenciador al convencimiento de la existencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales, reclamadas por la parte actora, de conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, al no haber probado la parte accionante la autenticidad del instrumento fundamental, obliga a declarar como no reconocido dicho instrumento y por ende no exigible a la demandada la pretensión de cumplimiento de contrato que se formula y en consecuencia de ello, prescindiendo de cualquier otra consideración fáctica o probatoria, en criterio de éste juzgador, debe necesariamente declararse como se hará en el dispositivo del presente fallo, sin lugar la presente acción de conformidad con el artículo 12 del mismo texto legal, que obliga al juez a decidir conforme a lo alegado y probado en autos. ASÍ SE DECIDE. V Por todas las razones de hecho y de derecho antes narradas, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: SIN LUGAR la presente demanda intentada por los ciudadanos GUSTAVO GUERRA y MILDRED BOLÍVAR DE GUERRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad V-7.114.689 y V-7.142.164, respectivamente, con motivo de Cumplimiento de Contrato de Opción de Compraventa en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES SAN MIGUEL 2053, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Aragua, en fecha 20 de abril de 2009, bajo el N° 30, Tomo 37-A, posteriormente inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Estado Carabobo, en fecha 27 de noviembre de 2012, con el número 6, Tomo 250-A, número de expediente 315-26603. SEGUNDO: Se condena en costas procesales a la parte totalmente vencida, ciudadanos GUSTAVO GUERRA y MILDRED BOLÍVAR DE GUERRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad V-7.114.689 y V-7.142.164, respectivamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese a las partes de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 eiusdem. Publíquese, diarícese, regístrese y déjese copia de conformidad con el artículo 248 Código de Procedimiento Civil. Agréguese al expediente, anótese en los libros respectivos y publíquese en la página web. Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho de este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en la Ciudad de Valencia el día catorce (14) de agosto de 2024. Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación. El Juez Provisorio Abg. PEDRO LUIS ROMERO PINEDA La secretaria Abg. YUSNEILYS MEDINA MELCHOR En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previa formalidades de ley, siendo las tres y veinte horas de la tarde (3:20 p.m.).- La secretaria Abg. YUSNEILYS MEDINA MELCHOR PLRP/VI. Exp. 26.987.