REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
Barquisimeto, catorce (14) de febrero dos mil veinticuatro
213° y 164°
ASUNTO: KP02-O-2024-000018.-
I
ANTECEDENTES
En fecha 07 de febrero de 2024, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, escrito y anexos contentivo de acción de amparo constitucional, presentado por el ciudadano Henry Alfonso Graterol, titular de la cédula de identidad N° V-7.420.291, representado por el abogado Carlos Eduardo Quesedo Uribe, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo N° 161.468; contra auto de fecha 25/09/2023, recaído en el expediente KN01-O-2022-000002 el cual suspendió indefinidamente la Sustanciación del procedimiento de HABEAS DATA, que cursa ante el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara (f-01 al f-68).
Seguidamente, en fecha 08 de febrero de 2024, es recibido el presente asunto en este Juzgado Superior (f-69).
En tal sentido, este Juzgado pasa a revisar los términos en que ha sido planteada la presente acción, para lo cual se observa lo siguiente:
II
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Mediante escrito presentado en fecha 07 de febrero de 2024, el ciudadano Henry Alfonso Graterol, titular de la cédula de identidad N° V-7.420.291, representado por el abogado Carlos Eduardo Quesedo Uribe, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo N° 161.468, solicita amparo constitucional con base a los siguientes argumentos:
Que, “(…) mi representado desde el 10-01-2020, ha sido insistente en la solicitud del Certificado Internacional de Antecedentes Penales a través del sistema http://certificacioninternacional.mijp.gob.ve/pagina/CU_login/, pero el mismo no le ha sido otorgado por dicho sistema, por presentar – presuntamente – un antecedente penal, situación que mi representado desconoce totalmente ya que nunca ha sido sometido a un Proceso Penal y mucho menos ha cumplido una condena en algún establecimiento penitenciario (…)”.
Que, “(…) en el mes de abril del año 2022, se decidió consignar una solicitud ante el ministerio competente para así solicitar información y corrección del registro de antecedentes penales de mi representado, la cual se negaron a recibir (…)”.
Que, “(…) En vista de que persistía el problema (…) se decidió enviar con fundamento en los artículos 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela una solicitud de corrección del registro de antecedentes penales de mi representado a través de la empresa Tealca, la cual se efectuó en fecha 20/09/2022 con el numero de guía 021832, siendo efectivamente entregado en la serie del ministerio (…)”.
Que, “(…) en ejercicio de los Derechos Constitucionales que se le asisten a mi representado se interpuso la ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA, para que se restablezca la situación jurídica infringida y se ordene al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ que corrija el registro de antecedentes penales de mi poderdante y otorgue el acceso al sistema informático para obtener el Certificado Internacional de Antecedentes Penales (…) En fecha 07-11-2022 el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara admitió a sustanciación la ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA (…)”.
Que, “(…) En virtud de que transcurrió el lapso otorgado por la Juez del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mi persona en representación de mi poderdante decide consignar copia del sobreseimiento de la causa dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Estado Lara en el asunto KP01-S-2011-002304 a los fines de dar celeridad y continuidad al procedimiento de HABEAS DATA (…)”.
Que, “(…) en fecha 25-09-2023 la Juez del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, decide no tomar en cuenta la documental llevada al proceso de mi persona y basándose erróneamente en el Principio de Necesidad de la Prueba suspende indefinidamente la sustanciación del procedimiento de la ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA generando así un agravio de los Derechos y Garantías Constitucionales de mi representado (…)”.
Finalmente solicitó que, “(…) la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL (…) sea admitida, sustanciada y declarada con lugar; sobre la base del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a su vez se declare la procedencia del amparo cautelar; por tal razón, Juro la urgencia del caso por la cual solicito la habilitación del tiempo necesario (…)”.
III
DEL AUTO OBJETO DE REVISIÓN
En fecha 25 de septiembre de 2023, el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara mediante auto, dispuso lo siguiente:
(...) Se tiene por vista diligencia y anexo presentado por el abogado Carlos Eduardo Quesedo, inscrito en el IPSA bajo el N° 161.468.
Asimismo, se deja constancia que el día 22/09/2023, precluyó el lapso señalado en el auto que antecede, verificándose que no han llegado las resultas del oficio N° 502/2023 librado por este Tribunal en fecha 07 de agosto de 2023; razón por la cual, en virtud del principio de la necesidad de la prueba y a los fines de aperturar el lapso de observaciones señalado en el artículo 171 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se advierte que, una vez conste en autos las resultas respectivas, se emitirá el pronunciamiento correspondiente(…).
IV
DE LA COMPETENCIA
Determinados los términos en los cuales ha sido planteada la acción de amparo constitucional contra actuación judicial, esta Dependencia Judicial pasa a revisar su competencia para conocer de la misma y al respecto observa:
En este sentido se denota, que en el presente caso se ejerce una acción de amparo constitucional contra la actuación Judicial del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, denunciando como presunto agraviante, en atención a la sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 0649 del 18 de agosto de 2.022, expediente Nº 22-0150, este órgano jurisdiccional, aunado a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por ser el órgano superior al que emitió el pronunciamiento, se declara competente, y así se decide.-
V
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN
Determinada la competencia para conocer la presente acción, pasa este Juzgado Superior a revisar sus requisitos de admisibilidad, y al respecto observa:
En el caso de marras, tal como se señaló con anterioridad, se ha intentado una acción de amparo constitucional en contra del auto de fecha 25 de septiembre de 2023, recaído en el expediente KN01-O-2022-000002, dictado por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que suspendió indefinidamente la sustanciación del Procedimiento de Habeas Data, que cursa por ante ese Juzgado; el cual dispuso lo siguiente: “ (…)Asimismo, se deja constancia que el día 22/09/2023, precluyó el lapso señalado en el auto que antecede, verificándose que no han llegado las resultas del oficio N° 502/2023 librado por este Tribunal en fecha 07 de agosto de 2023; razón por la cual, en virtud del principio de la necesidad de la prueba y a los fines de aperturar el lapso de observaciones señalado en el artículo 171 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se advierte que, una vez conste en autos las resultas respectivas, se emitirá el pronunciamiento correspondiente...”
Según se ha visto, el quejoso denuncia la violación de su derecho al debido proceso y a la tutela judicial, por considerar que la decisión del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara de fecha 25-09-2023, que resolvió no tomar en cuenta la documental llevada al proceso, y basándose erróneamente en el principio de la necesidad de la prueba suspendió indefinidamente la sustanciación del procedimiento de ACCION CONSTITUCIONAL DE HABEAS DATA, el cual es un acto jurisdiccional y por tal razón, se debe cumplir con lo preceptuado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, hecho que ocasiono la vulneración de los derechos constitucionales denunciados según sus dichos.
Al respecto, se observa que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece lo siguiente:
Artículo 4: Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione su derecho constitucional. En estos casos la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve sumaria y efectiva.
Así las cosas, en el caso de autos, se denota que la parte accionante fundamentó sus lesiones de derechos constitucionales en el hecho de que el Juzgado a quo, incurrió en incompetencia por extralimitación de sus funciones al suspender indefinidamente el proceso de la Acción Constitucional de Habeas Data bajo los argumentos ya expuestos up supra. Pues bien, en igual forma se indica que esta denuncia, no fue opuesta en la primera instancia del juicio original, para ser ventilada luego en la alzada, en la que, y ahora ha sido traída a sede constitucional a través del amparo interpuesto.
Ahora bien, considera esta instancia superior resaltar que acorde a los criterios jurisprudenciales del caso, la vía del amparo constitucional no puede dar lugar a un nuevo juicio, y por otra parte que de la exhaustiva revisión de los autos no se evidencia ninguna violación a los derechos a la defensa y al debido proceso del quejoso, pues éste participó en el juicio de habeas data y pudo alegar y presentar pruebas en su favor, que la actuación del juzgado a quo no se trata de una sentencia definitiva, cosa distinta es que el fallo definitivo haya sido contrario a su pretensión.
Ahora bien, este Juzgado debe insistir en que cuando un fallo es desfavorable a los intereses de alguna de las partes –lo cual, en principio, siempre sucederá- y dicha decisión judicial, si es el resultado de un proceso judicial llevado con apego a las normas aplicables, es recurrida a través del amparo constitucional, lo ocurrido regular y sistemáticamente es que dichas solicitudes de tutela constitucional no proceden, por cuanto no existen las violaciones de los derechos o garantías constitucionales denunciados, tal y como ocurre en el presente caso.
Sobre este particular el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece lo siguiente:
Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:
…(omissis)…
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes.
Esta norma legal, ha sido interpretada por la jurisprudencia en forma extensiva, a los fines de garantizar el carácter extraordinario y excepcional del amparo, ya que no es sólo inadmisible cuando se ha acudido primero a otra vía, sino cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a otro mecanismo judicial idóneo, no se hace.-
El Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional, en sentencia No.18 del 24 de Enero de 2001, caso Paúl Vizcaya, estableció:
“…El amparo constitucional es la garantía o medio a través del cual se protegen los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a las personas. Esta acción está destinada a restablecer a través de un procedimiento breve los derechos lesionados o amenazados de violación, siendo un instrumento para garantizar el pacífico disfrute de los derechos y garantías inherentes a la persona, operando la misma según su carácter de extraordinario, sólo cuando se dan las condiciones previamente expuestas y aceptadas como necesarias de la institución de amparo de conformidad con la Ley que rige la materia…”.-
En éste orden de ideas, las circunstancias que dan origen a la interposición de ésta acción de Amparo Constitucional, viene dada, debido a que la parte presuntamente agraviada, alega que le han sido lesionados sus Derechos Constitucionales referidos al debido proceso y a la Tutela Judicial Efectiva, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De igual manera, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en torno al artículo 6, numeral 5 supra transcrito, en sentencia N° 2.369 del 23 de noviembre de 2001, caso: “Parabólicas Service´s Maracay, C.A.”, ha señalado lo siguiente:
…(omissis)…
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente (…)”.
Bajo este mismo contexto, relativo a la procedencia del numeral 5, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para considerar su inadmisibilidad, o por contrario imperio su admisibilidad, la misma Sala Constitucional de nuestro Máximo Órgano de Justicia, en Sentencia de reciente data 23 de febrero de 2023, Exp N° 21-0439, con Ponencia de la Magistrada Gladys Maria Gutierrez Alvarado, conociendo del Amparo en Apelación, condominio del centro comercial plaza las Américas, I etapa, contra la decisión dictada por el Juzgado remitente. Estableció lo siguiente:
(…) En tal sentido, estima esta Sala oportuno reiterar el criterio según el cual el amparo constitucional es un medio judicial breve y expedito, a través del cual se protegen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, cuando se puede acudir a otras vías procesales, sin que la lesión a la situación jurídica se haga irreparable, es precisamente ese trámite o ese medio procesal ordinario, el instrumento para la reparación de la lesión y no el amparo y, por tanto, no habría posibilidad de interposición del amparo si estuviese prevista otra acción o un recurso para el esclarecimiento de la misma cuestión y el restablecimiento eficaz de la situación que hubiere sido violentada, según lo ha establecido esta Sala en sentencia N.º 1.496 del 13 de agosto de 2001 (caso: Gloria América Rangel Ramos), en los siguientes términos:“…es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones: a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídica constitucional no ha sido satisfecha: (...)
La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar y restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisión de la acción de amparo. (Destacado de la sala)
La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga pues a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles…”(Destacado de la sala)
El criterio anterior fue ratificado por esta Sala, indicando que: “…‘[a]hora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente’…” (Cfr. Sentencia n.º 2.094 de esta Sala del 10.09.2004 -Caso: José Vicente Chacón Gozaine-).
Ahora bien, sobre la naturaleza del amparo constitucional y la obligación de los jueces de velar por la integridad de la Constitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los jueces están obligados a velar por la observancia de las disposiciones constitucionales a través de la resolución de los distintos procesos sometidos a su conocimiento. La idoneidad, en términos generales, de las vías judiciales ordinarias para la satisfacción de las pretensiones de tutela constitucional nos permite comprender la exigencia de su agotamiento como presupuesto procesal para la admisión de las solicitudes de amparo constitucional.
En el presente caso, la representación judicial de la parte apelante, interpuso una acción de amparo constitucional contra los siguientes autos señalados como presuntos violatorios de principios y garantías constitucionales imputados al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a cargo de la Juez Yeczi Pastora Faría Durán: 1.- El auto de fecha 07 de octubre de 2019 que ordena la actualización de la experticia complementaria del fallo; 2.- el auto de fecha 23 de enero del 2020 que ordena nueva actualización de la experticia complementaria del fallo; y 3.- el auto de fecha 14 de febrero de 2020, que acordó la continuidad de la ejecución forzosa del fallo decretado desde el 25 de enero del 2005.
Al respecto, ésta Juzgadora Superior, debe señalar que la Acción de Amparo Constitucional, tiene siempre por objeto el restituir una situación jurídica subjetiva cuando se han producido violaciones constitucionales. Por lo tanto, el amparo no debe entenderse como un medio sustitutivo de los recursos procesales ordinarios o extraordinarios, sino que es un mecanismo destinado exclusivamente a proteger el goce y ejercicio de los derechos constitucionales, y su uso no es permitido para un fin distinto del que le es propio.
En razón de ello, la acción de Amparo Constitucional no debe interpretarse como un medio a priori que dirima situaciones derivadas de relaciones jurídicas tuteladas por normas de rango legal y que cuenten con los medios procesales idóneos para su dilucidación. Pues, la Tutela Constitucional, sólo es procedente cuando los afectados hayan agotado todos los medios procesales regulares o, cuando la urgencia derivada de la situación tenga tal grado de inminencia, que sólo pueda ser subsanada mediante el ejercicio de la acción de Amparo Constitucional, situación que no ocurre en presente asunto, ya que no se observa de autos que haya ocurrido una suspensión indefinida del proceso por el contrario en acatamiento a la disposición normativa que rige la materia fijo posición al respecto.
En el caso bajo estudio, la utilización por parte del accionante del Amparo Constitucional, constituye un ejercicio de una vía extraordinaria, y siendo que la parte presunta agraviada, tiene a su disposición las vías o recursos ordinarios que la Ley dispone a su favor, con la finalidad de que le sea garantizada la tutela constitucional, la cual como ya fue señalado, sólo es procedente cuando los afectados hayan agotado todos los medios procesales regulares o, cuando la urgencia derivada de la situación tenga tal grado de inminencia, que sólo pueda ser subsanada mediante el ejercicio de la acción de amparo constitucional, al verse configurada una violación constitucional, se requiere entonces, la existencia de suficientes medios probatorios que permitan concluir, que efectivamente la parte accionante, tuvo la oportunidad de acudir a los organismos correspondientes, con la finalidad de reclamar las presuntas violaciones realizadas en su contra, y hacer valer sus derechos, por las vías ordinarias o interponer todos los recursos que la Ley otorga a su disposición, esto por una parte y por la otra al no evidenciarse en autos la incompetencia o extralimitación de funciones del juzgado a quo según denuncia el accionante. Y así se determina.
En sintonía con lo antes expuesto, observa éste Juzgado Superior, teniendo por norte el criterio jurisprudencial, sostenido y reiterado en los distintos fallos antes mencionados, que en el caso bajo estudio, la utilización por parte del accionante, del Amparo Constitucional, constituye el ejercicio de una vía extraordinaria, que debió ser ejercida una vez que se haya agotado la vía ordinaria de apelación, pues los hechos alegados en la presente solicitud de Amparo, denunciados como lesivos o violatorios de derechos o garantías constitucionales, debieron haberse impugnado en primera instancia, mediante el recurso de apelación ejercido contra los presuntos actos lesivos denunciados en esta Acción de Amparo Constitucional, emanados del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de esta Circunscripción Judicial, al cual tenía derecho la parte afectada con dichos actos, en este caso, la parte presuntamente agraviada de este Amparo Constitucional, y, sin embargo, se observa, que no consta en autos, que dicho recurso se hubiere ejercido, al haber transcurrido totalmente el lapso que establece la Ley para su ejercicio, siendo que, de haberse ejercido oportunamente dicho recurso de apelación contra el referido acto presuntamente lesivo, éste hubiere resultado la vía idónea para la impugnación de la misma. Así se declara.-
Lo expuesto anteriormente, lleva entonces a esta Juzgadora a concluir, que la norma bajo análisis, es el fundamento de la inadmisibilidad del Amparo Constitucional, cuando se dispone de un medio idóneo para el logro de los fines que, a través del presente Amparo Constitucional se pretende alcanzar. De allí se concluye que, en el presente caso, la parte accionante tuvo a su alcance los medios idóneos y necesarios para lograr el restablecimiento de la presunta situación denunciada como infringida, y al no haber hecho uso de ellos, estando a derecho en este asunto, es por lo que esta Superioridad, considera que la parte accionante, tuvo la oportunidad de ejercer los recursos ordinarios correspondientes, con la finalidad de reclamar las presuntas violaciones realizadas en su contra, y hacer valer sus derechos, por las vías ordinarias o interponer todos los recursos que la Ley tiene a su disposición, y al no haber hecho uso de ellos, lo ajustado a derecho será declarar que no es la presente acción de Amparo Constitucional la vía idónea para atender los Derechos Constitucionales denunciados como lesionados por la accionante, y Así se decide.-
Por último, advierte esta Superioridad, que lo ajustado a derecho, es declarar INADMISIBLE la presente acción de Amparo Constitucional, ya que el recurso de apelación como medio procesal ordinario para impugnar los actos presuntamente violatorios de Derechos y Garantías Constitucionales aquí denunciados, no fue ejercido oportunamente, ni consta circunstancia alguna que haya imposibilitado su ejercicio, mediante el cual, pudo haber hecho valer para la satisfacción de sus derechos alegados como violados, impugnando dichos actos. En consecuencia, considera quien aquí decide, que a la presente acción de Amparo Constitucional, le es aplicable los efectos del numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por no haberse ejercido oportunamente los recursos ordinarios que la Ley dispone a favor de las partes, y en consecuencia no es la vía idónea para atender los derechos constitucionales denunciados por la accionante, por lo que se hace inoficioso entrar a analizar las demás defensas y alegatos formulados en la presente acción, y ASÍ SE DECIDE.
IV
DECISIÓN
En atención a las consideraciones que anteceden este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer la presente acción de amparo constitucional, interpuesta por el ciudadano Henry Alfonso Graterol, titular de la cédula de identidad N° V-7.420.291, representado por el abogado Carlos Eduardo Quesedo Uribe, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo N° 161.468; contra el auto de fecha 25/09/2023, recaído en el expediente KN01-O-2022-000002 del procedimiento de HABEAS DATA, que cursa ante el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por la presunta violación de los derechos y garantías constitucionales del Debido Proceso, la Defensa, la Tutela Judicial Efectiva.
SEGUNDO: INADMISIBLE la acción de Amparo Constitucional intentada por el ciudadano Henry Alfonso Graterol, titular de la cédula de identidad N° V-7.420.291, representado por el abogado Carlos Eduardo Quesedo Uribe, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo N° 161.468; contra el auto de fecha 25/09/2023, recaído en el expediente KN01-O-2022-000002 del procedimiento de HABEAS DATA, que cursa ante el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de conformidad a lo establecido en el numeral 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
TERCERO: ARCHIVESE oportunamente el presente asunto.
CUARTO: Se deja constancia que la presente decisión se publica dentro del lapso de Ley
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
La Jueza,
Abg. Marvis Maluenga de Osorio.
La Secretaria,
Abg. Jennifer Alfonzo.
Publicada en su fecha a las 03:14 p.m.
La Secretaria
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