REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
213º y 164º
ASUNTO: KH02-X-2024-000013
PARTE ACTORA: ciudadano VICTOR HUGO CHACON OSORIO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-5.027.700.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: abogado en ejercicio CARLOS JOSE PASTOR ROS ABRAHAM, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. V-25.399.755, abogado en ejercicio inscrito en I.P.S.A bajo el No. 307.598.
PARTE DEMANDADA: ciudadana MIGDALIA MERCEDES COELLO MENDOZA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-3.856.355, y ciudadano ROBERT ENRIQUE CELIMENE ORTEGA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-9.767.769.
ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyó
INTERLOCUTORIA EN JUICIO POR FRAUDE PROCESAL E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
(VIA ORDINARIO)
(DECRETO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NOMINADA E INNOMINADA)
Vista la solicitud de medidas preventivas realizada en el presente juicio de FRAUDE PROCESAL E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, seguido por el ciudadano VICTOR HUGO CHACON OSORIO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-5.027.700, asistido en este acto por el ciudadano CARLOS JOSE PASTOR ROS ABRAHAM, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. V-25.399.755, abogado en ejercicio inscrito en I.P.S.A bajo el No. 307.598, contra la ciudadana MIGDALIA MERCEDES COELLO MENDOZA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-3.856.355, y contra el ciudadano ROBERT ENRIQUE CELIMENE ORTEGA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-9.767.769, este Juzgado a los fines de pronunciarse observa lo siguiente:
PRIMERO: el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil en su Parágrafo Primero establece lo siguiente:
SIC: “Parágrafo Primero: además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos, para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión”…
Esta norma contempla una facultad discrecional por la cual el Juez puede a solicitud de una de las partes, decretar determinada medida de acuerdo con las circunstancias del caso para asegurar la efectividad de la sentencia.
Tales medidas para su decreto, deben someterse al cumplimiento de los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el periculum in mora constituido por la existencia del riesgo manifiesto de ilusoriedad de la ejecución del fallo y el fumus boni iuris, constituido por la existencia de un medio de prueba de la condición anterior y del derecho que se reclama.
La precipitada norma es bien clara al establecer que el solicitante de la norma debe acompañar las pruebas suficientes y eficaces que demuestren los motivos que justifiquen la adopción de la medida y con fundamento a estas pruebas presentadas, el juez procederá a determinar si la medida es acordada o no.
SEGUNDO: En el presente caso, ha sido demandado un presunto FRAUDE PROCESAL y una INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, alegando el accionante en el cuerpo libelar que : “En efecto, la ciudadana MIGDALIA MERCEDES COELLO MENDOZA, tiene su verdadero domicilio en la ciudad de Barquisimeto Estado Lara, tal y como se evidencia de Registro de Información Fiscal (R.I.F). Para evidenciar esta circunstancia consigno marcado con la letra “E” impresión del Registro de Información Fiscal (R.I.F). emanado del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), ubicado en la Carrera 16 esquina Calle 26, Edificio Torre David, de esta Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, donde indica como su domicilio fiscal la siguiente dirección: Dirección: Carrera 14, con Calle B, Casa Nro. B-16, urbanización Colinas de Santa Rosa.
Otra circunstancia que denota y evidencia la falsedad de la dirección señalada en el proceso fraudulento, es la correspondiente a la registrada en la página Web del Consejo Nacional Electoral, donde la Ciudadana MIGDALIA MERCEDES COELLO MENDOZA, escoge como su centro de elección electoral para el ejercicio del derecho al vota el siguiente: Grupo Escolar Nacional Ayacucho, ubicado en la Parroquia Concepción, Municipio Iribarren del Estado Lara.
Estos documentos administrativos públicos ponen en evidencia la conducta fraudulenta de las partes del “proceso “ que a sabiendas de la existencia de un domicilio distinto de la intimada al pago, hacen señalar uno falso a los fines de generar en otro Estado del país, con supuesta competencia territorial para ello, una sentencia judicial con cosa juzgada aparente , dado se concluye, que el domicilio real de la Ciudadana se corresponde con el indicado en el contrato de opción de compra-venta suscrito con mí persona, esto es, la Ciudad de Barquisimeto Estado Lara, aunado que OFRECE EN PAGO UN INMUEBLE QUE NO ESTÁ EN EL AMBITO TERRITORIAL DEL PROCESO FRAUDULENTO, solo con el propósito de burlar y enervar los derechos que previamente a ello, me había cedido a través de la negociación que estaba en plena vigencia al momento de realizar este fraude procesal al señalar como su lugar de domicilio, la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia.
Otro hecho de tintes fraudulentos y que evidencia la colusión existente entre las “partes” del proceso fraudulento, radica en que luego de darse por intimada en forma personal en el expediente otorgando un poder de representación, hace una oposición al decreto de intimación pero lo hace simulando el ejercicio de un derecho de la defensa, al hacerlo en forma extemporánea y no dentro del lapso legal correspondiente, con lo cual, se consolida esta acuerdo entre las “partes” con el objeto de defraudar o perjudicar mis derechos sobre el inmueble dado en pago con derechos constituidos con antelación a este “proceso”…”
Asimismo se observa que el pedimento cautelar primigeniamente versa sobre MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR al inmueble sobre el cual suscribí el documento de opción de compra-venta, constituido por un apartamento distinguido con el Nro. 1-B del Conjunto Residencial “PORTAL DEL COUNTRY” Ubicado en la Calle 6, esquina de la Carrera 18, de la ciudad de Barquisimeto, Parroquia Catedral, Municipio Iribarren, Estado Lara, piso 1; Este apartamento tiene un área de construcción de CIENTO CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (156,00 M2), comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: con fachada norte del edificio y parte con el apartamento de igual número del piso de la letra “C” respectivamente; SUR: con fachada sur del edificio y parte con el apartamento de igual número del piso de la letra “A”; ESTE: con fachada este del edificio; OESTE: Con pasillo de circulación y área de servicio. Consta de las siguientes dependencias: Sala, comedor, cocina, estudio, baño, un (1) dormitorio principal con vestier y baño privado, dos (2) dormitorios, un (1) baño auxiliar, lavadero y dormitorio de servicio con su respectivo baño. Le corresponde dos (2) puestos de estacionamientos distinguidos con los Nros. 31 y 32, detallados a continuación: PUESTO DE ESTACIONAMIENTO Nro. 31: Ubicado en la Planta Sótano, cuyos linderos son: NORTE: con maletero N° 11 y puesto de estacionamiento N° 27; SUR: con pared de lindero sur; ESTE: con puesto de estacionamiento N° 32; y OESTE: con puesto de estacionamiento N° 30. PUESTO DE ESTACIONAMIENTO Nro. 32: Ubicado en la Planta Sótano, alinderado así: NORTE: con puesto de estacionamiento N° 33; SUR: con pared de lindero sur; ESTE: con acceso vehicular; y OESTE: con puesto de estacionamiento N° 31. Maletero distinguido con el N° 11°, situado en la Planta Sótano, con un área aproximada de TRES METROS CON VEINTISÉIS CENTIMETROS CUADRADOS (3,26 M2), alinderado así NORTE: con puesto de estacionamiento N° 27; SUR: con la mitad de los puestos de estacionamiento Nro. 30 y 31; ESTE: con acceso peatonal; y OESTE: con acceso peatonal. Le corresponde un porcentaje sobre las cargas comunes del condominio de 2, 53%, el cual le pertenecía a la Ciudadana MIGDALIA MERCEDES COELLO MENDOZA conforme consta de documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Iribarren del Estado Lara en fecha Veintiuno (21) de junio de 2.001 inscrito bajo el Nro. 4, folio 22 al 32, Protocolo Primero, Tomo Décimo Tercero, Segundo Trimestre del año 2.001, y que producto de este proceso (presuntamente) fraudulento, se generó un nuevo a favor del co-demandado Ciudadano ROBERT ENRIQUE CELIMENE ORTEGA, un fallo judicial cuya sentencia se inscribió según consta de documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Iribarren del Estado Lara en fecha Veintiocho (28) de agosto de 2.023, inscrito bajo el Numero 2023.1058, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nro. 362.11.2.1.1296 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2023
Y además a ello trajo una cantidad de documentos numerables que a priori afianzan los argumentos esbozados a lo largo de su escrito libelar donde se evidencia que llenos como se encuentran los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil en cuanto a la apariencia de buen derecho ó fumus boni iuris que emerge de la documentación que acompañó a la conformación del cuaderno cautelar, y el periculum in mora, peligro de infructuosidad del fallo soportado por la posibilidad que un eventual fallo favorable al actor pueda resultar inejecutable, por la disminución del patrimonio del demandado, o por el riesgo que una de las partes pueda causar un daño en los derechos de la otra, si saliera favorecida en la demanda y por el contrario si en la sentencia se declarase improcedente la misma, la parte actora se encontraría en la obligación de someterse a lo acordado en dicha sentencia. Y así se declara.
Por otra parte, el riesgo de ilusoriedad del fallo, está dado, en criterio de este Juzgado, por el riesgo que existe, que la parte demandada pueda causar un daño en los derechos de la otra, debido al retraso de los procesos y aunado a ello cualquier otra circunstancia proveniente ó no de las partes que pueda incidir en la eficacia de la majestad de la justicia en su aspecto práctico.
Ahora bien sobre la medida innominada el Tribunal observa como la parte actora pretende que a su juicio denominó como MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL APARTAMENTO identificado con el Nro. 1-B del Conjunto Residencial “PORTAL DEL COUNTRY” Ubicado en la Calle 6, esquina de la Carrera 18, de la ciudad de Barquisimeto, Parroquia Catedral, Municipio Iribarren, Estado Lara, piso 1; Este apartamento tiene un área de construcción de CIENTO CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (156,00 M2), comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: con fachada norte del edificio y parte con el apartamento de igual número del piso de la letra “C” respectivamente; SUR: con fachada sur del edificio y parte con el apartamento de igual número del piso de la letra “A”; ESTE: con fachada este del edificio; OESTE: Con pasillo de circulación y área de servicio. Consta de las siguientes dependencias: Sala, comedor, cocina, estudio, baño, un (1) dormitorio principal con vestier y baño privado, dos (2) dormitorios, un (1) baño auxiliar, lavadero y dormitorio de servicio con su respectivo baño. Le corresponde dos (2) puestos de estacionamientos distinguidos con los Nros. 31 y 32.
En este sentido señaló en su escrito lo siguiente: “…La medida consiste en la AUTORIZACION EXPRESA PARA SU HABITACIÓN Y OCUPACION DEL INMUEBLE POR PARTE DE MI PERSONA, mientras dure el presente juicio, para garantizar su conservación, guarda y su custodia, sin que pueda ser objeto de perturbación por las partes demandadas en fraude procesal.
La justificación de esta medida radica en la condición actual en que se encuentra, esto es, en pleno y ejercicio legítima de su OCUPACION a través de un CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA sobre el cual se pretende ejecutar un fallo dictado con ribetes fraudulento, motivo por el cual, se hace necesario su protección y conservación por quién tiene interés en ello, esto es mí persona a los fines de no hacer nugatorio los derechos adquiridos sobre el mismo.
Surge entonces la necesidad de proteger, cuidar y conservar este inmueble producto de que se encuentra EN PLENA OCUPACIÓN POR MI PERSONA para garantizar con ella su guarda y custodia, en contra de las partes a favor de quien se generó una sentencia judicial a su favor donde se da en pago este inmueble sobre el cual en forma previa había adquirido su derecho de propiedad y posesión.
Para la ejecución de esta medida, Solicito del Tribunal se sirva oficiar a los JUZGADOS EJECTORES DE MEDIDAS DE MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, en el sentido de que se abstengan de ejecutar algún acto tendiente de desposeerme de la ocupación que ejerzo sobre este inmueble, mientras dure el presente proceso, a los fines de que su conservación y aseguramiento…”
Es importante en este punto señalar que el solicitante de la cautelar justificó la presente medida en el hecho que la condición actual en que se encuentra, esto es, en pleno y ejercicio legítima de su OCUPACION a través de un CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA sobre el cual se pretende ejecutar un fallo dictado con ribetes fraudulento, motivo por el cual, se hace necesario su protección y conservación por quién tiene interés en ello, esto es su persona a los fines de no hacer nugatorio los derechos adquiridos sobre el mismo.
El Tribunal Supremo de Justicia ha señalado de manera reiterada que el Periculum in Mora, se refiere al hecho que una de las partes pueda sustraerse del cumplimiento del dispositivo sentencial.
Asimismo el Tratadista Rafael Ortiz Ortiz, en su obra “Las Medidas Cautelares Innominadas” Tomo primero, página 42 y siguientes expone:
“…Durante esas fases del proceso, puede ocurrir y de hecho así ocurre, que el deudor moroso, o la parte potencialmente perdidosa pueden efectuar una serie de actividades desplegadas con la finalidad de ocasionar una disminución en su patrimonio o una merma en la propia esfera patrimonial del objeto de los derechos sobre los cuales se litigio. A este temor de daño o de peligro es lo que la doctrina ha denominado “Peligro en la demora” o en su aceptación latina “Periculum in Mora”. Podemos definir este requisito de la siguiente manera:
Es la probabilidad potencial de peligro que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuida en su ámbito económico, o de que una de las partes pueda causar un daño a los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales con la lamentable consecuencia de quedar burlada la majestad de la justicia en su aspecto practico…”
Aplicando los postulados antes expuestos al examen de las medidas cautelares a que se contrae la actuación que nos ocupa, debe señalarse, con relación a la presunción de buen derecho, que la actora solicitó, medidas innominadas consistentes en paralización e inmovilización de cuentas e instrumentos bancarios, como tarjetas de débito y crédito, certificados de ahorros y cualquier otro donde sea titular o autorizado el demandado y prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles ante cualquier notaría o registro público del país.
Considera este Juzgado pertinente transcribir la Sentencia N° 00773 de la Sala Político Administrativa de fecha 27 de Mayo de 2003, expediente N° 2002-0924, en el caso de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE COMEDORES ORLANDO C.A., (SEORCA), contra la sociedad mercantil C.V.G. INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO C.C. (C.V.G. VENALUM), del criterio asumido en cuanto a las medidas preventivas, la cual es del tenor siguiente:
“…Al respecto, esta Sala ha manifestado en múltiples oportunidades, y aquí se reitera una vez más, que el otorgamiento de providencias cautelares sólo es posible en los supuestos generales previstos en el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado, efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, cuales son, la presunción grave del derecho que se reclama, el fumus boni iuris, y que exista el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva, el periculum in mora. Ahora bien, se ha señalado la estricta sujeción que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la Ley para ello. Así, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque sí necesario, para dictar medidas preventivas durante el curso del mismo, debiendo por tanto fundamentarse la verificación de los requisitos de procedencia y, más aún, aportar un medio de prueba que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer seguir en el juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro. De allí que, considerando que recae sobre la parte solicitante de la medida, la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho que a su parecer fundamentan la procedencia de las mismas, el órgano jurisdiccional se encuentra evidentemente impedido de suplir la falta de la parte de explanar y acreditar sus argumentos, en sustento de la medida en cuestión. En consecuencia de lo anterior, visto que no se encuentra satisfecho uno de los requisitos de procedencia exigidos por la norma contenida en el artículo 585 del Código de procedimiento Civil, esta Sala declara improcedente la medida cautelar solicitada. Así se decide”… (Resaltado del Tribunal)
Conforme a las normas citadas y a las jurisprudencias antes mencionadas se evidencia que el legislador pretende por el procedimiento cautelar garantizar las resultas del juicio, previo cumplimento de ciertos requisitos conocidos doctrinalmente como periculum in mora (peligro de retardo), que es la posibilidad de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que aún cuando esta pueda verificarse, no obstante el transcurso del tiempo se imponga al accionante una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva, lo que sería, en esencia, una razón justificable de la protección cautelar basada en la tardanza o dilación en administración de justicia, aún en los casos en que la misma sea alcanzada en los lapsos procesales preestablecidos o haciendo uso de procesos cuya duración sea breve y expedita y fumus bonis iuris (presunción de existencia del derecho), se encuentra constituido por una apreciación apriorística que debe efectuar el Juzgador sobre la pretensión deducida por el solicitante en base a lo alegado y a los documentos traídos a los autos.
Ahora bien, en relación a la medida solicitada en autos, el Tribunal considera pertinente establecer los parámetros para decretar medidas innominadas, en este sentido la norma adjetiva exige como requisito de procedencia de las medidas cautelares innominadas, la materialización de los requisitos, que en doctrina se ha denominado como periculum in damni, expresado en el Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente:
“Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión”. (Negrillas del Tribunal)
En cuanto al requisito antes mencionado la doctrina patria, en la voz calificada del maestro Rafael Ortiz Ortiz, ha expresado en su texto Las Medidas Cautelares Innominadas, pág. 48 lo siguiente:
“Este temor de daño inminente no es una simple denuncia ni una mera afirmación, sino que debe ser serio, probable, inminente y acreditado con hechos objetivos”.
De tal manera que, según la legislación adjetiva, la cautelar innominada procederá cuando exista en el peticionante el fundado temor, respecto de que su contrario en el debate jurisdiccional pueda ejecutar conductas que le ocasionen eventualmente lesiones graves o de difícil reparación en la esfera de sus derechos, por ello este Tribunal al analizar detenidamente las circunstancias contextuales y fácticas en las que se desenvuelve la presente acción, ha determinado que el temor expresado por el solicitante de la medida se encuentra demostrado, así como los requisitos generales de procedencia de las medidas cautelares a que hace referencia el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo antes expuesto este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: se decreta la siguiente medida cautelar nominada; 1) PROHIBION DE ENAJENAR Y GRAVAR al inmueble, constituido por un apartamento distinguido con el Nro. 1-B del Conjunto Residencial “PORTAL DEL COUNTRY” Ubicado en la Calle 6, esquina de la Carrera 18, de la ciudad de Barquisimeto, Parroquia Catedral, Municipio Iribarren, Estado Lara, piso 1; Este apartamento tiene un área de construcción de CIENTO CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (156,00 M2), comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: con fachada norte del edificio y parte con el apartamento de igual número del piso de la letra “C” respectivamente; SUR: con fachada sur del edificio y parte con el apartamento de igual número del piso de la letra “A”; ESTE: con fachada este del edificio; OESTE: Con pasillo de circulación y área de servicio. Consta de las siguientes dependencias: Sala, comedor, cocina, estudio, baño, un (1) dormitorio principal con vestier y baño privado, dos (2) dormitorios, un (1) baño auxiliar, lavadero y dormitorio de servicio con su respectivo baño. Le corresponde dos (2) puestos de estacionamientos distinguidos con los Nros. 31 y 32, detallados a continuación: PUESTO DE ESTACIONAMIENTO Nro. 31: Ubicado en la Planta Sótano, cuyos linderos son: NORTE: con maletero N° 11 y puesto de estacionamiento N° 27; SUR: con pared de lindero sur; ESTE: con puesto de estacionamiento N° 32; y OESTE: con puesto de estacionamiento N° 30. PUESTO DE ESTACIONAMIENTO Nro. 32: Ubicado en la Planta Sótano, alinderado así: NORTE: con puesto de estacionamiento N° 33; SUR: con pared de lindero sur; ESTE: con acceso vehicular; y OESTE: con puesto de estacionamiento N° 31. Maletero distinguido con el N° 11°, situado en la Planta Sótano, con un área aproximada de TRES METROS CON VEINTISÉIS CENTIMETROS CUADRADOS (3,26 M2), alinderado así NORTE: con puesto de estacionamiento N° 27; SUR: con la mitad de los puestos de estacionamiento Nro. 30 y 31; ESTE: con acceso peatonal; y OESTE: con acceso peatonal. Le corresponde un porcentaje sobre las cargas comunes del condominio de 2, 53%, el cual le pertenecía a la Ciudadana MIGDALIA MERCEDES COELLO MENDOZA conforme consta de documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Iribarren del Estado Lara en fecha Veintiuno (21) de junio de 2.001 inscrito bajo el Nro. 4, folio 22 al 32, Protocolo Primero, Tomo Décimo Tercero, Segundo Trimestre del año 2.001, y que producto de este proceso, se generó un nuevo a favor del co-demandado Ciudadano ROBERT ENRIQUE CELIMENE ORTEGA, un fallo judicial cuya sentencia se inscribió según consta de documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Iribarren del Estado Lara en fecha Veintiocho (28) de agosto de 2.023, inscrito bajo el Numero 2023.1058, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nro. 362.11.2.1.1296 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2023, en consecuencia particípese a la Oficina de Registro respectiva. SEGUNDO: Se decreta la siguiente medida cautelar innominada: MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL APARTAMENTO identificado con el Nro. 1-B del Conjunto Residencial “PORTAL DEL COUNTRY” Ubicado en la Calle 6, esquina de la Carrera 18, de la ciudad de Barquisimeto, Parroquia Catedral, Municipio Iribarren, Estado Lara, piso 1; Este apartamento tiene un área de construcción de CIENTO CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (156,00 M2), comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: con fachada norte del edificio y parte con el apartamento de igual número del piso de la letra “C” respectivamente; SUR: con fachada sur del edificio y parte con el apartamento de igual número del piso de la letra “A”; ESTE: con fachada este del edificio; OESTE: Con pasillo de circulación y área de servicio. Consta de las siguientes dependencias: Sala, comedor, cocina, estudio, baño, un (1) dormitorio principal con vestier y baño privado, dos (2) dormitorios, un (1) baño auxiliar, lavadero y dormitorio de servicio con su respectivo baño. Le corresponde dos (2) puestos de estacionamientos distinguidos con los Nros. 31 y 32, consistente en la AUTORIZACION EXPRESA PARA SU HABITACIÓN Y OCUPACION DEL INMUEBLE POR PARTE del ciudadano VICTOR HUGO CHACON OSORIO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-5.027.700, mientras dure el presente juicio, para garantizar su conservación, guarda y su custodia, sin que pueda ser objeto de perturbación por los ciudadanos MIGDALIA MERCEDES COELLO MENDOZA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-3.856.355, y el ciudadano ROBERT ENRIQUE CELIMENE ORTEGA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-9.767.769. Para la ejecución de esta medida, se ordena oficiar a los TRIBUNALES EJECUTORES DE MEDIDAS DE MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, en el sentido de que se abstengan de ejecutar algún acto tendiente de desposeer al ciudadano VICTOR HUGO CHACON OSORIO, arriba plenamente identificado, mientras dure el presente proceso. Líbrese oficio. Líbrense respectivas comunicaciones a los órganos competentes para que se encarguen de dar fiel cumplimiento al presente decreto cautelar.-
La Juez Provisorio
Abg. Johanna Dayanara Mendoza Torres
El Secretario
Abg. Luis Fernando Ruiz Hernández En la misma fecha se publicó sentencia N° 66 siendo las 11:07 a.m y quedó asentando en el libro diario bajo el N° 25 Se libró oficios N°2024/116 y 2024/117.-
El Secretario
Abg. Luis Fernando Ruiz Hernández
|