TSJ Regiones - Decisión

EXPEDIENTE Nº 2023-196
Visto el escrito de pruebas presentados en fecha 16 de abril de 2024, con ocasión a la celebración de la Audiencia de Juicio presentada por la abogada Marlene Beatriz Crespo Carvallo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 232.252, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), tercer interesado en el presente proceso, siendo la oportunidad procesal correspondiente para decidir la admisibilidad o inadmisibilidad de las mismas, pasa este Juzgado de Sustanciación del Juzgado Nacional Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital a realizar las siguientes disquisiciones:

I
DEL MÉRITO FAVORABLE

La representación judicial del tercer interesado, promovió en su escrito de pruebas CAPITULO V, lo siguiente:
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que establece:
“Artículo 83. Al comenzar la audiencia de juicio, el tribunal (sic.) sealará a las partes y demás interesados el tiempo disponible para sus exposiciones orales, las cuales además podrán para sus exposiciones orales, las cuales además podrán consignar por escrito.
En esta misma oportunidad las partes podrán promover sus medios de pruebas.”
Y, de conformidad al principio de comunidad de las pruebas, promuevo las documentales que se encuentran (sic) insertar en el Expediente Administrativo que se señalan a continuación:
“a) Convenio Marco de Alianza estratégica entre PDVSA Agrícola, S.A y UNITEK, S.A., en el área de tratamiento de agua y reúso de efluentes líquidos y sólidos para la agroindustrial. (Folios 156 al 162 con sus vueltos de la pieza I del expediente judicial y folios 51 al 62 de la pieza I de expediente administrativo).
c) Oficio GCGDS-2015-0027 de fecha 29 de enero de 2015, dirigido al Señor Federico Marongiu, Gerente General de Nación Fideicomiso, C.A., suscrito por los ciudadanos Maritza Riobo Hernández, Gerente Corporativa de Presupuestos, Costos, y Control de Gestión y Justino Salazar, Director Ejecutivo de Tesorería. (Folios 365 y su vuelto de la pieza I del expediente judicial y folios 91 y 92 de la pieza I del expediente administrativo.

e) Contratos (sic) de Fianza de Anticipo FIAN.001001.305.350 (folios ciento sesenta y seis (166) al ciento setenta (170) del expediente administrativo). Folios 210 al 213 de la pieza I del expediente judicial y folios 166 al 170 de la pieza I del expediente administrativo.

f) Contratos (sic) de Fianza de Anticipo FIAN.001001.305.345 (folios ciento ochenta y uno (181) al ciento ochenta y cinco (185) del expediente administrativo). Folios 225 al 228 de la pieza I del expediente judicial y folios 181 al 184 de la pieza I del expediente administrativo.

g) Contratos (sic) de Fianza de Anticipo FIAN.001001.305.346 (folios ciento noventa y ocho (198) al doscientos dos (202) del expediente administrativo). Folios 243 al 246 de la pieza I del expediente judicial y folios 198 al 201 de la pieza I del expediente administrativo.

h) Contratos (sic) de Fianza de Anticipo FIAN.001001.305.352 (folios doscientos trece (213) al doscientos diecisiete (217) del expediente administrativo). Folios 258 al 261 de la pieza I del expediente judicial y folios 213 al 216 de la pieza I del expediente administrativo.

i) Contratos (sic) de Fianza de Anticipo FIAN.001001.305.348 (folios doscientos veintisiete (227) al doscientos treinta y uno (231) del expediente administrativo). Folios 272 al 275 de la pieza I del expediente judicial y folios 227 al 230 de la pieza I del expediente administrativo.

j) Contratos (sic) de Fianza de Anticipo FIAN.001001.305.335 (folios (sic) doscientos cuarenta y uno (241) del expediente administrativo)”. Folios 287 al 290 de la pieza I del expediente judicial y folio 241 de la pieza I del expediente administrativo. (Mayúsculas del original. Agregado nuestro).
Ahora bien, antes de entrar a pronunciarnos respecto al escrito de pruebas promovido por la Representación Judicial del tercer interesado, considera prudente esta Instancia Sustanciadora indicar que ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia el hecho de que la solicitud de apreciación de lo que consta en autos no constituye per se medio de prueba alguno, sino que más bien está dirigida a la apreciación del principio de la comunidad de la prueba y a la invocación del principio de la exhaustividad previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, lo que se traduce como mérito favorable de autos.
En este sentido, es conveniente destacar lo sostenido por el Sala Político Administrativa, así como su Juzgado de Sustanciación, en relación al mérito favorable ha señalado que“…se advierte que la misma no es un medio de prueba per se, sino la solicitud que hacen los promoventes de la aplicación del Principio de la Comunidad de la Prueba que rige en el sistema probatorio venezolano…” (vid. sentencia líder Nro. 02595, de fecha 5 de mayo de 2005, caso: Sucesión Julio Bacalao Lara, dictada por la Sala Político-Administrativa). En consecuencia, será “…la Sala, en su condición de Juez de mérito, la encargada de valorar las actuaciones que reposan en autos en la oportunidad de dictar la sentencia definitiva…”. (vid. decisión Nº 357 del Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa de fecha 9 de octubre de 2014, Caso: Inversiones Iznete, C.A.).
En tal sentido, se puede deducir que el mérito favorable al de autos, es una invocación al principio de exhaustividad y en ningún caso, un medio probatorio sometido a las normas adjetivas de nuestro ordenamiento jurídico, que al ser incorporada la documental al proceso le corresponderá al Juez de mérito valorar todas las actuaciones que reposan en autos al momento de dictar sentencia definitiva en el presente litigio. Así se establece.

II
DE LAS DOCUMENTALES

De las pruebas promovidas por La representación judicial del tercer interesado, en el CAPITULO V, denominadas:
b) Memorándum PDVSA AGRICOLA PDCIA 2015-002 de fecha 15 de enero de 2015. Folios 88 al 90 de la pieza I del expediente administrativo.

d) Contratos (sic) de Fianza de Anticipo FIAN.001001.305.349 (folios ciento cincuenta (140) al ciento cincuenta y cuatro (144) (sic) del expediente administrativo). Folios 150 al 153 de la pieza I del expediente administrativo.

k) Copia del Certificada de Tenencia N° 317 y 318 que rielan en los folios noventa y tres (93) hasta el ciento doce (112) del expediente administrativo”. Folios 93 al 112 de la pieza I del expediente administrativo. (Mayúsculas y Negrillas del original. Agregado nuestro).
De allí que, considera prudente esta Instancia Sustanciadora traer a colación, lo que la doctrina y la jurisprudencia ha dictaminado con relación a la pertinencia y la legalidad de la pruebas.
En ese sentido, se puede considerar que la prueba es impertinente conforme lo expuesto por la doctrina procesal patria y foránea, cuando “(…) no versa sobre las proposiciones y hechos que son objeto de demostración”. Así, la necesidad de la determinación de la pertinencia por el Juez, obliga a que cada medio que se proponga exprese el hecho que pretende trasladar a los autos, salvo las excepciones señaladas en la Ley o provenientes de la naturaleza del medio. Si no existe coincidencia entre los hechos litigiosos objeto de la prueba y los que se pretenden probar con los medios promovidos, hay impertinencia.
Dentro de esa perspectiva, resulta fundamental la relación que debe existir entre los hechos alegados y los medios que demuestren la veracidad o falsedad de tales hechos, es decir, la pertinencia de las pruebas, circunstancia que impone que las pruebas promovidas y aportadas por las partes al proceso deban guardar relación con el hecho que pretendan probar y con los términos en los cuales quedó establecida la litis, ya que de lo contrario, ante la evidente falta de relación entre las pruebas promovidas por las partes y los hechos por ella alegados, el juez al momento de decidir sobre su admisión o no, deberá declarar que son inadmisibles, debido a que no puede llevar a ninguna convicción al juez, una prueba que no guarda relación con los hechos planteados en el proceso, ni con los términos en los cuales quedó delimitada la controversia.
De igual manera, la Doctrina Patria ha establecido que cuando se promueve un elemento probatorio ilegal, este tiene un carácter de inadmisibilidad, bien sea por ir contra la moral, el orden público y las buenas costumbres, o en contraposición a una norma expresa de la ley.
En virtud de las razones anteriormente expuestas, este Juzgado de Sustanciación alude que las pruebas documentales promovidas por la parte actora son consideradas pertinentes para el proceso, toda vez que guardan relación con los hechos controvertidos y podrían traer a colación información necesaria para el esclarecimiento del litigio en cuestión.
En consecuencia, este Juzgado de Sustanciación ADMITE las pruebas documentales promovidas por la representación judicial del tercero interesado, cuanto ha lugar en derecho se refiere, por no ser manifiestamente ilegales, inconducentes, ni impertinentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva y por cuanto dichas instrumentales cursan en actas, manténganse en el expediente, quedando a cargo del Juez de mérito la apreciación y valoración de dichos instrumentos al momento de dictar la sentencia de fondo. Así se decide.
Ahora bien, en cuanto a la prueba promovida en el mismo CAPÍTULO V, denominada:
l) “Resolución del Comité Ejecutivo de Petróleos de Venezuela, S.A. N° 2014-048 de fecha 27 de noviembre de 2014.”
En este sentido, de la revisión exhaustiva a las actas procesales, debe destacarse que la mencionada prueba no fue debidamente consignada junto al escrito a objeto de estudio o en las subsiguientes actas procesales, ni en las documentales del expediente administrativo, en consecuencia, este Juzgado Sustanciador no tiene materia sobre la cual pronunciarse. Así se establece
Emitido el pronunciamiento correspondiente en cuanto a las pruebas promovidas, se ORDENA notificar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA conforme a lo establecido en el artículo 109 del Decreto Ley que rige sus funciones, dejándose expresa constancia que, una vez conste en autos la referida notificación, y hayan transcurrido los lapsos otorgados, se remitirá el presente expediente al Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines que las partes presenten sus informes conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.
Finalmente se INSTA a la parte promovente a que consigne los fotostatos del escrito de promoción de prueba y de la presente decisión para el cumplimiento de la notificación ordenada. Cúmplase con lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en la Sala del Despacho del Juzgado de Sustanciación del Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los ________________ ( ) días del mes de mayo de 2024. Año 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
LA JUEZ DE SUSTANCIACIÓN,

DUBRASKA VANESSA VERA TAMPOA.

LA SECRETARIA ACC,

ADRIANA J. VIDAL TOVAR.

Exp. Nº 2023-196
DVVT/AJVT/8