TSJ Regiones - Decisión

En fecha 18 de julio de 2023, fue presentado libelo de demanda por el ciudadano José Antonio Haffar Toetondji, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-8.743.472, actuando en su carácter de director de la sociedad mercantil Inversiones Manhattan, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del estado Aragua, en fecha 13 de junio de 2015, bajo el No. 67, Tomo 34-A, debidamente asistido por la abogada en ejercicio Brenda Ramírez Pacheco, inscrita ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 312.284, con motivo de Resolución de Contrato, en contra de la sociedad mercantil Inversiones 0s & Mar, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, en fecha 10 de noviembre de 2006, bajo el No. 79, Tomo 83-A, correspondiendo a este Tribunal el conocimiento de la presente causa, quedando la misma signada bajo el No. 26.981.
Siendo la oportunidad procesal para dictar sentencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal se pronuncia en los siguientes términos:

I
En fecha 21 de julio de 2023, se admitió la presente demanda, ordenándose la citación de la parte demandada.
En fecha 18 de octubre de 2023, compareció ante la sede del Tribunal el abogado Lucindo Pérez, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 101.507, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Inversiones Os & Mar, C.A., plenamente identificada, dándose por citado en el presente juicio. Seguidamente, en fecha 19 de octubre de 2023, presentó escrito de contestación a la demanda.
En fecha 12 de diciembre de 2023, la abogada Brenda Ramírez Pacheco, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante, presentó escrito de promoción de pruebas. De seguida, en fecha 14 de diciembre de 2023, el abogado Gregory Bolívar, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, presentó escrito de promoción de pruebas.
En fecha 9 de enero de 2024, se dictó sentencia interlocutoria resolviendo la oposición a pruebas presentada. Así mismo, se dictó auto de admisión de pruebas.
En fecha 16 de mayo de 2024, las partes intervinientes en el presente juicio, presentaron escrito de transacción judicial.
II
Previo al pronunciamiento de mérito de la controversia planteada, debe este Tribunal determinar su competencia y al respecto observa que la presente demanda con motivo de Resolución de Contrato, fue intentada con fundamento en los artículos 1.133, 1.159, 1.160 y 1.167 del Código Civil. Aunado a la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, se desprende que el caso de marras versa sobre derechos civiles, motivo por el cual este Tribunal, en virtud de lo establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que, “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan”; verifica su competencia por la materia. ASÍ SE ESTABLECE.
Con relación a la competencia por el territorio, observa este Jurisdicente del contenido del contrato cuya resolución se demanda, específicamente de la cláusula décima quinta, que las partes eligieron como domicilio especial, único y excluyente a la ciudad de Valencia, estado Carabobo, a la jurisdicción de cuyos Tribunales declararon expresamente someterse. En este sentido, en concordancia con el contenido del artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, ese Tribunal reconoce su plena competencia por el territorio, para haber conocido y ahora decidir la presente causa. ASÍ SE ESTABLECE.
Ahora bien, sobre la competencia por la cuantía, observa este Tribunal que la parte demandante estimó la presente demanda, para el momento de su presentación, en la cantidad de un millón cuatrocientos treinta mil cuatrocientos noventa y cinco Bolívares exactos (Bs. 1.430.495,00), siendo equivalente a la cantidad de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con veinticinco céntimos (€ 44.447,25) y por cuanto dicha estimación no fue rechazada por la representación judicial de la parte demandada, conforme a lo establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, se procede a verificar si este Tribunal es competente en razón de la cuantía. En este sentido, el artículo 29 de la norma civil adjetiva establece “La competencia por el valor de la demanda se rige por las disposiciones de este Código y por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Sobre esta disposición, la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.262, de fecha 11 de septiembre de 1998, establece en su artículo 68 “Los jueces de primera instancia civil actuarán como jueces unipersonales en la forma y con la competencia establecida en el Código de Procedimiento Civil y en las demás leyes; o como presidentes de los tribunales integrados con participación ciudadana que se establecieren.” y en su artículo 69, “Son deberes y atribuciones de los jueces de primera instancia, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones: …. B. EN MATERIA CIVIL: 1. Conocer en primera instancia de todas las causas civiles que les atribuya el Código de Procedimiento Civil…”
En este sentido, se hace indispensable analizar la Resolución No. 2023-0001, de fecha 24 de mayo de 2023, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, la cual contempla en su artículo 1, lo siguiente:
“Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo, según corresponda, de la siguiente manera:
a) Los Juzgados de Municipio y Ejecutores de Medidas, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela.
b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda de tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela.
A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, el precio del día de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela al momento de la interposición del asunto.”
De las normas antes transcritas, se observa que la presente demanda por ser estimada en una cantidad que excede las tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, al momento de la interposición de la demanda, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, reconoce su plena competencia en razón de la cuantía además de la competencia por la materia y el territorio, para haber conocido, tramitado y ahora decidir la presente causa. ASÍ SE ESTABLECE.
III
Una vez verificada la competencia en el presente juicio, procede este Tribunal de seguida a verificar si es procedente la homologación de dicho acto de autocomposición procesal, considerando importante señalar lo establecido en los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen:
“Artículo 255 La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada.
Artículo 256 Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución”.
Los doctrinarios Rengel (1995), Mille (2001) y Alfonso (2000) coinciden en admitir que la transacción es un negocio jurídico complejo y no un acto procesal, en virtud del cual se establece un contrato entre las partes transigentes cuyo objeto es la causa o relación sustancial que se ventila o ventilará en el juicio de que se trate. Con la transacción lo que se busca es solventar, mediante recíprocas concesiones, las causas que dieron o darán origen a la relación procesal entre las partes, sin desmejorar o menoscabar los derechos propios.
Al verificar el escrito presentado por las partes intervinientes en el presente juicio, debidamente asistidas de abogados, se puede determinar que cumple con las características de una transacción judicial, tal como lo dispone la definición supra citada, las cuales son: 1) un contrato entre las partes que intervienen en la presente demanda, 2) busca dar fin a la relación procesal que dio inicio al presente juicio y 3) hubo reciprocas concesiones. En consecuencia, se establece que el acto de autocomposición procesal presentado por las partes corresponde a una transacción judicial. ASÍ SE ESTABLECE.
Sin embargo, la existencia de esa facultad que el legislador le otorga a las partes de un proceso para poner fin a éste, se encuentra condicionada a la existencia de una capacidad subjetiva y objetiva que encontramos dispuesta en el artículo 264 del Código del Procedimiento Civil de la siguiente manera:
“Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones”.
Ahora bien, la capacidad subjetiva a la cual hace referencia el artículo citado, debe ser interpretada en concatenación con lo preceptuado en los artículos 136 y 154 eiusdem, los cuales disponen:
“Artículo 136: Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley”.
“Artículo 154: El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa”.
De las disposiciones transcritas se desprende la exigencia del cumplimiento de determinados requisitos a los fines de homologar la transacción cuando sea solicitada, a saber: a) Tener capacidad o estar facultado para transar; b) Que la transacción verse sobre materias disponibles por las partes.
Precisado lo anterior y verificado que la Transacción presentada fue suscrita, por las partes intervinientes en el presente juicio, debidamente asistidas de abogados y en pleno uso de sus facultades y por cuanto la misma versa sobre una materia en la cual no están expresamente prohibidas las transacciones, procede este Tribunal a homologar dicho acto de auto composición procesal y acuerda tener el mismo como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que pone fin al presente juicio. ASÍ SE ESTABLECE
IV
Por todas las razones de hecho y de derecho antes narradas, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:
ÚNICO: Se HOMOLOGA la transacción presentada por el ciudadano Juan Alberto Gómez Figueira, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-9.664.567, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil Inversiones 0s & Mar, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, en fecha 10 de noviembre de 2006, bajo el No. 79, Tomo 83-A, debidamente asistido por el abogado en ejercicio Lucindo Alejandro Pérez Castillo, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 101.507, y por otra parte, la abogada Brenda Ramírez Pacheco, inscrita ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 312.284, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Inversiones Manhattan, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del estado Aragua, en fecha 13 de junio de 2015, bajo el No. 67, Tomo 34-A.
Publíquese, diarícese, regístrese y déjese copia de conformidad con el artículo 248 Código de Procedimiento Civil.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Carabobo.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho de este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en la ciudad de Valencia el día 27 de mayo de 2024, Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
El Juez Provisorio,
Abg. PEDRO LUIS ROMERO PINEDA
La Secretaria,
Abg. YUSNEILYS MEDINA MELCHOR
Exp. N° 26.981
PLRP/Danielr