República Bolivariana de Venezuela
Poder Judicial
Corte De Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, 17 de septiembre de 2024
Años 213° y 164°
Asunto N°:KP01-O-2024-000129.
Asunto Principal: KL12-S-2013-000040.
Jueza Superior ponente: Abg. Esp. Milagro Pastora López Pereira.
Identificación de las partes
Accionante: Ciudadano abogado Críspulo Antonio Herrera Roa, en su condición de defensor público del ciudadano Wilmer José Rodríguez Colmenárez, titular de la cédula de identidad V-10.845.403.
Accionado: Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Lara, extensión Carora.
Presunto agraviado: Ciudadano Wilmer José Rodríguez Colmenárez, titular de la cédula de identidad V-10.845.403.
Delito: Violencia Sexual, previsto y sancionado en el artículo 43 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.
Motivo: Amparo Constitucional.
Capitulo preliminar
En fecha 16 de septiembre de 2024, siendo las 01:00 horas de la tarde, se recibe ante esta Sala Única de la Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Centro Occidental, acción de Amparo Constitucional interpuesta por el ciudadano abogado Crispulo Antonio Herrera Roa, en su condición de defensor público del ciudadano Wilmer José Rodríguez Colmenárez, titular de la cédula de identidad V-10.845.403,en contra de la decisión dictada en audiencia de captura por la ciudadana abogada María Nataly Pereira Gómez, jueza regente del Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Lara, extensión Carora, en la causa KL12-S-2013-000040, por la presunta violación de derechos constitucionales al ordenar la medida de privación judicial preventiva de libertad.-
A la referida acción de amparo le fue asignada la nomenclatura KP01-O-2024-000129, cuya ponencia correspondió, según distribución realizada a través del sistema informático Juris 2000, a la Jueza Superior y Presidenta Milagro Pastora López Pereira, quien en esa misma fecha de abocó al conocimiento del asunto; motivo por el cual estando dentro de los lapsos de ley, se procede a emitir el siguiente pronunciamiento:
De la competencia
Debe previamente esta Corte de Apelaciones determinar su competencia para conocer de la presente Acción de Amparo, y a tal efecto, observa que la misma le viene atribuida en acatamiento a la doctrina vinculante del Máximo Tribunal de la República, sustentada en sentencia del 20 de Enero del 2000 (caso Emery Mata Millán) en la que se determinó que la competencia para conocer de los autos o decisiones dictados por los Tribunales de Primera Instancia que vulneren derechos y garantías constitucionales, corresponde a las Cortes de Apelaciones o Tribunales Superiores.
Por ello, esta alzada, se declara competente para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional incoada por el ciudadano abogado Críspulo Antonio Herrera Roa, en su condición de defensor público del ciudadano Wilmer José Rodríguez Colmenárez, titular de la cédula de identidad V-10.845.403, en contra delTribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Lara, extensión Carora, en la causa KL12-S-2013-000040.
De la admisibilidad de la acción de amparo
Recibido como ha sido el escrito contentivo de la Acción de Amparo Constitucional, e interpuesta y establecida la competencia de esta Corte de Apelaciones para conocer del mismo; se procede a verificar si la referida acción de amparo se encuentra incursa en alguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que señala:
Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:
1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla;
2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado;
3) Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales, constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida.
Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no puedan volver las cosas al estado que tenían antes de la violación;
4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.
Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.
El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;
6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia;
7) En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme al artículo 241 de la Constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos;
8) Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta
En lo que concierne a la verificación por parte de esta alzada que la violación o amenaza denunciada a través de la presente acción de amparo no haya cesado, conforme establece el numeral 1 de la norma antes transcrita, se denota que la accionante manifiesta la presunta violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso al ordenarse la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en audiencia de captura celebrada el 15 de agosto de 2024, por no cumplir con las presentaciones cada 30 días ante el jefe civil de la localidad como parte del beneficio de confinamiento otorgado en fecha 15 de febrero de 2018, medida que se mantiene hasta la fecha de la presentación de la acción de amparo, acarreando con ello que la violación o amenaza invocada, no haya cesado. Aunado a ello, constata esta alzada que la amenaza en contra de los derechos constitucionales denunciados por el accionante, puede ser realizable, posible e inmediata por el tribunal presuntamente agraviante, y a su vez, la misma puede ser subsanada o reparada por el Juzgado a quo.
Por otra parte, se evidencia que la violación o amenaza denunciada a través de la presente acción de amparo, no fue consentida tácita o expresamente por el hoy accionante, por cuanto se desprende de autos que es en fecha 15 de agosto de 2024, cuando se lleva a cabo audiencia especial en la causa KL12-S-2013-000040; y es el día 16 de septiembre de 2024, es decir 31 día después, que se interpone de la presente acción de amparo constitucional ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D), siendo recibida en esta alzada en fecha 16 de septiembre de 2024; constatándose entonces que no existen para esta Corte de Apelaciones, signos inequívocos de aceptación.
En referencia a la existencia de otros medios para lograr la restitución de la situación jurídica infringida, denota esta alzada que el punto álgido de la presente acción de amparo constitucional, versa sobre la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Lara, extensión Carora, por el presunto incumplimiento al beneficio de confinamiento que fuere otorgado el 15 de febrero de 2018, por parte del Tribunal de Ejecución en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Lara, sede Barquisimeto, medida que puede ser revisada por el tribunal a quo previa solicitud de parte o que pueden ser objetadas a través de las vías recursivas establecidas en la normativa legal.
Así pues, se denota que el accionante en amparo, pudo hacer uso de la vía recursiva correspondiente en contra del mencionado auto que dictó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad; por lo que indefectiblemente incurre la presente acción de amparo constitucional en la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ut supra transcrito, en concordancia con la decisión dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Constitucional mediante decisión Nro. 2369, de fecha 23 de noviembre de 2001, al establecer que “…la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6 numeral 5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente.” “negrillas de la corte” De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)…”.
Por todo lo antes expuesto, resulta innegable declarar inadmisible, la presente acción de amparo constitucional, incoada por el ciudadano abogado Críspulo Antonio Herrera Roa, en su condición de defensor público del ciudadano Wilmer José Rodríguez Colmenárez, titular de la cédula de identidad V-10.845.403, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Lara, extensión Carora, en la causa KL12-S-2013-000040, por incurrir en la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, motivado a que lo solicitado en el escrito de amparo fue un auto dictado en el proceso, el cuales una decisión susceptible de apelación y al ser una decisión susceptible de apelación dispone de una vía ordinaria, específicamente el recurso de apelación de auto mediante el cual se puede restituir el presunto hecho lesivo.
Por otra parte y considerando la denuncia del accionante de marras, es necesario para este Tribunal de alzada instruir a las partes intervinientes en el proceso que la vía de amparo se constituye como un medio extraordinario para restituir la violación de derechos y garantías constitucionales, motivo por el cual no debe ser usado como vía recursiva para presentar la inconformidad que pudiera existir en virtud de las decisiones judiciales, toda vez que al ser el proceso un conjunto de actos, la vía judicial idónea para manifestar la inconformidad de una decisión es la apelación ya sea de auto o sentencia, mas no la vía extraordinaria de amparo constitucional.
Decisión
En mérito de los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, de la Región Centro Occidental con sede en la Ciudad de Barquisimeto, estado Lara, actuando en Sede Constitucional y administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara:
Único: Inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano abogado Crispulo Antonio Herrera Roa, en su condición de defensor público del ciudadano Wilmer José Rodríguez Colmenárez, titular de la cédula de identidad V-10.845.403, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Lara, extensión Carora, en la causa KL12-S-2013-000040, por incurrir en la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Contra la presente decisión podrá ejercerse recurso de apelación dentro de los tres (3) días calendarios consecutivos siguientes a su publicación, exceptuando los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes, conforme lo establecido en sentencia Nº 501 del 31 de de 2000, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
No hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y ofíciese al Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Lara, extensión Carora, a los fines de hacer de su conocimiento lo aquí decidido; debiendo remitirse copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial con Competencia en Delitos Contra la Mujer Región Centro Occidental, con sede en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2024. Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
Abg. Esp. Milagro Pastora López Pereira
La Jueza Superior y Presidenta de la Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer De la Región Centro Occidental
(Ponente)
Abg. Orlando José Albujen Cordero
Juez superior integrante
Abg. Milena del Carmen Fréitez Gutiérrez
Jueza superior integrante
La Secretaria
Abg. Grace Danyelith Heredia
ASUNTO N° KP01-O-2024-000129
MPLP/CEM
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