TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, nueve (09) de diciembre de dos mil Veinticinco (2025)
215º y 166º
ASUNTO: KP02-V-2025-002683
PARTE DEMANDANTE: ciudadana YELI PASTORA VARGAS RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N°. V-12.435.407.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogada SOUAD ROSA SAKR SAER, inscrita en el I.P.S.A, bajo el N°35.137, según consta poder registrado por ante la oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Iribarren del estado Lara en fecha 04 de octubre del 2024, bajo el N° 01 folio 1, tomo 14 del protocolo de transcripción del año 2024.-
PARTE DEMANDADA: Firma Mercantil INMOBILIARIA BOLOGNA C.A, inscrita por ante el Registro de Comercio llevado para ese entonces por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara en fecha 06 de febrero del 1968 N° 18 folios 41 fte. al 45 fte. del libro de Registro de Comercio N° 1 posteriormente inscrita en el Registro Mercantil del estado Lara en fecha 31 de marzo de 1981 bajo el N° 52 tomo 3-B y la Sociedad Mercantil MAROCA BIENES Y RAICES C.A, inscrita en el Registro Mercantil segundo del estado Lara en fecha 16 de junio del 2003, bajo el N° 47, tomo 23-A, representadas por el ciudadano CARLO GABRIELLE BOLOGNA TORO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad N° V-12.249.433.-
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: Abogado ILBER JOSE MELENDEZ CUEVAS, inscrito en el IPSA bajo el N° 257.236.-
MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO.
SENTENCIA:INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.
I
RELACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS
Se inició el juicio mediante libelo de demanda presentado en fecha 28 de Octubre del año 2025, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y previo el sorteo de ley correspondió conocer de la causa a este Juzgado.-
Por auto de fecha 30 de Octubre del año 2025, se admitió la presente demanda, por no ser contraria a las buenas costumbres al orden público o alguna disposición expresa en la Ley, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada para que compareciera en el lapso correspondiente.
Por escrito presentado en fechas 18 de Noviembre del 2025, la parte demandada presento convenimiento a la demanda presentada por el demandante, en los siguientes términos:
“Me doy por citado en al presente causa, renuncio al lapso de comparecencia y manifiesto sin coerción alguna que en nombre de mis representadas, reconozco el contenido y firma del documento privado que se me opone conde en nombre de mis representada di en venta a la ciudadana YELI PASTORA VARGAS RODRIGUEZ.-.”
En fecha 21 de noviembre del 2025, se dictó auto mediante la cual se agregó a las actas procesales que conforman la presente demanda escrito de convenimiento presentado por la parte accionada a los fines legales consiguientes.-
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
En primer lugar es necesario ahondar un poco en cuanto a lo que la normativa legal y doctrina han establecido referente al reconocimiento de documento privado, por tal motivo prevé el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, que el instrumento privado puede ser reconocido a través de demanda principal, la cual deberá tramitarse por los cauces del procedimiento ordinario.
Con respecto a los límites tanto de la pretensión como de la contestación en causas como la de marras, el autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo III. Segunda Edición. Ediciones Liber. Caracas, 2.004, pp. 456 y 457, apuntó lo siguiente:
“…1. Al igual que en la acción principal de tacha de falsedad (Art. 440), la demanda de reconocimiento de firma postula una pretensión mero declarativa…El juicio discurre según la norma, por el procedimiento ordinario. El reo debe en la contestación a la demanda, limitarse a reconocer o desconocer la firma. Si la reconoce, se allana a la demanda…Si por el contrario, el demandado desconoce la firma (sea suya o de un causante o representante suyo) en el acto de contestación a la demanda, la instrucción de la causa quedará circunscrita a demostrar, a través del peritaje caligráfico, que la firma si es auténtica.
2. En semejantes condiciones, el no menos reconocido jurista Emilio Calvo Baca, en su obra “Código de Procedimiento Civil de Venezuela”, Tomo IV. Ediciones Libra. Caracas, 2.000, pp.396 y 397, señaló lo siguiente: La demanda pidiendo el reconocimiento privado, debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 340 Código de Procedimiento Civil, el accionado en su contestación, deberá limitarse a reconocer o a desconocer la firma, si la reconoce termina la litis, si, en cambio la desconoce, la parte demandante asume la carga de la prueba de la autenticidad del instrumento…”
La actuación de las partes en casos como el que nos ocupa, debe girar únicamente en torno al hecho del reconocimiento o desconocimiento de la firma plasmada en el documento, de allí, que no le es dado a las partes discutir en el transcurso del proceso, consideraciones de fondo inmanentes al documento objeto de la pretensión, razón por la que el procesalista Ricardo Henriquez La Roche, tal como se desprende de la cita que antecede, afirmó que la demanda postula una pretensión mero declarativa, pues, en criterio de esta sentenciadora, el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, no prevé otra circunstancia fáctica, que el reconocimiento o el desconocimiento de la firma plasmada en el documento mismo, quedando así circunscrita igualmente la actividad del Órgano Jurisdiccional, a declarar reconocido o no el instrumento en cuestión…”
Así las cosas, se observa de los conceptos antes citados, que la acción por reconocimiento de instrumento privado, es aquella capaz de otorgarle a un instrumento privado, efectos de certeza y que tiene una preponderancia dentro del derecho probatorio, que en virtud de su alcance y eficacia se equipara con la del instrumento público, tal como lo preceptúa el artículo 1363 del Código Civil.
En nuestro sistema civil venezolano, el reconocimiento de documentos privados, puede solicitarse por acción principal o por vía incidental. Por acción principal, mediante demanda en juicio ordinario, mientras que mediante la vía incidental, se produce el documento junto con el libelo de demanda, en el caso de la parte actora, en un juicio principal cuyo objeto no sea específicamente el reconocimiento del documento privado, sino como medio probatorio.
Cuando el reconocimiento del documento se pretende por acción principal, el demandado en la contestación de la demanda, deberá manifestar sí reconoce o niega formalmente el instrumento, si el demandado fue debidamente citado y se produce confesión ficta, esto es, si no comparece el demandado al acto de la litis-contestación, no promoviere nada que le favoreciere, y la petición no es contraria al orden público, se dará por reconocido el documento. Evidenciándose en el caso que nos ocupa que la demandada de auto expresamente reconociera el contenido y firma del instrumento privado. Y así se establece.-
En este sentido existen pronunciamientos reiterados que afirman que, el reconocimiento o desconocimiento de un documento privado en nuestra legislación se refiere “únicamente a la firma” pues, los documentos en nuestra legislación se diferencian entre públicos y privados, en virtud de que, en la formación de los primeros interviene un funcionario que da fe pública del contenido del mismo “documento público”, y hacen plena prueba, entre las partes y ante terceros, mientras que los documentos privados, son creados por las partes, sin la intervención de funcionario público alguno, y hace efecto jurídicos en juicio sólo entre las partes que los suscribieron, siendo clasificado por la doctrina, la jurisprudencia y la ley como una prueba escrita, la cual por su naturaleza es pre-constituida y posee una gran presunción de sinceridad y fiabilidad, ya que contiene hechos que conciernen a las partes, los cuales se verificaron antes de presentarse cualquier controversia entre ellas, quienes lo suscriben una vez estén conformes con su redacción y contenido, tal y como lo precisa el Código Civil en sus artículos 1.355 y 1.356.
En este sentido, se observa del caso bajo estudio que, el mismo trata precisamente del reconocimiento de un documento privado reconocido, el cual constituye medio probatorio que demuestra el negocio jurídico realizado por los contratantes, esto quiere decir que el negocio existe, correspondiendo a quien se sirva del instrumento privado reconocido judicialmente, intentar mediante vía autónoma el cumplimiento de ese negocio jurídico, por ser como se adujo en el párrafo anterior un juicio que persigue netamente la declaratoria de (la existencia de un negocio jurídico que se busca se reconozca), mas no conlleva intrínsecamente el cumplimiento del contenido de lo reconocido vía judicial. Así se declara.
En esta línea de consideraciones que se vienen esgrimiendo, quien aquí juzga considera necesario traer a colación los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, que textualmente rezan:
“…Artículo 1.363.- El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.
Artículo 1.364.- Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante.”.
Las disposiciones anteriormente transcritas, permiten evidenciar que una persona puede acudir al órgano jurisdiccional a exigir el reconocimiento de la firma de un instrumento privado, con el entendido que el obligado a reconocerlo, si lo hace, se tiene por reconocido (en el caso de que sea producido en juicio y haya sido opuesto para su reconocimiento tal y como consta en el presente asunto); y para el caso en que acuda al llamamiento al Tribunal y voluntariamente reconozca su firma, se constituye en documento privado reconocido. En ambos casos, no es de la incumbencia del juez indagar sobre la certeza o falsedad del contenido del documento, ya que no se está discutiendo la falsedad del mismo.
La Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 10 de abril de 2023, dictada en el Exp. AA20-C-2022-000565,donde estableció lo siguiente:
“…De conformidad con el precedente jurisprudencial citado anteriormente, al analizar la naturaleza del fallo recurrido, el cual fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, esta Sala estima que no es de aquellos recurribles en casación, pues dicha decisión confirmó la decisión de primer grado de jurisdicción que negó la solicitud de la parte actora relativa a que se ordene la inscripción del contenido del documento reconocido en el Registro Inmobiliario respectivo, sosteniendo –acertadamente- que los efectos del juicio de reconocimiento de documento privado es netamente declarativo, en la cual solo se reconoce la existencia o inexistencia de una situación de derecho, más no persigue el cumplimiento de esa obligación reconocida, pues para ello tiene las vías judiciales preexistentes en nuestro sistema jurídico, mediante las cuales dicho cumplimiento debe ser necesariamente reclamado en otro juicio; por lo tanto, no se observa que este pronunciamiento haya resuelto algún punto esencial no controvertido en el juicio, ni decidido en él, ni proveyó contra lo ejecutoriado, ni modificó de manera sustancial lo decidido.
A mayor abundamiento, es preciso resaltar que las decisiones dictadas en procedimientos de reconocimiento de documentos, conforme a lo previsto en el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, son decisiones declarativas, en las cuales se les otorga autenticidad para que surtan valor probatorio en otros procedimientos distintos, donde se haga valer el contenido del instrumento, y se pueda obtener su ejecución, limitándose en estos casos, a la sola declaración del reconocimiento de la firma del instrumento. Así se establece… (Resaltado del Tribunal).
En cuanto a las formas de autocomposición procesal considera prudente este operador de justicia sentar el criterio jurisprudencial reiterado por nuestro Máximo Tribunal Civil de la Republica, en sentencia de fecha 21 de febrero de 2025, en el expediente Nº AA20-C-2024-000051, donde se sentó lo siguiente:
Ahora bien, vista la doctrina previamente vertida y en observación al caso en particular sometido al conocimiento de esta Sala, es evidente que siendo las propias partes quienes suscribieron el convenimiento, mal pueden considerarse con interés legal para impugnar su homologación. En tal sentido, tenemos, que en el caso que se analiza, puede observarse que el recurso extraordinario de casación fue anunciado y formalizado por los apoderados judiciales de la parte demandada, ciudadanos Rafael J, Mujica Noroño y Whill R. Pérez Colmenarez, circunstancia esta que lleva a la Sala a examinar si los referidos ciudadanos tienen legitimación para recurrir en sede casacional.
Hecha la consideración anterior la Sala ha establecido en criterio pacífico y reiterado que la legitimidad que tienen los justiciables para interponer el recurso extraordinario de casación comprende dos aspectos fundamentales, a saber: 1) Es necesario haber sido parte en la instancia, y 2) Es menester que haya un perjuicio, es decir, una parte vencida, total o parcialmente. (Vid. sentencia de la Sala de Casación Civil del 4 de agosto de 1976; sentencia N° 373, de fecha 23 de noviembre de 2001, Exp. Nº 2001-121, caso: Lenín José Núñez y Melva Parra de Núñez, contra la sociedad de comercio Fiesta Eximportaciones, C.A. (FIEXIMCA).
En aplicación al criterio anteriormente señalado, la Sala concluye que en el asunto sometido a su conocimiento el primero de los requisitos se cumple, toda vez que los recurrentes en casación fueron parte en la instancia.
Ahora bien, en atención al segundo requisito atinente a que haya un perjuicio, es decir, una parte vencida, total o parcialmente, el mismo no se cumple, porque al tratarse de un acto de autocomposición procesal como lo es el convenimiento el cual puede ser definido como la renuncia que hace el demandado a su derecho a defenderse, aceptando todo lo que pide la parte actora, ya sea antes o después de la contestación de la demanda, y en relación con ello, el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil expresa categóricamente que “…en cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella…”.
Cabe agregar que el convenimiento es un acto irrevocable, aún antes de la declaratoria del tribunal, no obstante requiere la homologación por parte del juez para que el proceso se extinga y para que se produzcan los efectos de la cosa juzgada, tal como lo contempla el antes mencionado precepto legal (artículo 263 eiusdem); y siendo que en el caso en especie, el mismo fue presentado y suscrito (convenimiento) de forma personal por la parte demandada asistidos de sus respectivos apoderados judiciales ante el tribunal en el cual se ventiló el asunto, siendo ésta posteriormente impartida la correspondiente homologación por el tribunal de primera instancia, lo que demuestra que el demandado no fue vencido en el juicio, toda vez que en el presente convenimiento, se insiste, dada la voluntad de ambas partes de convenir y que fuere consignado ante el juzgado de primera instancia -se reitera- para su correspondiente homologación y así otorgarle el carácter de cosa juzgada, hecho este que evidencia la falta de legitimidad para recurrir en casación, pues es requisito sine qua non que concurran ambas condiciones para ejercer este medio recursivo extraordinario. Así se declara.
En consecuencia no existe agravio para las partes en el proceso, vista la forma de culminación del mismo mediante un acto de autocomposición procesal, tal y como ocurrió en el presente caso, como lo es el convenimiento, el cual se equipará a una sentencia definitiva de mérito, donde se le puso fin al proceso, ello conforme al viejo adagio latino que señala: “UBI PARTES SUNT CONCORDES NIHIL AB IUDICEM”, ya que, donde las partes están de acuerdo, no se hacen lugar los jueces. Así se decide. (Cfr. fallo N° RC 732, de fecha 10 de noviembre de 2005, expediente N° 2004-826, caso: Máximo Alejandro de Pablos Martínez, contra Humberto de Pablos Martínez y otro; ratificado en sentencias Nros. RC-216, de fecha 3 de julio de 2018, expediente N° 2017-826; RC-229, de fecha 9 de mayo de 2018, expediente N° 2017-260; FOR-225, de fecha 9 de mayo de 2018, expediente N° 2017-784).
En razón de las consideraciones anteriormente expuestas, en el presente caso, es evidente la inadmisibilidad del recurso extraordinario de casación propuesto por la demandada, como consecuencia de ello, debe ser revocado el auto de fecha 10 de enero de 2024 (folio 348 de la IV pieza del expediente), mediante la cual la alzada admitió el referido medio recursivo. Así se decide. (Resaltado del Tribunal)
Coligiéndose este sentenciador a los criterios antes esgrimidos, evidencia que, en el caso bajo estudio, la parte actora interpuso la demanda a fin de que el ciudadano CARLO GABRIELLE BOLOGNA TORO, antes identificado en su carácter de representante legal de la Firma Mercantil INMOBILIARIA BOLOGNA C.A y la Sociedad Mercantil MAROCA BIENES Y RAICES C.A, reconocieran en su contenido y firma el documento privado suscrito, el cual tiene por objeto un bien inmueble, constituido por un salón comercial que forma parte de mayor extensión del inmueble denominado “Edifico 26” distinguido con el N° 1-A ubicado en la planta baja del Edificio Ubicado en la calle 26 entre carreras 18 y 19 de la ciudad de Barquisimeto en la jurisdicción de la parroquia Concepción del Municipio Autónomo Iribarren del estado Lara; con un área aproximada de TRESCIENTOS CUATRO METROS CUADRADOS CON SETENTA CENTIMETORS CUADRADOS (304.70 MTS2) y sus medidas y linderos son: NORTE: solares que son o fueron de Francisco Anzola, doctor Hilario Seijas Sucesores del Dr. Félix Riera y Edificio Andresa Delgado Rodriguez y Eva María Delgado Rodríguez SUR: Salón N° 2 (B) del edificio 26; ESTE: Pasillo del Edificio y estacionamiento y OESTE: calle 26 que es su frente las cuales constan en documento de propiedad protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Iribarren del estado Lara en fecha 13/03/1968, anotado bajo el N° 54, tomo 06, Folios 169 al 173 protocolo Primero. Fundamentando con el artículo 444 del código procedimiento civil, en concordancia con el artículo 1.364 del código civil venezolano por lo que el trámite habido se encuentra ajustado a derecho, únicamente en lo que respecta al contenido y firma del documento privado traído a estrados, no siendo permitible a este operador de justicia emitir pronunciamiento en cuanto a su ejecución así como las cláusulas contractuales existentes en el documento primigenio de opción a compra cursante a los folios (03 fte y vto). Y ASÍ SE DECLARA.
In fine, este Juzgador tomando en consideración los criterios de justicia y de razonabilidad con especial atención y acatamiento a lo dispuesto en el texto Constitucional, que obligan al Juez a interpretar las Instituciones Jurídicas, y los actuales principios que fundamentan el sistema de derecho que persiguen hacer efectiva la Justicia y en virtud de las precedentes consideraciones, determina finalmente que al haber reconocimiento expreso por la parte demandada en relación al contenido y las firmas del documento producido en juicio, es necesario declarar homologado el convenimiento presentado y reconocido consecuencialmente el instrumento privado de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.

III
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, y con base en los artículos 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil, declara:
PRIMERO: HOMOLOGA EL CONVENIMIENTO, presentado por el ciudadano CARLO GABRIELLE BOLOGNA TORO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad N° V-12.249.433 en su carácter de representante legal de la Firma Mercantil INMOBILIARIA BOLOGNA C.A, inscrita por ante el Registro de Comercio llevado para ese entonces por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara en fecha 06 de febrero del 1968 N° 18 folios 41 fte. al 45 fte. del libro de Registro de Comercio N° 1 posteriormente inscrita en el Registro Mercantil del estado Lara en fecha 31 de marzo de 1981 bajo el N° 52 tomo 3-B y la Sociedad Mercantil MAROCA BIENES Y RAICES C.A, inscrita en el Registro Mercantil segundo del estado Lara en fecha 16 de junio del 2003, bajo el N° 47, tomo 23-A.-
SEGUNDO: RECONOCIDO, el documento privado, cursante en el folio tres (03), presentada por la ciudadana: YELI PASTORA VARGAS RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N°. V-12.435.407, debidamente representada en este acto por la abogada en ejercicio SOUAD ROSA SAKR SAER, inscrita en el I.P.S.A, bajo el N°35.137, por motivo de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, contra el ciudadano CARLO GABRIELLE BOLOGNA TORO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad N° V-12.249.433 en su carácter de representante legal de la Firma Mercantil INMOBILIARIA BOLOGNA C.A, inscrita por ante el Registro de Comercio llevado para ese entonces por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara en fecha 06 de febrero del 1968 N° 18 folios 41 fte. al 45 fte. del libro de Registro de Comercio N° 1 posteriormente inscrita en el Registro Mercantil del estado Lara en fecha 31 de marzo de 1981 bajo el N° 52 tomo 3-B y la Sociedad Mercantil MAROCA BIENES Y RAICES C.A, inscrita en el Registro Mercantil segundo del estado Lara en fecha 16 de junio del 2003, bajo el N° 47, tomo 23-A, debidamente asistido en este acto por el Abogado ILBER JOSE MELENDEZ CUEVAS, inscrito en el IPSA bajo el N° 257.236.-
Dada la naturaleza del fallo recaído, no hay especial condenatoria en costas, advirtiendo a los justiciables que la presente decisión no cuenta con una fase recursiva ordinaria, según la doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Civil (sentencia N° 317, de fecha 05 de junio de 2.024), por lo que se tiene como autoridad pasada en cosa Juzgada declarando su firmeza y declarándose terminado, ordenando la remisión del expediente al archivo judicial regional, expídanse copias certificadas y regrésense los originales.
Publíquese y regístrese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia http://lara.tsj.gob.ve/, déjese copia de la presente decisión.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En la ciudad de Barquisimeto, a los nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil Veinticinco (2025) Años: 215º de la Independencia y 166º de la Federación.-
EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. JHONNY JOSÉ ALVARADO HERNÁNDEZ
EL SECRETARIO,

ABG. LEWIS CARRASCO RANGEL

Jalvarado/LCR/Alv.-.