TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS BEJUMA MONTALBAN Y MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

Dicta la presente: Sentencia Interlocutoria.

ACCIONANTE: CARLOS VENTURA LOZADA TOVAR.

ACCIONADA: HEIZER ISOLEX GUILLEN GUILLEN.

MOTIVO: DIVORCIO(Desafecto).

SENTENCIA:INTERLOCUTORIACON FUERZA DEFINITIVA.

EXPEDIENTE: N° 1836/24.
I
NARRATIVA
En fecha Cinco (05) de Diciembre de 2024 inserto en el (f-10) fue presentada la acción de DIVORCIO por desafecto incoada por el Ciudadano: CARLOS VENTURA LOZADA TOVAR, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N°V-14.924.913, teléfono de contacto, 0424-4302495, correo electrónico:lozadac668@gmail.com, asistido por el abogado en ejercicio: JUAN ERNESTO RIOS SALCEDO, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 325.578,teléfonos de contacto: 0414-4996702, correo electrónico: lcdo.juanrios@gmail.com, contra la Ciudadana: HEIZER ISOLEX GUILLEN GUILLEN, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N°V-17.072.123, teléfono de contacto: 0424-4980046, correo electrónico: heiserguillen01@gmail.com. Proveniente del Tribunal Segundo (Distribuidor) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipio Bejuma, Montalbán y Miranda de esta Circunscripción, correspondiéndole conocer de la presente pretensión previa distribución a este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Bejuma Montalbán y Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Resolución N° 2014-0009 de fecha 12/03/2014.
En fecha Dieciséis (16) del Diciembre del 2024 inserto en el (f-11), ordenó darle entrada a la presente acción, instando a la parte accionante: a reformular el escrito presentado, contentivo Divorcio por Desafecto, un solo conyugue indicándole a este Tribunal los fundamentos de Hecho y de Derecho en los cuales se basa la pretensión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 340, ordinal 5 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que resulta imperante para este Despacho conocer cuál es el procedimiento aplicable para los supuestos de hecho, esto es, aquellos divorcios en los cuales el demandante alegue diferencias irreconciliables pero dicha situación sea adversada por el otro, en un lapso de Cinco (05) días de despacho, contados a partir del día siguiente a la presente fecha. En aras de garantizar la consecución de los postulados consagrados en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. So pena de declarar Pérdida de Interés.-
De la revisión efectuada a las actuaciones que conforman la presente acción, aprecia el Tribunal que la parte actora desde la fecha Dieciséis (16) de Diciembre del 2024, en la que el Tribunal instó a la parte accionante a reformular el escrito presentado, contentivo Divorcio por Desafecto, un solo conyugue, indicándole a este Tribunal los fundamentos de Hecho y de Derecho en los cuales se basa la pretensión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 340, ordinal 5 del Código de Procedimiento Civil, para conocer de la presente causa, la parte no realizó actuación alguna.
II
MOTIVA
Encontrándose la presente en estado de sentencia, pasa esta Juzgadora a decidir la misma, para la cual previamente observa:
En virtud de la garantía constitucional “a la tutela judicial efectiva” prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de donde emana el poder tuitivo de los Jueces para proteger a los justiciables, y obtener con prontitud la decisión correspondiente el cual señala: Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de Administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El estado garantizara una Justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” si bien es cierto el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece el derecho de acceso a la administración de justicia y, con él, el derecho de acción, también es verdad que este último configura la llave que abre las puertas del proceso, el cual ha de transcurrir debidamente según los artículos 49 y 253 eiusdem. Igualmente nuestra Carta Magna lo establece en el artículo 257: “La acción es un derecho subjetivo público, en el cual intervienen todos los Tribunales de la República orientado a la protección de una prestación jurídica”. Considera necesario quien aquí decide traer a colación el contenido del fallo Nº 223 del 14 de febrero del 2002 de la Sala Constitucional que reza: “INTERES PROCESAL (…) deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (…) tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la presentación.” Así como también la sentencia Nº 389 del 7 de marzo del 2002 de la Sala Constitucional que expresa: “ACCESO A LA JURISDICCION PRINCIPIO PRO ACTIONE: (…) el juez puede constatar el incumplimiento de alguna formalidad y desestimar o inadmitir la pretensión de alguna de las partes, sin que ello se traduzca, en principio, en una violación al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que esas formalidades han sido establecidas como protección a la integridad objetiva del procedimiento. Pero no todo incumplimiento de alguna formalidad puede conducir a la desestimación o inadmisión de la pretensión, ya que para ello el juez debe previamente analizar: a) la finalidad legítima que pretende lograr en el proceso con ese fin (...)
Ahora bien, cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en la Jurisprudencia Patria, la parte interesada está en la obligación de impulsar la solicitud y/o demanda, a objeto de su debido trámite, acatando con lo solicitado en el auto de entrada de la solicitud, lo requerido para el impulso procesal, que les corresponde como parte actora e interesada en la tramitación del procedimiento, esa conducta pasiva de las parte actora, es lo que la jurisprudencia ha calificado como un abandono del trámite este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 982 de fecha 06 de junio de 2.001(Caso: José Vicente Arenas Cáceres)estableció lo siguiente:“..., la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención… (Omissis)… El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia….”
Así las cosas, estima esta Juzgadora que la falta de comparecencia de la parte que interpone el recurso, puede ser considerado como un reconocimiento de forma inequívoca de abandono del trámite y en esta misma forma, su actuación son signos de que ha renunciado a la tutela judicial efectiva que exigió al momento de interponer la presente acción y al derecho de una pronta decisión. De tal manera, sería inútil y gravoso continuar con un juicio y/o procedimiento, en el que no existe interesado en impulsarlo, como se encuentra demostrado en el presente caso.
Por lo antes trascrito, esta Juzgadora aprecia que la presente acción de DIVORCIO POR DESAFECTO, no procede. En el caso que nos ocupa, se puede apreciar que la parte no consignó lo solicitado en autos por este Tribunal, forzosamente este Tribunal debe declarar la PERDIDA DE INTERÉS PROCESAL en la presente causa. Y Así Se Decide.
III
DECISIÓN.
En consecuencia, este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDASDE LOS MUNICIPIOS BEJUMA MONTALBAN Y MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: Declara:
PRIMERO: PERDIDA DE INTERES PROCESAL en la presente acción de DIVORCIO por Desafecto, incoada por el Ciudadano: CARLOS VENTURA LOZADA TOVAR, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N°. V-14.924.913, teléfono de contacto: 0424-4302495, correo electrónico: lozadac668@gmail.com, asistido por el abogado en ejercicio: JUAN ERNESTO RIOS SALCEDO, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 325.578, teléfonos de contacto: 0414-4996702, correo electrónico: lcdo.juanrios@gmail.com, contra la Ciudadana: HEIZER ISOLEX GUILLEN GUILLEN, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N°. V-17.072.123, teléfono de contacto: 0424-4980046, correo electrónico: heiserguillen01@gmail.com.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente pronunciamiento.
Publíquese, regístrese y déjese copia digitalizada debidamente certificada por Secretaria.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Bejuma, Montalbán y Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo,a los Dieciséis (16) días del mes de Enero del año Dos Mil Veinticinco (2.025). Años: 214° de la Independencia y 165° de la Federación.-.
La Jueza.
ABG. MABEL DEL CARMEN OJEDA BETANCOURT.

La Secretaria Accidental,
ABG. MARY CARMEN OBISPO GRANADILLO.