TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS
MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
Valencia, diecisiete (17) de febrero de 2025.
Años: 214° de Independencia y 165º de la Federación

-I-

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y LA CAUSA.

SOLICITANTES (S): FANNY TERESA CONTRERAS CARDENAS y PEDRO ALBERTO CALDERA SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad números V-11.552.738 y V-9.673.079 respectivamente.
ABOGADO(S) ASISTENTE(S): HERVIS GERALDA GONZALEZ CAMACHO, inscrito en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 24.493.
MOTIVO: DIVORCIO 185-A.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA)
EXPEDIENTE: 2653

- II-
BREVE RESEÑAS DE LAS ACTAS PROCESALES.

En fecha veintiséis (05) de marzo del año dos mil veinte (2020), fue interpuesto el presente procedimiento por los ciudadanos FANNY TERESA CONTRERAS CARDENAS Y PEDRO ALBERTO CALDERA SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad Nros° V-11.552.738 y V-9.673.079, respectivamente, asistidos por el abogado HERVIZ GERALDA GONZALEZ CAMACHO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 24.493, demanda de DIVORCIO 185-A, la cual correspondió conocer a este Tribunal de Municipio previa distribución de Ley, recibiendo el físico y demás recaudos en la misma fecha, dándosele entrada en fecha diez (10) de marzo de 2020, bajo el Nro. 2653 (nomenclatura interna de este Tribunal) y se asentó en los libros correspondientes.

En fecha siete (7) de octubre de 2020, se admitió la demanda.

En fecha veinticinco (25) de septiembre de 2024, la Juez se abocó al conocimiento
de la presente causa.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
ACERCA DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA.

Observa quien aquí decide que la presente causa se encuentra paralizada desde el día siete (7) de octubre de 2020, fecha en la cual este Tribunal dictó auto admitiendo la demanda y ordenando la citación del demandado; siendo que hasta la fecha no se ha recibido actuación alguna por parte de los parte demandantes a los fines de dar continuidad a la presente causa, por lo que esta sentenciadora visualiza desde ya que operó la perención de la instancia, no obstante, previo su pronunciamiento acerca de la declaratoria de extinción de la instancia por perención, pasa a realizar las siguientes consideraciones doctrinarias y legales acerca de esa institución:

Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente establece de forma taxativa lo sucesivo: "toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención." ... Omissis. (Subrayado y Negrita Nuestro).

En este sentido, se hace necesario expresar el contenido del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente el cual establece: "..La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente"
...Omissis. (Subrayado y Negrita Nuestro).

Ahora bien, la perención es definida por el Diccionario de la Real Academia Española como la "Prescripción que anulaba el procedimiento, cuando transcurriría cierto número de años sin haber gestiones las partes".

La enciclopedia Jurídica Opus, por su parte, la define como "la figura que extingue
el proceso por la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo".

La finalidad de esta institución se encuentra consagrada en la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, en donde se hace mención a lo siguiente:

“El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del Proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función Jurisdiccional, no se puede reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta la meta natural, que es la sentencia. Bajo la amenaza de perención, se logra una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso”

De lo anteriormente transcrito se desprende que el fundamento de la institución de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (cfr. CHIOVENDA, JOSÉ; Principios..., II p.428).

En efecto, la perención es el efecto procesal extintivo de la instancia, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Es de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual
resalta su carácter imperativo.

EN SENTENCIA NRO 211, DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2000, correspondiente al expediente N° 86-485, la SALA DE CASACIÓN CIVIL del Tribunal Supremo, dejó sentado lo siguiente:
EN SENTENCIA NRO 211, DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2000, correspondiente al expediente N° 86-485, la SALA DE CASACIÓN CIVIL del Tribunal Supremo, dejó sentado lo siguiente:

...La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil...

Igualmente, EN SENTENCIA N° 369 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2.000, esta
misma Sala expuso el siguiente criterio:

Nuestro Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, anteriormente transcrito, el término instancia es utilizado como impulso. El proceso se inicia a impulso de parte, y este impulso perime en los supuestos de esta disposición legal, provocando su extinción...

acuerdo con el principio dispositivo, contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad de que las partes impulsen los procesos para la resolución de las controversias, inicial o incidental, por el tribunal de la causa o cualquier otro tribunal al cual pueda corresponder. Al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso.

De manera que, conforme a la disposición y a los criterios mencionados, la perención, se verifica de derecho, vale decir, opelegis; y es la extinción o la anulación del procedimiento por falta de impulso procesal, cuyo objeto más resaltante es el de evitar que los procesos se prolonguen de manera indefinida, así como, dar seguridad a la parte demandada de que tal situación no es legalmente posible llevando a la esfera de los derechos privados un imprescindible margen de seguridad y estabilidad. Significa entonces, que según la Ley vigente; LA PERENCION se verifica de pleno derecho, entendiéndose por instancia susceptible de perención todos y cada uno de los actos del procedimiento, desde el líbelo de la demanda hasta vista la causa.

Ahora bien, aplicando lo anteriormente citado en el caso de marras, se evidencia de las actas que conforman el expediente que no existe actuación alguna por parte del demandante, posterior al día veintisiete (27) de junio de 2018, fecha en la cual este Tribunal dictó auto admitiendo la demanda y ordenando la citación del demandado; siendo que hasta la fecha no se ha recibido actuación alguna por parte del demandante a los fines de dar continuidad a la presente causa; evidenciándose de actas que ha transcurrido más de un (1) año a contar desde la fecha veintisiete (27) de junio de 2018, hasta el día de hoy tres (3) de febrero de 2025, ambas fechas inclusive, sin que la parte actora haya impulsado la presente acción, obligación ésta que establece la ley como carga del demandante y siendo que dicha falta de actuación procesal, es uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la perención, cuya consumación es deber de la parte accionante evitar; en consecuencia, se verifica el supuesto de Perención de la Instancia, como desde ya lo avizoraba esta jurisdicente, por lo que forzosamente se debe declarar extinguida la instancia en virtud de haber operado en el presente proceso la perención, contemplada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hará de forma expresa en la dispositiva del presente fallo. Así se decide.

-V-
DECISIÓN

Por todas las razones expuestas, este TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, conforme a derecho declara:

PRIMERO: Extinguida la Instancia por haber operado la PERENCIÓN contemplada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en la pretensión de DIVORCIO 185-A, formulada por los ciudadanos FANNY TERESA CONTRERAS CARDENAS y PEDRO ALBERTO CALDERA SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nros° V-11.552.738 y V-9.673.079, respectivamente, de este domicilio, asistidos por el abogado HERVIZ GARALDA GONZALEZ CAMACHO, titular de la cedula de identidad N° V-7.024.929, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 24.493, de este domicilio.

SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay especial condenatoria en
costas.

Publíquese y regístrese de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del
Código de Procedimiento Civil y en la Resolución Nº001-2022 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha dieciséis (16) de junio de 2022, se ordena la publicación de la presente Decisión en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve. CUMPLASE.
LA JUEZA,

ABG. DANIELA YENIREE MADRID COLLADO
LA SECRETARIA,

ABG. DANIELA SEGOVIA CASANOVA
Expediente Nro. 2653. En la misma fecha, siendo las doce y veinte de la tarde (12:20 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión, dando cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA,

ABG. DANIELA SEGOVIA CASANOVA

DYMC/DSC/MVSB
Expediente N° 2653.