TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
Valencia,dos (2) de junio de 2025.
Años: 215º de Independencia y 166º de la Federación
I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y LA CAUSA
SOLICITANTES(S): GUSTAVO JOSÉ MALDONADO JIMÉNEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNANDEZ ANAYA,venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nro. V-14.738.408y V-14.917.242, respectivamente,de este domicilio.
ABOGADO(A)APODERADO JUDICIAL: MIGUEL LAURENCIO SÁNCHEZ GIRÓN, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74.517.
MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO
TIPO DE SENTENCIA: DEFINITIVA.
SOLICITUD: 3487.
II
SÍNTESIS
En fecha veintiocho (28) de marzo de 2025, incoan demanda de DIVORCIOlos ciudadanosGUSTAVO JOSÉ MALDONADO JIMÉNEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNANDEZ ANAYA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nro. V-14.738.408 y V-14.917.242, respectivamente, a través de su apoderado judicial MIGUEL LAURENCIO SÁNCHEZ GIRÓN, inscrito en el I.P.S.A bajo el Nro. 74.517,por ante elTribunal Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, lacual correspondió conocer a este Tribunal previa distribución de ley, recibiendo el físico y demás recaudos en la misma fecha de su presentación y dándosele entrada en fecha treinta y uno (31) de marzo de 2025, bajo el Nro. 3487,asentándose en los libros correspondientes.
En fecha siete (7) de abril de 2025, se dictó despacho saneador instando a las partes aclarar la causal de divorcio y el fundamento jurisprudencial en el que fundamentaron su pretensión.
En fecha once (11) de abril de 2025, se recibió diligencia suscrita por el abogado MIGUEL SÁNCHEZ, ya identificado, mediante la cual subsano lo acordado en el auto de fecha 7 de abril de2025.
En fecha veintitrés (23) de abril de 2025, se admitió la demanda y se ordenó librar boleta de notificación a la Fiscalía del Ministerio Público Especializada para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.
En fecha doce (12) de mayo de 2025, se recibió diligencia suscrita por el alguacil del tribunal mediante la cual dejo constancia de haber practicado la notificación a la ciudadana Fiscal Decima Octava (18˚) Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de estado Carabobo.
En fecha veinte (20) de mayo de 2025, se recibió escrito de la Fiscalía DécimaOctava (18°) del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares del estado Carabobo, en el cual expreso que queda a criterio del Juez determinar si cumple el poder otorgado con los requisitos de especial, y proceda a disolución del vínculo conyugal, como consta en el folio veintitrés (23).

III
DE LA PRETENSIÓN
En el caso concreto de marras,los ciudadanosGUSTAVO JOSÉ MALDONADO JIMÉNEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNANDEZ ANAYA, ya identificados, a travésde su apoderado judicial, MIGUEL LAURENCIO SÁNCHEZ GIRÓN,incoan la presente demandade DIVORCIO argumentado:
Que (…)“En fecha 12 de enero de 2012, mis mandantes contrajeron matrimonio civil según se evidencia del Acta de Matrimonio que corre inserta bajo el N˚ 001, Expediente Esponsalico N˚ RC-01, que se lleva por ante el Registro Civil La Azulita, Municipio Andrés Bello del estado Mérida, y la cual agrego al presente escrito marcada con la letra “B” (…)”

Que (…)“fijaron su ultimo domicilio conyugal en la Urb. Trigal Centro, calle Naguanagua, Edificio Residencias Libert, piso 3, Apartamento #301, enjurisdicción de la Parroquia San José, Municipio Valencia del estado Carabobo. (…)”

Que (…) “Durante la unión conyugal no procreamos hijos. (…) “

Que (…)“No obstante, durante los años subsecuentes, desde el día 25 de enero de2022, surgieron una serie de inconvenientes que derivaron en un agotamiento un agotamiento de relación, siendo entonces imposible su vida en común, separándose de hecho, y, por tal motivo, actualmente no pretenden reconciliación alguna (…)”

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Del análisis hecho al escrito de solicitud y siendo la oportunidad para que esta Juzgadora se pronuncie acerca de la demanda de DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO, incoado por los ciudadanos GUSTAVO JOSÉ MALDONADO JIMÉNEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNANDEZ ANAYA a través de su apoderado judicial MIGUEL LAURENCIOSÁNCHEZ GIRÓN,se pasa a realizar las siguientes observaciones de carácter legal y doctrinario:

Se hace estrictamente necesario traer a colación el principio IuraNovit Curia, el cual ha sido conceptualizado y caracterizado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Jurisprudencia vinculante de fecha 03 de octubre de 2002, la cual es del tenor siguiente:
“…del principio iuranovit curia (del Derecho conoce el Tribunal), el cual, encontrándose vinculado con el también brocardo latino Da mihifactum, dabo tibi jus (Dame el hecho y te daré el Derecho), se utiliza para expresar el principio según el cual los jueces pueden aplicar en sus fallos las disposiciones legales y principios de derecho que, aun no habiendo sido invocados por las partes, rigen el conflicto materia de decisión (COUTURE, Eduardo J. Vocabulario Jurídico. Buenos Aires. Ed. Depalma. 1976. p. 366)” (Negrilla y subrayado de quien aquí decide)

De acuerdo con este principio, se autoriza al Juez a aplicar las normas jurídicas que estime procedentes, así como a modificar el fundamento jurídico en que se basan las pretensiones de las partes, siempre y cuando la decisión sea acorde con las cuestiones de hecho y de derecho que los litigantes hayan sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional sin alterar la causa de pedir esgrimida en el proceso, ni transformar el problema en otro distinto. En consecuencia, el mismo ha sido delimitado por una serie de reglas cuyo contenido se enumera a continuación:1) Las partes no tienen la carga de probar la existencia del derecho, porque sólo los hechos están sujetos a prueba.2) Los jueces tienen la obligación de conocer el derecho objetivo y de estudiarlo con o sin la colaboración de las partes. 3) Los tribunales no están supeditados al derecho alegado por las partes, de tal modo que, aunque ellas no lo hagan valer o invoquen un derecho improcedente cometiendo errores en materia jurídica, los tribunales pueden fundar libremente sus resoluciones en las normas que estimen pertinentes sin que por ello se viole el principio de que los jueces han de sentenciar según lo alegado y probado en autos (PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. México. Ed. Porrúa. 19na ed. 1990. p. 510).

Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia en decisión de laSala de Casación Civilmediante sentencia N° 1213, expediente N° 04-114, de fecha 14 de octubre de 2004, con ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo, realiza un breve análisis jurisprudencial que sobre la materia ha emitido en reiteradas oportunidades la sala, mediante el cual establece:
“A este respecto, esta Sala en sentencia de fecha 24 de abril de 1998 en el juicio de José Israel González Torres c/ Fábrica de Vidrios Los Andes C.A., estableció respecto al vicio de incongruencia del fallo y la calificación jurídica que efectúa el sentenciador sobre la demanda, lo siguiente: “...Ahora bien, por su función jurisdiccional y por la finalidad del proceso civil, la actividad del juez es esencialmente declarativa. En consecuencia, se puede decir, que la cuestión de hecho corresponde a las partes, pero la cuestión de derecho corresponde al poder decisorio del juez. En relación con este principio la Sala ha dicho que: “...conforme al principio admitido “iuranovit curia” los jueces pueden si no suplir hechos no alegados por éstos, sí elaborar argumentos de derecho para fundamentar la decisión, pues ello se contrae su deber jurisdiccional: Aplicar el derecho, alegado o no por las partes, a los hechos que sí lo deben ser siempre por éstos” (Sentencia de fecha 30 de abril de 1969 G.F. Nº 64. Pag. 474). Por tanto, se puede concluir que no existe incongruencia cuando el juez presenta la cuestión de derecho en forma distinta a como ella fue presentada por las partes, cambiando las calificaciones que éstas hayan dado, o haciendo apreciaciones o argumentos legales, que son producto de su manera de ver el problema sometido a su consideración...”. Posteriormente, en fecha 10 de agosto de 2001, en el juicio de Rafael Enrique Bonilla Gutiérrez c/ Manuel Rodrigo Bernal, este Alto Tribunal estableció: “... Este argumento pone de manifiesto el desacuerdo del recurrente con la calificación jurídica hecha por el juez respecto de las afirmaciones de hecho en que fue sustentada la pretensión de cobro. Al respecto, cabe precisar que el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil, en aplicación del cual el juez está sujeto a lo alegado y probado por las partes, esto es, a las afirmaciones de hechos en que fue sustentada la pretensión, mas no respecto de la calificación jurídica que de ellos hizo la parte, pues conforme al principio iuranovit curia , que también caracteriza el procedimiento civil, el juez conoce el derecho, por lo que en su interpretación y aplicación no está atado a lo alegado por las partes. Si el recurrente no comparte el razonamiento seguido por el juez para calificar el crédito exigido y establecer que el mismo no es líquido ni exigible, ha debido formular la respectiva denuncia por error de juzgamiento. En atención a los criterios jurisprudenciales transcritos, que en esta oportunidad se reiteran, considera la Sala que la calificación jurídica que efectuó la juez superior respecto a la pretensión deducida, en modo alguno configura el delatado vicio de incongruencia del fallo. Tal como se ha hecho referencia anteriormente, la calificación de la pretensión deducida en el libelo es una cuestión de derecho no susceptible de ser combatida en casación mediante una denuncia de incongruencia, pues en virtud del principio de iuranovit curia, el juez aplica el derecho a los hechos alegados y probados por las partes, independientemente de lo que ellas expresen.”

Ahora bien, en atención a los criterios jurisprudenciales transcritos, este Tribunal procede a sentenciar conforme a la sentencia Nro. 693, de fecha 2 de junio de 2015, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, DIVORCIO MUTUO CONSENTIMIENTO, constando en autos que en la presente solicitud acuden ambos cónyuges a solicitar el divorcio de mutuo acuerdo. Y ASI SE DECIDE.

Es así como, la sentencia Nro. 693, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 02 de junio de 2015, donde se realiza una interpretación constitucional, con carácter vinculante, del artículo 185 del Código Civil Venezolano, se determinó que las causales de divorcio allí previstas son enunciativas y no taxativas. Estableciendo la sala lo siguiente:

“…las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento.”

Es por ello que estas circunstancias presentadas durante la unión conyugal no pueden fundamentarse en las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia Nro. 693/2015, ya que, al ser valorado como sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden suscitarse sin un motivo específico.

Siendo el mutuo consentimiento de conformidad con la sentencia vinculante antes citada, una causal legal de disolución del matrimonio, en virtud de haber alegado las partes la ruptura de la vida en común después de haberse contraído válidamente el matrimonio, pasa esta Juzgadora a comprobar que las partes hayan cumplido la carga probatoria que impone la norma, previo su pronunciamiento definitivo, observando que en actas se constata que:
1º Los ciudadanos GUSTAVO JOSÉ MALDONADO JIMÉNEZ y MARÍA DE LOS ANGELES FERNANDEZ ANAYA, identificados ut supra, contrajeron matrimonio civil por ante la oficina de Registro Civil de La Azulita, municipio Andrés Bello, estado Mérida, en fecha doce (12) de enero de 2012, tal y como se evidencia en Acta de Matrimonio asentada bajo el número de acta N°001, año 2012, de los Libros de Actas de Matrimonios Civiles llevados por ese despacho en el año dos mil doce (2012): la cual cursa en el folio once (11), doce (12) y trece (13), del presente expediente, con lo cual se cumple el requisito probatorio que demuestra la existencia cierta del matrimonio y la fecha en que se celebró tal acto.

2º Alegaron los solicitantes que fijaron su domicilio conyugal enla Urbanización Trigal Centro, calle Naguanagua, edificio residencias Libert, piso 3, apartamento # 301, en jurisdicción de la parroquia San José, municipio Valencia del estado Carabobo municipio Valencia del Estado Carabobo, por lo cual, resulta competente por el territorio este órgano jurisdiccional para conocer de la presente solicitud.

3ºLos cónyuges manifestaron que durante la unión matrimonial no procrearon hijos, por lo que este Tribunal resulta competente por la materia para conocer de la presente solicitud.

4ºLos cónyuges manifestaron que durante la unión matrimonial adquirieron bienes el referido bien será objeto de la debida partición una vez por lo que este Tribunal resulta competente por la materia para conocer de la presente solicitud.

5º De la voluntad de ambos cónyuges, expresamente declarada de solicitar el divorcio, se evidencia que no ha existido reconciliación entre ellos, con lo cual se cumple el elemento probatorio que determina que no ha habido reconciliación entre los cónyuges y que están de mutuo acuerdo en divorciarse.

6°La Fiscalía Décima Octavadel Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo Especializada para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, emitió opinión indicando que quedara a criterio del Juez determinar si cumple el poder otorgado con los requisitos y proceda a la disolución del vínculo matrimonial. Y ASI SE DECLARA.

Ahora bien, cumplidos los supuestos de hecho establecidos en el artículo 185 del Código Civil, así como en las sentencias en las que se fundamenta la acción y teniendo en cuenta la manifestación de voluntad de ambos cónyuges al deseo de poner fin a la relación matrimonial por la invocación expresa del mutuo consentimiento, tal como ocurrió en el caso planteado. Por ello, se debe tener como efecto la disolución del vínculo, siendo la obligación de los Jueces producir una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, razón por la cual la presente acción debe prosperar, por cuanto en el presente procedimiento se cumplieron todos los requisitos previstos en la Ley, no se observaron vicios en las actuaciones cumplidas y por lo que a juicio de esta sentenciadora es procedente la pretensión.

V
DECISIÓN
En mérito de todas las razones anteriormente expuestas, este TRIBINAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Divorcio por mutuo consentimiento fundamentada en la sentencia N° 693 de fecha de dos (2) de junio del año 2015, formulado por los ciudadanosGUSTAVO JOSÉ MALDONADO JIMÉNEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNANDEZ ANAYA,a través de su apoderado judicial MIGUEL LAURENCIO SÁNCHEZ GIRÓNinscrito en el I.P.S.A bajo el N˚ 74.517.

SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído en fecha doce (12) de enero del año dos mil doce (2012) por
TERCERO:Dada la naturaleza del presente fallo, no hay especial condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con la Resolución Nº001-2022 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha dieciséis (16) de junio de 2022, se ordena la publicación de la presente Decisión, en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve. CÚMPLASE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal de Municipio, en Valencia, a los dos (2) días de junio del año dos mil veinticinco (2025). Años 215º de la Independencia y 166º de la Federación.
LA JUEZA

ABG.DANIELA YENIREE MADRID COLLADO
LA SECRETARIA

ABG.DANIELA SEGOVIA CASANOVA

Expediente Nro. 3487. En la misma fecha, siendo las dos de la tarde(2:00 pm) se publicó y registró la anterior decisión, dando cumplimiento a lo ordenado.

LA SECRETARIA

ABG.DANIELA SEGOVIA CASANOVA

DYMC/DSC/MVSB
Exp. N° 3487