TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
Valencia, doce (12) de marzo de 2025.
Años: 214º de Independencia y 166º de la Federación
-I.-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y LA CAUSA.
PARTE DEMANDANTE (S): MOISES ALBERTO SUFFRONT TREJO, ÁNGEL GABRIEL SUFFRONT TREJO y CARLOS ALBERTO SUFFRONT TREJO venezolanos, mayores de edades, titulares de las cédulas de identidades Nros V-12.605.420, V-16.449.402 y V-21.031.934, respectivamente, este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE Y/O APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: CARLOS HENÁNDEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 227.006.
PARTE DEMANDADA (S): MAIGUALINA DEL CARMEN NAVARRO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.033.360, de este domicilio.
MOTIVO: TACHA DE FALSEDAD.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA)
EXPEDIENTE: 2840.
-II-
BREVE RESEÑAS DE LAS ACTAS PROCESALES
En fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintidós (2022), fue interpuesto el presente procedimiento por los ciudadanos MOISES ALBERTO SUFFRANT TREJO, ÁNGEL GABRIEL SUFFRONT TREJO y CARLOS ALBERTO SUFFRONT TREJO, venezolanos, mayores de edades, titulares de las cédulas de identidades Nros. V-12.605.420, V-16.449.402 y V-21.031.934, respectivamente, de este domicilio, asistidos por el abogado CARLOS HERNÁNDEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 227.006; en contra de la ciudadana MAIGUALIDA DEL CARMEN NAVARRO, venezolana, mayor de edad, titular de las cédula de identidad N° 12.033.360, de este domicilio, demanda de TACHA DE FALSEDAD, de documento público por vía principal, el cual se encuentra anotado bajo la planilla 116.001.61.720 tramite N°116.20211.487, de fecha 19 de febrero de 2021, en la Notaria Pública Tercera de Valencia-Carabobo, la cual correspondió conocer a este Tribunal de Municipio previa distribución de Ley, recibiendo el físico y demás recaudos en la misma fecha, dándosele entrada en fecha trece (13) de mayo de 2024, bajo el Nro. 2840 (nomenclatura interna de este Tribunal) y se asentó en los libros correspondientes.
En fecha trece (13) de mayo de 2023, se admitió la presente demanda de tacha de falsedad, y se da la apertura del presente cuaderno de medidas cautelar innominada de la suspensión de los efectos.
En fecha dieciséis (16) de mayo de 2022, este Tribunal ordeno notificar al Ministerio Publico, en esa misma fecha se libró boleta de notifican al fiscal superior.
En fecha diecisiete (17) de junio de 2022, la cual el tribunal ordeno librar compulsa a fin de practicar la Citación de los demandados identificados mediante autos.
En fecha veinticinco (25) de septiembre de 2024, la Jueza se aboca al conocimiento de la presente causa.
-III.-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
ACERCA DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA.

Observa quien aquí decide que la presente causa se encuentra paralizada desde el diecisiete (17) de junio de 2023, fecha en la cual el tribunal ordeno librar compulsa a fin de practicar la Citación de los demandados identificados mediante autos;siendo que hasta la fecha no se ha recibido actuación alguna por parte de las partes de mandantes a los fines de dar continuidad a la presente causa, por lo que esta sentenciadora visualiza desde ya que operó la perención de la instancia, no obstante, previo su pronunciamiento acerca de la declaratoria de extinción de la instancia por perención, pasa a realizar las siguientes consideraciones doctrinarias y legales acerca de esa institución:
Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente establece de forma taxativa lo sucesivo:“toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.” ...Omissis. (Subrayado y Negrita Nuestro).
En este sentido, se hace necesario expresar el contenido del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente el cual establece:“…La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente” …Omissis. (Subrayado y Negrita Nuestro).
Ahora bien, la perención es definida por el Diccionario de la Real Academia Española como la “Prescripción que anulaba el procedimiento, cuando transcurriría cierto número de años sin haber gestiones las partes”.
La enciclopedia Jurídica Opus, por su parte, la define como “la figura que extingue el proceso por la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo”.
La finalidad de esta institución se encuentra consagrada en la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, en donde se hace mención a lo siguiente:
El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del Proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función Jurisdiccional, no se puede reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta la meta natural, que es la sentencia. Bajo la amenaza de perención, se logra 'una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso´
De lo anteriormente transcrito se desprende que el fundamento de la institución de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (cfr. CHIOVENDA, JOSÉ: Principios…, II p.428).
En efecto, la perención es el efecto procesal extintivo de la instancia, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Es de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.
EN SENTENCIA NRO 211, DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2000, correspondiente al expediente N° 86-485, la SALA DE CASACIÓN CIVIL del Tribunal Supremo, dejó sentado lo siguiente:
…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…

Igualmente, EN SENTENCIA N° 369 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2.000, esta misma Sala expuso el siguiente criterio:
Nuestro Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, anteriormente transcrito, el término instancia es utilizado como impulso. El proceso se inicia a impulso de parte, y este impulso perime en los supuestos de esta disposición legal, provocando su extinción…

De acuerdo con el principio dispositivo, contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad de que las partes impulsen los procesos para la resolución de las controversias, inicial o incidental, por el tribunal de la causa o cualquier otro tribunal al cual pueda corresponder. Al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso.
De manera que, conforme a la disposición y a los criterios mencionados, la perención, se verifica de derecho, vale decir, opelegis; y es la extinción o la anulación del procedimiento por falta de impulso procesal, cuyo objeto más resaltante es el de evitar que los procesos se prolonguen de manera indefinida, así como, dar seguridad a la parte demandada de que tal situación no es legalmente posible llevando a la esfera de los derechos privados un imprescindible
Margen de seguridad y estabilidad. Significa entonces, que según la Ley vigente; LA PERENCION se verifica de pleno derecho, entendiéndose por instancia susceptible de perención todos y cada uno de los actos del procedimiento, desde el líbelo de la demanda hasta vista la causa.
Ahora bien, aplicando lo anteriormente citado en el caso de marras, se evidencia de las actas que conforman el expediente que no existe actuación alguna por parte del demandante, posterior al día (17) de junio de 2023, fecha en la cual el tribunal ordeno nueva oportunidad para llevar a cabo la práctica de la Medida Cautelar de Secuestro Preventivo acordada en la presenta causa, y se libró oficio al comandante general de la policía del estado Carabobo; siendo que hasta la fecha no se ha recibido actuación alguna por parte del demandante a los fines de dar continuidad a la presente causa; evidenciándose de actas que ha transcurrido más de un (1) años a contar desde la fecha diecisiete (17) de junio de 2023, hasta el día de hoy doce (12) de marzo de 2024, ambas fechas inclusive, sin que la parte actora haya impulsado la presente acción, obligación ésta que establece la ley como carga del demandante y siendo que dicha falta de actuación procesal, es uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la perención, cuya consumación es deber de la parte accionante evitar; en consecuencia, se verifica el supuesto de Perención de la Instancia, como desde ya lo avizoraba esta jurisdicente, por lo que forzosamente se debe declarar extinguida la instancia en virtud de haber operado en el presente proceso la perención, contemplada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hará de forma expresa en la dispositiva del presente fallo. Así se decide.
-IV-
DECISIÓN
Por todas las razones expuestas, este TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, conforme a derecho declara:
PRIMERO: Extinguida la Instancia por haber operado la PERENCIÓN contemplada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en la pretensión de TACHA DE FALSEDAD, formulada por los ciudadanos MOISES ALBERTO SUFFRANT TREJO, ÁNGEL GABRIEL SUFFRONT TREJO y CARLOS ALBERTO SUFFRONT TREJO, venezolanos, mayores de edades, titulares de las cédulas de identidades Nros. V-12.605.420, V-16.449.402 y V-21.031.934, respectivamente, de este domicilio, asistidos por el abogado CARLOS HERNÁNDEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 227.006; de este domicilio, en contra de la ciudadana MAIGUALIDA DEL CARMEN NAVARRO, venezolana, mayor de edad, titular de las cédula de identidad N° 12.033.360.
SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay especial condenatoria en costas.
Publíquese y regístrese de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y en la Resolución Nº001-2022 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha dieciséis (16) de junio de 2022, se ordena la publicación de la presente Decisión en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve. CÚMPLASE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal de Municipio, en Valencia, a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025). Años 214º de la Independencia y 166º de la Federación.
LA JUEZA,

ABG.DANIELA YENIREE MADRID COLLADO
LA SECRETARIA,

ABG. DANIELA SEGOVIA CASANOVA
Expediente Nro. 284 0. En la misma fecha, siendo las once de la mañana (11:00 am.) se publicó y registró la anterior decisión, dando cumplimiento a lo ordenado.

LA SECRETARIA,
ABG. DANIELA SEGOVIA CASANOVA

DYMC/DASC/GFAM
Expediente N°2840