La presente demanda fue recibida por este Tribunal, en fecha 11 de abril de 2024, previa distribución por inhibición, contentiva de Cobro de Bolívares (vía intimatoria) intentada por la sociedad mercantil Banco Provincial S.A Banco Universal, inscrita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en fecha 30 de septiembre de 1952, bajo el N° 488, Tomo 2-B y cuyos Estatutos modificados están contenidos en un solo texto, según se evidencia de asiento inscrito ante el Registro Mercantil del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de junio de 1989, bajo el N° 56, Tomo 82-A Pro., a través de su apoderado judicial, abogado Vladimir Villalba Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 54.401, en contra de la sociedad mercantil Comercialización y Transporte Comytrans, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo, en fecha 8 de mayo de 1999, bajo el N° 26, Tomo 41-A, dándole entrada en fecha 12 de abril de 2024 y se formó el expediente distinguido con el N° 27.123 (nomenclatura de este Tribunal). I En fecha 27 de junio del 2000, se admitió la demanda y se ordenó la intimación de la parte demandada, como consta en el folio 15 de la primera pieza principal. En fecha 13 de junio del 2001, la parte demandada, mediante diligencia inserta en el folio 33 de la primera pieza principal, se dio por citada. En fecha 4 de julio de 2001, la parte demandada mediante escrito, dio contestación a la demanda, como se observa en el folio 38 de la primera pieza principal. En fecha 17 de septiembre del 2001, se recibió escrito de promoción de pruebas de la parte demandante, como se observa en los folios 67 y 68 de la primera pieza principal. Seguidamente en esa misma fecha, se recibió escrito de promoción de pruebas de la parte demandada, como se observa en el folio 69 de la primera pieza principal. Por lo que en fecha 1° de octubre de 2001, hubo pronunciamiento respecto a las pruebas presentadas, como se evidencia en el folio 71 de la primera pieza principal. En fecha 1° de febrero de 2002, se recibió informe de la parte demandada, inserto en los folios 89 hasta el 92 de la primera pieza principal. En fecha 12 de marzo de 2015, la parte actora mediante diligencia consignó poder autenticado, como consta en los folios 173 hasta el 177 de la primera pieza principal. Ahora bien, del recorrido procesal realizado se observa que desde el 12 de marzo de 2015, la parte actora (demandante) no ha actuado en el expediente a fin de generar impulso procesal y lograr la obtención de la justicia por medio de una sentencia definitiva que resuelva la pretensión. En tal sentido, este Tribunal pasa a emitir pronunciamiento en los siguientes términos: II Previo al pronunciamiento de lo solicitado, debe este Tribunal determinar su competencia y al respecto observa que la presente demanda tiene por motivo el Cobro de Bolívares (vía intimatoria), intentada por la sociedad mercantil Banco Provincial S.A Banco Universal, previamente identificada, en contra de la sociedad mercantil Comercialización y Transporte Comytrans, C.A., ya identificada. En este sentido, es menester destacar lo establecido en el artículo 641 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: Sólo conocerá de estas demandas, el Juez del domicilio del deudor que sea competente por la materia y por el valor según las normas ordinarias de la competencia, salvo elección de domicilio. La residencia hace las veces de domicilio respecto de las personas que no lo tienen conocido en otra parte. De la lectura del artículo anteriormente transcrito, se observa que el conocimiento de la presente demanda con motivo de Cobro de Bolívares vía Intimatoria, corresponde territorialmente a los Tribunales de la jurisdicción del estado Carabobo, por tener la parte demandada su domicilio dentro de esta circunscripción judicial. Aunado a lo anterior, de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, se desprende que el caso de marras versa sobre derechos civiles, motivo por el cual este Tribunal, en virtud de lo establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan”, se declara competente por el territorio y la materia. Así se establece. Ill Ahora bien, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece la perención de la instancia como una sanción a las partes que han dejado de actuar en el proceso por un tiempo determinado, sin embargo, cuando la causa se encuentra vista para sentencia, no puede operar la perención de la instancia, en virtud, que se entiende que la carga procesal es del Tribunal. No obstante, podría ocurrir la perdida de interés de las partes en la continuación del juicio, configurándose la teoría del “decaimiento de la acción”, la cual ha sido definida por distintos autores y acogida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente N° 07-0556, sentencia de fecha 28 de febrero de 2008, con ponencia del magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, señalando lo siguiente: El autor argentino Roland Arazi, en el trabajo ‘La Legitimación como Elemento de la Acción’ (publicado dentro de la obra ‘La Legitimación’. Libro Homenaje al profesor Lino Enrique Palacio. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1996), señaló lo siguiente: El interés como requisito de la acción exige, en primer lugar, que la finalidad que el solicitante se propone lograr mediante el ejercicio de la acción, no puede ser alcanzada sino por medio de la sentencia judicial. En segundo lugar, que la decisión judicial no mantenga a las partes en la misma situación jurídica en que se encontraban antes del proceso’, y agrega: ‘Para que sea admisible la acción, debe invocarse un interés egoísta, o sea, que tenga su base en la propia ventaja del peticionario: el deseo de cooperar al triunfo de la justicia no constituye un interés tutelado por la ley. Además, en principio, debe ser un interés actual, porque la esperanza no está protegida por el Derecho; y jurídico, ya que no basta el interés moral’. Conforme a tal definición, el interés procesal responde a una situación jurídica real que se encuentra lesionada en alguna forma, y no a razones políticas, publicitarias o personales de alguien, ajenas al derecho; por lo tanto, el interés procesal de alguna forma debe dimanarse de la demanda o solicitud, y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. La necesidad del interés procesal, entendido en el sentido señalado por los autores citados, como requisito indispensable de la acción, llevó al Maestro Hugo Alsina (Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo I, Segunda Edición. Buenos Aires. 1956, pág. 393), a afirmar: ‘sin interés no hay acción, y el interés es la medida de la acción’. La ausencia de ese interés procesal, tradicionalmente en nuestro derecho procesal podía ser declarado tanto in limine litis o en la decisión de fondo, tal como sucedía en el derogado Código de Procedimiento Civil de 1916, artículo 257; o solo como cuestión de fondo, como ocurre en el vigente Código de Procedimiento Civil, donde la falta de interés se opone en la contestación al fondo de la demanda (artículo 361), para ser resuelto en la sentencia definitiva. Sin embargo, siendo un requisito de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe. (Subrayado de este Tribunal) Al respecto, existe sentencia de fecha 01 de junio de 2001, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Nº 956, caso Valero-Portillo), bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en la cual se estableció la siguiente doctrina: La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. (…) Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?. La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda. Como se observa, la Sala Constitucional del máximo Tribunal ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. Dicho criterio fue reiterado en el fallo N° 2673/2001 de fecha 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos”), en el que se lee: En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Ahora bien, de todo lo anterior se infiere que, dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta la Sala Constitucional– la pérdida del interés procesal, lo cual puede ser delatado por el Juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar en dos oportunidades específicas, como lo son; antes de la admisión de la demanda y cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia. La presente causa es una de muchas que han sido evaluadas por este Tribunal, en la que se evidencia una clara falta de interés de la parte actora en que sea decidido el asunto puesto a la consideración del Poder Judicial, al punto de no impulsar la causa por más de diez años, lapso que supera el establecido en el artículo 1977 del Código Civil, para las acciones personales, lo que contradice notoriamente los principios constitucionales como por ejemplo: La Tutela Judicial Efectiva, Seguridad Jurídica y Economía Procesal, lo cual va en detrimento del fin último del sistema de justicia y del proceso en la realización de la justicia. Sin dejar de mencionar que estos expedientes henchían injustificadamente los limitados espacios y afectan la dinámica del Tribunal. Por consiguiente, siguiendo los postulados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de marras se patentiza la pérdida del interés procesal de la parte actora, denotando que no desea que se sentencie la presente causa, siendo forzoso para este jurisdicente declarar la extinción o decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal. Así se establece. IV Por las razones de hecho y derecho antes explanadas, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara: ÚNICO: DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN en esta instancia, por falta de interés procesal, en el presente juicio con motivo de Cobro de Bolívares (vía intimatoria) intentada por la sociedad mercantil Banco Provincial S.A Banco Universal, inscrita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en fecha 30 de septiembre de 1952, bajo el N° 488, Tomo 2-B y cuyos Estatutos modificados están contenidos en un solo texto, según se evidencia de asiento inscrito ante el Registro Mercantil del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de junio de 1989, bajo el N° 56, Tomo 82-A Pro., a través de su apoderado judicial, abogado Vladimir Villalba Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 54.401, en contra de la sociedad mercantil Comercialización y Transporte Comytrans, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo, en fecha 8 de mayo de 1999, bajo el N° 26, Tomo 41-A. No hay condenatoria en costas por la naturaleza del presente fallo. Notifíquese la presente decisión de conformidad con en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, diarícese, regístrese y déjese copia de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Carabobo. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a los veintiséis (26) días de marzo del dos mil veinticinco (2025). Años: 214º de la Independencia y 166º de la Federación. El Juez Provisorio, Abg. PEDRO LUIS ROMERO PINEDA La Secretaria, Abg. YUSNEILYS MEDINA MELCHOR En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo al cumplimiento de las formalidades de ley, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.).- La secretaria Abg. YUSNEILYS MEDINA MELCHOR Exp. 27.123. PLRP/VI.