TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, veintinueve (29) de octubre de dos mil Veinticinco (2025)
215º y 166º

ASUNTO: KP02-V-2025-001351
PARTE DEMANDANTE: ciudadanas ROSA VIRGINIA GALINDEZ GIMENEZ y DANIELA LEORIANNIS ADJUNTA ARRIECHE, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nos V-7.437.896 y V-27.554.669, respectivamente.
ABOGADA ASISTENTEDE LA PARTE DEMANDANTE: Abogada ADRIANA UZCATEGUI inscrita en el IPSA bajo el N° 229.775.
PARTE DEMANDADA: ciudadano HERNAN JOSE PEREZ COLMENAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-7.436.776.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: abogado YHONATAN PEREZ, inscrito en el IPSA bajo el N°277.895.
MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO.
SENTENCIA:INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.

I
RELACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS
Se inició el juicio mediante libelo de demanda presentado en fecha 13 de junio del año 2025, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y previo el sorteo de ley correspondió conocer de la causa a este Juzgado.
Por auto de fecha 18 de junio del año 2025, se admitió la presente demanda, por no ser contraria a las buenas costumbres al orden público o alguna disposición expresa en la Ley, seguidamente en fecha 19 de junio del 2025, este tribunal ordeno librar oficio para la respectiva notificación al Sindico Procurador del Municipio Iribarren del estado Lara, bajo el oficio N° 0340/2025.
Por escrito presentado en fecha 14 de julio del 2025, compareció el ciudadano HERNAN JOSE PEREZ COLMENAREZ, plenamente identificado, asistida de abogado, presentaron convenimiento en los siguientes términos:

“…ante usted muy respetuosamente comparezco para dar contestación a la demanda que fuera interpuesta contra mi persona por las ciudadanas ROSA VIRGINIA GALINDEZ GIMENEZ Y DANIELA LEORIANNIS ADJUNTA ARRIECHE. portadoras de las cedulas v-7.437.896; V-27.554.669 calle Urdaneta con av. sucre casa sin número: 0412-252-94-53, en virtud del CONTRATO PRIVADO DE COMPRA VENTA que suscribimos, y mediante el cual le vendi unas bienhechurias de mi propiedad respetivamente, tal y como se evidencia en el titulo supletorio de 5 de junio de 2025, bajo el tribunal séptimo de municipio ordinario y ejecutor de medidas del municipio Iribarren de la circunscripción judicial del estado Lara bajo el KP02-8-2025-1542. Anexados en el prenombrado asunto y plenamente identificado en dicho documento de compra venta y en el libelo de la demanda; en este sentido me doy por notificado, RECONOZCO el documento privado objeto del presente procedimiento, así como su contenido el cual es cierto, y mi firma y huella en el documento identificado en el libelo de la demanda, y que riela en los folios del presente expediente. Finalmente renuncio al lapso procesal correspondiente y solicitamos muy respetuosamente se sirva dictar sentencia con lo existente en autos. Es justicia, que esperamos en la ciudad de Barquisimeto, a la fecha de su presentación...”
En fecha 16 de julio del 2025, se dejo constancia que en fecha 14 de julio del 2025 la parte demandada se dio por citada, asimismo renuncia a los lapsos de comparecencia.
En fecha 21 de julio del 2025, el alguacil de este tribunal dejo constancia que el día 18 de julio del 2025 se trasladó a la sede de la sindicatura municipal de Iribarren del estado Lara para la entrega del oficio N°0340/2025 dirigido al síndico procurador, el cual fue atendido por una ciudadana que manifestó que laboraba en dicha sede, asimismo expreso que podía recibir el oficio, el cual por órdenes no podía firmar el recibido.
En fecha 13 de agosto del 2025, el alguacil de este tribunal dejo constancia que se traslado a la sede de la sindicatura municipal de Iribarren del estado Lara, con el motivo de recibir respuesta del oficio dirigido al síndico procurador, asimismo la ciudadana que labora allí expreso que el oficio se encontraba debidamente firmado, tal como consta en el folio N° 36 del presente asunto.
En fecha 23 de septiembre del 2025, la ciudadana AURYNG CAROLINA TOVAR VILLALOBOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°V-17.196.414, presento escrito de tercería el cual este tribunal ordeno el desglose de dicho escrito y agregarla al cuaderno de tercería signado bajo el N° KN04-X-2025-000010, seguidamente en misma fecha este tribunal acordó la apertura el cuaderno de tercería.
En fecha 06 de octubre del 2025, se dictó sentencia interlocutoria con fuerza definitiva en el expediente N° KN04-X-2025-000010, la cual se declaró la INADMISIBILIDAD, en la presente incidencia de Tercería intentada por la ciudadana AURYNG CAROLINA TOVAR VILLALOBOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°V-17.196.414, contra los ciudadanos ROSA VIRGINIA GALINDEZ GIMENEZ, DANIELA LEORIANNIS ADJUNTA ARRIECHE y HERNAN JOSE PEREZ COLMENAREZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nos V-7.437.896, V-27.554.669 y V-7.436.776, respectivamente.
Seguidamente en fecha 15 de octubre del 2025, declaro definitivamente firme la sentencia dictada en fecha 06 de octubre del 2025 referente a la incidencia de tercería en el expediente N° KN04-X-2025-000010, asimismo se declara terminado dicha incidencia, ordenado la remisión del expediente a la oficina de archivo judicial regional.
En fecha 23 de octubre del 2025, se dejó constancia que en fecha 15 de octubre del 2025 se declaró definitivamente firme la incidencia en el expediente N° KN04-X-2025-000010 por tercería, asimismo se le advierte a las parte que el asunto principal N° KP02-V-2025-001351 pasaría a estado de dictar sentencia.

II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

En primer lugar es necesario ahondar un poco en cuanto a lo que la normativa legal y doctrina han establecido referente al reconocimiento de documento privado, por tal motivo prevé el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, que el instrumento privado puede ser reconocido a través de demanda principal, la cual deberá tramitarse por los cauces del procedimiento ordinario.
Con respecto a los límites tanto de la pretensión como de la contestación en causas como la de marras, el autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo III. Segunda Edición. Ediciones Liber. Caracas, 2.004, pp. 456 y 457, apuntó lo siguiente:
“…1. Al igual que en la acción principal de tacha de falsedad (Art. 440), la demanda de reconocimiento de firma postula una pretensión mero declarativa…El juicio discurre según la norma, por el procedimiento ordinario. El reo debe en la contestación a la demanda, limitarse a reconocer o desconocer la firma. Si la reconoce, se allana a la demanda…Si por el contrario, el demandado desconoce la firma (sea suya o de un causante o representante suyo) en el acto de contestación a la demanda, la instrucción de la causa quedará circunscrita a demostrar, a través del peritaje caligráfico, que la firma si es auténtica.
2. En semejantes condiciones, el no menos reconocido jurista Emilio Calvo Baca, en su obra “Código de Procedimiento Civil de Venezuela”, Tomo IV. Ediciones Libra. Caracas, 2.000, pp.396 y 397, señaló lo siguiente: La demanda pidiendo el reconocimiento privado, debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 340 Código de Procedimiento Civil, el accionado en su contestación, deberá limitarse a reconocer o a desconocer la firma, si la reconoce termina la litis, si, en cambio la desconoce, la parte demandante asume la carga de la prueba de la autenticidad del instrumento…”
La actuación de las partes en casos como el que nos ocupa, debe girar únicamente en torno al hecho del reconocimiento o desconocimiento de la firma plasmada en el documento, de allí, que no le es dado a las partes discutir en el transcurso del proceso, consideraciones de fondo inmanentes al documento objeto de la pretensión, razón por la que el procesalista Ricardo Henriquez La Roche, tal como se desprende de la cita que antecede, afirmó que la demanda postula una pretensión mero declarativa, pues, en criterio de esta sentenciadora, el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, no prevé otra circunstancia fáctica, que el reconocimiento o el desconocimiento de la firma plasmada en el documento mismo, quedando así circunscrita igualmente la actividad del Órgano Jurisdiccional, a declarar reconocido o no el instrumento en cuestión…”

Así las cosas, se observa de los conceptos antes citados, que la acción por reconocimiento de instrumento privado, es aquella capaz de otorgarle a un instrumento privado, efectos de certeza y que tiene una preponderancia dentro del derecho probatorio, que en virtud de su alcance y eficacia se equipara con la del instrumento público, tal como lo preceptúa el artículo 1363 del Código Civil.
En nuestro sistema civil venezolano, el reconocimiento de documentos privados, puede solicitarse por acción principal o por vía incidental. Por acción principal, mediante demanda en juicio ordinario, mientras que mediante la vía incidental, se produce el documento junto con el libelo de demanda, en el caso de la parte actora, en un juicio principal cuyo objeto no sea específicamente el reconocimiento del documento privado, sino como medio probatorio.
Cuando el reconocimiento del documento se pretende por acción principal, el demandado en la contestación de la demanda, deberá manifestar sí reconoce o niega formalmente el instrumento, si el demandado fue debidamente citado y se produce confesión ficta, esto es, si no comparece el demandado al acto de la litis-contestación, no promoviere nada que le favoreciere, y la petición no es contraria al orden público, se dará por reconocido el documento. Evidenciándose en el caso que nos ocupa que la demandada de autos expresamente reconoció el contenido y firma del instrumento privado. Y así se establece.
En este sentido existen pronunciamientos reiterados que afirman que, el reconocimiento o desconocimiento de un documento privado en nuestra legislación se refiere “únicamente a la firma” pues, los documentos en nuestra legislación se diferencian entre públicos y privados, en virtud de que, en la formación de los primeros interviene un funcionario que da fe pública del contenido del mismo “documento público”, y hacen plena prueba, entre las partes y ante terceros, mientras que los documentos privados, son creados por las partes, sin la intervención de funcionario público alguno, y hace efecto jurídicos en juicio sólo entre las partes que los suscribieron, siendo clasificado por la doctrina, la jurisprudencia y la ley como una prueba escrita, la cual por su naturaleza es pre-constituida y posee una gran presunción de sinceridad y fiabilidad, ya que contiene hechos que conciernen a las partes, los cuales se verificaron antes de presentarse cualquier controversia entre ellas, quienes lo suscriben una vez estén conformes con su redacción y contenido, tal y como lo precisa el Código Civil en sus artículos 1.355 y 1.356.
En este sentido, se observa del caso bajo estudio que, el mismo trata precisamente del reconocimiento de un documento privado reconocido, el cual constituye medio probatorio que demuestra el negocio jurídico realizado por los contratantes, esto quiere decir que el negocio existe, correspondiendo a quien se sirva del instrumento privado reconocido judicialmente, intentar mediante vía autónoma el cumplimiento de ese negocio jurídico, por ser como se adujo en el párrafo anterior un juicio que persigue netamente la declaratoria de (la existencia de un negocio jurídico que se busca se reconozca), mas no conlleva intrínsecamente el cumplimiento del contenido de lo reconocido vía judicial. Así se declara.
En esta línea de consideraciones que se vienen esgrimiendo, quien aquí juzga considera necesario traer a colación los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, que textualmente rezan:
“…Artículo 1.363.- El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.
Artículo 1.364.- Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante.”.
Las disposiciones anteriormente transcritas, permiten evidenciar que una persona puede acudir al órgano jurisdiccional a exigir el reconocimiento de la firma de un instrumento privado, con el entendido que el obligado a reconocerlo, si lo hace, se tiene por reconocido (en el caso de que sea producido en juicio y haya sido opuesto para su reconocimiento tal y como consta en el presente asunto); y para el caso en que acuda al llamamiento al Tribunal y voluntariamente reconozca su firma, se constituye en documento privado reconocido. En ambos casos, no es de la incumbencia del juez indagar sobre la certeza o falsedad del contenido del documento, ya que no se está discutiendo la falsedad del mismo.
La Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 10 de abril de 2023, dictada en el Exp. AA20-C-2022-000565,donde estableció lo siguiente:
“…De conformidad con el precedente jurisprudencial citado anteriormente, al analizar la naturaleza del fallo recurrido, el cual fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, esta Sala estima que no es de aquellos recurribles en casación, pues dicha decisión confirmó la decisión de primer grado de jurisdicción que negó la solicitud de la parte actora relativa a que se ordene la inscripción del contenido del documento reconocido en el Registro Inmobiliario respectivo, sosteniendo –acertadamente- que los efectos del juicio de reconocimiento de documento privado es netamente declarativo, en la cual solo se reconoce la existencia o inexistencia de una situación de derecho, más no persigue el cumplimiento de esa obligación reconocida, pues para ello tiene las vías judiciales preexistentes en nuestro sistema jurídico, mediante las cuales dicho cumplimiento debe ser necesariamente reclamado en otro juicio; por lo tanto, no se observa que este pronunciamiento haya resuelto algún punto esencial no controvertido en el juicio, ni decidido en él, ni proveyó contra lo ejecutoriado, ni modificó de manera sustancial lo decidido.
A mayor abundamiento, es preciso resaltar que las decisiones dictadas en procedimientos de reconocimiento de documentos, conforme a lo previsto en el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, son decisiones declarativas, en las cuales se les otorga autenticidad para que surtan valor probatorio en otros procedimientos distintos, donde se haga valer el contenido del instrumento, y se pueda obtener su ejecución, limitándose en estos casos, a la sola declaración del reconocimiento de la firma del instrumento. Así se establece… (Resaltado del Tribunal).

Coligiéndose este sentenciador a los criterios antes esgrimidos, evidencia que, en el caso bajo estudio, la parte actora interpuso la demanda a fin de que el ciudadano HERNAN JOSE PEREZ COLMENAREZ, Plenamente identificado, reconociera en su contenido y firma el documento privado suscrito, el cual tiene por objeto la venta de un inmueble construido en un terreno ejido, ubicada en colinas del manzano, sector Enelbar, callejón el Samán, urbanismo atenas, Parroquia Catedral, Municipio Iribarren del Estado Lara, por ciento veinte metros cuadrados de construcción, dentro de los siguientes linderos: NORTE: en línea familia Pérez Colmenares SUR: familia Castillo; ESTE: calle Urb. Atenas y OESTE: terreno ocupado por la familia Peralta. Fundamentando su acción en los artículos 444 al 448 y 450, del código de procedimiento civil, en concordancia con los artículos 1363 y 1364 del código civil venezolano, por lo que el trámite habido se encuentra ajustado a derecho, Y ASÍ SE DECLARA.
In fine, este Juzgador tomando en consideración los criterios de justicia y de razonabilidad con especial atención y acatamiento a lo dispuesto en el texto Constitucional, que obligan al Juez a interpretar las Instituciones Jurídicas, y los actuales principios que fundamentan el sistema de derecho que persiguen hacer efectiva la Justicia y en virtud de las precedentes consideraciones, determina finalmente que al haber reconocimiento expreso por la parte demandada en relación al contenido y las firmas del documento producido en juicio, es necesario declarar reconocido dicho instrumento privado de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.
III
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, y con base en los artículos 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil, declara
PRIMERO: HOMOLOGA EL CONVENIMIENTO, presentado por el ciudadano HERNAN JOSE PEREZ COLMENAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-7.436.776.
SEGUNDO: RECONOCIDO, el documento privado, cursante en el folio tres (03), presentada por las ciudadanas ROSA VIRGINIA GALINDEZ GIMENEZ y DANIELA LEORIANNIS ADJUNTA ARRIECHE, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nos V-7.437.896 y V-27.554.669, respectivamente, debidamente asistido en este acto por la Abogada ADRIANA UZCATEGUI inscrita en el IPSA bajo el N° 229.775, por motivo de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, contra el ciudadano HERNAN JOSE PEREZ COLMENAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-7.436.776.
REGÍSTRESE. DÉJESE COPIA CERTIFICADA. PUBLÍQUESE en la página web del Tribunal Supremo de Justicia http://lara.tsj.gob.ve/.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En la ciudad de Barquisimeto, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del dos mil veinticinco (2025). Años: 215º de la Independencia y 166º de la Federación.-
El Juez Provisorio,

Abg. Jhonny José Alvarado Hernández
El Secretario,

Abg. Lewis Carrasco Rangel

JAH/LCR/Drv-.