TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PIAR Y PADRE PEDRO CHIEN DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR.

JURISDICCIÓN: CIVIL
Sentencia Interlocutoria
Exp. 2.341-10

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

• PARTE ACTORA: Ciudadana: Amarilis Desiree Colmenares Fernández, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-18.336.945, y de este domicilio.-

• ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Ciudadana: Claudia Maita, venezolana, mayor de edad, Abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 85.730, y de este domicilio.

• PARTE DEMANDADA: Ciudadano: Carlos Wilfredo Vera Hurtado, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-18.336.052, y de este domicilio.

• ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: Ciudadano: José Rafael Guzmán, venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 28.754, y de este domicilio.

• CAUSA: “Obligación de Manutención”

DE LOS HECHOS
En fecha: 14 de Abril de 2.010, comparece la Ciudadana: Amarilis Desiree Colmenares Fernández, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-18.336.945, y de este domicilio, actuando en representación de sus dos hijos, y debidamente asistida por la ciudadana: Claudia Maita, venezolana, mayor de edad, Abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 85.730, y de este domicilio, presentando demanda por Obligación de Manutención, contra el Ciudadano: Carlos Wilfredo Vera Hurtado, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-18.336.052, y de este domicilio, constante de un (1) folio útil y dos (2) anexos. (Folios 1 al 3).-

En fecha 16 de Abril de 2.010, se admite la demanda, por Obligación de Manutención, incoada por la Ciudadana: Amarilis Desiree Colmenares Fernández, ya identificada, ordenándose la citación personal del demandado Ciudadano: Carlos Wilfredo Vera Hurtado, antes identificada, librándose la respectiva Boleta de Citación. - (Folios 4 al 8).-

En fecha: 20 de Mayo de 2.010, comparece el Alguacil de este Tribunal y deja constancia que procedió a notificar al Fiscal del Ministerio Publico, en materia de Protección de Niños y Adolescentes.- (Folios 9 y 10).

En fecha: 14 de Junio de 2.010, comparece el Alguacil de este Tribunal y deja constancia que procedió a citar al demandado Ciudadano: Carlos Wilfredo Vera Hurtado, antes identificado, el cual manifestó firmar la boleta de citación.- (Folios 11 y 12).

En fecha: 17 de Junio de 2.010, se deja constancia que siendo el día establecido por este Tribunal para celebrar Acto Conciliatorio, conforme lo establecido en el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niñas y Adolescentes, ninguna de las partes comparecieron a dicho acto, ni por si ni por medio de Apoderados judiciales. (Folio 13).

En fecha 17 de Junio de 2.010, compareció el ciudadano: Carlos Wilfredo Vera Hurtado, ya identificado, asistido por el Abogado José Rafael Guzmán, y consignó escrito de contestación a la demanda. (Folios 14 al 25)

En fecha: 21 de Junio de 2.010, compareció el ciudadano: Carlos Wilfredo Vera Hurtado, ya identificado, asistido por el Abogado José Rafael Guzmán, y otorgó Poder Apud Acta conforme lo establecido en artículo 152 del Código e Procedimiento Civil, al mencionado Abogado (Folios 26 al 28).

En fecha: 01 de Julio de 2.010, compareció el Abogado José Rafael Guzmán, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora y consignó escroto de promoción de Pruebas. (Folio 29).

En fecha 01 de Julio de 2.010, el Tribunal admitió las pruebas promovidas por la parte demandada, librándose oficio N° 2270-1194, al Gerente del Banco Guayana, como prueba de informes. (Folio 30 al 32)

En fecha 12 de Julio de 2017, el Juez de este Tribunal se aboca al conocimiento de la presente causa, ordenado la notificación de las partes. (Folio 33 al 37)

Se deja constancia que las parte actora no promovió pruebas en el presente juicio.-

MOTIVACIONES PARA DECIDIR.
Después de esta última actuación, no se han observado en el expediente, diligencia alguna por parte de la demandante y del demandado, tendiente a seguir impulsado el curso de la presente causa, en la cual se ordenó mediante auto de fecha 12 de Julio de 2.017, dar cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado, asimismo la evacuación de la prueba de informes presentada por el demandado.
Efectuado como ha sido el examen de las actas que conforman el presente expediente, y con el objeto de verificar el estado del procedimiento, este Tribunal pudo constatar que las partes no han comparecido a objeto de gestionar los trámites tendientes a la continuación de la causa.
Así las cosas, resulta oportuno indicar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 956, de fecha 1º de junio de 2.001, (caso Fran Valoro y Milena Portillo Manosalva de Valero), estableció en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna lo siguiente:
“A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional. (...) Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez. (...). Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.(...) La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.). La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. (...). La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por sí o por medio de otro en el archivo del Tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído. ...(omisis)... (…)¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación? A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor... (..Omisis)..., tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción. (Lo subrayado es de este Juzgado).
De igual manera, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2.009, expresó lo siguiente:
…En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.”
Conforme a los criterios jurisprudenciales antes citados, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.
En el presente caso observó este Tribunal que una vez que se admite la prueba de informes, esta no fue debidamente evacuada, asimismo el interés en que se notifiquen las partes del abocamiento del Juez, y que para la presente fecha las partes no han tenido el interés, de practicar lo ordenado por este Tribunal, para la continuación de la causa, y por cuanto ha transcurrido por ante este despacho más de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento para la continuación del juicio, objetivamente, ello se traduce en la posibilidad de apreciar que el postulante ya no está interesado en activar el procedimiento o en impulsarlo hasta el estado en que haya de dictarse alguna resolución, conducta omisiva que depende naturalmente de la voluntad de los justiciables, pero que afecta, sin duda, el normal desarrollo del servicio público de administración de justicia, por congestionar innecesariamente la actividad del Tribunal y distraer la atención del Juez sobre otros asuntos que sí la requieren, por lo que resulta forzoso para este Juzgador declarar el Decaimiento de la Acción por pérdida del interés procesal. En consecuencia, y de acuerdo con los postulados jurisprudenciales anteriormente citados, se declara terminado el presente procedimiento. Así se decide.
DECISIÓN
Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Piar y Pedro Padre Chien del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN por pérdida del interés procesal, y como consecuencia de ello, se da por terminado el presente procedimiento, que por Obligación de Manutención, incoara la Ciudadana: Amarilis Desiree Colmenares Fernández, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-18.336.945, a favor de sus hijos; contra el Ciudadano: Carlos Wilfredo Vera Hurtado, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-18.336.052, y de este domicilio.

Publíquese, regístrese y déjese copias certificadas de la presente decisión en el respectivo copiador, conforme a lo estipulado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, y Notifíquese a las partes.

Dado firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Piar y Pedro Padre Chien del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los Veintitrés (23) días del mes de Enero del año Dos Mil Veintiséis (2.026). Años: 215º de la Independencia y 166º de la Federación.-

El Juez
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Abg. Jesse Isaac Tirado Vargas
La Secretaria
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Abg. Sasha Lorena Oropeza Devera.

La suscrita Secretaria deja constancia que la presente sentencia se publicó y registro en esta misma fecha, agregándose al Expediente N° 2.341-10, de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Civil, siendo las Diez y Treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.)

La Secretaria

Exp N° 2.341-10.-