eciales que enmarca el presente proceso, ya que lo que se pretende es obligar al Instituto recurrido a acordar con el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos, la pertinencia o no de la reestructuración administrativa que se llevaría a cabo en el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, siendo que la Administración de Personal, tal como se estableció anteriormente, es competencia exclusiva de las autoridades del mencionado Instituto, por lo que el referido Sindicato no tiene injerencia alguna sobre la procedencia o no de dicha medida, en consecuencia, debe este Órgano Jurisdiccional declarar improcedente el pedimento formulado por el recurrente. Así se decide.
E.- DEL FALSO SUPUESTO DEL QUE PARTIÓ LA REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA:
Indicó el recurrente, que la reestructuración administrativa partió de un falso supuesto, pues en el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, las limitaciones financieras no se debían al exceso de personal, alegado y sustentado en el Informe Técnico, sino que se correspondió a la mala administración en que se incurrió, y prueba de ello lo era el hecho que “(…) muchos de los trabajadores removidos se le ha buscado sustitutos (…)”.
En este sentido, la representación del Municipio negó, rechazó y contradijo lo señalado por el recurrente, e indicó que tal negación la demostraría en su oportunidad, con las pruebas que consignaría referente a la emergencia financiera.
En tal sentido, considera menester este Órgano Jurisdiccional, traer a colación la sentencia Nº 1117 de fecha 19 de septiembre de 2002, caso: FRANCISCO ANTONIO GIL MATÍNEZ VS. CUERPO TÉCNICO DE POLICÍA JUDICIAL, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ratificada, entre otras oportunidades, mediante sentencia Nº 1069, de fecha 02 de mayo de 2006, caso: JOSÉ GONCALVEZ MORENO VS. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en la cual se indicó respecto al vicio de falso supuesto de hecho, lo siguiente:
“(…) el vicio de falso supuesto se patentiza de dos maneras, a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, incurre en el vicio de falso supuesto de hecho. Ahora, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto”. (Destacado de esta Corte).
En este mismo orden de ideas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a través de la sentencia Nº 2007-293, de fecha 7 de marzo de 2007, caso: YUSRA ABDUL HADI DE VILLEGAS, Vs. INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), puntualizó con relación al vicio de falso supuesto, lo siguiente:
“A manera ilustrativa, es oportuno destacar que la Administración debe comportar actuaciones que correspondan y se encuentren ajustadas a las disposiciones legales que la regulan, pues de lo contrario, los actos dictados por ella estarán irremediablemente viciados de nulidad.
Concordantemente con lo anterior, las verificaciones realizadas por la Administración sobre cualquier situación fáctica con miras a calificarla jurídicamente para emitir correctamente un acto administrativo, deben estar sometidas a varias reglas, a saber: a) La Administración debe verificar los hechos realmente ocurridos, sin omitir ninguno, ni distorsionar su alcance y significación, b) La Administración debe encuadrar tales hechos en los presupuestos de la norma adecuada al caso concreto, aplicando la consecuencia jurídica correspondiente.
Así, cuando el ente u órgano actúa bajo esos parámetros, existirá entonces una perfecta correspondencia entre los hechos acaecidos en la realidad y la consecuencia que, genéricamente, ha sido prevista por el ordenamiento jurídico con respecto a los mismos. Por tanto, la causa, o los motivos que originan la manifestación de voluntad del órgano se habrán conformado sin vicio alguno que desvíe la actuación administrativa de los cauces fijados por el legislador.
Sucede, sin embargo, que en ocasiones la Administración dice haber constatado unos hechos que en verdad no ocurrieron, o habiéndose verificado éstos yerra en su calificación, o habiéndose constatado los hechos realmente ocurridos y calificándolos correctamente, se equivoca en la aplicación de la norma jurídica. Cuando el ente u órgano administrativo incurre en alguna de estas situaciones, su manifestación de voluntad no se ha configurado adecuadamente porque, según el caso, habrá partido de un falso supuesto de hecho, de un falso supuesto de derecho o de ambos”.
De tal manera, y en interpretación de los fallos parcialmente transcrito, infiere este Órgano Jurisdiccional, que la Administración, a fin de que sus actos no sean susceptibles de nulidad alguna, deberá constatar y/o verificar el acaecimiento de una situación fáctica, en caso contrario, el acto administrativo dictado, pudiera ser declarado nulo por incurrir en el vicio de falso supuesto de hecho, pues el mismo, estuvo fundamentados en hechos falsos o inexistentes, y cuando esto sucede, la manifestación de voluntad de la Administración no se configura adecuadamente, lo cual perturba la legalidad del acto administrativo, haciéndolo anulable conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Ahora bien, debe advertir esta Corte Segunda, que el recurrente alegó el vicio de falso supuesto de hecho, por considerar que las limitaciones financieras alegadas por el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, no se debió al exceso de personal, sino a la mala administración.
En este sentido, conviene traer a colación la sentencia Nº 1.582, de fecha 5 de diciembre de 2000, caso: GLADYS SAAVEDRA VS. CORPOZULIA, dictada por la otrora Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en la que determinó que la Jurisdicción contenciosa no puede conocer de las razones que tuvo la Administración para aplicar la medida de reducción de personal, lo cual efectuó bajo los siguientes términos:
“Por otra parte, los tribunales no conocen las razones en que se fundamenta la reducción de personal, ya que esto sólo corresponde al ámbito interno de la política administrativa. Sí, a través del control jurisdiccional los Tribunales tuvieran la oportunidad de considerar en cuáles partidas la administración debió aplicar los reajustes presupuestarios para salvaguardar la correspondiente a los gastos de personal, o si pudiesen indicar si es conveniente una reestructuración o en qué forma debió reestructurarse un organismo público, a fin de no afectar la situación de los funcionarios públicos, estaríamos en presencia de una usurpación en las funciones de la Administración, a quien corresponde en forma exclusiva el establecer los criterios de su disciplina fiscal, así como la estructura de su organismo.
Por tanto, el control realizado por los Tribunales contencioso funcionariales se limita a la revisión de la legalidad de la reducción de personal, esto es, si en la misma se cumplieron o no los extremos exigidos por la Ley de Carrera Administrativa y su Reglamento General, pero en ningún momento se juzgan las razones de oportunidad y conveniencia que tuvo la Administración para tomar la medida”.
En este mismo sentido, en sentencia un poco más reciente a la anterior, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a través de su fallo signado con el Nº 2005-2263, del 28 de julio de 2005, caso: NORKA TIBISAY FERNÁNDEZ VS. CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA, reiteró que los órganos jurisdiccionales, no tienen injerencia a la hora de determinar la oportunidad y conveniencia de la aplicación de la medida de reducción de personal, sólo podrá velar por el cumplimiento del debido proceso, indicando a tal efecto que “(…) el control realizado por los Tribunales Contencioso se limita a la revisión de la legalidad de la reducción de personal, esto es, si en la misma se cumplieron o no los extremos exigidos por la Ley de Carrera Administrativa y su Reglamento General, por lo que en ningún momento se juzgan las razones de oportunidad y conveniencia involucradas en las causales que fundamentan la medida”.
Así, con fundamento en lo expuesto en los fallos parcialmente transcritos, en criterio de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, no puede la Jurisdicción contenciosa entrar a determinar si la medida de reducción de personal, asumida por cualquier órgano de la Administración Pública, resulta conveniente, pues ello escapa del control de Juez, ya que de hacerlo se estaría vulnerando la libertad con la que deben actuar los organismo públicos, a los fines de determinar la pertinencia o no de una reestructuración administrativa, basados en la ejecución, diseño, planificación, evaluación y seguimiento de las líneas de gobierno y del gasto público; el único control que correspondería por parte de los órganos jurisdiccionales, sería velar por el fiel y cabal cumplimiento del procedimiento legalmente establecido para llevar a cabo la aplicación de la medida.
De tal manera, que resulta poco viable para este Juzgador determinar si las limitaciones financieras que presentaba el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, se debían o no a la mala administración, pues, insistimos, no puede esta Jurisdicción contenciosa evaluar las razones que tuvo dicho Instituto para aplicar la medida, sólo corresponde revisar la legalidad de tal reestructuración, en consecuencia, resulta improcedente lo peticionado por el recurrente. Así se decide.
No obstante lo anterior, y previa revisión de los autos que conforman el presente expediente, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, constató que para DICIEMBRE DE 2006, oportunidad en la cual se produjo la reestructuración administrativa del INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, conforme a copia simple de : i) Informe Técnico elaborado por la comisión interventora en mayo de 2006 –folios del 108 al 118; y ii) Balance General al 31 de diciembre de 2006 –folio 105 del expediente judicial-; al 31 de enero de 2007 –folio 185 del expediente judicial-; al 28 de febrero de 2007 –folio 186 del expediente judicial; al 31 de marzo de 2007 –folio 187 del expediente judicial; documentos estos a los que se les da pleno valor probatorio, por virtud de no haber sido objetados por la contraparte, conforme a los dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, dicho Instituto atravesaba una grave crisis financiera, pues en ellos se evidencian los saldos negativos que ha venido arrojando el Instituto recurrido.
Respecto a las Gacetas Municipales Nº 2724-1 de fecha 17 de febrero de 2006, Nº 2734-1 del 21 de marzo de 2006 y Nº 2781-0 de fecha 3 de agosto de 2006, consignada a los autos por la parte recurrente en copia simple -folios desde el 158 al 167 del expediente judicial-, en las que se ordenó tomar una serie de medidas a los fines de garantizar el rendimiento optimo del Instituto, para lo cual se nombró a una comisión evaluadora-reestructuradora, se acordó la intervención del Instituto y se dio por finalizada dicha intervención, respectivamente, lejos de afirmar los dichos del querellante, es decir, el falso supuesto de la limitaciones financieras, lo que logró fue afianzar la crisis financiera que ha venido atravesando el Instituto recurrido, pues si fuera falso, como alegó el actor, no hubiese existido la imperiosa necesidad por parte del INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, de tomar medidas para lograr la consecución de los objetivos para los cuales fue creado dicho Instituto.
En este mismo orden de ideas, con relación al Acta Nº 525 de fecha 24 de agosto de 2006, cursante al folio 216 en copia simple, traída a los autos por el propio recurrente, hace costar la conclusión a la que llegó la Junta Directiva del referido Instituto, en la cual se indicó expresamente lo siguiente: “(…) a los fines de buscar otras fuentes de ingreso para la Institución y como medida para detener la perdida, tomando como referencia el cierre del mes pasado; deberá iniciarse el otorgamiento de Créditos Comerciales (…)”, insiste este Órgano Jurisdiccional, que no es más que otra prueba que evidencia que el mencionado órgano venia atravesando una fuerte crisis financiera.
Asimismo, respecto a las Actas cursantes a los folios desde el 217 al 243, en copias simples, consignadas por querellante, se refieren a las aprobaciones de Créditos a distintas personas realizado el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, desde el mes de septiembre de 2006 y hasta noviembre de 2006, es decir posterior al Acta Nº 525 supra referida, para tratar de ponerle freno a la perdida que venía sufriendo el organismo querellado y en acatamiento de lo dispuesto en la mencionada Acta Nº 525.
Con relación a las Sesiones Ordinarias celebradas por el Consejo del Municipio Libertador del Distrito Capital en fechas 15 de marzo de 2007 y 4 de septiembre de 2007, las cuales corren insertas en copia simple a los folios desde el 250 al 316, en primer lugar, debe advertirse este Órgano Jurisdiccional, que son Sesiones que tuvieron lugar posterior a la fecha en que se ordeno la reestructuración -ello es diciembre de 2006-, en segundo término, sólo muestran, a los fines que interesan en el presenta caso, que el organismo recurrido, se insiste, venía presentando problemas económicos.
Con respecto a que “(…) muchos de los trabajadores removidos se le ha buscado sustitutos (…)”, para lo cual el recurrente consignó una serie de documentos donde consta el ingreso de unas personas a determinados cargos -folios desde el 172 al 179, previa revisión de los autos, advierte esta Corte que los cargos de Gerente de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Contabilidad, Gerente de Servicios Generales, Gerente de Microfinanzas, Gerente de Recurso Humanos, Analista de Compras II, adscrito a la Gerencia de Servicios Generales y, Secretaría de Junta Directiva, conforme a listado de personal empleado afectado por la medida de reducción de personal cursante a los folios 133 y 134, del expediente judicial, dichos cargos no fueron objeto de reestructuración y por ende el personal que laboraba en los referidos cargos, no fueron objeto de la mencionada medida,
Asimismo, el ingreso a los dos (2) cargos de Coordinador I, adscrito a la Gerencia de Crédito y Microfinanzas, ostentados por los ciudadanos Ocilia Márquez y Edinso Carrillo, conforme a listado de personal empleado afectado por la medida de reducción de personal cursante a los folios 133 y 134 del expediente judicial, no fueron objeto de la medida de reducción de personal, por lo que, primeramente podían ser ocupados nuevamente en cualquier momento, y en segundo término, dichos ingresos se debieron a sustitución de aquellos ciudadanos, por virtud de que presentaron renuncia, tal y como se evidencia de Punto de Cuenta a Presidencia Nº 028/07 y 010/07.
Ahora bien, con relación al cargo de Analista de Tesorería IV, que ostentó el ciudadano Antonio Silva, se evidencia de listado de personal empleado afectado por la medida de reducción de personal cursante a los folios 133 y 134 del expediente judicial, que el mismo si fue afectado por la medida de reducción de personal, pero como quiera que estamos en presencia de una reestructuración administrativa debido a limitaciones financieras, es decir, se debe reducir el gasto, más dicha reestructuración no se dio por cambios en la organización, o eliminación de una división, que amerite la eliminación del cargo, y siendo que en dicho Memorandum, cursante al folio 179 del expediente judicial, traído a los autos por el propio recurrente, se evidencia que la ciudadana Karina Ramírez, quien pasó a ocupar el cargo de Analista de Tesorería IV, trabajaba en el Instituto recurrido, ya que se solicitó a la Gerencia de Recursos Humanos el pago de diferencia en el sueldo, por lo que entiende esta Corte Segunda que lo que se da es un ascenso, más no ingreso nuevo, y sólo se produce es un ajuste en el sueldo que ella tenía, más no se siguen pagando dos sueldos, ya que el cargo que ella poseía, se presume queda sin ocupante.
Considera menester quien aquí Juzga, destacar que la prueba representa un acto propio de las partes, por cuanto les corresponde a ellas suministrar el material probatorio, del mismo modo que proporcionan los temas de las pruebas en sus alegatos, lo que se verifica como una manifestación del principio dispositivo contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos no alegados ni probados. De modo que, corresponde exclusivamente a las partes no sólo determinar el alcance y contenido de la causa (thema decidendum), sino también la carga de la alegación y de la prueba de los hechos.
En efecto, los jueces sentenciadores en sus fallos deben cumplir con los formalismos procesales, por cuanto les corresponde analizar en forma íntegra y darle pleno valor probatorio a todas y cada una de las pruebas promovidas por las partes, haciendo uso del principio de la comunidad de la prueba, en virtud del cual debe considerarse que la actividad de las partes no determina la conducta del juez en la formación de su convicción acerca del mérito de las pruebas por ellas promovidas, de forma que no puede considerarse que las mismas están destinadas a favorecer a cada una de las partes individualmente considerada; sino que, por el contrario, debe entenderse que una vez promovidas y evacuadas las pruebas se consideran adquiridas para el proceso.
Así que, según este principio, una vez incorporada la prueba en el proceso, deja de pertenecer a la parte que la ha producido, para transformarse en común, que es la denominada “comunidad de la prueba”; en virtud de ello, cada parte puede aprovecharse, indistintamente, de su prueba como de la producida por la contraparte, y a su vez, el juez puede utilizar las resultas probatorias aún para fines diferentes de aquellos que contemplan las partes que las producen, de modo que el juez puede valorarlas libremente, conforme a las reglas de la sana critica, aún en beneficio del adversario de aquella parte que ha producido la prueba (Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia Número 70, de fecha 24 de marzo de 2000, caso: Pedro Vicente Palacios).
De tal manera, con fundamento en lo expuesto y la valoración de los documentos cursantes a los autos, en criterio de este Órgano Jurisdiccional, no es cierto que la reestructuración administrativa por limitaciones financieras de la que ha sido objeto el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, parte de un falso supuesto de hecho, ya que resulta evidente, al menos para esta Corte Segunda, que el órgano supra referido venía atravesando graves problemas económicos, ahora que los mismo, devinieran o no de una mala administración por parte de sus autoridades, no es materia de discusión en el presente caso, pues aquí sólo corresponde analizar que la mencionada reestructuración haya cumplido con el procedimiento legalmente establecido en la Ley para su aplicación, por lo que debe este Órgano Jurisdiccional, desechar el pedimento formulado por el querellante. Así se decide.
F.- DE LA REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA:
Por último indicó el recurrente que los actos administrativos de remoción y retiro resultaban nulos en virtud de que la reestructuración administrativa no contó con la anuencia del Concejo Municipal, por tanto no se cumplió con los requisitos formales para su validez.
Por su parte, la representación del INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, sostuvo que su representada cumplió con el debido proceso para llevar a cabo la reestructuración administrativa en el mencionado organismo.
Siendo esto así, pasa esta Corte a revisar las normas que regulan la materia de la reducción de personal, las cuales están previstas en la Ley del Estatuto de la Función Pública (artículo 78) y en el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa (artículos 118 y 119), así dispone el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública lo siguiente:
“Artículo 78.- El retiro de la Administración Pública procederá en los siguientes casos:
(…omissis…)
5. Por reducción de personal debido a limitaciones financieras, cambios en la organización administrativa, razones técnicas o la supresión de una dirección, división o unidad administrativa del órgano o ente. La reducción de personal será autorizada por el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, por los consejos legislativos en los estados, o por los concejos municipales en los municipios (…)”.
Del artículo parcialmente reproducido, se observa que el proceso de reducción de personal, puede darse debido a i) limitaciones financieras, ii) cambios en la organización administrativa, iii) razones técnicas; sin embargo, no existe disposición legal alguna que prohíba fundamentar la reducción de personal en dos o más de las causales previstas legalmente, es decir, no existe legalmente límite alguno, salvo la enumeración anterior, de la indicación de razones que puedan alegarse de forma conjunta para fundamentar o dar lugar a la reducción de personal, en virtud de que las mismas no son excluyentes, por el contrario pudieran existir situaciones fácticas en las cuales, inclusive, una pudiera llegar a ser consecuencia de otra.
En el caso de autos, se observa del texto de los considerando del Decreto Nº 240 de fecha 5 de diciembre de 2006, que el proceso de reducción de personal llevado a cabo en el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, se fundamentó en “(…) la Emergencia Financiera en la cual se encuentra inmersa el Instituto de Crédito Popular (…)”.
En virtud de tales limitaciones financieras, el Instituto recurrido se vio en la necesidad de reducir el personal en ciertas área del mencionado organismo, Ahora bien, ante tal situación -reducción del personal-, el Instituto querellado, en aras de garantizar una efectiva prestación del servicio público que tiene como fin, tuvo que llevar a cabo, de forma ineludible, una reorganización administrativa del personal que era estrictamente necesario y que garantizaría de una forma eficaz el funcionamiento de la Institución y la realización última de su fin.
Así, vistas las argumentaciones expuestas en líneas anteriores por las partes intervinientes en el presente proceso, corresponde a este Órgano Jurisdiccional, determinar, si la Administración Pública, se adhirió al ordenamiento jurídico que establece de forma expresa el procedimiento legalmente establecido para llevar a cabo la medida de reducción de personal, debida a cambios en la organización.
De tal manera, resulta necesario realizar la transcripción de los artículos 118 y 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, los cuales disponen:
“Artículo 118.- La solicitud de reducción de personal será acompañada de un informe que justifique la medida y de la opinión de la Oficina Técnica competente, en caso de que la causal invocada así lo exija”.
“Artículo 119.- Las solicitudes de reducción de personal debida a modificación de los servicios o cambios en la organización administrativa, se remitirán al Consejo de Ministros por lo menos, con un mes de anticipación a la fecha prevista para la reducción, con un resumen del expediente del funcionario. En el caso de los institutos autónomos se remitirán por órgano del Ministro de adscripción”.
De lo anterior se desprende que los órganos de la Administración Pública, sea esta Nacional, Estadal o Municipal, se requiere el cumplimientos de varias condiciones que comprende lo siguiente: i).- Solicitud de la medida de reducción de personal; ii).- Elaboración de un “Informe Técnico”, que justifique la medida; iii).- La aprobación de la referida solicitud de reducción de personal por parte del Consejo de Ministros a nivel Nacional, por el Consejo Legislativo a nivel Estadal y por el Concejo Municipal a nivel del Municipio; iv).- La opinión de la Oficia Técnica del referido Informe; y v).- Un resumen del expediente de los funcionarios que se verán afectados por la medida de reducción de personal.
En tal sentido, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a través de su jurisprudencia ha interpretado y desarrollado el proceso de reestructuración administrativa y ha permitido la mejor comprensión de este proceso complejo, que ha sido regulado a través de la derogada Ley de Carrera Administrativa, actual Ley del Estatuto de la Función Pública y el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, así mediante la Sentencia N° 2006-881 de fecha 5 de abril de 2006, caso: JUAN ALBERTO RODRÍGUEZ SALMERÓN Vs. el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO, ratificada, según sentencia N° 2007-0977, de fecha 13 de junio de 2007, caso: EMELYS MUÑOZ VS. ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, la referida Corte, ha sostenido que “(…) en los procedimientos de reducción de personal que pretenda llevar a cabo la Administración Pública (Nacional, Estadal o Municipal) se deben cumplir con las normas establecidas al efecto por el marco legal preestablecido para ello, y que conllevan a la realización de ciertos actos tales como la elaboración de informes que justifiquen la medida, opinión de la Oficina Técnica correspondiente, presentación de la solicitud de reducción de personal y su respectiva aprobación, listado de los funcionarios afectados por la medida, remoción y por último el acto de retiro”.
Ello así, cabe resaltar, que la solicitud de reducción de personal por reorganización administrativa debe ser realizada en principio por el órgano de la estructura que tenga atribuida la competencia de nombrar y remover al personal, y debe ser remitida, el caso de autos al Concejo Municipal, junto con el “Informe Técnico”, y un resumen del expediente de los funcionarios afectados por la medida, con un plazo anticipado mayor de un mes de conformidad con el artículo 119 del referido reglamento.
Una vez presentada dicha propuesta al Concejo Municipal para su debida autorización, la validez del “Informe Técnico” como justificativo de la medida de reducción de personal está condicionada a la aprobación del mencionado Consejo y otorgue la anuencia a la movilización del personal, tal circunstancia se justifica por el hecho de que el estudio realizado por la Comisión tiene por finalidad proporcionar una opinión técnica sobre la viabilidad y oportunidad de la reorganización administrativa y su consecuente ejecución lo cual en algunos casos traería consigo una medida de reducción de personal.
Partiendo de lo anterior, esta Corte evidenció que: i) a los folios 15 al 19 del expediente judicial, corre inserto el Decreto Nº 240, publicado en la Gaceta Municipal Nº 2826-1, de fecha 5 de diciembre de 2006, mediante el cual el Alcalde del Municipio Libertador del Distrito Capital, ordenó la reestructuración administrativa del Instituto Municipal de Crédito Popular del Municipio Libertador del Distrito Capital; ii) a los folios 108 al 129 del expediente judicial, cursa inserto el Informe Técnico presentado por la Junta Interventora; iii) a los folios 137 al 138 cursa inserta la opinión favorable que diera la Oficina Técnica; iv) a los folios 133 y 134, corre inserto el listado de los funcionarios afectados por la medida, con la identificación del cargo que ostentaban y la unidad administrativa a la que pertenecían; v) a los folios 143 al 144, se encuentra inserto el resumen del expediente del ciudadano Ricardo Antonio Galarraga Blanco; vi) al folio 131, corre inserta la “Moción de Urgencia” signada con el Nº II, en la cual se solicitó al Concejo Municipal la aprobación de la medida de reducción de personal, a los fines de que sea decretada por el Alcalde del Municipio Libertador; vii) Al folio 134 cursa inserto el Oficio Nº 6986-06, de fecha 24 de noviembre de 2006, suscrito por el Secretario Municipal, en el cual se dijo textualmente “El Concejo Municipal el día 23.11.2006 (sic), previa consideración del contenido de una Moción de Urgencia signada con el No. II, presentada por el concejal FRANCISCO AVILÉ, presidente del Concejo del Municipio Bolivariana Libertador, relacionado con la situación crítica que atraviesa ese Instituto (…), se aprobó autorizar al ciudadano Alcalde (…) decrete la reducción de personal por la causas financieras (…)”.
Ahora bien, evidencia esta Corte Segunda que a los autos del presente expediente no corre inserta la autorización dada por el Concejo Municipal al Alcalde del Municipio Libertador para decretar la medida de reducción de personal del Instituto Municipal de Crédito Popular del Municipio Libertador del Distrito Capital, y la cual, según los documentos supra mencionados, se aprobó en sesión celebrada el 23 de noviembre de 2006, siendo ello así, observa esta Corte por hecho notorio judicial, el cual “(…) se deriva la certeza que tiene el juez por haber actuado en un proceso, que le produce un nivel de conciencia y certeza moral que lo vincula. Y por tanto el hecho notorio judicial no tan solo no requiere ser probado, sino que constituye una obligación para el juez, saberlo y producir su decisión tomando en cuenta esos hechos (…)”. (Vid. sentencia Nº 1100, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 16 de mayo de 2000, caso: Productos Industriales Venezolanos, S.A. -PIVENSA-), que este Órgano Jurisdiccional, mediante decisión Nº 2010-486, de fecha 15 de abril de 2010, caso: FÉLIX ENRIQUE MARCANO GARCÍA VS. INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, se solicitó dicha aprobación, la cual corre inserte en ese expediente, según la referida decisión, a los folios 178 al 183, y en la que se evidenciaba la moción de urgencia mediante la cual se solicitó al Presidente del Concejo Municipal, autorizar al Alcalde para decretar la reducción de personal por limitaciones financieras.
En razón de lo todo lo expuesto, a juicio de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en el caso de marras, se cumplió a cabalidad con el procedimiento de reestructuración administrativa, que conllevó a la posterior reducción de personal, conforme a las disposiciones normativas contenidas en los artículos 118 y 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional, debe desechar el petitum presentado por el querellante. Así se declara.
Vistas las consideraciones precedentemente expuesta en el presente fallo, resulta forzoso para esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declarar SIN LUGAR recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el abogado FRANCISCO SANDOVAL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 42.442, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano RICARDO ANTONIO GALARRAGA BLANCO, titular de la cédula de identidad Nº 6.396.414, contra EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL.
VII
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta el 16 de enero de 2008, por el abogado EDGAR JOSÉ PERDOMO DELGADO, inscrito en el Instituto de Previsión Social Nº 68.985, actuando con el carácter de apoderado judicial del Instituto recurrido, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 10 de enero de 2008, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos, incoado por el abogado FRANCISCO SANDOVAL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 42.442, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano RICARDO ANTONIO GALARRAGA BLANCO, contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL.
2.-CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial del órgano recurrido.
3.- REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 10 de enero de 2008.
4.- Conociendo del fondo del asunto, SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los tres (3) días del mes de junio de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

El Presidente,


EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

El Vicepresidente,


ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
Ponente

El Juez,


ALEJANDRO SOTO VILLASMIL



La Secretaria,


MARÍA EUGENIA MÁRQUEZ TORRES

AJCD/15
Exp. Nº AP42-R-2008-000334

En la misma fecha __________ ( ) de _________ de dos mil diez (2010), siendo la (s) ____________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº 2010- _______.

La Secretaria,
JUEZ PONENTE: ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
EXPEDIENTE N°: AP42-R-2008-000334

En fecha 20 de febrero de 2008, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 08-0176, de fecha 1º de febrero de 2008, emanado del Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el abogado FRANCISCO SANDOVAL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 42.442, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano RICARDO ANTONIO GALARRAGA BLANCO, titular de la cédula de identidad Nº 6.396.414, contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL.
Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación interpuesta el 16 de enero de 2008, por el abogado EDGAR JOSÉ PERDOMO DELGADO, inscrito en el Instituto de Previsión Social Nº 68.985, actuando con el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado, en fecha 10 de enero de 2008, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado.
El 27 de febrero de 2008, se dio cuenta a la Corte, se designó ponente al Juez ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, y se dio inicio a la relación de la causa cuya duración sería de quince (15) días de despacho, dentro de los cuales la parte apelante debía presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamentaba la apelación interpuesta.
En fecha 26 de marzo de 2008, el apoderado judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, presentó escrito de fundamentación a la apelación.
El 16 de abril de 2008, el representante judicial del querellante, consignó escrito de contestación a la fundamentación de la apelación.
En fecha 17 de abril de 2008, se dio inicio al lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas, el cual venció el 23 de abril de 2008, sin actividad de las partes.
El 30 de abril de 2008, vencido como se encontraba el lapso probatorio, esta Corte Segunda fijó para el día 30 de octubre de 2008, la oportunidad para la celebración del acto de informes en forma oral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, aparte 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha 30 de octubre de 2008, siendo la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto de informes en forma oral, este Órgano Jurisdiccional dejó expresa constancia de la comparecencia sólo de la representación judicial de la parte querellante.
El 30 de octubre de 2008, el apoderado judicial del recurrente consignó en veintidós (22) folios útiles copias simples de dos (2) sentencias dictadas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
En fecha 31 de octubre de 2008, se dijo “Vistos”.
El 3 de noviembre de 2008, se pasó el expediente al Juez ponente.
En fecha 3 de agosto de 2009, el apoderado judicial del recurrente, solicitó se dictara sentencia en el presente fallo.
El 13 de agosto de 2009, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia signada con el Nº 20-1471, de esa misma fecha, mediante la cual solicitó información al querellante.
En fecha 16 de septiembre de 2009, el representante judicial del accionante, consignó en autos, en copia certificada los recaudos solicitados por este Órgano Jurisdiccional en fecha 13 de agosto de 2009.
El 11 de marzo de 2010, el abogado FRANCISCO SANDOVAL, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano RICARDO ANTONIO GALARRAGA BLANCO, solicitó se dictara sentencia en la presente causa.
En fecha 18 de marzo de 2010, vista la sentencia dictada por el esta Corte el 13 de agosto de 2009, y siendo que la parte recurrente, mediante diligencia de fecha 16 de septiembre de 2009, se dio por notificado y consignó la información requerida, se ordenó notificar sólo a la parte recurrida.
En esa misma fecha, se libró la notificación al INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL y al Síndico Procurador del referido Municipio.
El 12 de abril de 2010, el Alguacil de esta Corte Segunda, consignó en los autos las notificaciones dirigidas al Presidente del INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL y al Síndico Procurador del Municipio Libertado del Distrito Capital, debidamente verificadas el 6 de abril del mismo año.
En fecha 3 de mayo de 2010, visto que las partes se encuentran debidamente notificadas de la decisión dictada por esta Corte el 13 de agosto de 2009, se ordeno pasar el expediente al Juez ponente.
El 10 de mayo de 2010, se pasó el presente expediente al Juez ponente.
Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
En fecha 10 de abril de 2007, el abogado FRANCISCO SANDOVAL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 42.442, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano RICARDO ANTONIO GALARRAGA BLANCO, titular de la cédula de identidad Nº 6.396.414, presentó ante el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital (en funciones de distribuidor), recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos, contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL.
El 24 de mayo de 2007, el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dictó decisión mediante la cual ADMITIÓ el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, y declaró PROCEDENTE la acción de amparo cautelar.
En fecha 9 de julio de 2007, el abogado EDGAR JOSÉ PERDOMO DELGADO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 68.985, actuando con el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, consignó escrito de contestación al recurso contencioso administrativo funcional interpuesto.
El 10 de enero de 2008, el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dictó decisión mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial.
En fecha 16 de enero de 2008, la representación judicial del INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, apeló de la decisión emanada del Juzgado Superior supra referido.
El 1º de febrero de 2008, el mencionado Juzgado oyó el recurso de apelación interpuesto en ambos efectos, en consecuencia, ordenó remitir el expediente a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, mediante oficio Nº 08-0179, de esa misma fecha.
II
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL INTERPUESTO CONJUNTAMENTE CON ACCIÓN DE AMPARO CAUTELAR Y SUBSIDIARIAMENTE CON MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS
En fecha 10 de abril de 2007, el abogado FRANCISCO SANDOVAL, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano RICARDO ANTONIO GALARRAGA BLANCO, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial incoado conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos, contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, con base en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Arguyó, que era funcionario público de carrera desde su ingreso al Instituto Municipal de Crédito Popular del Municipio Libertador del Distrito Capital, el 14 de julio de 1993, siendo su último cargo desempeñado el de Analista Contable V, en la Gerencia de Contabilidad, Planificación y Presupuesto, por tanto gozaba de estabilidad funcionarial absoluta, conforme a lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Manifestó, que además de la condición de funcionario público de carrera, lo cual, a su decir ya lo amparaba de estabilidad absoluta, también fue electo como Secretario de Finanzas del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Instituto Municipal de Crédito Popular del Municipio Libertador del Distrito Capital, en los comicios del 8 de agosto de 2005, ratificado por el Consejo Nacional Electoral, e igualmente fue electo el 27 de noviembre de 2006, como representante de los Trabajadores ante la Junta Directiva del Instituto recurrido.
Alegó, que fue removido mediante acto administrativo de fecha 15 de diciembre de 2006, debido a las limitaciones financieras que atravesaba el Instituto Municipal de Crédito Popular del Municipio Libertador del Distrito Capital, según el Decreto Nº 240, del 5 de diciembre de 2006, colocándosele en situación de disponibilidad, siendo posteriormente, notificado de su retiro mediante acto administrativo de fecha 22 de febrero de 2006, por resultar infructuosas las gestiones reubicatorias.
Destacó, que “El SUNEP-IMCP convino, con el IMCP (sic) en Acta Convenio de fecha 29 de julio del 2002, (homologada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador en el Distrito Capital el 18 de agosto de 2003), una cláusula llamada ‘DE CONTINGENCIA ANTE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, REDIMENSIÓN Y REESTRUCTURACIÓN” (Nº26) acuerda que cualquier proceso de reestructuración, reorganización o redimensión que realice el IMCP (sic) debe ser concertado y su implementación debe ser de mutuo acuerdo con el sindicato SUNEP-IMCP”. (Mayúsculas del querellante).
Agregó, que “(…) el IMCP ha hecho un retiro masivo de empleados, equiparable a lo que en derecho laboral se conoce como despido masivo sin haber cumplido con el debido proceso que el mismo se estableció en el acta convenio arriba cita. Ha Violado (sic) al mismo tiempo un derecho adquirido progresivo e irrenunciable de los trabajadores del IMCP como es el derecho a sus (sic) estabilidad absoluta, que solo (sic) puede ser obviada por medio de un formal proceso de reestructuración, que según se evidencia no se ha cumplido que contempla el cumplimiento de la cláusula enunciada”. (Mayúsculas del original).
Insistió, que poseía estabilidad absoluta, no sólo por ser funcionario público de carrera, sino también porque era directivo del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Instituto Municipal de Crédito Popular del Municipio Libertador del Distrito Capital, y para el momento de su remoción se estaba discutiendo la Contratación Colectiva, en consecuencia, los actos administrativos de remoción y retiro, se encontraban viciados de nulidad por contrariar los artículos 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 34, 520 y 618 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Indicó, que la reestructuración administrativa partió de un falso supuesto, pues en el Instituto Municipal de Crédito Popular del Municipio Libertador del Distrito Capital, las limitaciones financieras no se debían al exceso de personal, alegado y sustentado en el Informe Técnico, sino que se correspondió a la mala administración en que se incurrió, y prueba de ello lo era el hecho que “(…) muchos de los trabajadores removidos se le ha buscado sustitutos (…)”.
Esgrimió, que el Decreto de reducción de personal, resultaba nulo por cuanto, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la reducción de personal debía ser aprobada por la Concejo Municipal, lo cual no ocurrió, por tanto no se cumplió con los requisitos formales para su validez.
Arguyó, que el acto administrativo mediante el cual se le retira de la Administración, lesionó sus derechos a la libertad sindical, y progresividad de los derechos laborales, contenidos en los artículos 95 y 89, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Infirió, que la “(…) acción de amparo cautelar debe ser admitida por cuanto se encuentran completamente cubiertos los requisitos de admisibilidad (…). A saber: No se ha producido ningún acto administrativo que restablezca los derechos violados, ni siquiera existe un procedimiento administrativo o expediente alguno que lo contenga (…). No se ha amenazado con violar los derechos sindicales, de contratación colectiva y de participación popular, se les han violado flagrantemente y de manera directa (…). La suspensión de mi retiro o por lo menos de sus efectos para la representación de los trabajadores ante la Junta Directiva del IMCP (sic) y para la discusión de contrato colectivo, será suficiente para reparar el daño constitucional infringido en mi y contra de mis representados, producida esta violación por el retiro irrito manifiestamente inconstitucional (…)”.
Sostuvo, que “Se encuentra presente el fumus boni iuris, lo alegado y presentado contiene un buen derecho como se e