En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar e INADMISIBLE la Querella Funcionarial solicitada por la ciudadana OMAIRA MORON CARMONA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad No. V-6.352.901, a través de su apoderada judicial María Beatriz Martínez Riera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 50.370, contra el Acto Administrativo emanado de la Gobernación del Estado Portuguesa, y así se decide.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar e INADMISIBLE la Querella Funcionarial solicitada por el ciudadano Pedro José Jiménez Ávila, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nro. V-8.050.915, a través de su apoderada judicial María Beatriz Martínez Riera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 50.370, contra el Acto Administrativo emanado de la Gobernación del Estado Portuguesa, y así se decide

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar e INADMISIBLE la Querella Funcionarial solicitada por el ciudadano WILMER JOSE VARGAS AZUAJE, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad No. V-12.236.927, a través de su apoderada judicial María Beatriz Martínez Riera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 50.370, contra el Acto Administrativo emanado de la Gobernación del Estado Portuguesa, y así se decide

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar e INADMISIBLE la Querella Funcionarial solicitada por el ciudadano Juan María Rángel González, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nro. V-9.405.740, a través de su apoderada judicial María Beatriz Martínez Riera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 50.370, contra el Acto Administrativo emanado de la Gobernación del Estado Portuguesa, y así se decide.

Por los razonamientos expuestos, se acuerda imponer al ciudadano YILMER GIMENEZ CAURO, CÉDULA DE IDENTIDAD Nº 17.943.893, titular de la Cédula de Identidad N° 13.269.315, la medida cautelar sustitutiva contenida en el Artículo 256 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la Detención en su propio domicilio, como quedó anteriormente establecido. Las partes quedaron notificadas en audiencia. Se ordena la publicación.

/Este Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, resuelve: PRIMERO: Se declara con lugar proseguir la presente causa penal por la vía del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 280 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: se declara con lugar la aprehensión en flagrancia, ello de conformidad con el artículo 248 del Código orgánico Procesal Penal. TERCERO: Impone al imputado RAFAEL RAMON BARCO, venezolano, mayor de edad, soltero, profesión u oficio costurero y albañil, indocumentado y domiciliado en Barrio Unión, carrera 4 entre 9 y 10, casa de color azul, al lado de la quebrada, Barquisimeto, estado Lara, teléfono 0414-5093539, una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, conforme a lo establecido en el artículo 256 numeral 1 del Código orgánico Procesal Penal, es decir, Detención Domiciliaria. Y Así Se Decid.....

Se declaró con lugar la solicitud de rectificaciones en el sentido de que se asiente correctamente en el acta de nacimiento de la solicitante su nombre como "NORYS MARGARITA", el nombre de su padre como "JUAN POLUCENA BARCO" y el nombre de su madre como "DOMINGA RAMONA RIERA", quedando sin efecto "NORIS", "JUAN BARRIOS", "RAMONA RIERA". En el Acta de Matrimonio de sus padres, el segundo nombre del padre de la solicitante como "POLUCENA", quedando sin efecto "NEPONUCENO"; y en el Acta de Defunción de su padre, el nombre de la solicitante como "NORYS MARGARITA", quedando sin efecto "NORIS" y el nombre de su madre como "DOMINGA RAMONA", quedando sin efecto "RAMONA DOMINGA".

Así las cosas y tejidos los razonamientos precedentes, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara: 1.- SIN LUGAR, la demanda que por cobro de beneficios laborales, incoaran los ciudadanos JOSÉ INOCENCIO PARRA RODRIGUEZ, PEDRO RAMON PARRA RODRIGUEZ y GISELA MARIA PARRA SAMPAYO contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SIMÓN PLANAS.- Así se decide.- 2.- No hay condenatoria en costas, conforme a lo establecido por el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL contraído por los ciudadanos entre los ciudadanos JELIS EMMANUEL ALVARADO YÁNEZ Y CAROLINA BELÉN OROPEZA VERDE, por ante la Jefatura Civil de la Parroquia Santa Rosa, Municipio Iribarren del Estado Lara, anotado bajo el N° 30, folio 45 vto., de fecha 15 de Febrero del año 2002, del Libro de Registro Civil de Matrimonios llevado por ese Despacho; asimismo se DECLARA DISUELTA LA COMUNIDAD DE GANANCIALES existente entre las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Código Civil.

UNICO: Cumplidos los requisitos del Artículo 185-A del Código Civil, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara DISUELTO el vínculo conyugal que contrajeran los ciudadanos JESUS ALCIDES MARTINEZ ALCALA Y MARISELA JOVITO DE MARTINEZ, ya identificados, por ante el Jefe Civil de la Parroquia Santa Rosalía (del extinto Departamento Libertador del Distrito Federal), en fecha 09 de Octubre de 1979. De dicha unión matrimonial procrearon dos hijos de nombres YURMARI LIZBETH Y JESUS ANTONIO ambos mayores de edad. Ofíciese a la Parroquia Santa Rosalía (del extinto Departamento Libertador del Distrito Federal), hoy estado Miranda y al Registro Principal del Estado Miranda. La presente sentencia queda firme en su misma fecha.