Es importante observar, que el vicio denunciado contra la providencia administrativa es el falso supuesto y el silencio de prueba, lo cual requiere el análisis de las probanzas; por lo que pronunciarse en vía cautelar sobre tales señalamientos equivale a prejuzgar sobre la decisión definitiva, no siendo evidente en autos la apariencia del buen derecho invocado, por lo que no se encuentran cubiertos los extremos previstos en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Igualmente, de los recibos de pago señalados, se evidencia el pago anual de la bonificación de fin de año, a excepción de la fracción del último año, del cual no se demostró su pago en autos. Tampoco se verificó el pago de las vacaciones y bono vacacional de cada año, no se pagaron sus prestaciones sociales, ni se observa el cumplimiento de la indemnización por despido injustificado, carga que tenía el empleador según lo dispuesto en el Artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así las cosas, es evidente las deudas a favor de la trabajadora, correspondientes a los beneficios generados por la prestación de servicio de carácter laboral, por lo que se ordena a la demandada a pagar los siguientes conceptos [...]

Visto lo anterior, se desprende del presente asunto, que aunado al hecho de no cumplirse el procedimiento de multa, a los fines de agotar la vía administrativa; la pretensión de amparo constitucional se interpuso bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT), por lo que debe aplicarse el procedimiento previsto en dicho cuerpo normativo para la ejecución de las providencias administrativas, lo cual tampoco se evidencia en autos se haya efectuado. En consecuencia y visto que no se evidencia el agotamiento de la vía administrativa, requisito indispensable para acudir a la ejecución de la providencia administrativa por vía jurisdiccional, debiendo consumarse todos los poderes otorgados al Inspector del Trabajo para el cumplimiento de sus propias decisiones; resulta forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se decide.