Así las cosas, quien Juzga debe decidir con base a lo alegado y probado en autos, no supliendo las defensa de las partes en juicio, como lo establece el Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se evidencia que el actor no cumplió con los requisitos exigidos en la norma legal (Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales). Igualmente, no constan pruebas directas de violación del Texto Fundamental, ni situaciones relacionadas con el orden público y las buenas costumbres, por lo que se declara improcedente la solicitud de amparo cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado. Así se decide.

Es importante señalar que la parte demandante no alegó, ni demostró la concurrencia de los requisitos previstos en la norma mencionada, siendo vaga e imprecisa la solicitud efectuada en el escrito libelar. Ahora bien, quien Juzga debe decidir con base a lo alegado y probado en autos, no supliendo las defensa de las partes en juicio, como lo establece el Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se evidencia que el actor no cumplió lo dispuesto en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA), negándose la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares ya identificado.

En consecuencia, este Juzgado ante la existencia de una cuestión prejudicial, que necesita su resolución para la continuación del presente juicio, a pesar del impulso de la parte actora lo cual no es determinante para suspender o no la causa, siendo necesario no su tramitación sino la determinación del porcentaje de discapacidad definitivo; ordena la suspensión de la causa hasta que conste en autos dicha información emitida por la junta evaluadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de conformidad con el Artículo 355 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.