Por las razones de hecho y de derecho precedentemente valoradas, se declara con lugar la presente querella y en tal sentido se ordena al Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: 1- Se le cancele al ciudadano: Néstor Melquíades Escalona R., en su carácter de funcionario público de elección popular, integrante de la Junta Parroquial de San Joaquín del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: el bono vacacional, el bono de fin de año consagrados en artículo 2 de la la Ley Orgánica de Emolumentos para los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, a partir del 26 de marzo de 2002 y el pago de las prestaciones sociales desde el año 2000, recogido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, cuyos montos se determinarán mediante experticia complementaria del fallo.

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente valoradas, se declara con lugar la presente querella y en tal sentido se ordena al Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: 1- Se le cancele al ciudadano: Ángel José Serra, en su carácter de funcionario público de elección popular, integrante para el lapso 2001-2005, del Concejo del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: el bono vacacional, el bono de fin de año consagrados en artículo 2 de la la Ley Orgánica de Emolumentos para los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, a partir del 26 de marzo de 2002 y el pago de las prestaciones sociales desde el año 2000, recogido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, cuyos montos se determinarán mediante experticia complementaria del fallo.

De conformidad con lo dispuesto en la parte inicial del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se acuerdo remitir el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente valoradas, se declara con lugar la presente querella y en tal sentido se ordena al Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: 1- Se le cancele al ciudadano: Lorenzo Ramírez, en su carácter de funcionario público de elección popular, integrante para el lapso 2001-2005, del Concejo del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: el bono vacacional, el bono de fin de año consagrados en artículo 2 de la la Ley Orgánica de Emolumentos para los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, a partir del 26 de marzo de 2002 y el pago de las prestaciones sociales desde el año 2000, recogido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, cuyos montos se determinarán mediante experticia complementaria del fallo.

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente valoradas, se declara con lugar la presente querella y en tal sentido se ordena al Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: 1- Se le cancele al ciudadano: Emilio José Lizarraga, en su carácter de funcionario público de elección popular, integrante de la Junta Parroquial de San Joaquín del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: el bono vacacional, el bono de fin de año consagrados en artículo 2 de la la Ley Orgánica de Emolumentos para los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, a partir del 26 de marzo de 2002 y el pago de las prestaciones sociales desde el año 2000, recogido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, cuyos montos se determinarán mediante experticia complementaria del fallo.

De conformidad con lo dispuesto en la parte inicial del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se acuerdo remitir el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo

De conformidad con lo dispuesto en la parte inicial del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se acuerdo remitir el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente valoradas, se declara CON LUGAR la presente querella y en tal sentido se ordena al Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: 1- Se le cancele al ciudadano: Jesús Alberto Pulido, en su carácter de funcionario público de elección popular, integrante para el lapso 2001-2005, del Concejo del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: el bono vacacional, el bono de fin de año consagrados en artículo 2 de la la Ley Orgánica de Emolumentos para los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, a partir del 26 de marzo de 2002 y el pago de las prestaciones sociales desde el año 2000, recogido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, cuyos montos se determinarán mediante experticia complementaria del fallo.

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente valoradas, se declara CON LUGAR la presente querella y en tal sentido se ordena al Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: 1- Se le cancele al ciudadano: José Yépez, en su carácter de funcionario público de elección popular, integrante de la Junta Parroquial de San Joaquín del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: el bono vacacional, el bono de fin de año consagrados en artículo 2 de la la Ley Orgánica de Emolumentos para los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, a partir del 26 de marzo de 2002 y el pago de las prestaciones sociales desde el año 2000, recogido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, cuyos montos se determinarán mediante experticia complementaria del fallo.

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente valoradas, se declara con lugar la presente querella y en tal sentido se ordena al Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: 1- Se le cancele al ciudadano: Pedro Matos, en su carácter de funcionario público de elección popular, integrante para el lapso 2001-2005, del Concejo del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo: el bono vacacional, el bono de fin de año consagrados en artículo 2 de la la Ley Orgánica de Emolumentos para los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, a partir del 26 de marzo de 2002 y el pago de las prestaciones sociales desde el año 2000, recogido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, cuyos montos se determinarán mediante experticia complementaria del fallo.