declara INADMISIBLE la presente demanda, por ser contraria a disposiciones expresas de la Ley, contenidas en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.

APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA EL MAIZAL, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 25-02-1983, bajo el Nº 46, Tomo 1-B, la cual está representada por sus Directores MANUEL GONZÀLEZ CONCEPCIÒN y ORLANDO JOSÈ ALVARADO POLANCO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-2.988.579 y V-3.316.370 respectivamente, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno, sea un ente público o privado, conforme al Acuerdo del Primero (01) de Abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.

APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de ARIANIS JOSÈ MUJICA LÒPEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-18.525.526, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno, sea un ente público o privado, conforme al Acuerdo del Primero (01) de Abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa. Devuélvanse las actuaciones a la parte interesada, déjese copia del presente decreto y tómese nota en el Libro Diario llevado en el Tribunal.

APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de CESAR ESCOBAR RIVERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-10.437.091, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno, sea un ente público o privado, conforme al Acuerdo del Primero (01) de Abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.