este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en artículos 315 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, HOMOLOGA el acuerdo suscrito por los ciudadanos ADRIAN JOSÉ ANGULO RODRIGUEZ y JUANA RAFAELA SUAREZ MARTINEZ, y ordena que se tenga como una Sentencia Firme, haciendo saber a las partes que dicho acuerdo puede ser modificado posteriormente según las necesidades de la beneficiaria. Expídanse las copias certificadas que las partes soliciten.

este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, HOMOLOGA el acuerdo suscrito por los ciudadanos DUDELMARY ALEJANDRA VELIZ y HECTOR ROMAN QUERO, y ordena que se tenga como una Sentencia Firme, haciendo saber a las partes que dicho acuerdo puede ser modificado posteriormente según las necesidades de las beneficiarias. Expídanse las copias certificadas que las partes soliciten.

este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en artículos 315 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, HOMOLOGA el acuerdo suscrito por los ciudadanos JOSE LUIS DURAN GOYO y ESTELA DEL CARMEN PEROZO MORAN, y ordena que se tenga como una Sentencia Firme, haciendo saber a las partes que dicho acuerdo puede ser modificado posteriormente según las necesidades de las beneficiarias. Expídanse las copias certificadas que las partes soliciten.

este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 315 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, HOMOLOGA el convenimiento suscrito por las ciudadanos YLDEGAR RAMON MENDOZA Y ANA MARIA GIMENEZ CORTEZ, plenamente identificados, en los términos ya expresados. Téngase el presente auto como una Sentencia Firme. Expídanse las copias certificadas que las partes soliciten.

este Juzgado Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 217 y 232 del Código Civil, le imparte su homologación. Téngase el mismo como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada. Ofíciese a la Jefatura Civil de la Parroquia Bolívar, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, para que proceda a insertar el presente auto homologatorio en el Libro de Nacimientos del corriente año, de tal manera que haga las veces de Acta de Nacimiento del ciudadano WILFREDO ANTONIO CRESPO, nacido en fecha 23 de Abril de 1988, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, hijo de PASTORA DEL CARMEN CRESPO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.7.369.897.

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial intentada por la ciudadana DILCIA TERESA CAMACHO contra el INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO PORTUGUESA. SEGUNDO: Se ordena el pago al querellante por los conceptos reclamados, los cuales deberán ser calculados mediante una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de procedimiento Civil, mas la información que pueda suministrar el INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO PORTUGUESA. TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

Dispone el articulo 232 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que una vez fijada la relación sustancial controvertida, las partes podrán promover pruebas, este lapso probatorio se refiere a las pruebas anticipadas que reciben tal nombre puesto que se refieren a medios probatorios que se evacuan en forma anticipada a la audiencia oral o probatoria. En el procedimiento ordinario agrario al igual que el juicio oral previsto el Código de Procedimiento Civil se establece una limitación probatoria, para el actor en su demanda deberá promover los testimonios y las pruebas documentales y para el demandado en la contestación de igual forma. La sanción procesal es que al ser promovido fuera de las oportunidades acotadas es la INADMISIÓN salvo el caso de los documentos públicos que hubiesen sido citados en los referidos actos procesales (libelo y contestación). Promovió la parte actora, las testimoniales y documentales las cuales se encuentran dentro de la previsión expresada, en co.....

CON LUGAR LA INHIBICION planteada por el Abg. Jorge Querales, en su condición de Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, fundamentada en el numeral 4 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, en la Causa Principal N° KP01-P-2007-001307.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior declara INADMISIBLE la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano DAVID RIVAS ESCOBAR , contra la GOBERNACION DEL ESTADO PORTUGUESA, por haber operado la caducidad conforme a lo previsto en el Artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y así se decide Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. El Juez Titular. Dr. Freddy Duque Ramírez La Secretaria, Abg. Sarah Franco Castellanos FDR/ybc.

Y es sobre tal criterio, acogido por este Juzgado y en concordancia con lo tipificado en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica que este Tribunal declara INADMISIBLE in limine litis la presente Demanda por caducidad de la Acción de Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales, interpuesta por el ciudadano LUIS ORLANDO PARRA SERRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 2.728.145, a través de su apoderada judicial, abogada MARIA BEATRIZ NARTINEZ RIERA. Así de declara, Administrando Justicia, en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley.