En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por el ciudadano PEDRO RAFAEL FIGUEROA, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad Nº 2.382.589, de este domicilio., asistido por los abogados MARIA ELISA CASTILLO y ANTONIO FIGUERIA, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 92.244 y 90.008, respectivamente, en el juicio incoado por dicho ciudadano por Recurso de Nulidad.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el Amparo Cautelar solicitado por la empresa COMERCISLIZADORA VENEZOLANA DE ELECTRODOMESTICOS, C.A (COVELCA), inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 27 de Agosto de 1998, bajo el Nro. 16, Tomo 36-A., a través de su apoderado judicial MAGDIEL CAMACARO, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 47.543, por NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO EMANADO DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA

CON LUGAR la acción de DIVORCIO intentada por la ciudadana LISBETH BEATRIZ ALVAREZ JIMENEZ, en contra del ciudadano ALBERTO JOSE GARCIA ALVAREZ. En consecuencia queda DISUELTO EL MATRIMONIO que existía entre estos dos ciudadanos, el cual consta de acta que riela bajo el Nro. 29, folio 77 Fte, del libro de matrimonios llevados por ante la Jefatura Civil de la Parroquia El Cují del Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 05 de marzo de 199

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la medida cautelar innominada solicitada por los ciudadanos ELEAZAR JOSE GONZALEZ BRICEÑO, LUIS ERNESTO GONZALEZMILIANI, CESAR AUGUSTO MATHEUS BRICEÑO, LUIS ALBERTO RIVERO VILORIA, JOSE ROGELIO TORRES JEREZ y ALFREDO DE JESUS ESPINOZA AGUAIDA, venezolano, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 1.397.884, 2.629.463, 2.686.232, 2.615.653, 2.617.807 y 3.271.885, respectivamente, a través de su apoderado judicial RAUL ARTURO GIMENEZ CARRERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 13.567.130, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 84.426, por Recurso de Nulidad contra el acto administrativo emanado del Consejo Legislativo del Estado Trujillo.

De conformidad con los numerales 4 y 5 del artículo 331: SE ORDENA ABRIR EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO Y SE EMPLAZA A LAS PARTES para que, en el plazo común de cinco (05) días, una vez publicado el presente auto, concurran ante el Juez de Juicio que ha de conocer la presente causa. Se deja constancia que las partes quedaron debidamente notificadas de la determinación judicial proferida en la audiencia preliminar. Se ordena remitir en su debida oportunidad las actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos a los fines que sea distribuido entre los Jueces del Tribunal de Juicio. Regístrese y Publíquese. Cúmplase.

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de nulidad intentado por el ciudadano GERARDO BARRIOS, ya identificado, en contra del acto administrativo, emanado de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, en consecuencia se mantiene firme en todos los efectos jurídicos, la providencia administrativa Nº 92 de fecha 21/11/1990. SEGUNDO: No se condena en costas en razón del principio constitucional de igualdad de las partes ya que si la administración no puede ser condenada mal podría condenarse al particular.

En virtud de lo expuesto anteriormente, este Juzgado, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el presente recurso intentado por el SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO LARA (SITRASEEL), a través de su apoderado judicial, abogado MANUEL BORREGO BOSCAN, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 60.968, de conformidad con lo previsto en el numeral 5° Artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Notifíquese a la parte recurrente de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil

En merito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR el Amparo Cautelar incoado por la Empresa Mercantil Unidad Regional Acarigua Plásticos C.A. (URAPLAST) y en consecuencia se ordena la Suspensión de los Efectos del Acta de Fecha 03 de Mayo del año en curso específicamente en su Punto Tercero del Expediente 001-2006-05-00016, emanada de la Inspectoría del Trabajo de Acarigua del Estado Portuguesa hasta tanto se tenga una Sentencia definitiva. En razón de la tutela judicial efectiva y a los fines de garantizar el derecho de la otra parte gozar del beneficio a percibir el bono de alimentación como parte de sus jornadas efectivas de trabajo, siendo este un derecho constitucional, se deberá seguir pagando este concepto a excepción del día sábado, en virtud de.....

Se DECLARA CON LUGAR la inhibición planteada por la Abg. Maria Elena Cruz Faria, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en el juicio por Cobro de Bolívares seguido por el ciudadano Héctor José Viloria Durán contra por la firma mercantil Industrias La Carmelita, C.A., y los Sucesores del ciudadano Arnoldo José Briceño Sáez, mediante la cual manifiesta que se inhibe de seguir conociendo la presente causa, de conformidad alo dispuesto en el ordinal 1° del Artículo 82 del Código de procedimiento Civil.

Por las razones anteriormente expuestas éste Juzgado Séptimo de Control Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de conformidad con lo dispuesto en el articulo 318 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese y notifíquese a las partes. Cúmplase. JUEZ SÉPTIMA DE CONTROL ABG. MARILUZ CASTEJÓN PEROZO LA SECRETARIA