HOMOLOGA el acuerdo suscrito por los ciudadanos VILMA AVILAN y JOSÉ LUIS ROJAS, y ordena que se tenga como una Sentencia Firme, haciendo saber a las partes que dicho acuerdo puede ser modificado posteriormente según las necesidades de los beneficiarios. Expídanse las copias certificadas que las partes soliciten.

Corresponde a este Tribunal, revisar la solicitud de la defensa en cuanto a la AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR señalada en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal ordinal 3º, acordada en Audiencia de fecha 22-02-2006 (folio 697), a favor del ciudadano TERRY JESÚS CAMACARO, a tal efecto se observa: Verificado que la extensión del Régimen de presentación obedece a motivos laborales, ya que según escrito consignado por la defensa del acusado anteriormente identificado (folio 738), en el cual expresa la imposibilidad del acusado de ausentarse de su lugar de trabajo para cumplir con el régimen de presentación acordado. Este Tribunal Cuarto de Juicio, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, Acuerda el otorgamiento de la ampliación del Régimen de Presentación al imputado TERRY JESÚS CAMACARO, titular de la cédula de identidad Nº 18.057.937, de Veintiún (21) días a Treinta (30) días. Así mismo, recuerda.....

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, , y en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.

Este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental ADMITE el presente Recurso Contencioso Tributario interpuesto subsidiariamente al Recurso Jerárquico, en cuanto a lugar en derecho, de conformidad con el artículo 267 del Código Orgánico Tributario. Procédase a su tramitación y sustanciación, conforme con lo establecido en el artículo 268 y siguientes ejusdem.

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Sin Lugar el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano LUIGI CAPURSI METTA, titular de la cédula de identidad N° V-5.257.706, actuando en su carácter de propietario del fondo de comercio "ESTACIÓN DE SERVICIOS LA GRAN AVENIDA", identificada ut supra, representado por el abogado YEISMAR GERARDO CARRERA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 104.199; contra la Resolución Nº GJT-DRAJ-A-2003-3159, de fecha 16 de octubre de 2003, dictada por la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), notificada al contribuyente el 27 de enero de 2004.

/Es por las razones, antes expuestas que este Tribunal Octavo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: PRIMERO: Califica como flagrante la aprehensión conforme a lo establecido en el ordinal 1° articulo 44 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en relación con el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Conforme al articulo 280 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena la tramitación de la causa por el Procedimiento Ordinario. TERCERO: Conforme a lo establecido en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal decreta la Medida de Privación de Libertad a los ciudadanos JOSÉ GREGORIO MARIÑO GUTIÉRREZ, Y JOSÉ AUGUSTO MARIÑO GUTIÉRREZ, anteriormente identificados, por concurrir las circunstancias dispuestas en el referido dispositivo legal, debiendo cumplir la medida impuesta en el Centro Penitenciario de la Región Centr.....

HOMOLOGA el convenimiento suscrito por los ciudadanos ELISBETH CAROLINA PALMA y JUAN JOSÉ RAMIREZ, en los términos ya expresados. Téngase el presente auto como una Sentencia Firme. Expídanse las copias certificadas que las partes soliciten.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, especialmente aquellas derivadas de la comunidad de gananciales de estricto órden público, a favor del cónyuge de la solicitante APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de GALA ESCALONA DE LINAREZ, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de ERLINDA TERESA BRAVO PEREZ, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de MILANGELA VIVAS, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.